Wednesday, July 31, 2013

El Tribunal de Justicia de La Paz seguirá remitiendo detenidos al penal de San Pedro

Entre tanto no se reúna con la Dirección de Régimen Penitenciario el órgano de justicia no modificará su trabajo en el tema de los nuevos detenidos.

Desde la representación de los juzgados de La Paz, el Tribunal Departamental de Justicia, se informó que se seguirá remitiendo a nuevos detenidos al Penal de San Pedro, entre tanto no se realice una reunión con la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, desde donde se evacuó una resolución para que nuevos detenidos sean enviados al centros de reclusión ubicados en las afueras de la ciudad.

Iván Campero, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informó que a última hora del pasado lunes 29 de julio recibieron la notificación de Régimen Penitenciario, para que los nuevos detenidos ya no sean enviados a San Pedro, sin embargo, que se cuestiona el tema de los medios para la ejecución de este cambio, por lo que se solicitó una reunión urgente con el director de Régimen, Ramiro Llanos, para tratar este tema.

Aseguró que entre tanto no se arribe a una conclusión en este tema, los nuevos detenidos preventivos seguirán siendo remitidos al Penal Paceño.

"Nosotros estamos haciendo una representación escrita sobre los medios, tenemos cuestionamiento acerca de los medios, sobre los cuales tenemos que actuar para llevar adelante ese cambio que ha dispuesto Régimen Penitenciario, entre tanto dispondremos que los detenidos sigan siendo remitidos al Penal de San Pedro", explicó.

Según los argumentos de Campero, el Ministerio de Gobierno no tiene los medios suficientes para cubrir las necesidades de los tribunales de justicia, existen problemas para trasladar a los detenidos desde el penal de San Pedro y más se los tendría si otro recinto penitenciario se encuentra alejado de los tribunales paceños. Explicó que además del tiempo, otro medio es la seguridad de los detenidos.

"Las audiencias son todos los días y existe un flujo importante, con San Pedro tenemos problemas en el tema de traslado que incluso muchas veces, los jueces se apersonan al penal para realizar las audiencias", manifestó.

Señaló que este asunto debería ser coordinado con anticipación, para acordar el tema de los medios, lo que hasta el momento "no se hizo", lamentó.

La víspera el Director de Régimen Penitenciario inauguró el centro de reclusión ubicado en Patacamaya, allí explicó que el pasado lunes se inauguró el espacio de rehabilitación Calahuma de Viacha y que ya se efectuó la división de bloques en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Para este jueves 1 de agosto se anunció el cierre de la cárcel de San Pedro de La Paz a nuevos detenidos.

Presentan el centro penal de Patacamaya

Está ubicado a 90 kilómetros de La Paz y contará con 30 efectivos policiales.

Con la entrega del centro de custodia Patacamaya, ubicado a 90 kilómetros de la sede de Gobierno, ayer se inició la descentralización carcelaria en La Paz, informó Ramiro Llanos, director general de Régimen Penitenciario.

Con la apertura del nuevo centro se cerrará el ingreso de reos preventivos y sentenciados a San Pedro de acuerdo con una resolución administrativa.

Llanos explicó que con la descentralización, cada individuo que cometa un delito tendrá un recinto carcelario específico al que será trasladado por determinación de un juez, tal como se solicitó al Tribunal de Justicia en La Paz.

Llanos, junto a Rita Oporto, directora departamental de Régimen Penitenciario, explicó que la remodelada instalación, que antes funcionaba como alojamiento, cuenta con 28 habitaciones divididas en dos plantas, con capacidad para 300 personas.

Llanos informó que "en cada habitación ingresarán seis personas y no serán víctimas de exacción como sucedía en San Pedro".

"El lunes se inauguró Calahuma para jóvenes preventivos y sentenciados, hoy martes se lo hace con Patacamaya y ya se efectuó la división de bloques en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para sentenciados y preventivos de alta peligrosidad. Para este jueves se tiene previsto el cierre de la cárcel de San Pedro.

inmueble de narcotrAficantes. El terreno entregado por la Dirección de Registro de Bienes Incautados (Dircabi) tiene aproximadamente 2.000 metros cuadrados y fue incautado por la Ley 1008 en agosto de 2005. Empero, los propietarios, que aún viven en el inmueble, reclamaron su derecho y afirmaron que el terreno les fue devuelto por resolución de un juez, pero la protesta no fue atendida por las autoridades presentes.

