Tuesday, July 31, 2012

53 menores fueron reportados como desaparecidos en julio

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) registró 53 denuncias sobre desaparición de menores de edad desde el 1 al 29 de julio, diez más que los registrados en junio.

“En lo que va del año tenemos 250 casos”, informó el jefe de la división policial de Trata y Tráfico de Seres Humanos, mayor Wálter Sossa.

Uno de los últimos casos fue el de una adolescente de 14 años que fue encontrada el domingo.

“Mi hija ha desaparecido en enero, desde entonces sólo se comunicaba con nosotros por teléfono y nos decía que estaba trabajando en Santa Cruz pero no nos quería decir nada más”, contó el padre de la menor.

A las 13:00 del domingo, en la tranca de Urujara, punto de control para ingresar a la región de Yungas, fue detenido Juan Carlos, de 28 años, que viajaba con la adolescente.

“No supo responder cuál era el objetivo del viaje, simplemente dijo que era un viaje de turismo. La menor admitió que viajaba por voluntad propia, pero eso no es admisible porque es menor de 18 años y debe contar con el permiso de sus padres para cualquier viaje”, aseveró Sossa.

El sujeto fue arrestado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la muchacha fue llevada a la Brigada de Protección a la Familia.

De acuerdo con las primeras pericias, la adolescente fue engañada por el detenido, quien la convenció para que se fuera con él. “Estamos hablando de un caso de corrupción de menores”.

Sossa señaló que si bien hay denuncias sobre personas que desaparecieron sin dejar rastro, hay casos en los que los menores se inventan haber sido raptados “para no enfrentar a sus padres su fuga y posterior regreso”.

El director departamental de la FELCC, coronel José Saavedra, afirmó que el principal problema por el que atraviesa la Policía en estos casos es que los padres o familiares de los menores no dan la suficiente información para iniciar la búsqueda con una clara hipótesis.

Sossa resaltó que se escatiman esfuerzos en las investigaciones de éstos y de los otros casos registrados en meses pasados.

La desaparición de Zarlet Clavijo (17 años), el 4 de junio pasado y quien aún no fue encontrada, fue el caso que puso en la agenda mediática el tema de las desapariciones de menores que datan incluso desde principios de año.

Desde entonces se manejan diferentes hipótesis sobre los hechos, desde secuestros, trata y tráfico de personas fuera del país hasta jóvenes que escapan de sus casas.

En caso de reportar una persona desaparecida, el teléfono de Trata y Tráfico de Seres Humanos es el 2287063.

Los delincuentes recurren a 4 métodos para reclutar jóvenes

La desaparición de Zarlet Clavijo Martínez, de 17 años, hace un mes y medio en la zona central de la ciudad de La Paz, ha puesto nuevamente en el tapete del debate la inseguridad ciudadana y la trata y tráfico de personas. Inclusive, ello ha derivado en una cruzada civil para dar con el paradero de la menor y de otros jóvenes desaparecidos. Un informe señala que hay al menos cuatro métodos a los que recurren los delincuentes para captar a las víctimas de estos delitos. No hay edad ni sexo que importe para los tratantes, aunque los más vulnerables son niños y adolescentes.



La investigación fue realizada por el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem) y ubica en el primer peldaño de las estrategias delincuenciales al “abordaje personal”, que se implementa cuando el criminal “hace uso de su poder de convencimiento (generalmente con falsas promesas laborales) tocando las fibras más vulnerables de la víctima: pobreza, inocencia, falta de trabajo, ignorancia, exagerada confianza”, o recurre a novios, amigos y compañeros de estudio para lograr su objetivo, o presiona y transa con los progenitores.

Tipificación. Los sujetos que aplican este modus operandi tanto en zonas urbanas como rurales, merodean terminales de buses, plazas, iglesias, unidades educativas fiscales y privadas, ferias y mercados comerciales, alojamientos, centros diurnos de recreación (sobre todo parques) o que operan por las noches (discotecas, karaokes, pubs, whiskerías) y en calles y avenidas principales. Recurren a “fórmulas verbales de aproximación” para entablar conversación y engatusar a sus potenciales presas.

En segundo lugar están las agencias privadas de empleo que prestan servicios de publicidad de ofertas laborales, avisos de alquiler, préstamos de dinero, que son expuestos en pizarras, con colores llamativos, y plantean viajes a otros departamentos del país o a otras naciones. Son uno de los principales riesgos para caer en manos de una organización criminal con nexos internacionales. El Cecasem señala, por ejemplo, que más del 30% de los casos de trata y tráfico en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz involucran estos ofrecimientos.

Este guarismo estadístico se eleva a 35% si se toma en cuenta a las afectadas en La Paz y El Alto. Más todavía, se incrementa a 40% con relación a mujeres que fueron trasladadas de Santa Cruz a la ciudad de La Paz para ser explotadas sexual y laboralmente tras haber tomado contacto con estas oficinas de empleo que no son controladas por el Estado. Además, de acuerdo con el documento del Cecasem, el 60% de sus dueños y administradores tienen conocimiento del delito de trata de personas; a pesar de lo cual continúan con la recepción de requerimientos que pueden ser anzuelos para llevar a cabo este flagelo.

Por otra parte, se encuentran los medios de comunicación masivos, como la televisión, la radio y la prensa escrita, a los que recurren los tratantes para publicitar anuncios en programas y páginas de oferta y demanda de servicios. Por ejemplo, en periódicos de circulación nacional, en la sección de requerimiento de personal, los delincuentes pagan por avisos en los que no solicitan directamente damas de compañía, sino que disfrazan sus intenciones con textos para reclutar empleadas del hogar, meseras, degustadoras o modelos, tanto para el interior como el exterior del país.

En el mismo nivel se encuentran los medios alternativos de información, especialmente los panfletos y volantes de carácter anónimo que se reparten en lugares públicos y que prometen jugosos ingresos por puestos laborales a tiempo parcial y completo, sin necesidad de experiencia. Estos papeles contienen sólo un nombre de contacto (generalmente sin apellido), números telefónicos y, en algunos casos, direcciones. Estos anuncios igual son pegados en sitios concurridos por jóvenes, como plazas, parques o unidades educativas fiscales y privadas.

El cuarto método incumbe a lo que el Cecasem denomina “nuevas tecnologías informativas y de comunicación”. A través de ellas, las redes de tratantes contactan, seducen e inducen a sus potenciales víctimas; en este rubro se encuentran las populares redes sociales de internet, los correos electrónicos, los mensajes vía celular (SMS). El engaño, el acoso y la violencia cibernéticas y los chantajes son las estrategias asumidas por los delincuentes, amparados en el anonimato que otorga el ciberespacio.

Asimismo, el estudio plantea una tipificación de los tratantes, según su función en la cadena. Los “entregadores” o “enganchadores” son aquellos que descubren y abordan a las presas. Los “negociadores” e “intermediarios” son el enlace entre los primeros y las casas de prostitución y los sitios de explotación. Los “comisionistas” operan en oficinas de colocaciones o agencias de empleos, y publican promesas laborales en los periódicos. Los “falsificadores” proporcionan documentos adulterados para el tráfico a otros países.

También están los “indicadores”, que se ocupan de vigilar el movimiento de la Policía para alertar a sus compinches de un operativo o allanamiento. Los “comerciantes sexuales” son los propietarios de casas de prostitución o lenocinios legales y clandestinos. Y los “rufianes” o “proxenetas” son los que viven del dinero proveído por el comercio sexual que realizan una o varias víctimas; apelan a la coerción, el miedo y el castigo físico si las damnificadas no cumplen con sus exigencias. Todos estos actores, concluye el Cecasem, conforman una verdadera “corporación delictuosa”.

Sin duda, uno de los principales objetivos de los tratantes es la explotación sexual. En el país, de acuerdo con la investigación del Cecasem, los departamentos de origen de las afectadas por este delito son, principalmente, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y La Paz, en ese orden de prelación. Asimismo, los sitios de destino de estas personas son las áreas urbanas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y en lo rural: Potosí y Oruro. Mientras que sus destinos internacionales apuntan a Perú, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos.

En cuanto a la explotación laboral, siempre según el Cecasem, los departamentos considerados de origen de las damnificadas son La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí. Los destinos nacionales de éstas son las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y los internacionales toman en cuenta a Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. En ambos tipos de explotación se aprecia que la trata y el tráfico son prácticas que son desplegadas al mismo tiempo por las redes criminales.

Interpol. La dependencia de la Policía Internacional (OCN Interpol) en La Paz revela que “existen organizaciones criminales a nivel internacional que operan en Bolivia, apoyados por clanes familiares bolivianos que coadyuvan en la acogida de niños, niñas, adolescentes y personas mayores que son objeto de trata y tráfico de personas”. Las redes delincuenciales llevan a “bolivianas de 14 a 25 años de edad a Perú y Europa para fines de violencia sexual comercial”, señala un cuestionario respondido a Informe La Razón.

El teniente coronel Dorian Angles Valverde informa que hay casos internacionales de supuesta trata y tráfico que relacionan al país: cuatro en Argentina, dos en Reino Unido, similar número en Brasil y uno en Paraguay. Además, subraya que la Unidad de Apoyo al Control Migratorio, dependiente de la Interpol, en el primer semestre de este año atendió dos casos de trata y tráfico en la ruta que conecta a Puerto Suárez y Santa Cruz, y otro par de denuncias en la que une Villazón y Tarija.

Y se conoce de ciudadanas provenientes de Paraguay, Colombia y Brasil que son traídas a territorio boliviano por tratantes que las explotan sexual y laboralmente.

Consejos para que su hijo no caiga en redes de tratantes

El Observatorio de Trata de Personas del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem) emite las siguientes recomendaciones a los padres para prevenir que sus hijos no sean víctimas del delito de trata:
Abra los canales de comunicación y confianza con los miembros de su familia, principalmente con sus hijos.
Conozca a los amigos de sus hijos, lo que involucra que tenga a mano sus direcciones y números de teléfono.
Enséñeles a sus hijos a desconfiar de personas extrañas y a no aceptar ningún tipo de regalo de éstas.
Enséñeles a sus hijos a no entablar conversaciones con personas extrañas y mucho menos a que les proporcionen datos personales.
Si su hijo le comenta que le ofrecieron un trabajo o empleo en otro departamento, región o país, averigüe quién o quiénes le hicieron el ofrecimiento y póngase en contacto con esa persona antes de tomar una decisión.
No permita que sus hijos viajen solos o en compañía de extraños.
Es muy importante que su hijo conozca la dirección exacta de su casa y los números telefónicos de emergencia (Policía, hospital, etcétera).
Tenga fotografías recientes de su hijo o hija, así como también guarde sus documentos de identidad.
No permita que sus hijos menores vayan solos a lugares concurridos, como plazas, mercados, cines, baños públicos, ferias, etcétera.
Recoja y deje en la escuela a sus hijos menores de edad.
No permita que sus hijos menores tengan acceso ilimitado a la internet y mucho menos que envíen información e imágenes personales.
Enseñe a sus hijos a que no se citen con personas extrañas que hayan conocido en la red de internet.

