“Toda la Policía va a pasar a ser controlada por la mencionada Ley para que lleguen a mantenerse bajo el mando civil, como ocurre en entidades como el Segip. De lo contrario se convierte en un poder subterráneo que impide la restructuración de los centros penitenciarios porque algunos efectivos policiales no quieren perder sus privilegios, mismos que representan millones de dólares para el manejo con una red en la que están implicados presos y ciertos efectivos policiales”, afirmó la autoridad de Régimen Penitenciario.
Llanos, ante el retorno de 40 jóvenes privados de libertad del centro penitenciario de Qalahuma la semana pasada, responsabilizó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de las denuncias de torturas que ejercían efectivos policiales en contra de los internos, esto debido a que, según esta versión, en las cárceles no manda la Policía Boliviana o las normas, mandan los presos.
“Hemos intentado proteger a los jóvenes, no se ha podido, los internos se han impuesto, las Organizaciones No Gubernamentales, los familiares se han impuesto y la conclusión es que mandan los presos”, expresó la autoridad.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, en su artículo 31, “la Policía Boliviana fortalecerá a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, que incluirá la asignación de funcionarias y funcionarios policiales formados y especializados en esta área que presten servicios de manera exclusiva durante toda su carrera profesional en los recintos penitenciarios de Bolivia, no pudiendo ser destinados para cumplir otras funciones diferentes de la señalada”.
En el punto siguiente, la norma señala que para este efecto la Policía Boliviana, a través de la Universidad Policial, diseñará un programa académico destinado a la formación y especialización de bachilleres que deseen formar parte de esta rama especializada de la Institución Policial.
“Las funcionarías y los funcionarios policiales que actualmente prestan servicios en los recintos penitenciarios del país serán paulatinamente reemplazados por los funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria y asignados a tareas operativas de seguridad ciudadana, de acuerdo con un estudio de reingeniería y re-distribución del personal policial a nivel nacional, para la optimización de sus recursos humanos, que deberá ser elaborado por el Comando General de la Policía Boliviana en un plazo de noventa días calendario, computables a partir de la vigencia de la presente Ley, financiamiento que será previsto dentro del techo presupuestario aprobado para la Policía Boliviana”, señala la norma.
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