La carceleta cuenta con áreas para dirección, personal policial, dormitorios y cocina, además de dos áreas de higiene, duchas y baños.

La autoridades afirmaron que el traslado de los reos a audiencias está garantizado con la entrega de tres buses por parte de Dircabi.

El coronel Armando Enríquez Cardozo, Director de Seguridad Penitenciaria, confirmó que se destinará a este nuevo recinto carcelario 30 efectivos, tanto para la seguridad interna como para la custodia de los reos.

"Estamos a la espera del proyecto de ley, remitido al Legislativo, que declara prioridad nacional la construcción de una nueva cárcel en Palca". Ramiro Llanos - RÉGIMEN PENITENCIARIO

Tuesday, July 30, 2013

Buscan sitios para ubicar 270 cámaras de vigilancia

La Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba hacen un estudio georeferencial para la ubicación de las 270 cámaras de seguridad que posteriormente serán instaladas en la ciudad.

De las 270 cámaras, 120 son donación de la República de China y 150 se adquirirán con recursos de la Gobernación y la Alcaldía.

Ayer, en una reunión entre los representantes de las direcciones de Seguridad Ciudadana de estas instituciones con la misión de la República de China, la Policía, Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, se inició el estudio georeferencial para ubicar las cámaras de seguridad como también las centrales de monitoreo.

La República de China donó 4.5 millones de dólares para comprar 500 equipos de vigilancia.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Humberto Echalar, dijo que serán distribuidas 130 para Santa Cruz, 120 para Cochabamba, 120 para El Alto y la misma cantidad para La Paz.

Sumadas a las 120 cámaras para Cochabamba, la Gobernación y la Alcaldía gestionan la compra de 150 equipos de vigilancia.

El director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Henry Terrazas no precisó cuando llegarán las primeras cámaras. Tampoco lo hizo el viceministro Echalar.

Sin embargo, Terrazas anunció que los primeros equipos serán instalados en septiembre.

“Las cámaras son de última generación, inalámbricas, pero también hay la posibilidad de que se incremente el número de la donación”, dijo.

Las cámaras serán ubicadas, prioritariamente, en los puentes,unidades educativas, entidades financieras y principales vías camineras de los municipios de Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua y Quillacollo.

El centro de monitoreo estará a cargo de Radio Patrulla 110.

Las autoridades destacaron la importancia de estos equipos de vigilancia ya que ayudarán a reducir el índice delictivo que hay en el país. En Quillacollo hay 56 cámaras de seguridad y dentro de poco comprarán otras 20 para mejorar la seguridad.

En Tarija roban 14 motos por semana

En la ciudad de Tarija se pierden por semana entre 10 y 14 motocicletas, cerca del 20 por ciento son recuperadas. En algunas ocasiones las mismas son desmanteladas o les cambian el color.

El coronel José Castillo explicó que los robos se dan por varios factores, entre ellos el descuido de los mismos propietarios. En algunas ocasiones olvidan la llave en la motocicleta y en otras se dedican a consumir bebidas alcohólicas hasta olvidarse de su vehículo.

“Se detectó el aumento de robo de motos y ante esa situación hemos incrementado nuestros controles—dijo Castillo–lamentablemente son motos chinas que son fáciles de robar, el seguro es frágil y no de seguridad”.

Añadió que con los operativos se busca recuperar las motos y dar con los asaltantes que son casuales.

Diprove retendrá vehículos sin papeles y los dará a la Aduana

El fin de semana, la Policía retuvo varios vehículos susceptibles de no contar con sus respectivos documentos. La mayoría fueron trasladados a Diprove, de donde 10 motorizados ‘bárbaros’ fueron entregados a la Aduana a raíz de una disposición gubernamental.
Por comentarios extraoficiales se supo que la orden de decomiso fue remitida desde La Paz y corre para los nueve departamentos. Asimismo, trascendió que todos los vehículos indocumentados serán llevados a la sede de Gobierno, aunque se desconoce con qué fin.