El caso Zarlet activó una cruzada por la seguridad

Zarlet Clavijo Martínez, de 16 años de edad, desapareció el 4 de junio, en el paseo de El Prado de La Paz. Ese día vestía un canguro rojo y pantalones oscuros y debía comprar entradas para asistir al concierto del grupo argentino Los Pericos, para posteriormente emprender viaje a la zona de Obrajes. Desde entonces, no hay rastros de la menor y se sospecha de que sea víctima de una red de tratantes. No obstante, su familia, sus amigos y la Policía no cesan en su búsqueda para hallarla con vida.

Una cámara del Banco Los Andes de El Prado la filmó mientras era interceptada por un joven, presuntamente conocido, que la empujó suavemente en otra dirección. Su madre, Marcela Martínez, denunció ante Informe La Razón que, sospechosamente, el extracto de llamadas del celular de su hija no contiene las que se hicieron ese fatídico 4 de junio. “Están las llamadas hasta el 3 (de junio) y se sabe que el 5 el teléfono ya estaba apagado, pero las de ese día no existen, lo que es muy raro porque no se sabe quién la llamó o qué llamadas se recibieron”.

El caso de Zarlet ocasionó que otros padres y madres que sufren por la desaparición de sus hijos reclamen pistas y justicia a los efectivos policiales. Incluso se han organizado marchas en la ciudad de La Paz para reclamar por mayor seguridad ciudadana. La Fuerzas Especial de Lucha Contra el Crimen continúa con las pesquisas y no desecha que la muchacha haya abandonado su hogar por voluntad propia. Cualquier información sobre el paradero de Zarlet puede ser comunicada al teléfono celular 70516516.

Policía no halló a 45% de los desaparecidos

De enero a junio de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) recibió 1.406 denuncias de personas desaparecidas en el territorio nacional, sin contar Tarija; sólo 775 aparecieron, lo que significa que 45% de éstas continúan sin paradero conocido.

Así lo revelan las estadísticas elaboradas en exclusiva para Informe La Razón. El departamento con mayores casos es La Paz, con 718 extraviados y 321 que aún no fueron encontrados; seguido por Cochabamba, con 277 y 187, respectivamente, y Santa Cruz, con 261 sujetos reportados como de-saparecidos y 179 que volvieron a sus hogares.

Luego se ubican Oruro, con 79 extraviados y 43 personas que retornaron a casa; Chuquisaca, con 36 y 16, respectivamente; Potosí, con 26 y 19; Beni, con ocho desaparecidos y tres hallados por sus familiares, y por último Pando, con ocho extraviados.

Otro cuadro proveído por la Policía señala que, en cuanto al rango de edades de los 1.172 desaparecidos entre enero y mayo, 185 (102 varones y 83 mujeres) tenían entre uno y 12 años; 537 (396 mujeres y 141 hombres), entre 13 y 18 años, y 450 (243 varones y 207 mujeres) eran mayores de 19 años. O sea, hubo más mujeres extraviadas: 686 del total, mientras los varones llegan a la cifra de 486.

Si se toma en cuenta que en 180 días (seis meses) hubo 1.406 extraviados en el país, ello implica un promedio de ocho por jornada. Según la Policía, hay varias causas para estos hechos, como el abandono del hogar y la trata y tráfico de seres humanos. Al respecto, el coronel Adolfo Cárdenas, exjefe de la División de Trata y Tráfico de la FELCC, señala que muchos de los familiares que denuncian una desaparición, no informan a las oficinas policiales cuando encuentran a su allegado.

El uniformado subraya que la principal causa para que un niño se extravíe es el descuido de sus padres o de los encargados de su cuidado. La situación se agrava en fechas en las que se consumen bebidas alcohólicas, como Año Nuevo, Gran Poder o Carnaval, y en acontecimientos sociales. A la par, complementa Cárdenas, se dan bastantes desapariciones en ferias como la de 16 de Julio de El Alto o en puestos de venta callejeros.

En cuanto a los adolescentes, varios de los extraviados dejan voluntariamente sus casas porque sus progenitores no están de acuerdo con una relación amorosa. Incluso existe un fenómeno llamado “desaparición estacionaria”, ya que los menores escapan de sus hogares en épocas del año que coinciden con sus exámenes trimestrales o el final de las clases. Otras causales son los maltratos físico o psicológico, la falta de comunicación familiar y la necesidad económica, que los convierte en presas de redes de tratantes.

Consejos por si hay un extravío

Las autoridades recomiendan que ante cualquier riesgo de desaparición de alguna persona, sus familiares pueden acudir a cualquiera de las divisiones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen o instituciones como el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem).

La Policía atiende los casos sin necesidad de que pasen 24 horas, si los allegados tienen indicios de que lo sucedido fue en contra de la voluntad de la víctima y estaría relacionado con los delitos de trata y tráfico. En ese caso, un agente levanta un acta que detalla las circunstancias y la fecha del hecho.

Posteriormente, se elabora un boletín de difusión que contiene una fotografía, la vestimenta que llevaba el desaparecido y otros datos que ayuden a la población a reconocerlo. Tras su impresión, se lo publica en terminales de buses y aeropuertos, mientras se empieza con la investigación de los agentes.

A la par, se cuenta con dos líneas gratuitas, la 165 y la 800-104100, para informar de cualquier extravío o maltrato a infantes o adolescentes. Y el Cecasem recibe denuncias de trata y tráfico en el teléfono 2226672 y las publica a través de su Observatorio de Trata de Personas: www.observatoriotrata.org.

Confirman incremento de casos de trata y tráfico de personas en Sucre

El director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Chuquisaca, Omar Agrada, informó el martes que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público confirmaron el incremento de casos de trata y tráfico de personas en la ciudad de Sucre.

Agrada precisó que hasta la fecha se registraron 26 casos de desapariciones de niños y adolescentes en esa urbe, mismas que fueron atendidas están siendo investigadas. "Recientemente se registraron dos casos que son de conocimiento público y debido a esa situación se intensificó la campaña de concientización y sensibilización por el Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas", dijo.

Asimismo, dijo que urge aplicar la nueva Ley Integral, en el marco de las convenciones internacionales, que incorpora la imprescriptibilidad de este delito, lo que impedirá el manto de la impunidad en este problema que amenaza a la sociedad. Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Marianela Paco, anunció que esa norma podría promulgarse entre hoy y el miércoles.

"La nueva norma legal establece competencias para las entidades territoriales autónomas, entre los cuales están los recursos de financiamiento para asistir a la víctimas, la construcción de centros de acogida con atención multidisciplinaria y la reinserción laboral de los afectados", recordó.

Por otro lado, el Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas confirmó la realización de una marcha de protesta el miércoles y el inició de cursos de concientización en unidades educativas de Chuquisaca.

Saturday, July 28, 2012

Educación y Seguridad Vial

El peatón.- (1ra Parte)

Normas de Circulación.-El peatón debe circular en ciudades y poblaciones por las aceras, conservando su lado derecho, evitando en lo posible el uso de la calzada, pero en lugares donde las aceras sean angostas podrán usar excepcionalmente la calzada, circulando uno detrás de otro y de ningún modo en grupos.

En las calles donde no hay autoridad de Tránsito ni señales, las personas tienen preferencia de circulación, por las franjas de seguridad, o paso de peatones, que es la zona demarcada o imaginaria de la calzada destinada al uso de peatones.

PROHIBICIONES

Las prohibiciones para los peatones son: subir o bajar de los vehículos en movimiento, colocarse o colgarse en las pisaderas, parachoques o de la carrocería. Asimismo, está prohibido situarse en la calzada, con el objeto de solicitar colecta o ayuda a los conductores.

Otra de las prohibiciones para los peatones es ofrecer venta de periódicos, revistas o cualquier otra mercancía para tratar de detener un vehículo con el fin de tomar sus servicios, en los cruces de ferrocarril está prohibido se debe respetar las señales.

No se puede cruzar la calzada en forma diagonal o bajar intempestivamente, cruzar la calle o calzada raudamente o detenerse en plena calzada.

RESPETO DE LAS SEÑALES

Al cruzar las calles o avenidas por los pasos de peatones, donde el tránsito está regulado por un policía, semáforos, las personas respetarán las señales no pudiendo iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que no se de la señal respectiva.

En lugares donde no haya policía o semáforo regulando el tránsito, el peatón antes de cruzar la calle debe cerciorarse de que no existe peligro.

Si iniciando el cruce de la calzada se produjere el cambio de señal en el semáforo, el peatón tiene derecho a continuar su marcha hasta completar el cruce, pero se debe ceder el paso a los vehículos de la Policía, ambulancias y bomberos, cuando cumplen servicios de emergencia anunciando mediante sirenas u otros dispositivos.

En carreteras y vías rurales es prohibido, para el peatón, circular por las bermas, sin embargo cuando obligatoriamente tengan que hacerlo por no existir otros lugares, circulará por el lado izquierdo de la vía o sea en sentido contrario a la circulación de los vehículos.

PASAJERO

El peatón también cumple la función de pasajero quien es la persona que utiliza un vehículo para trasladarse de un lugar a otro, por un tiempo determinado, con o sin remuneración.

El pasajero se clasifica en los que remuneran el servicio, las personas que son transportadas por orden o disposición de la autoridad, los que abordan voluntariamente un vehículo y son admitidos por el conductor, los polizones o los que abordan arbitrariamente y los que son transportados por imposición.

El pasajero tiene derecho a un cómodo y seguro transporte, solicitar la atención de cualquier vehículo de servicio público pagando la tarifa establecida y tiene la obligación de no incurrir en actitudes que perjudiquen el buen servicio, además de acatar las disposiciones que el conductor o auxiliar le imparta para su mayor comodidad y seguridad.

El pasajero responderá por los daños y perjuicios que ocasione al conductor, pasajeros o al vehículo.

El pasajero y el conductor se deben recíprocamente un trato cortés y respetuoso, en casos de peligro o accidentes, los pasajeros, el conductor y auxiliares se deben mutua asistencia y cooperación. Para subir o bajar de un vehículo, el pasajero deberá hacerlo por la puerta correspondiente al lado de la acera o costado derecho de la vía y cuando el vehículo esté completamente detenido.

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Friday, July 27, 2012

Plantean elaborar 3 leyes contra la trata

Ante las constantes denuncias de tráfico de seres humanos, niños secuestrados y desaparecidos, la Red Departamental Contra la Trata y Tráfico de Personas presentará tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Departamental para combatir este flagelo, informó ayer la directora de los Servicios Legales Integrales Municipales (Slims), Gabriela Montaño.

“Son tres leyes que están en construcción. Una ley será para controlar los viajes de los niños y adolescentes; la segunda será para regular las agencias de viaje y de empleos; y la tercera estará referida a la publicidad sexista”, explicó Montaño.

Montaño indicó que el control de la publicidad se basará en un diagnóstico que será realizado desde agosto para identificar cuál es la cultura publicitaria.

Casos

La propuesta de las tres leyes departamentales surge después de que en el país se reportaron varios casos de niños y adolescentes víctimas de trata, y de las dramáticas historias que se han conocido en Cochabamba de personas que son llevadas con engaños fuera del país para ser explotadas y de niños víctimas de presuntas redes de trata y tráfico.

A esta lista de víctimas se añaden dos adolescentes, de 16 y 17 años, que el miércoles fueron raptadas por cuatro personas, tres hombres y una mujer, a la salida de su colegio en el centro de la ciudad y trasladadas hasta Tiquipaya, donde fueron abandonadas.

