Además, el destino de estos recursos y la ejecución de los planes de seguridad ciudadana en los tres niveles de Gobierno serán analizados en la próxima Cumbre Nacional que se llevará adelante el 26 y 27 de junio próximos en la ciudad de Sucre, precisó Romero.
"Hay 470 millones de bolivianos para ejecutar de Gobernaciones y Municipios en tareas de seguridad ciudadana y ahí seguramente tendremos que tomar decisiones, pero como nunca antes en este proceso la Policía ha tenido condiciones objetivas y materiales adecuadas para potenciarse, desarrollarse, legitimarse y transformarse", informó la autoridad.
Desde la promulgación de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, el 31 de julio de 2012, las gobernaciones deben destinar el 10 por ciento de los recursos que perciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para combatir la inseguridad, de acuerdo a lo que establece esta norma.
En el caso de los municipios, la norma determina que aquellos con población menor a 50 mil habitantes destinen como mínimo un 5 por ciento de sus recursos del IDH y aquellos que superen ese número de habitantes un 10 por ciento del IDH.
A estos recursos se suma, de acuerdo a la ley, los recursos inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno -destinados a seguridad ciudadana-, créditos y donaciones nacionales o internacionales y otros recursos.
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