Versión oficial
Carlos Gutiérrez, director de Diprove en Santa Cruz, indicó que la confiscación de los automotores indocumentados es una disposición del Gobierno y que su oficina tiene la orden de entregarlos a la Aduana.
Por otra parte, ayer corrió el rumor de que la mayoría de los policías de Diprove había recibido memorandos de relevo supuestamente por desobedecer la orden de retener vehículos indocumentados, pero Gutiérrez negó ese extremo indicando que él solicitó el cambio progresivo de al menos un 70% del personal para mejorar el trabajo.
Asimismo, Gutiérrez informó sobre la recuperación de cinco vehículos robados, que habían sido negociados en el norte y en San Ramón

Según afectados, la Policía recuperó 1% de coches robados



La Asociación de Víctimas de Robo de Vehículos de Bolivia reveló ayer que la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), cuya eficiencia cuestiona, sólo recuperó 50 (1%) de los aproximadamente 5.000 motorizados robados en 2012.

La Razón buscó hablar con el director de esta dirección policial en La Paz, pero no logró contactarlo telefónicamente. En declaraciones a radio Fides, Ángel Gemio llamó la atención sobre los exiguos resultados del combate policial a las bandas que roban autos en el país y dijo que Diprove “poco o nada” hizo por recuperar los que les fueron arrebatados a sus dueños.

“Aproximadamente tenemos 5.000 coches reportados como robados en todo el país, pero Diprove solamente ha recuperado 50”, protestó el representante de los perjudicados. Durante el primer trimestre de este año, las bandas delictivas se apoderaron cada día en Bolivia de cinco automóviles, diez motocicletas, tres autopartes y 15 placas, según datos oficiales.

Estas cifras, comparadas con el mismo periodo de 2013, muestran la reducción del robo de vehículos y autopartes, de 621 a 419 y de 424 a 276, respectivamente Gemio también protestó contra la impunidad de las bandas de auteros que asesinan a sus víctimas para quedarse con los motorizados. En 2012, según los datos de esta asociación que no fueron confirmados por la fuerza pública, hasta 400 personas perdieron la vida a manos de los grupos de asaltantes, las que ahorcan a las víctimas o les disparan.

Bolivia se encuentra debajo de promedio de índice criminal

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en víspera que el nivel de delincuencia en Bolivia está tres veces por debajo del promedio estadístico de Latinoamérica. "Estamos casi tres veces menos que el promedio estadístico de Latinoamérica, pero estamos tres veces más que el promedio de Chile, que es el país más seguro".

La autoridad gubernamental dijo que el país está, además, nueve veces por debajo del índice registrado en Centroamérica, lo que demuestra que existen otras regiones con más problemas causados por la delincuencia.

En ese contexto, estableció que Bolivia tiene 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, en contraposición a los tres que tiene Chile y los 90 que se registran en Honduras.

El deseo del Gobierno nacional está encaminado a bajar la estadística nacional objetiva, para que las personas tengan sensación de seguridad y no restrinjan sus actividades de desarrollo, inversiones, emprendimientos y otras actividades, añadió.

"Puede haber un delito que estadísticamente es uno, pero ese delito genera miedo en 1.000 personas, entonces esa es la sensación subjetiva que genera psicosis", acotó.

El Ministro de Gobierno que en el afán de frenar la delincuencia está en plena ejecución el "Plan Chachapuma II", que trabaja bajo los conceptos de control territorial, trabajo interinstitucional e integralidad y una fiscalización cruzada que evita los hechos de corrupción en los operativos ejecutados en diversas regiones del país.

Los primeros resultados permitieron, como ejemplo, que la criminalidad y las contravenciones se reduzca hasta en un 70% entre abril y mayo del presente año en el departamento de Santa Cruz, subrayó.

Un albañil vigilará el penal de Sica Sica con ayuda de un reo

Un comunario que trabaja de albañil en la comunidad de Sica Sica, a 170 kilómetros de La Paz, se encargará de la vigilancia de 100 reos que serán remitidos a la cárcel del lugar, inaugurada el 16 de julio. Posteriormente, se elegirá a un preso que le ayude en esta tarea.

“Tengo miedo de que los reos me agarren, me maten y se escapen. Por eso pido que la Policía nos colabore porque no es fácil cuidar a los presos”, expresó Marco Morales, quien fue elegido por votación de los pobladores como jefe de seguridad.

Sica Sica es un municipio al oeste del departamento de La Paz y en 2011 tenía una población de 35.919 personas, según proyecciones pasadas del Instituto Nacional de Estadística.