Al igual que ellas, un niño de 11 años, que fue a comprar a una tienda a principios de esta semana, fue secuestrado por 12 horas cerca de la villa militar de la avenida Ramón Rivero. Aunque después apareció, presentando signos de violencia.

Otro hecho fue el de una niña de tres años que desapareció en un centro comercial y después de que su madre hizo cerrar todas las puertas fue encontrada en uno de los baños con ropa distinta a la que llevaba.

Cifras

La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio, Mabel Montaño, informó que durante el primer semestre de 2012 se reportaron 257 casos en la división de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Padres reclaman seguridad

Padres de los niños del kínder Cochabamba protestaron ayer en el Concejo Municipal por la inseguridad en la que se hallan sus hijos debido a la suspensión del servicio de seguridad escolar.

Los manifestantes expresaron que al no existir vigilancia en las escuelas, sobre todo en el horario de salida, sus hijos son víctimas potenciales de las redes de trata y tráfico de personas, por lo que pidieron mayor presencia policial y exigieron que la Alcaldía entregue los equipos de comunicación, camionetas y ambulancias que adquirió en 2011 para fortalecer a la Policía.

El concejal Edwin Jiménez dijo que el 8 de mayo y el 3 julio pasados el pleno del Concejo Municipal aprobó las resoluciones para que el alcalde Edwin Castellanos entregue las radios de comunicación con GPS y los vehículos.

El comandante departamental de la Policía, Erwin Montaño, indicó que el municipio anunció que entregará los equipos en los siguientes días. Entretanto, en la Dirección de Seguridad Ciudadana se informó que la intención del Alcalde es entregar todos los equipos en un solo acto.

FELCC cruceña dice que la Gobernación no apoya

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Miguel Gonzales, reveló ayer que la Gobernación de ese departamento no otorga el combustible para los vehículos policiales. Esto, aseguró, perjudica que se realicen actividades de patrullaje y de lucha contra la delincuencia en esa región.

“En mi gestión anterior como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, de más de dos años, y en la actual nunca recibimos ni un solo litro de gasolina de la Gobernación (de Santa Cruz). Pedimos que se cumpla con invertir los recursos destinados para seguridad ciudadana”, dijo el jefe policial.

Gonzales agregó que hasta la fecha la entidad cruceña no realizó aportes significativos a la institución encargada del orden y seguridad en la región.

“Hace años llegaron 20 camionetas, de las 20 nos dieron cinco y las otras se las llevaron a las provincias”, dijo el director de la FELCC de Santa Cruz.

Sugerencia

El jefe policial agregó que una de las acciones que la Gobernación cruceña podría aplicar es abrir la Granja de Espejos, que permitiría internar a los jóvenes delincuentes y adictos a las drogas que viven en los canales de esa ciudad oriental.

“¿Por qué no habilitan esos ambientes que tanto han peleado? Que tanta boga han hecho en su época, dónde está, esa inversión es un elefante blanco, esos niños siguen en los canales, las niñas como están peleando, clefeándose (inhalando clefa) en frente de la propia Gobernación y otras instituciones”, sostuvo.

Thursday, July 26, 2012

Refuerzan control para frenar tráfico de niños

El Viceministerio de Seguridad Ciudadana y la Policía han ordenado intensificar los controles en las terminales de transporte nacional e internacional para frenar el tráfico de niños. Hasta el primer trimestre de esta gestión se atendieron a escala nacional 55 casos, de acuerdo con los datos estadísticos del Observatorio de Trata de Personas.
Esta disposición, que nació luego de una reunión de coordinación entre las instituciones que tienen competencia sobre estos casos, ha hecho que en La Paz se decida instalar una oficina permanente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la terminal de buses y que en Cochabamba se aplique más rigurosidad en las inspecciones a las unidades de transporte que salen hacia otras regiones.
En el caso cruceño, la defensora de la Niñez y Adolescencia de la capital Rossy Valencia, aclaró que su unidad no tiene la responsabilidad del control directo de estos temas, pero dijo que se han ejecutado operativos con agentes de la Policía para prevenir estos ilícitos.
El jefe de la Interpol, Rubén Suárez, indicó que ellos controlan la salida de buses y aeronaves para evitar que salgan del país menores sin que el adulto que viaja con él presente su cédula de identidad y su certificado de nacimiento.
El jefe nacional de la unidad de Trata y Tráfico de Persona, Adolfo Cárdenas, indicó que estas operaciones tienen como finalidad prevenir y sensibilizar a la población sobre este delito, que tendrá una norma específica que aún está en tratamiento en el Parlamento.

Otros detalles

- Instituciones. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que se ha implementado una red de información en los puestos fronterizos terrestres y aéreos, por donde existe ‘fuga’ de menores. Por su parte, el director del Segip, Antonio Costas, propuso otorgar cédulas de identidad gratuitas a los recién nacidos para colaborar en estos controles.

- Requisitos. Las personas que van de un departamento a otro con un menor de edad deben tener la cédula de identidad y el certificado de nacimiento del menor de que va con ellos. Caso contrario las autoridades deben evitar que continúe el viaje.

- Límites. Según la unidad nacional de Trata y Tráfico de Personas, los municipios de Yacuiba y Villazón, que conectan al país con Argentina, son las zonas ‘calientes’ para este tipo de delitos. Un operativo realizado el día 20 en la terminal de buses de La Paz evidenció, en dos horas, el traslado de 307 niños junto a sus padres, y ninguno tenía el permiso emitido por la Defensoría.

La cifra

205
Casos en 2011
Las regiones donde más hechos se denunciaron fueron Cochabamba (70), Santa Cruz (55) y La Paz (55)

Cae presunta banda de falsos policías en la terminal

Tres integrantes de una presunta banda de falsos policías, formada por dos bolivianos y un peruano, fueron detenidos ayer en la Terminal de Buses de La Paz, reportó la red Unitel.

La Policía indicó que “uno de los individuos ofrecía taxi a los turistas, y luego otros dos los abordaban como efectivos y les robaban mientras revisaban su equipaje”.

Según el informe policiaco, los sujetos operaban en el sector, aunque las autoridades admitieron que no fueron detenidos en flagrancia. “Merodeaban en un vehículo y como son delincuentes prontuariados, presumimos que estaban buscando a alguna víctima”, señaló un encargado de la seguridad de la terminal.

En una mochila que estaba dentro del motorizado se encontró un sticker de una línea aérea, por lo cual no se descarta que los sujetos también hayan operado en el aeropuerto.

Wednesday, July 25, 2012

Apuran reglamentación de ley de trata y tráfico

En los últimos años, en Bolivia, los delitos relacionados con la trata y tráfico de personas se incrementaron en un 92%. Ante esta realidad, ayer se socializó la Ley de Trata y Tráfico de Personas y la Ley contra el Trabajo Infantil en un taller en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El evento contó con la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Migración y otros actores que intervienen en esta problemática.
Una de las expositoras fue la diputada Marianela Paco, quien destacó que el Tribunal Supremo de Justicia haya instruido la atención prioritaria de los casos de trata y tráfico de personas.
Mostró algunos datos estadísticos indicando que en los últimos años los delitos relacionados con la trata y tráfico se incrementaron en un 92%. Agregó que el 80% de las víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres de seis a 22 años de edad y que en 2011, la FELCC atendió 289 casos relacionados con Trata y Tráfico.
Anunció que la nueva Ley Integral contra la Trata y Tráfico, en el marco de las convenciones internacionales, incorpora la imprescriptibilidad de este delito lo que impedirá el manto de impunidad en este problema que amenaza a la sociedad.


RECOGIÓ
NECESIDADES
La presidenta del Comité Impulsor de la Ley 214, del Año de la No Violencia contra la Niñez y Adolescencia, diputada Marilyn Partes, informó que en el taller, además de difundir las leyes sobre la niñez y adolescencia, se recogieron las necesidades de las Defensorías de la Niñez, Migración, Servicio de Registro Cívico y otros que trabajan en esta problemática.
Dijo que además de los comités departamentales que monitorean la Ley contra la trata y tráfico, pedirán la organización de comités municipales, organizacionales y comunales para un mejor control en el área rural.
Asimismo indicó que las instituciones manifestaron que no tienen recursos para movilizarse cuando llega una denuncia y se debe responder a esta necesidad.
La parlamentaria pidió una mejor coordinación institucional para lograr un resultado óptimo en los objetivos de esta ley. “Cada institución tiene una responsabilidad que cumplir; que a veces cada una va por su lado”, afirmó.
Pidió la consolidación de una mesa única para trabajar conjuntamente la Alcaldía, la Gobernación, policías y otras instituciones y organizaciones para hacer más efectiva la labor contra la trata.

Tuesday, July 24, 2012

Apolo tiene tres efectivos policiales para vigilar a más de 25 mil habitantes

Producto del atraco efectuado la noche del sábado, en la carretera La Paz- Apolo, se ha podido descubrir la realidad de la seguridad policial en esta población, donde según las versiones de los pobladores, para más de 25 mil habitantes solamente existen tres policías.

José Ángel Chávez, pasajero de una de las flotas, recordó que Apolo desde el último censo de población y vivienda hasta la fecha sobrepasó los 25 mil habitantes; sin embargo la seguridad permanece igual que hace veinte años.

“Lo lamentable es que para la cantidad de apoleños que viven en el municipio no existe una presencia policial, que garantice la seguridad ciudadana, lo que ha permitido el incremento de las actividades ilícitas y la delincuencia”, dijo.

El hecho del pasado fin de semana, dijo, no es el primero que ocurre en Apolo; recordó que en años anteriores se han efectuado otros atracos similares que hasta el momento no fueron investigados, menos esclarecidos por la Policía.

Existe una carretera entre las poblaciones de Charasani y Wilacala, que viene del lado peruano, que nunca ha tenido control, creemos que por esa ruta ingresaron los antisociales. “Nadie controla este sector es un camino muy grande que viene directo del Perú y según cuentan otros pobladores que pasan por ese sector, especialmente viajeros, les pasaron muchas cosas como asaltos y otras situaciones”, manifestó.

Marchan contra la trata de personas

La Defensoría de la Niñez de El Alto, Aldeas Infantiles SOS y los familiares de personas desaparecidas protagonizaron ayer una marcha por la zona 12 de Octubre y la Ceja de El Alto como parte de una campaña para concienciar a la población sobre la trata y tráfico de personas.
La movilización cumplida ayer es parte de una campaña del gobierno municipal de El Alto para que se implante un sistema de seguridad ciudadana.
La directora de Seguridad Ciudadana del municipio alteño, Aida Ticona, indicó que “nosotros queremos hacer conocer a la población temas preventivos para evitar situaciones peligrosas en la que son vulnerables la niñez y la adolescencia”.
La funcionaria sostuvo que la marcha de ayer será apoyada por una feria interinstitucional que se realizará cada mes en los distritos de la ciudad de El Alto.
También aseveró que en estas ferias se abordará la prevención de la trata y tráfico de personas, la violencia intrafamiliar y la seguridad escolar en coordinación con varias
instituciones.

Sunday, July 22, 2012

VECINOS detienen a un presunto secuestrador

Una persona que intentó secuestrar a una mujer y a su hijo fue detenida por los vecinos de una zona de la ciudad de El Alto cuando las víctimas caminaban por inmediaciones de la terminal de buses.

