"Son aproximadamente 2.000 y en forma inmediata se levantará una estadística de los menores que viven en cárceles. Ubicaremos a familiares que puedan acogerlos y los que no tengan serán llevados a hogares públicos", dijo hoy la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, tras una reunión de instituciones vinculadas a la defensa de la niñez, pero no fijó un plazo para la evacuación.
"Es un caso único en el mundo la presencia de niños en las cárceles de Bolivia, no es un lugar idóneo para ellos", declaró a periodistas el representante en Bolivia del Alto Comisionado, Denis Racicot.
Como en muchos países de la región, las cárceles están hacinadas. Aunque los menores no están mezclados con los presos, viven en espacios muy reducidos, según las autoridades.
Un estudio privado de la Fundación Construir dijo que entre 2002 y 2012 la población carcelaria se duplicó y que 84 por ciento de los detenidos no tiene condena por la mora judicial.
Los presos que llevan a sus hijos a las cárceles alegan que son pobres o que no tienen familiares. Los acusados de narcotráfico abarrotan las cárceles y según informes de la fuerza antidrogas ese negocio ilícito está en manos de "clanes familiares" y en muchos casos son apresados el padre y la madre.
Ayllón dijo que sólo quedarán en las cárceles niños menores de seis años que es lo que permite la Ley de Régimen Penitenciario. El cumplimiento de esa norma se ha relajado tanto que "hay hasta adolescentes, incluso esposas de detenidos que viven en recintos penitenciarios", reconoció.
La semana pasada el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, denunció el caso de una menor de 12 años que vivió en una cárcel de La Paz y quedó embarazada tras ser violada varias veces por su padre, su tío y un padrino de la menor, todos presos. Esa denuncia movilizó a las autoridades.
La Cámara de Diputados envió un comunicado al Ejecutivo hoy en el que instó a remediar la situación. "¿Son los reos o el ministro de Gobierno quienes mandan en las cárceles?", se preguntó el diputado Javier Zabaleta.
Reos de varias cárceles han protagonizado protestas para oponerse a la evacuación de los menores pero finalmente aceptaron la iniciativa en La Paz y Santa Cruz, las ciudades más importantes.
La policía está a cargo la custodia de los penales pero internamente los presos se gobiernan con reglas propias. Llanos reconoció que la complicidad entre policías corruptos y reos permite el tráfico de alcohol y drogas en las cárceles.
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