Según el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, la presencia policial no es necesaria por lo que no insistirá en gestionar con la entidad del orden efectivos para el lugar.

“Hay 36 carceletas en Bolivia que funcionan sin policías. Así será en Sica Sica y deberíamos estar felices por eso”, sostuvo la autoridad.

La cárcel funcionaba desde hace más de un siglo y la cantidad de reos nunca sobrepasó las 20 personas, entre hombres y mujeres, contó Morales.

“En 2010 se cerró la cárcel después de la fuga de dos reos que salieron a trabajar con un permiso y no regresaron. La gente se enojó y nadie quiso hacerse cargo de la cárcel”, relató.

Ese año, 18 internos estaban detenidos por homicidio, asesinato y por vulnerar la Ley 1008 (sobre narcóticos) principalmente. Todos fueron llevados al penal de San Pedro, de La Paz.

La cárcel de Sica Sica se reabrió el 16 de julio, luego del anuncio del director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, de cerrar San Pedro para nuevos reos y que éstos sean remitidos a ocho penales desde el 1 de agosto.

Según el proyecto, los detenidos que hayan cometido delitos menores en las 13 comunidades aledañas irán a Sica Sica. El lugar cuenta con 12 celdas, dos cocinas y tres baños.

Más datos
Recursos Morales espera que Régimen Penitenciario dé los recursos para la mejora de la cárcel de Sica Sica.


Comunarios Los pobladores aprueban que exista una cárcel en el lugar, aunque reclaman la presencia de policías.


Donación Dos comunidades donaron cinco hectáreas para que los internos trabajen en agricultura.

Magistratura: 84% de reos del país son detenidos preventivos

La pasada semana, el Consejo de la Magistratura inspeccionó 14 juzgados en Santa Cruz.

Su Presidenta afirmó que una propuesta de sanción disciplinaria es quitarle al juez el título de abogado.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, puso en marcha ayer el trabajo de inspección a los juzgados de La Paz con el objetivo de verificar el cumplimiento en la administración de justicia y detectar posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones por parte de los jueces.

La inspección está siendo realizada por una comisión especial de la Magistratura, que ya evidenció irregularidades en juzgados de Santa Cruz y Cochabamba.

De acuerdo con Cristina Mamani, hay gran preocupación porque se evidenció que el 84 por ciento de los reclusos en el país está con detención preventiva, situación que demuestra que se cometen irregularidades en la administración de justicia.

“Tenemos profunda preocupación por el trabajo que realizan las instancias cautelares, que está directamente relacionado con el 84 por ciento de detenidos preventivos en las cárceles bolivianas, uno de los índices más altos de Latinoamérica y que está generando un problema social” afirmó Mamani a los periodistas.

Asimismo, apuntó que la población reclama ante sus procesos que no salen de la demanda interpuesta.

“Una medida acertada y como sanción máxima a todos aquellos funcionarios que se corrompan o se demuestre que es corrupto será la de quitarle el título profesional de abogado”, señaló.

El Consejo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 025, del Órgano Judicial, tiene como atribución la fiscalización y control disciplinario.


Apuntes

JUECES SERÁN SANCIONADOS

Varios jueces cautelares de Cochabamba y Santa Cruz serán procesados por régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura al comprobarse en las inspecciones indicios claros de faltas graves y gravísimas en sus funciones.

LA MAGISTRATURA COMPROBÓ QUE NO SE EMITEN RESOLUCIONES

De acuerdo con datos oficiales, en al menos 12 juzgados del Tribunal de Cochabamba se comprobó que los magistrados no emiten resoluciones en los plazos procesales.

CUADERNOS PROCESALES

Mamani advirtió que los cuadernos procesales de los jueces serán valorados para su remisión ante el juez disciplinario de su distrito, a fin de que esta autoridad competente sea la que resuelva.

Sunday, July 28, 2013

En la Ciudad de El Alto Alcaldía equipa a la Policía para combatir la inseguridad ciudadana


El patrullaje nocturno es reforzado con 20 vagonetas, cuyos móviles recorrerán por diversos distritos que sufren la amenaza de la delincuencia.

En el marco del fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana en El Alto, la Alcaldía alteña entregó el martes pasado 20 vagonetas, 3 camionetas, 36 motocicletas y equipamiento con computadoras, muebles de oficina, colchones, frazadas, garrafas, entre otros, con una inversión cerca a los 10 millones de bolivianos.