El sujeto fue identificado como Víctor Navarro, de quien ahora se sospecha que pertenece a una banda internacional que se dedica a la trata y tráfico de personas, según confesó escuetamente, por lo que se realiza la captura de personas en la urbe alteña.

Luego de que fue detenido, los vecinos intentaron linchar al sujeto, pues en esa ciudad la gente está alarmada por los casos de la desaparición de personas, aunque la mayoría de las denuncias resultan no ser evidentes, como el caso de la niña que dijo haber sido secuestrada, pero que en realidad fugó de su casa.

El sujeto señaló que el objetivo del secuestro era pedir un rescate y agregó que tiene un cómplice en el Perú, lo cual llamó la atención de las autoridades policiales que por ahora realizan las investigaciones para establecer con quiénes trabaja el sujeto.

“Somos dos, (pero) el cabecilla es el que está allí en la frontera”, dijo, y agregó que él recibe un monto de 120 bolivianos por llevar a las personas hasta ese lugar, donde entrega a las personas raptadas a su cómplice.

“Yo soy transportista, yo llevo, entonces me contratan a mí”, añadió el sujeto cuando estaba siendo llevado a instancias policiales para que responsa por este delito y se establezca su participación en otros hechos catalogados como trata y tráfico de personas.

Por su parte la víctima dijo que ella fue introducida en el vehículo por la fuerza junto a su bebé, por lo que comenzó a golpear la ventana del motorizado, pues el sujeto cerró las puertas con seguro.

“Lo han cerrado el taxi, las aldabas he sacado a golpes y he salido al vuelo”, dijo, y agregó que también logró sacar a su bebé, lo que impidió que el sujeto se lo lleve con rumbo a la frontera y ser objeto de tráfico.

Saturday, July 21, 2012

Se desata psicosis de secuestro

La fuerza anticrimen recibe de dos a tres denuncias diarias. La mayoría obedece a problemas familiares.

Desde hace varias semanas, las denuncias por merodeos que despiertan sospechas y presuntos casos de secuestro se han expandido, como un virus, por las redes sociales de internet, medios de comunicación y otros sistemas públicos, lo que ha derivado en una psicosis de secuestro en el país, ha sostenido el mayor Wálter Sossa, jefe de la división de Trata y Tráfico de Personas de la fuerza anticrimen de La Paz.
Debido a este hecho, la oficina especializada en la búsqueda de personas desaparecidas registra de dos a tres casos por día, lo que no era habitual, refirió el jefe policial.
La mencionada división cuenta, ahora, con el apoyo de otras unidades policiales para hallar a las personas desaparecidas.
El viernes pasado, tales acusaciones parecieron encontrar una justificación, cuando fue citado a declarar C. M., compañero de una de las víctimas, a quien señalaban como sospechoso de un presunto hecho de rapto o secuestro.
Sin embargo, a los pocos minutos fue liberado, tras conocer la verdadera historia de la menor desparecida y hallada por los representantes de la Defensoría del Pueblo de El Alto. La lista de denuncias continúa en ascenso.
Internet. A pesar de que muchas de estas denuncias no se adecúan a la figura de trata y tráfico, los mensajes difundidos por las redes sociales reflejan casos de secuestro perpetrados en céntricas calles y avenidas de La Paz y El Alto, declaró el mayor Sossa.
“La Policía está preocupada por este número de denuncias que se reportan cada día. El trabajo de los investigadores se ha duplicado desde la desaparición de Zarlet Clavijo, pero varios casos esclarecidos tienen origen de carácter familiar y no en un delito de trata”.
Dos casos. El jefe policial advirtió que la falta de comunicación y afecto por parte de los padres han propiciado el abandono de hogar de los jóvenes que, después, son denunciados como secuestrados, sobre todo en los casos de las jóvenes.
“Recientemente, una adolescente de 15 años fue reportada como desaparecida desde el 6 de julio. Gracias a la intervención de la Patrulla Caminera se halló a la menor mientras caminaba con su enamorado por Chuquiagullo. Ambos fueron trasladados a la FELCC y el varón declaró que guardó silencio por lealtad a su novia”.
EN SAN ANTONIO. Sossa explicó que un segundo caso se presentó en la zona de Villa San Antonio, de La Paz, donde otra adolescente de 14 años fue hallada en una casa junto a unos jóvenes de la misma edad.
Sus padres inicialmente la reportaron como desparecida, empero la menor había huido y llamó para denunciar que fue raptada.
“Los padres, en este caso, ayudaron. El padre ubicó la zona desde donde recibió la llamada y con la ayuda de Radio Patrullas logró rescatar a la menor que se encontraba en una casa cuando bebía con sus amigos. Ella les dijo que le habían secuestrado y ahora nuestra división trabaja para establecer si fue secuestrada y por qué dejó su casa”.
Las frases. “Se han llevado a mi hija, ha pedido ayuda y no la hallamos hasta ahora. Dice que fue secuestrada”. “Estaban dentro de un tinglado, secuestradas, lograron huir antes de ser trasladadas a otro país”. “Una vecina nos dijo que se la llevaron en un auto de color blanco, pero ha reaparecido en mi casa después de siete días. Antes nos llamó y dijo que no podía hablar”. Son algunas de las frases que utilizan las víctimas para fingir que han sido secuestradas, dijo, a su turno, el teniente Boris Loayza, jefe de Trata y Tráfico de Personas de la fuerza anticrimen alteña, donde se ha dado el mayor número de estos casos.

80 por ciento de las víctimas reportadas como desaparecidas fueron reinsertadas a sus familias. Muchos fueron raptos pasionales.

El gobierno alerta de 500 organizaciones de trata y tráfico. Henry Baldelomar, viceministro de Seguridad Ciudadana, alertó que hay al menos 500 organizaciones delictivas que son investigadas por la Policía por presuntos vínculos con redes de trata y tráfico de personas.
La autoridad ordenó a la Policía mejorar el control en las terminales de buses de los nueve departamentos sobre los viajes de menores de edad, quienes deberán estar acompañados de sus padres o tener una autorización escrita, debido al alto índice de casos de secuestros de niños y adolescentes.

Friday, July 20, 2012

Cómo evitar atracos a domicilios parte II

La mejor arma para defenderse de los robos en domicilios es la prevención. El viernes 6 de julio publicamos la primera parte de las recomendaciones generales para cuidar su vivienda.

Entre ellas: conozca a sus vecinos, corrija las debilidades o fragilidades de la seguridad en puertas y ventanas de acceso, sea parte del plan de seguridad de su barrio, si va a salir por varias horas o decide viajar avise a sus vecinos y deje el número de teléfono donde pueden ubicarle en caso de emergencia y lo más importante: no difunda por facebook u otras redes sociales que está fuera de su hogar. Muchos “falsos amigos” ya han utilizado esta información para saquear casas.

Hoy presentamos la segunda parte de las recomendaciones:

1.- Tanto de día como de noche, mantenga los accesos debidamente cerrados. Puede instalar rejas de metal en ventanas, jardines interiores y otros lugares vulnerables. Quite árboles que pueden limitar la visibilidad, donde pueda esconderse un delincuente, o que pueda usarse como escalera para ingresar a su domicilio.

2.- Si nota la presencia de personas o vehículos sospechosos, alerte inmediatamente a la Policía/vecinos. Es una buena medida contar con servicios tales como: alarmas domiciliarias con monitoreo en línea, cámaras de seguridad, guardias de seguridad privada, serenos, póliza de seguros antirrobo, cercas eléctricas, elementos punzantes en los muros perimetrales (miguelitos).

3.- Reduzca el atractivo. No permita que desde fuera puedan verse cosas valiosas. Los objetos de valor deben ser bien resguardados. Recuerde lo que la prensa muestra después de un robo: muchos cajones abiertos, roperos violentados. Sea creativo y proteja sus objetos de valor.

4.- Use su vehículo como alarma. Tenga siempre a mano las llaves de su vehículo (incluyendo el control de la alarma vehicular) y en caso de algún ruido extraño o una inminente intrusión, haga sonar la alarma oprimiendo el botón de pánico. Lo más importante: Nunca ponga en riesgo la vida o la integridad física de usted y su familia. Recuerde: La mejor arma para defenderse del delito es la prevención.

Reaparece menor presuntamente raptada en El Alto

La Policía maneja varias hipótesis sobre este caso. La muchacha es sometida a valoración psicológica.

“Mamita ayúdame, estoy dentro de un vehículo de color rojo en un canchón. No puedo romper el vidrio”. Fue el relato de Carol Julisa T. O. (15), quien desapareció el miércoles en la zona 16 de Julio de El Alto y reapareció el jueves en oficinas de las Defensoría del Pueblo de El Alto, afirmó ayer la madre de la víctima.
Raquel O., la madre de la menor, se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto con la fotografía de su hija, afirmó que ella fue hallada en la comunidad de Kallutaca tras, presuntamente, huir de sus secuestradores. Estaba sin calzados y presentaba algunos raspones en su cuerpo.
La mujer explicó que su hija de-sapareció en el trayecto que media entre su domicilio, en Alto Lima Primera Sección, y el Instituto Berlín de la Ceja de El Alto.
Después de cinco horas (23.00) la familia de la joven recibió una llamada de uno de los compañeros de colegio identificado, quien les alertó que la adolescente estaba en problemas.
Última llamada. La madre recordó que entre las 18.00 y 18.15 recibió la última llamada de su hija, quien le dijo que se iba a reunir con una de sus compañeras de estudios en la zona 16 de Julio. “La esperé en casa pero no llegó y a las 23.00 llamó uno de sus compañeros del colegio San Marcos Fe y Alegría y nos dijo que Carol estaba en problemas y que necesitaba ayuda. Le llamamos a su teléfono celular pero no respondió”.
Los familiares de la menor iniciaron, sin éxito, una búsqueda por la zona 16 de Julio donde iba a encontrarse con su amiga.
Alrededor de las 03.00 de la madrugada, la mujer recibió una llamada. Carol Julisa pidió ayuda y afirmó que “un hombre se está acercando, ayúdame por favor” y después cortó el teléfono.
Denuncia. El teniente Boris Loayza, jefe de la división Trata y Tráfico de Personas de la FELCC alteña, afirmó que la mujer denunció el hecho e inmediatamente abrió la investigación.
“Existe una denuncia sobre la desaparición de la menor, presumimos que fue un caso de rapto, empero en el transcurso de las investigación, se determinará qué es lo que realmente sucedió”.
Loayza recordó que este hecho es similar a otros dos que fueron denunciados en El Alto, el primero en Faro Murillo donde una madre dijo que habían más de una decena de mujeres cautivas y el segundo sobre la carretera a Laja, pero ninguno de los dos fue denunciado a la FELCC.
Ayer por la tarde, la menor prestó sus declaraciones y se conoció extraoficialmente que abandonó su hogar por problemas familiares y que habría pasado la noche con una de sus amigas.
Empero, Loayza se limitó a asegurar que “hay dos hipótesis que debemos investigar, la menor reapareció en oficinas de la Defensoría del Pueblo y es sometida, actualmente, a una evaluación psicológica”.
La FELCC alteña anunció para hoy un informe sobre el caso de esta joven.

6 jóvenes denunciaron a sus familiares que fueron raptadas y que huyeron cerca de Laja.

Falsificaban herramientas para engañar a los clientes

Más de mil productos de grifería, como pilas, llaves de paso y otros falsificados con la marca argentina FV fueron decomisados por funcionarios de la Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana.

La dirección de Control de Productos indicó que el operativo surgió tras una denuncia del área legal de la empresa importadora de FV .

Según se informó, los 80 puestos de venta ubicados en la avenida Brasil y Alto San Pedro también fueron encontrados ofreciendo pilas y otros de la mencionada marca a un precio muy por debajo del normal, lo que llamó la atención. Una vez en el lugar, descubrieron que se trataba de una falsificación china por lo que se advirtió a los comerciantes que regularicen su actividad.

Asimismo, las autoridades piden a la ciudadanía verificar los productos que compran.

Thursday, July 19, 2012

Hay 24 niños y adolescentes desaparecidos

En las oficinas de la División de Trata y Tráfico de Seres Humanos de la FELCC, de esta ciudad, de una enorme pizarra en la pared cuelgan 24 fotografías en blanco y negro de niños, niñas y adolescentes que han sido reportados como extraviados en las últimas semanas. El 60 por ciento tiene entre 12 y 17 años y en su mayoría mujeres. El 40 por ciento restante corresponde a niños de 5, 7, 9 y 10 años. El último niño reportado como perdido es Wilder Taquichiri Ríos de 5 años. El pequeño desapareció al mediodía del martes 17 de julio del kinder San Isidro, en San Pedro de Buena Vista. Cualquier dato al 75977143. La hija del asambleísta Hever Clavijo, Zarlet Clavijo (17), ya lleva desaparecida 45 días, sin ninguna noticia.

Carteristas se organizan y se reparten cinco zonas paceñas

En La Paz, los carteristas -delincuentes que roban carteras y otras pertenencias a los transeúntes- están organizados, operan en vehículos y en coordinación pues, según la Policía, se distribuyen entre ellos las zonas de acción e incluso respetan reglas y códigos para no invadir el territorio que no les pertenece.

Un importante jefe policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó a Página Siete que hay bandas delictivas que se dedican a robar carteras y objetos de valor desde vehículos en movimiento, y que actúan en al menos cinco zonas paceñas.

“Tienen sus lugares específicos donde delinquen, no pueden invadir el lugar donde opera otro grupo delictivo porque están organizados y podrían recibir represalias”, aseveró.

Las zonas donde estas bandas circulan en busca de sus víctimas, que por lo general son mujeres, son Sopocachi, San Pedro, Miraflores, Villa Fátima y el centro de la ciudad.

Lilian Calderón, funcionaria del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) de la Organización de las Naciones Unidas, fue asaltada en abril por dos delincuentes que la atacaron desde un vehículo cuando circulaba por una calle de Sopocachi y, tras quitarle su cartera y su teléfono celular, le dieron un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte pocos días después.

Ambos sospechosos del asalto fueron detenidos la semana pasada y la Policía busca a sus cómplices. El jefe policial entrevistado informó que los presuntos atracadores formaron su banda para operar en Sopocachi y en los alrededores, y que en los interrogatorios dieron detalles sobre su modo de trabajo.

De acuerdo con información de la fuerza anticrimen, en las cinco zonas mencionadas habría al menos nueve bandas que operan en las noches y en vehículos que funcionan como taxis.

El jefe policial recomendó a las mujeres que usualmente caminan por las calles después del trabajo que traten de hacerse acompañar y que no circulen con las carteras colocadas en el hombro.

Este tipo de robos son los más frecuentes y se denuncian varios casos por día, según diversos reportes policiales.

Un caso reciente
Asalto Una joven que regresaba a su casa en la zona de Miraflores fue asaltada por delincuentes, que le quitaron la cartera desde un vehículo que se acercó a una acera de la avenida Saavedra. El hecho ocurrió una noche, a las 20:30, hace alrededor de dos semanas, según reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Uno de los asaltantes sacó medio cuerpo por la ventana del coche y jaló la cartera con tanta fuerza que la víctima se cayó y se lastimó las rodillas. Luego, el vehículo desapareció; a pesar de que el caso se denunció, la Policía continúa detrás de los delincuentes.

Tuesday, July 17, 2012

La trata y tráfico se nutre de bebés

Embarazada y no sabes qué hacer? No te desesperes, aquí encontrarás una ayuda para ti...”. Anuncios como éstos son publicados en periódicos de circulación nacional y/o en páginas de la red de internet, y van acompañados de teléfonos y correos electrónicos de contacto.

No hay más datos del mensajero o de los mensajeros, ni de su dirección. Y estas “carnadas” tienen un objetivo: mujeres que no saben cómo enfrentar un embarazo no deseado por sus parejas o por sus familias, o por ellas mismas, ya que no cuentan con dinero, trabajo o fueron víctimas de maltrato o violación... Precisamente por uno de estos problemas, Jessica —nombre ficticio para salvaguardar la identidad de la fuente— acudió a estos avisos a inicios del año pasado. Y casi le cuesta su hijo.

Fue en enero cuando la menor de edad se enteró de que estaba encinta. Tras haber sido rechazada por el padre de su hijo y por sus progenitores, leyó en un diario una publicidad que le dio una esperanza. “Llamé por teléfono y una señorita muy amable me citó en El Prado de la ciudad de La Paz. Al encontrarnos me pidió que no aborte, incluso me mostró fotografías de cómo despedazaban al bebé y me dijo que lo podía dar en adopción, y que había una casa en la que me cuidarían hasta el parto”.

Alerta. Para entonces, los papeles de adopción ya estarían listos, al igual que la pareja que se haría cargo del recién nacido. La adolescente estuvo a punto de aceptar la “colaboración”; sin embargo, recapacitó y no volvió a verse con la “señorita muy amable”. “Después me enteré de que una amiga firmó los documentos, que la cuidaron y que, posteriormente, se arrepintió de renunciar a su hijo cuando nació. La amenazaron con meterla presa y se lo quitaron”, narra la joven mientras sostiene, orgullosa, a su retoño de un año.

Para la Policía y la Fiscalía de El Alto, los anuncios de este tipo en periódicos y páginas web son nuevas formas que estarían usando redes de trata y tráfico de seres humanos —en este caso de bebés— para adopciones ilegales. El caso de un centro de ayuda para mujeres descubierto en la ciudad de La Paz ha activado la alerta; incluso, Informe La Razón halló indicios de que éste sigue operando. Mientras, la Policía Internacional (Interpol) alerta de clanes familiares bolivianos involucrados con organizaciones criminales internacionales.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional define a la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

“Esa explotación —establece— incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Este delito es castigado por el artículo 281 bis del Código Penal con entre ocho y 12 años de cárcel y, generalmente, va unido al tráfico de personas y la participación de grupos delincuenciales con nexos en varios países.

Al respecto, el artículo 281 ter dicta: “El que en beneficio propio o de tercero por cualquier medio induzca, promueva, favorezca, financie o facilite la entrada o salida del país de personas en forma ilegal o en incumplimiento de las disposiciones legales de migración, será sancionado, con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. Si (...) se produjere la muerte de la víctima, se impondrá la pena del delito de asesinato (30 años). Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se agravará en una mitad”.

Las adopciones ilegales forman parte de este circuito. Un documento de la Organización Internacional para las Migraciones en Bolivia sostiene que redes internacionales están detrás de este flagelo. “Bebés, niños y niñas son substraídos, secuestrados o alejados de sus familias a cambio de una suma de dinero u otros medios. En el mejor de los casos, el niño/a tiene una familia esperando sin que esto suponga una garantía de la seguridad del pequeño/a, que puede verse expuesto a vejámenes en su familia adoptiva. El destino también puede ser una red criminal de explotación”.

Adopciones. La trata y tráfico son una práctica delictiva que está a la par del narcotráfico y el contrabando de armas en cuanto a ingresos, que son millonarios, y además está en auge. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refiere que el año pasado sus misiones repartidas por 91 naciones del mundo atendieron a 2.040 menores de 18 años que fueron víctimas de trata, cifra que supera en un 27% a los casos presentados en 2008, que ascendieron a 1.565.

La División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reportó 235 denuncias en todo el país en 2008; un año después, el guarismo subió a 303; en 2010, cayó a 282, mientras el año pasado descendió a 229. Y en los primeros cinco meses de este 2012, los casos ya llegan a 113. A la par, se iniciaron 185 investigaciones por la desaparición de igual número de menores de entre 1 y 12 años, y la Interpol está tras el paradero de 35 niños extraviados en este año.

Desde la ciudad de El Alto, la FELCC y el Ministerio Público intentan unir los eslabones de la cadena de un centro de ayuda para mujeres —no se revela su nombre ni de los involucrados para no entorpecer las investigaciones— que fue develado el segundo semestre del año pasado en la zona central de la urbe paceña. Las pesquisas se manejan con pinzas, con estricta reserva, y se sospecha de su relación con organizaciones en el extranjero. Y su modus operandi recurría a anuncios en diarios y a una página de internet para atraer a “víctimas”.

Después de meses de averiguación y tras la denuncia de una afectada, se reveló que los hermanos Carlos y Andrea (nombres ficticios) eran parte de esta entidad que ofrecía colaboración a embarazadas “con problemas” y de escasos recursos económicos. La Policía allanó la casa/oficina donde se realizaban las adopciones. Lo que dejó preocupados a los agentes son seis documentos de “renuncia de paternidad” firmados por otras seis mujeres, y no se sabe el destino de esos bebés.

El teniente Boris Loayza, de la División de Trata y Tráfico de la FELCC alteña, informa que en mayo del año pasado, Virginia, de unos 35 años, llegó a su despacho y relató que acudió a un grupo de apoyo gracias a un anuncio en la internet, tras haber quedado encinta y por no contar con la comprensión de su pareja ni de su familia. Tras comunicarse por teléfono y fijar una cita en la institución, fue recibida por Carlos, que la convenció de no abortar.

Verónica Viscarra, fiscal de la División Menores de El Alto —que está a cargo del caso—, añade que la denunciante aceptó los controles prenatales realizados por un médico en la casa/oficina y recibió complementos alimenticios como vitaminas y leche. Aparte, el hombre se hacía pasar por funcionario del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y de la Asociación de Padres de Corazón para “reclutar” a padres adoptivos. “Daba charlas en reuniones a las que asistían parejas y les pedía nombres, teléfonos y correos electrónicos, para ofrecerles a los recién nacidos”.

Cerrado el trato por ambas partes, sólo restaba esperar el alumbramiento. Era el momento en el que intervenía Andrea, que apoyada en su profesión de abogada, elaboraba el documento de desistimiento a la potestad del niño, para hacerlo firmar por la madre. Y si ésta intentaba dar un paso atrás, la amedrentaba con meterla presa por incumplimiento. Así sucedió con Virginia cuando se animó a recuperar a su retoño, casi dos años después de su decisión, todo porque su nueva pareja era estéril.