El director de Comunicación del municipio alteño Elizer Roca informó que en el acto central se contó con la presencia del alcalde Edgar Patana, unidades policiales, dirigentes sociales y población en general.

“Estamos satisfechos, porque al acto asistieron mucha gente, casi toda la población de este sector, el mismo que se desarrolló en predios de la Alcaldía central ubicado en la calle 13, donde el alcalde Edgar Patana, hizo la entrega de flamantes vehículos, motocicletas, frazadas, muebles de oficina y una cantidad considerable de chalecos para las brigadas de seguridad escolar”, dijo Roca

De acuerdo con el reporte de la Dirección Administrativa del municipio alteño, el monto total invertido para este lote de equipamiento alcanza a Bs 9.597.913,00 enmarcado dentro el fortalecimiento a unidades y organismos policiales acantonados en toda la Ciudad de El Alto.

Según un detalle de contratación directa el equipamiento en seguridad ciudadana consta de 20 vagonetas, 3 camionetas, 36 motocicletas, equipos de oficina y muebles, computadoras portátiles y equipos de computación, prendas de vestir, silbatos, cochones, frazadas, almohadas, material de escritorio, baterías para handy, utensilios de cocina y garrafas.

Asimismo, consideró que es importante dotar de equipamiento a la Policía boliviana, ya que “al final todos debemos ser parte en el tema de seguridad ciudadana con la participación de los actores involucrados y la misma población en el municipio de El Alto”, acotó.

Por su parte, la población en general también agradeció por la implementación de dicho equipamiento, a pesar de que para una población de más de 1 millón de habitantes todavía falta mucho por hacer en cuanto a la seguridad ciudadana, pero que de todas formas servirá de mucho.

Por otro lado, el alcalde Patana comprometió también un apoyo continuo a la institución del orden. “No será esta la única oportunidad para que la Policía alteña continúe siendo reforzada”, por lo que dejó entrever que existe la posibilidad de continuar con este tipo de labores en favor de la población mediante la institución verde olivo.

Tras 118 años, el penal de San Pedro cierra sus puertas

Este 1 de agosto, la cárcel de San Pedro de La Paz dejará de recibir a nuevos internos. Con ello se pondrá fin a 118 años de vigencia del reclusorio que en 1895 nació como un panóptico y, con el transcurrir el tiempo, se convirtió en una ciudadela.

La decisión de clausurar este penal fue asumida por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y respaldada por el Gobierno central el 18 de julio, fecha en que se autorizó la transferencia de esa penitenciaría al Ministerio de Economía.

La historia de San Pedro se remonta a 1850. Las autoridades comenzaron a gestar la idea de un centro de reclusión para la ciudad de La Paz. Basado en el modelo europeo se pensó un panóptico.

Ese sistema, explicó el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, es una especie de radial de bicicleta en cuyo centro hay un espacio de vigilancia, más propiamente una torre, desde donde se divisan las celdas y los pasillos del reclusorio.

“Una sola persona puede vigilar todo eso, las celdas cerradas con candados, con llaves, ése es el sistema panóptico, que implica un control visual de todo”, precisó. Con esa visión, en 1850, un arquitecto ganó un concurso para la edificación de ese centro. Sin embargo, no fue sino 20 años después, en la década de los 70, que se consiguió el financiamiento para su construcción.

Su emplazamiento demoró más de diez años, por lo que fue entregado en 1895. Está edificado sobre una superficie de 8.257 metros cuadrados; debía albergar sólo a 300 internos, pero en él habitan hoy aproximadamente 2.400 personas adultas, algunas de ellas con esposas y/o hijos.

Llanos explicó que ésta es la única cárcel en el país que guarda la historia de diferentes periodos de gobierno, es decir, la minería de la plata, la Guerra del Chaco, la aparición de los barones del estaño, la Revolución de 1952, el periodo de las dictaduras y, finalmente, la época democrática.

Recuerdos. De panóptico hoy sólo le queda el nombre, pues con el pasar de los años y dada la cantidad de gente que vive allí, se convirtió en una pequeña ciudadela, donde sus habitantes se dedican a diferentes actividades de comercio y servicios para sobrevivir.

En la década de 1990, la visión de los internos que habitan ese reclusorio cambió totalmente a raíz del ingreso de presos vinculados al delito de narcotráfico. Además, la Policía comenzó a tener mayor intervención en los reclusorios.