Pero no se recuperó al menor y “no descubrimos la cantidad de dinero que se ha manejado. Todos (la madre y los supuestos tratantes) se escudan en que la adopción se hizo para evitar un aborto y salvar una vida, pero nos preguntamos: ¿cuán caritativos son para invertir de su dinero en valoraciones médicas y documentos sin obtener nada a cambio?”, cuestiona Viscarra. A la par, es sospechoso que la casa/oficina operaba casi en la clandestinidad.

Virginia y Andrea fueron enviadas a las cárceles femeninas de Miraflores y Obrajes. Ésta última estuvo recluida durante dos meses y ahora cumple detención domiciliaria, al igual que su hermano. “Hace tres meses estas personas están en libertad y nos preguntamos en qué fallamos si logramos demostrar la ilegalidad con la denuncia de la mamá biológica y con documentación”, se lamenta el teniente Loayza.

A pesar de todo, él y la fiscal Viscarra adelantan que hay pruebas para lograr una sentencia condenatoria. La caja de Pandora se abrirá tras el peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses a las computadoras decomisadas en la casa/oficina, en las que estaría el paradero de los bebés, de las progenitoras y de los padres adoptivos que radicarían en el extranjero. “Dependiendo de lo que se halle, se ampliará la imputación a la organización y las instituciones que operen con ella o que coadyuvan para hacer las adopciones”, subraya Viscarra.

Lo que está comprobado es que Carlos y Andrea no cumplieron una exigencia crucial del Código Niño Niña Adolescente, o sea, no recurrieron al Juez de la Niñez y Adolescencia que autoriza la adopción mediante un fallo judicial, “cuando se comprueben verdaderos beneficios para el adoptado y se funde en motivos legítimos. Será precedida de un periodo preadoptivo de convivencia del niño, niña o adolescente con el o los adoptantes por el tiempo que la autoridad judicial determine”.

La juez Segundo de Partido de la Niñez y Adolescencia de La Paz, Jaqueline Rada, comenta que toda demanda de adopción es analizada durante 30 días.

“Son tres audiencias: de asignación, periodo adoptivo (hasta 15 días) y la lectura de sentencia. El tiempo puede ser mayor por los factores externos que no controla el juez”. Informa que el año pasado se aprobaron 68 solicitudes de adoptantes nacionales en La Paz y El Alto, y 11 provenientes de extranjeros.

Pero los tratantes también recurren al robo y a la compra de niños. El teniente Loayza informa de dos casos que son investigados por su dependencia.

Uno ocurrió en diciembre de 2011, en los Yungas, cuando una lavandera pagó Bs 100 por un neonato que, luego, no quiso devolver a su madre porque lo entregó a padres adoptivos mediante un pastor evangélico. En el segundo, un hombre acusó a su pareja de haber regalado a su retoño. En ambos hechos hay supuestos abogados que redactaron convenios de renuncias de paternidad.

En mayo de este año, la Policía de Potosí recibió la denuncia de Mariana, quien tras comercializar a su hijo por Bs 400, intentó recuperarlo sin éxito y hoy guarda detención preventiva. A su historia se suman las ventas de infantes registradas el año pasado en Llallagua, por Bs 2.000, y en 2008, en Villazón, por Bs 5.000, de acuerdo con los datos proveidos a Informe La Razón. Hay personas tras las rejas y notarios y oficiales de Registro Civil en la mira.

En La Paz, el teniente Jimmy Sanga recuerda una denuncia interpuesta en 2011 por una joven trabajadora del hogar en la zona Sur. “Indicó que al verse embarazada, decidió seguir el consejo de su patrona y vender a su bebé en $us 5.000 a una amiga de ella en Canadá. Pero ésta sólo quiso pagar $us 2.000 porque la recién nacida era niña y quería un varón; por eso la delató”. A la par, se frustró una transacción de una recién nacida en la plaza Triangular; los sospechosos están detenidos.

Falencias. El coordinador de la Red 165 de la Alcaldía de La Paz, Marco Antonio Gira, revela que otro método es que los padres adoptivos se hacen pasar como biológicos a partir del certificado de nacido vivo. “Por ejemplo, una embarazada llegó de Cochabamba y se internó en un hospital con el nombre de la que compró a su hijo”. Esta ilegalidad —critica— es facilitada por la “inseguridad” en las oficialías de Registro Civil, donde basta este certificado para inscribir a un bebé como propio.

El jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC de La Paz, coronel Adolfo Cárdenas, explica que muchos casos de venta de niños no son denunciados o no se conocen porque los padres y tratantes quedaron “conformes”. Resalta que en el área rural, la transacción no implica un gran ingreso económico para los padres que, generalmente, entregan a sus hijos creyendo que tendrán mejor futuro. “Lo preocupante es cuando no se sabe en qué manos caerán, ya que pueden darlos a personas deseosas de tener un niño (para criar) o a traficantes de personas”.

La lentitud de los canales de adopción en el extranjero, señala el jefe de la misión de la OIM en Bolivia, Wálter Arce, es una razón para que exista gran demanda de niños bolivianos en países europeos, sobre todo menores de cinco años; algo que es cubierto por redes internacionales que mantienen a los bebés en cautiverio y que, tras su comercialización, pueden ser víctimas de trata internacional con fines de adopción ilegal o para extraerles líquidos de su médula espinal”, importantes para el diagnóstico de males neurológicos.

Una investigación de la OIM determina que “se tiene conocimiento de la práctica de secuestros de criaturas y redes que ofrecen $us 100 por secuestrar a un niño. Otra formas de reclutar niños son ganarse la confianza del menor, o comprar al niño/a a través de terceros, o directamente negociarlo con la familia”. Y todo el circuito de la trata y tráfico tiene carta blanca para operar en Bolivia, según los entrevistados, por el casi nulo control en las fronteras interdepartamentales y con otros países.

Más aún, el director de la OCN Interpol de La Paz, Dorian Angles Valverde, a través de un cuestionario respondido a Informe La Razón, advierte que en el país las redes que impulsan adopciones ilegales están conformadas “en su mayoría por clanes familiares que obedecen a requerimientos de organizaciones criminales internacionales, que se encuentran en constante investigación”, y Bolivia “se constituye de manera directa en un lugar de tránsito de llegada y salida” en la cadena multinacional de trata y tráfico de personas (ver la infografía de esta página).

La FELCC y la Fiscalía de El Alto están convencidas de que el centro de ayuda a mujeres hallado en La Paz tiene tentáculos en otras partes del orbe. Informe La Razón se contactó con una fundación española que apoya entes con similares nombres y objetivos en Latinoamérica; los encargados afirmaron que no tienen ningún emprendimiento de estas características en territorio boliviano, aunque la denominación no está patentada y puede ser usada libremente.

Inclusive, se constató que una organización con el mismo nombre opera ahora en un barrio céntrico de la ciudad paceña. La fiscal Viscarra adelanta una pesquisa y no desecha que la casa/oficina haya emigrado de dirección y responda a la pareja de hermanos que guarda detención domiciliaria, porque recurre a anuncios en periódicos que ofertan las mismas “colaboraciones” a embarazadas. El contacto telefónico de una periodista parece confirmar ello:

— ¿Alo?

— Llamaba por el anuncio, señora.

— ¿Qué edad tienes?

— 18.

— ¿Estás segura que estás embarazada?

— No sé... Creo que sí.

— ¿Te hiciste alguna prueba?

— No, pero a mi amiga le pasó igual y estaba embarazada.

— No te preocupes, ¿quieres una cita?

— No tengo dinero.

— La primera consulta es gratis... aquí te va a ver el médico.

— ¿Para abortar?

— ¿Tú qué quieres hacer?

— Me da miedo, no quiero abortar.

— Acá te vamos a dar otras opciones.

— ¿Qué opciones?

— No te puedo decir por teléfono, tienes que venir... Te vamos a ayudar en todo.

Algunas definiciones sobre los delitos de trata y tráfico

Abuso de situación de vulnerabilidad. Es aprovechar o tomar ventaja de situaciones de adicción a cualquier sustancia, enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, discapacidad física o psíquica, invalidez, niñez y adolescencia, para su sometimiento con fines de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos.
Explotación. Es la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, explotación sexual y/o laboral, peores formas de trabajo infantil, formas de servidumbre por deudas y otros, trabajo forzoso, venta y extracción ilícita de fluidos, tejidos, células u otros órganos del ser humano.
Servidumbre. Es un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que el victimario induce u obliga a la víctima a realizar actos, trabajos o servicios con fines diversos, mediante engaño, amenazas, coacción u otras formas de violencia.
Matrimonio servil. Es la explotación laboral y/o sexual de un miembro de la pareja e implica situaciones de esclavitud, aislamiento, control y violencia física, sexual y reproductiva.
Guarda y adopción ilegal. Es el procedimiento de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes que se realiza sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos estipulados en la normativa nacional y en los instrumentos internacionales.
Turismo sexual. Es la utilización de personas para ofertarlas en servicios sexuales relacionados con paquetes turísticos, culturales o naturales, promocionados a través de mensajes e imágenes de carácter erótico difundidos por cualquier medio de telecomunicación, tecnología de información y medios de comunicación.
Mendicidad forzada. Consiste en forzar a un niño, adolescente o adulto, a pedir dinero u otros beneficios en la calle o cualquier otro lugar público o privado a favor de un tercero.

Mala reinterpretación de justicia originaria causa linchamientos

“Soy ladrón de azúcar y arroz”, era la frase que vendedores furibundos habían escrito en un letrero improvisado de cartón que luego colgaron en el cuello de Juan (de 67 años), a quien obligaron a caminar desnudo por el mercado del puente Vela, de El Alto.

Era el 11 de junio y los comerciantes acusaban al sujeto de haber robado un quintal de azúcar. Por eso decidieron castigarlo exponiéndolo a la vista de todos. La intención era lincharlo, después del escarnio público.

Hechos como éste, en el último tiempo, se han consumado a título de justicia comunitaria (indígena). Dos especialistas explican que en barrios de inmigrantes originarios, en zonas de la periferia, la gente intenta aplicar el espíritu judicial de sus comunidades, y que ante el aumento de la delincuencia y el vacío de la ley reinterpretan erradamente la justicia originaria y aplican la pena de muerte.

“Conceptual, práctica y técnicamente el linchamiento no hace ni es parte de la justicia indígena. Sin embargo, cuando existe este tipo de situaciones, directa o indirectamente es asociada con el linchamiento”, dice el investigador Marcelo Fernández, autor del libro La ley del ayllu: práctica de jach’a justicia y jisk’a justicia (justicia mayor y justicia menor) en comunidades aymaras.

Según el especialista, tras revisar los casos sucedidos, se concluye que los linchamientos se generan “en los márgenes” de El Alto y de La Paz, donde rige la ley del Estado, y no precisamente en las comunidades rurales, donde tiene vigencia la justicia originaria.

Desde enero hasta mayo se registraron al menos seis linchamientos. Las víctimas fueron dos policías en El Alto; dos presuntos ladrones en una comunidad rural en Sucre, un supuesto asesino en San Julián, en Santa Cruz, y un sujeto acusado de robar motocicletas en Chapare.

Liborio Uño Acebo, director del Programa Derechos de las Naciones Originarias de la Universidad Mayor de San Andrés, identifica dos hechos relacionados con el fenómeno. Por un lado, la masiva inmigración desde comunidades hacia ciudades, en particular hacia el occidente, en busca de “oportunidades para sobrevivir”, y por el otro el aumento de delitos, como robos, asesinatos y homicidios.