Esos privados de libertad se dieron modos para introducir sustancias controladas a este penal, a fin de que sean consumidas por los propios internos. Precisamente la facilidad con la que ingresaba la droga y su consumo, sin ningún tipo de control, hizo que esta penitenciaría sea ofertada como una ruta para los turistas.

En 2009 se develó esa actividad que fue iniciada por un exreo y luego “los derechos” fueron transferidos a otros internos. No se tiene datos precisos sobre los años que esa práctica se llevó a cabo, pero tras revelarse el caso, las autoridades prohibieron el ingreso de visitantes extranjeros.

Llanos espera que con el cierre de San Pedro no sólo se ponga punto final al tráfico de drogas, sino también a la venta libre de alcohol, las violaciones e incluso los decesos.

Actualmente, tres son los reclusos más antiguos; ellos purgan su pena entre 20 y 23 años de encierro. Este diario tomó contacto con dos de esos privados de libertad para que cuenten su vivencia al interior de ese penal, pero no quisieron referirse al tema y se excusaron de poder emitir algún criterio. Remberto Cárdenas, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, también evitó pronunciarse sobre este cierre.

Nueva edificación

La cárcel que reemplazará San Pedro será emplazada en Palca. Para financiar la obra se transferirá el predio actual al Ministerio de Economía

Saturday, July 27, 2013

Chonchocoro no puede recibir reos de San Pedro

Los jefes policiales de seguridad del penal de Chonchocoro denunciaron que, a pesar de tener espacio para unos 600 reos, este recinto penitenciario no cuenta con las condiciones necesarias para recibir a nuevos reclusos que llegarán tras el cierre del penal de San Pedro.

“Hay 103 reos y hay espacio para 600 presos en total, pero lamentablemente no hay las condiciones”, señaló el jefe de seguridad , Erick Revollo.

Según explicó, la zona donde está emplazada la cárcel aún no cuenta con agua potable, por lo cual deben acudir a una bomba de agua para preparar sus alimentos y para la higiene general de los reos y efectivos. “El agua es fétida y contaminada. Es desagradable”, expresó.

El sistema eléctrico falla constantemente, por lo que las luces y reflectores de los 12 puestos de control no funcionan adecuadamente, agregó el jefe policial.

“La alimentación es malísima. El prediario para los policías es de cuatro bolivianos mientras que el de los reos es de 6,60 bolivianos, no alcanza ”, denunció.

El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, atribuyó esta responsabilidad a las gobernaciones y a la Policía . “Es el 10% de los recursos del IDH que debe utilizarse”, dijo.

García Meza vivió en garzonier de lujo antes de ir a un hospital

Hasta hace un año, el exdictador Luis García Meza vivía en un garzonier de lujo en el penal de Chonchocoro, antes de ser internado en el hospital de Cossmil bajo un diagnóstico de cáncer.

El jefe de seguridad del penal, E rick Revollo, contó que Régimen Penitenciario le dio al exgobernante de facto, al llegar a la cárcel, una celda de cuatro metros cuadrados. “Pero él la hizo ampliar a otras tres celdas (con sus propios recursos)”, dijo.

El 17 de julio, el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, entregó una notificación al recluso para que desocupe esos ambientes en 72 horas. Pero éste pidió una semana para cumplir la instrucción.

“García Meza ha cumplido con su palabra. Se llevó sus cosas. Hoy se demuestra que se rompe el mito de los privilegios en las cárceles”, señaló Llanos.

Página Siete recorrió el lugar que habitó el exdictador. Se pudo constatar que no eran tres celdas, como afirmó Llanos, sino una especie de garzonier con todas las comodidades.

La pequeña celda otorgada inicialmente a García Meza fue convertida en un baño con ducha propia. Aún había tuberías y cables de lo que fue un jacuzzi.

La otra habitación es más amplia y tiene dos ventanas. Fuentes policiales informaron que tenía máquinas de gimnasio, muebles de lujo, teléfono fijo privado, frigobar y otros electrodomésticos. En el tercer ambiente habilitó una cocina. El piso es de mosaico de vinilo.

Asimismo, los policías contaron que tenía un patio privado, un pequeño jardín con césped sintético, un parrillero o quincho y una lavandería.

“Ahora será transferido a una celda en el bloque A, que es de prueba”, dijo el director del Consejo Penitenciario de Chonchocoro, Vladimir Lazo.

El jueves llegó un camión de mudanza. “Los televisores, DVD, el gimnasio y los utensilios los regaló a los reos, pero los muebles, el jacuzzi y el refrigerador, entre otros, se los llevaron sus familiares”, afirmó Revollo.

García Meza protagonizó el golpe de Estado en 1980 contra la presidenta Lydia Gueiler.

Friday, July 26, 2013

EL GOBIERNO INSISTE EN VENDER SAN PEDRO Se invertirá Bs 100 MM en la nueva cárcel

El ministro Carlos Romero afirmó que con la transferencia del terreno en Palca, se logró un ahorro de 20 millones de bolivianos.

Cerca a 100 millones de bolivianos se invertirán para la construcción de la nueva cárcel de varones en La Paz, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La autoridad explicó que en mayo pasado se logró que una comunidad de Palca ceda 20 hectáreas de terreno para edificar el penal al que serán trasladados los reos de San Pedro, que actualmente acoge a 2.350 personas.

El ministro Romero recordó que el nuevo centro penitenciario se debió construir hace 10 años en Següencoma, pero por la dejadez de las autoridades ediles, se decidió vender los terrenos que pertenecen al Ministerio de Gobierno, a fin de contar con esos recursos construir el nuevo centro penitenciario paceño.

El proyecto busca que en el nuevo recinto carcelario, los presos serán distribuidos en habitáculos independientes en forma de colmena, equipados para conservar la salud física y mental de los privados de libertad.

"Hay una ley, la 1511, que señala que el panóptico debe pasar a custodia del municipio, empero, a la par se debía construir otro en la zona Sur de La Paz, pero han pasado 10 años y nada se hizo. Ahora, la cárcel no da más, hay hacinamiento y cabe el riesgo de que la infraestructura se venga abajo. Por eso, se ha determinado reubicarlo”.

Tres bloques. Romero dijo que la nueva infraestructura contará con bloques de régimen cerrado, intermedio y abierto. Además de áreas para talleres de carpintería, artesanía y otros.

"Necesitamos servicios en el penal, porque San Pedro se ha convertido de escuela a universidad del delito. El delincuente peligroso manda y obliga a los preventivos a realizar hechos ilícitos".

La autoridad dijo que en este momento es inviable entregar los terrenos de la cárcel de San Pedro a la Alcaldía y qu,e por esta razón, decidió presentar un proyecto de ley para abrogar la mencionada norna y viabilizar la construcción de una nueva en las 20 hectáreas. “Ya se cuenta con el proyecto a diseño final y sólo resta ejecutar la obra que pretendemos arrancar en unos meses más”.

La Gobernación de La Paz comprometió su apoyo para la construcción de la nueva unidad carcelaria, pero no se precisaron los montos para erigir la nueva infraestructura penal.

Con recursos de IDH. El director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, afirmó que la cárcel de La Paz y otras 16 que pretenden entregar hasta fines de 2014, serán ergidas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), como establece la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En cada una se invertiría alrededor de dos millones de dólares, declaró Llanos.

SE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN CUATRO CIUDADES CAPITALES. EL MINISTRO DE GOBIERNO CARLOS ROMERO OFICIALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INTELIGENTE QUE COADYUVARÁ A LA POLICÍA NACIONAL EN EL MONITOREO Y CONTROL DE HECHOS DE CRIMINALIDAD A TRAVÉS DE 500 CÁMARAS DISTRIBUIDAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LAS CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO, ORURO, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ. ROMERO INFORMÓ QUE EL FINANCIAMIENTO DE LAS 500 CÁMARAS ASCIENDE A $US 4,5 MILLONES, MONTO DONADO POR LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y $US 2,5 MILLONES, QUE SON LA CONTRAPARTE COMPROMETIDA POR LAS GOBERNACIONES Y LAS ALCALDÍAS FAVORECIDAS.

Thursday, July 25, 2013

China donó $us 4,5 millones para instalar 500 cámaras de vigilancia en 4 ciudades del país

El Gobierno de China donó 4,5 millones de dólares para la compra e instalación de 500 cámaras de vigilancia, para cuatro ciudades de Bolivia, en el marco del proyecto 'Sistema de Monitoreo y Video de Vigilancia Electrónica', informó hoy el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La autoridad explicó que China, además, envió al país una misión dirigida por el sub director del Instituto de Investigación y Tecnología Digital (Crstg), Wan Shihua, para que realice un relevamiento de información destinado al fortalecimiento tecnológico a favor de la seguridad ciudadana.