Uño y Fernández destacan que un elemento importante para entender la problemática es la organización vecinal en los lugares donde suceden los hechos.

El director del programa de la UMSA sostiene que ante la falta de orden policial y de autoridad, en barrios, sobre todo en El Alto, ha surgido un tipo de organización similar al estilo de la que existe en el gobierno comunal.

“Ante esa ola de crímenes, pobladores andinos urus, aymaras y quechuas actualizan su espíritu jurídico penal, su mentalidad jurídica, y lo que yo llamó su código de penas andinas”, acota.

Según el académico, en el Tawantinsuyo había un código penal, que está presente en la mentalidad de los inmigrantes originarios que residen en El Alto. En esa etapa precolonial, sostiene, “varios delitos recibían la pena de muerte, como el robo, asesinato y la violación”.

Además, explica Fernández, dentro de las juntas vecinales hay “componentes venidos de los ayllus y comunidades, por lo tanto, esa población tiene, de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, referentes de justicia comunitaria o de justicia de ayllu”.

La justicia originaria fue constitucionalizada en el texto de la Constitución Política, que se puso en vigencia el 7 de febrero del 2009, en el marco del pluralismo jurídico que contempla ese documento. Pero es en diciembre de 2010 que se puso en vigencia la Ley de Deslinde Jurisdicional que, entre otros fines, determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, así como con todas las jurisdicciones reconocidas en la Constitución.

Hay visiones como la de Zenobio Quispe, coordinador del Foro Indígena (una organización que trabaja la temática originaria campesina), que sostienen que esta norma “no toma en cuenta la globalidad del mundo indígena”, pues “proscribe” a la justicia originaria al ámbito rural, cuando ésta se aplica en las urbes, a través de las juntas vecinales, ya sea en conflictos entre vecinos o problemas de lotes, entre otros.

Según Fernández, en los sitios donde suceden linchamientos hay una especie de “contradicción”, debido a que ni el Estado ni la población pueden ejercer sus propios “referentes de justicia”. Esto, dice, genera una especie de vacío de ley y de autoridad.

¿Y ahora qué? Uño sostiene que debe impedirse que se quite la vida a los presuntos delincuentes y es necesario dar recomendaciones a vecinos y dirigentes.

Fernández considera que debería articularse los mecanismos de seguridad ciudadana, con ese “capital” que se tienen en la población para administrar justicia, y desarrollar un nuevo tipo de seguridad ciudadana, pues “en realidad, definitivamente en un país en el que vivimos si la Policía como tal difícil que pueda administrar justicia”.

Por fortuna para Juan, sindicado por el robo de azúcar, oficiales del 110 que habían acudido al lugar, lejano del centro alteño, lograron evitar que tomen “justicia por mano propia”.

El linchamiento y los medios
¿Cómo ven los medios de comunicación los linchamientos? A esa interrogante responde un estudio de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2008, que hace un monitorero sobre la cobertura noticiosa de los casos de linchamientos en Bolivia entre 2007 y 2008.

Este documento señala que son diversas las definiciones y concepciones que manifiestan los medios sobre este fenómeno. En primer lugar se lo caracteriza de “ajuste de cuentas” o “ajusticiamiento”.

Pero el estudio también analiza el vínculo que hacen los medios entre los linchamientos y la justicia comunitaria, y que también es efectuado por la misma sociedad. Por ejemplo, en el intento de linchamiento a una mujer en la comunidad de Ichicirca (La Paz), en enero del 2008, los medios informan que: “(...) los comunarios advirtieron que si encuentran a otro ladrón, harán justicia comunitaria y lo lincharán”.



Puntos de vista
Inti Schuber Asesor del proyecto Projuride Linchamientos muestran que la justicia no llega Los linchamientos son justamente la muestra de que en esos lugares no hay ni justicia indígena ni justicia ordinaria, sino hay ausencia. Los linchamientos se producen ahí, donde no llega la justicia. Y está el gran problema de este país, que la justicia no llega a la gente. Entonces, la gente hace como se dice “justicia de propia mano”, pero no se le puede atribuir ni a la justicia ordinaria ni a la justicia indígena. Simplemente son actos bárbaros y asociales.


Jaime Álvarez Presidente de la RPJ No es necesario reglamentar la Ley de Deslinde. La Constitución establece que a través de esta norma se determinarán los mecanismos de coordinación, cooperación y funcionamiento de la Jurisdicción Indígena, ya que como se observa en la norma, ésta establece los alcances en los que puede y no puede actuar la jurisdicción indígena. Se debe avanzar en la implementación y aplicación efectiva de la justicia plural, posibilitando que las jurisdicciones indígenas y ordinaria se interioricen de los alcances normativos ya existentes.

Monday, July 16, 2012

Venta de espacios en cárceles; reos ofertan celdas hasta en $us 10 mil

En las cárceles del país hay presos que tienen más de una celda y se dedican a la compra-venta de los ambientes, tarea que es conocida por las autoridades penitenciarias. Los precios pueden llegar hasta los $us 10 mil.

La directora departamental de Régimen Penitenciario en La Paz, Rita Oporto, indica que para nadie es desconocido que exista una suerte de “propiedad privada” de las celdas, más en el interior del penal de San Pedro. “Inclusive tienen sus títulos de propiedad, que ellos mismos otorgan con aval de los delegados de secciones, ellos tienen su organización interna”, dijo en entrevista con La Razón.

En cuanto a montos, señaló que el precio de una calabozo depende de su ubicación en el recinto penal. En San Pedro, por ejemplo, hay lugares “residenciales”, como Los Pinos y Álamos, donde los costos son más elevados que en la sección Cancha y Palmar, donde una celda cuesta entre $us 300 a $us 500, explicó la autoridad.

Además, aseguró que “hay personas que tienen por lo menos dos calabozos, uno donde viven y otro que la alquilan, que hacen alguna mejora y luego la venden”.

Por su parte, el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, adujo que lo que se negocia no es el espacio físico, sino las mejoras que realizan los internos a los espacios que ocupan, como haber pintado las paredes. “Hay oferta y demanda (...) lo que conozco es que hay celdas que tienen costos inferiores a $us 100 o 200 en los ambientes”, indicó.

Entonces, cuando un preso recupera su libertad, buscaría recuperar lo invertido en esas mejoras a su celda y la transfiere a otro recluso que cubra ese gasto.

Para el presidente de delegados del penal de San Pedro, Límber Pórcel, hay una mala visión de la opinión pública sobre lo que ocurre en estos centros.

Según aseguró a este medio, las celdas se asignan por antigüedad. “A medida que uno sale en libertad, se da la posibilidad de que el espacio vacío le toque a otro interno”.

Entre tanto, se busca para los nuevos un lugar para que duerman, así sea en los pasillos, ya que en una semana pueden salir libres tres presos y a la vez ingresar de 35 a 40 nuevos, aproximadamente.

Porcel reconoció que hay cobros, pero que son mínimos y por lo general para un fondo “comunitario” que se usa para cambiar un foco o una ducha quemada, entre otros. “El aporte puede ser de Bs 20, no se obliga”, afirmó.

Jorge Sueiro, exdirector de Régimen Penitenciario (7-12-2010 al 8-2-2012), asegura que en centros abarrotados de internos no sólo se “vende” las mejoras a las celdas, sino el espacio físico. Llegó a establecer una especie de escala de precios de estos ambientes en cárceles de las capitales del país.

“Hay penales donde las celdas no tienen un valor cuantioso. Pero en Mocoví (Trinidad-Beni) una buena celda puede valer hasta $us 1.000 y en San Pedro (La Paz) $us 5.000 a $us 6.000”, dijo. En la cárcel de Palmasola (Santa Cruz), muchas celdas fueron construidas por los mismos internos y en algunos casos se pide hasta $us 8.000 por ellas. En Cantumarca (Potosí) estos ambientes no tienen un valor cuantioso, cobran hasta $us 500 por celda, igual que en Morros Blancos (Tarija), donde el privado de libertad llega y, a veces, debe construir su celda, en cuyo caso el valor puede subir.

En Cochabamba, San Sebastián varones es un recinto donde debido al hacinamiento (83%) también se puede hallar calabozos por precios superiores a los $us 1.000, monto que disminuye en San Roque (Sucre), San Pedro de Oruro y Villa Busch de Pando, donde los niveles de hacinamiento también dan lugar a transacciones, por debajo de $us 1.000.

“Celdas de construcción antigua a veces no tienen tanto valor como las que los internos construyen con sus propios recursos”, dijo, Según Sueiro, identificó en la sección Posta (San Pedro) espacios que cuestan $us 10 mil o más.

No se prevé una investigación

Ante la evidencia de que hay personas que tienen más de una celda en los penales, Régimen Penitenciario no prevé realizar una investigación al respecto.

Ramiro Llanos, autoridad nacional de esta repartición, dijo que esa “no es la política de la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP)”.

La máxima auto- ridad penitenciaria mencionó las reglas internas que rigen en las cárceles. “Ellos (los privados de libertad) tienen sus propias normas, están regulados con sus consejos de delegados y es tarea de ellos (una investigación)”, dijo Llanos.

Quizá por ello, en febrero de este año, se dejó de lado una solicitud que hizo el Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección Jurídica, sobre una supuesta transacción que habría realizado Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria, en la cárcel de San Pedro.

“Tenemos información de que habría pagado $us 16 mil por una celda en el penal de San Pedro (sección Posta)”, señaló en ese entonces Fernando Rivera, asesor legal de esa cartera de Estado.

Por su ingreso a esa sección también se dijo que pagó $us 700, sin embargo, el abogado de Sanabria negó ese extremo y argumentó que su cliente “no tiene ese dinero”.

El ingreso a cualquier sección de San Pedro tiene un precio

A la forma de “sobrevivencia” que consiguieron algunos privados de libertad, que ganan los espacios de los que salen y cuando llega un nuevo interno sobrevalúan el valor de las celdas y las venden o alquilan, también se suma el “derecho a ingreso” que debe pagar, dependiendo de la sección a la que sea derivado.

“Para ir a la Posta se paga un ‘ingreso’ de $us 1.000 aproximadamente”, aseguró Jorge Sueiro, exdirector general del Régimen Penitenciario. Ese dinero, añadió, sería repartido entre las autoridades encargadas de la seguridad del penal y el consejo de delegados de los reclusos.

En febrero se llegó a denunciar que el hijo del general (r) René Sanabria, Víctor Sanabria, pagó $us 700 por ingresar a la Posta. “Lamentablemente ese tipo de acciones no deja recibos”, dijo Fernando Rivera, asesor legal del Ministerio de Gobierno, que pidió una investigación sobre este extremo.

En otras penitenciarías no se experimenta esta situación, pero “en la mayoría se puede decir que tienen sus privilegios y lugares especiales para los internos, donde ellos mismos cuantifican por sección lo que deben pagar”.

Como anécdota, recordó que en una cárcel de Cochabamba se dio un caso en que un interno nuevo pagó al Consejo de Delegados su ingreso y que le habían entregado un recibo.

Esta “tradición antigua”, según la autoridad, se ampara en que los delegados se encargan de la compra de materiales de limpieza y algunas mejoras a los recintos. “Aparte, se sobreentiende que (ese pago) beneficia a los consejos de delegados, no por algo es que pelean tanto para llegar ahí”.

Como contraparte, Límber Pórcel, presidente del Consejo de Delegados del penal de San Pedro de La Paz, dijo que los extremos citados están “fuera de la realidad” y ratificó que los montos que perciben de los nuevos presos son para “realizar el mantenimiento de las duchas, la refacción de algunos lugares (...) las mejoras salen de un aporte comunitario” y no de alguna acción que podría considerarse hasta extorsión.

“Si se quema un foco, no vienen las autoridades y nos dan (dinero) para cambiar esa lámpara, tiene que salir de una caja chica, eso sale de un aporte comunitario, que es un aporte mínimo (...) puede ser Bs 20 o Bs 30, de acuerdo con la posibilidad de las personas”, afirmó el delegado.

Empero, la directora departamental de Régimen Penitenciario-La Paz, Rita Oporto, indicó que los reclusos nuevos son derivados a las diferentes secciones del penal de San Pedro por orden de llegada, pero se dieron casos en que aparecieron en áreas distintas a las asignadas. “Sí, existen los pagos, eso es en las secciones, dependiendo de cuál les toca, es como norma dentro de los delegados”, explicó.

De forma escueta, el coronel Edwin Sivila, gobernador de ese recinto, ratificó que se asigna la sección al interno por orden de llegada. En tanto, el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sugirió aprobar un Reglamento de Cárceles para solucionar este tipo de arbitrariedades .

‘El Estado debe tomar posesión’

Por Waldo Albarracín

El alquiler, anticrético o compra-venta de celdas forma parte de la idiosincrasia carcelaria, sin que eso quiera decir que es correcto. Subyace una especie de “derecho propietario” que se arrogan los internos más antiguos sobre celdas, cuando se supone que un recinto carcelario es propiedad del Estado y cualquier interno que llega a un penal tiene el derecho de que se lo aloje y tenga en algunas de esas celdas.

Éste es un problema que hasta ahora no lo ha resuelto ningún gobierno, como otras asignaturas de las que adolece el sistema penitenciario. Ninguna instancia gubernamental, en distintas coyunturas, no ha podido resolverlo.

Esta idiosincrasia ha hecho que no se llegue a registrar denuncias. Cuando un ciudadano llega a la cárcel, como que se somete al sistema, sin que lo acepte, porque si lo trata de combatir puede llegar a tener problemas.

Para evitar que esto siga sucediendo, habría que buscar una solución progresiva, porque si se aplica de la noche a la mañana, la resistencia de los internos será masiva. El Estado debe tomar posesión de la celda que queda desocupada, al salir un interno libre.


Buscan fortalecer las indagaciones de trata

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, informó que se solicitó al Fiscal General, Mario Uribe, el reforzamiento de las comisiones de fiscales encargados de las investigaciones sobre la trata y tráfico de personas, debido a que en los últimos meses se incrementaron los casos de personas desaparecidas en el país.
La autoridad indicó que el gobierno trabaja en la elaboración de políticas de Estado, para evitar el incremento de casos de personas desaparecidas, buscando mejorar los controles en los puntos fronterizos del país, lugares por donde los delincuentes aprovechan para sacar a sus víctimas.
"Mi persona ha conversado con el señor Fiscal General de Estado, el doctor Uribe, y hemos avanzado ya el criterio de reforzar con mayor cantidad de fiscales las unidades de trata y tráfico de personas que no solamente a tienden estos hechos, sino atiende otros tipos de delitos de orden sexual", informó el Viceministro.
Asimismo, afirmó que esta problemática no sólo le corresponde al gobierno nacional, sino se requiere el apoyo de los gobiernos municipales y departamentales, considerando el destino de recursos para los controles por parte de estas instancias del Estado, más aún las alcaldías que deben realizar los controles a los lenocinios.
"Los prostíbulos, que se les denomina, deben ser controlados, deben tener orden de funcionamiento de los gobiernos municipales, debe controlarse si tienen autorizaciones de impuestos nacionales, además debe involucrarse la familia y la población", añadió.

Sunday, July 15, 2012

El 80% de jóvenes desaparecidos huyó del hogar

La Policía dice que sólo el 20% de estos casos corresponde a la trata y tráfico de personas.

El mayor Wálter Sossa, jefe de la división de Trata y Tráfico de Personas de la fuerza anticrimen de La Paz, explicó que hay tres factores para que niñas, niños y adolescentes dejen sus domicilios.
“Sólo el 20 por ciento de los casos denunciados —hasta tres por día— corresponde a la trata y tráfico de personas. El 80 por ciento es causado por problemas familiares”.
Sossa explicó que estas desapariciones también son producto de la violencia intrafamiliar, la calificación escolar y el problema sentimental, este último en mayor porcentaje.
Los “raptos sentimentales” abundan en la ciudad de El Alto, afirmó Remberto Cruz, secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES).
El representante de los colegiales de El Ato explicó que este hecho demuestra que es prematura la edad a la que los jóvenes inician sus relaciones sexuales y, al verse descubiertos, optan por huir para evitar el castigo de los padres.
“Hemos analizado con los representantes de unidades educativas de El Alto que muchos compañeros se perdieron y desaparecieron por diversos motivos, y fueron inducidos al comercio sexual comercial y la explotación laboral. Pero también hay casos de raptos sentimentales”.
Añadió que los adolescentes se “van a otros departamentos para no mostrar embarazos y evitar problemas con sus padres, y aceptan ofertas laborales de Brasil y Argentina”.
Diez menores. El teniente Boris Loayza, jefe de la división de Trata y Tráfico de Personas de la fuerza anticrimen de El Alto, declaró que, en esta gestión, diez adolescentes de uno y otro sexo fueron encontrados y reinsertados en sus hogares, después de que la mayoría de ellos huyeran por razones sentimentales.
“Se encontraron muy pocos menores que fueron explotados laboral o sexualmente. La mayoría huyó porque la enamorada estaba embarazada”.
Uno de ellos contó a La Prensa que “mantenía una relación sentimental con mi chica desde hace dos años. En tercero de secundaria se embarazó y decidimos escapar para evitar tener problemas con nuestros padres”.
Este caso fue reportado a la Policía por la desaparición de los dos adolescentes y, después de casi tres meses, éstos fueron hallados trabajando en Oruro como garzones. Loayza explicó que un caso reciente fue el de una joven que desapareció en Tambillo. Sus familiares denunciaron que fue víctima de rapto, pero ella se fue a trabajar con la familia de su enamorado en Cochabamba.
Huyó porque sus padres no le compraron un teléfono celular de última generación.
Colegiales. Recientemente, en un colegio particular de El Alto, los padres denunciaron la desaparición de una pareja de estudiantes y sindicaron al profesor de ser el culpable de este hecho. De acuerdo con sus compañeros, la joven estaba embarazada y, al parecer, ambos huyeron en el último día de clases.
Según el cuadro estadístico de la Policía, sólo en El Alto, a la fecha, se registraron 280 casos de desapariciones, de los cuales 252 fueron resueltos en forma totalmente satisfactoria.

30 casos de niños y adolescentes desaparecidos son investigados por la división de Trata y Tráfico de El Alto.

15 de junio Una pareja de jóvenes, de 14 y 17 años, fue rescatada de Cochabamba. Hacían trabajos de cocina en una peña.

18 de junio Dos adolescentes se fugaron de su casa en El Alto por razones sentimentales. Sus padres denunciaron el hecho.

Las voces de las víctimas

Algunos padres de familia prefieren callar después de hallar a sus hijas o hijos. El 90 por ciento de los casos surgen por problemas sentimentales.
“Mi hija desapareció hace dos semanas. Nos dijeron que la habían secuestrado, pero está con su enamorado”.
Susana A.
“Mi hijo nos llamó desde Oruro y nos dijo que no volvería porque nos falló. Fuimos a buscarlo, pero no lo hallamos”.
Rubén Quispe
“Al principio, no quiso hablar, estaba asustada. Después nos dijo que se fue a trabajar con su enamorado, pero no quiere decir, hasta ahora, quiénes son los familiares de este joven y dónde estuvo”.
Desiderio A.

LOS ESTUDIANTES alertan sobre el TRÁFICO DE óRGANOS.
Remberto Cruz declaró, junto a su directiva, que existen denuncias de tráfico de órganos, práctica de la que los estudiantes de grados inferiores son víctimas.
Cruz afirmó que durante los dos últimos años desaparecieron niños de siete a 12 años y que éstos fueron llevados a países vecinos con fines distintos a la explotación laboral o sexual.
Explicó que los niños bolivianos son objeto de trata y tráfico a Argentina, Brasil, Perú, Chile, España e incluso Estados Unidos.
“Los más vulnerables son las mujeres jóvenes y los niños, quienes después son utilizados para el tráfico de órganos”.
Además, sostuvo que las jóvenes son “reclutadas” en los establecimientos educativos de las ciudades con fines de explotación laboral y sexual comercial.
“Hay varios casos, pero la Policía Boliviana no hizo nada hasta ahora para investigar estos hechos y por eso no hay registros de ellos”.

El 65 % de reclusos del penal de San Pedro tiene detención preventivamente

De aproximadamente 400 internos del penal de San Pedro de Oruro, el 65 %, es decir 260 reclusos entre varones y mujeres, están detenidos preventivamente y solo el 35 % cumple una sentencia ejecutoriada.

Así informó el juez de ejecución penal, Germán López Moya a LA PATRIA, al indicar que el conflicto de hacinamiento que se vive en dicho centro penitenciario es de hace bastante tiempo, pero que se incrementó desde la implementación y modificaciones al Código de Procedimiento Penal.

"Al presente se debe informar con claridad meridiana que tenemos aproximadamente 400 internos, entre ellos 60 mujeres y 338 varones, me atrevo a decir que el 65 por ciento de la población penitenciaria se halla con detención preventiva y el 35 por ciento vienen cumpliendo sentencia conforme a ley, que a mi criterio debería ser al revés, es decir que quienes tienen que estar en este recinto carcelario son aquellos que tengan sentencia ejecutoriada", señaló López.

De acuerdo a la normativa procesal penal, toda persona sindicada de un hecho delictivo penal, debe estar recluido preventivamente, por un tiempo máximo de seis meses, tiempo que debe durar la etapa de investigación de cualquier proceso delincuencial, que también puede ser concluido antes de dicho término.

CUARTA SECCIÓN

La autoridad judicial también se refirió a la cuarta sección del penal de San Pedro, donde están internadas las mujeres, tanto preventivamente como las que tienen sentencia ejecutoriada, quienes además están privadas de libertad junto a sus hijos.

"En la cuarta sección están las mujeres recluidas con sus niños, es decir que tiene un aspecto de guardería, ya que la mayoría de las internas, lamentablemente por motivos ajenos o de fuerza mayor, juntamente sus hijos están guardando detención preventiva", añadió.

El penal de San Pedro está diseñado para acoger a 160 personas aproximadamente, de las cuales solo 25 deberían ser recluidas en la cuarta sección para mujeres, pero en la actualidad este número es rebasado de sobremanera ya que se registraron 400 internos aproximadamente en dicho centro penitenciario, de los cuales 60 son mujeres.