'La misión que envió el ministerio de Comercio de la República Popular de China trabaja con los equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana para definir la factibilidad del proyecto, la infraestructura y los lugares estratégicos', dijo.

El proyecto en su primera fase beneficiará con 500 cámaras a las ciudades de La Paz (130), El Alto (120), Cochabamba (120) y Santa Cruz (130), para reducir los índices delictivos y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, a través de la implementación de tecnología, de comunicación.

Adicionalmente supone, dijo Romero, la estructuración e implementación de un Centro de Monitoreo en cada una de las ciudades capitales y la capacitación de 40 funcionarios policiales como operadores de la tecnología.

Para el efecto, China invertirá en software, máquinas y equipos $us 4.033.508 y $us 466.492 dólares en los costos de los servicios complementarios.

Según datos oficiales, el 'Sistema de Monitoreo y Video de Vigilancia Electrónica', demandará una inversión de siete millones de dólares. Sin embargo, las alcaldías y gobernaciones financiarán $us 2.500.000 (como contraparte) para los costos complementarios y de operación.

Wednesday, July 24, 2013

Estatuto Autonómico implementará políticas de seguridad ciudadana


La ciudad de La Paz, mediante sus autoridades, ha dispuesto que en el Estatuto se haga referencia a la Seguridad Ciudadana.

La sección cuarta del Estatuto Autonómico Departamental de La Paz contempla aspectos concernientes a la seguridad, donde la Gobernación paceña participará con el Nivel Central del Estado en la elaboración e implementación de políticas de seguridad ciudadana.

El presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Nelson Guarachi, dijo que la seguridad ciudadana es vital para los paceños porque se registraron hechos lamentables en los últimos días.

Aseguró que es necesario realizar planes, programas, proyectos estratégicos de seguridad ciudadana y lucha contra toda forma de violencia.

Además, resalta que es necesario realizar la reflexión preventiva en coordinación con otros niveles del Gobierno, instituciones, unidades educativas, familias en relación con la comunidad respectiva y su medioambiente inmediato.

Finalmente, el texto señala que la implementación y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en las comunidades en base a las normas nacionales y en coordinación con las instancias correspondientes.

“Es una competencia que lo asumimos, igual la Gobernación debe invertir en este sector con recursos económicos. Hasta este momento solo se da combustible para la policía, pero no existe seguridad ciudadana”, aseveró.

También, Guarachi dijo que mediante una secretaría o dirección de la Gobernación se debe trabajar en los proyectos que coadyuven al beneficio de la sociedad en las 20 provincias paceñas.

“Como Gobernación tiene que haber un ente encargada del tema” dijo el presidente de la asamblea.

El artículo 24 (Seguridad Ciudadana) indica que el “Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, participará con el Nivel Central del Estado, en la elaboración e implementación de políticas de Seguridad Ciudadana, en el marco del número 13 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado”.

La Fiscalía aún desconoce el destino de las joyas de la Virgen

Pese a que el sacerdote aprehendido ya emitió sus declaraciones, la Fiscalía aún desconoce el paradero de las joyas de la Virgen de Copacabana que fueron hurtadas el pasado 22 de abril.

“Hasta el momento todas las indagaciones no nos han dado como resultado dónde están las joyas. Pero consideramos que con esta medida drástica (la aprehensión del sacerdote) vamos a conocer su destino”, aseguró el fiscal Luis Ferrufino, quien lleva adelante la investigación.

“Tenemos fe de que van a aparecer pues (...) se ha llegado a establecer que en el robo no participaron delincuentes comunes. Se ha establecido que las joyas las han robado gente que estaba dentro (de la iglesia) y sabía cómo sacarlas y en qué lugar estaban las alarmas”, agregó.

Cuando acaban de cumplirse tres meses del hurto de 19 joyas de oro y plata de la Virgen, aún no hay nada claro sobre el hecho.

Con respecto al sacerdote aprehendido, Ferrufino informó que se lo está procesando por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa. “En su declaración, el sacerdote ha entrado en varias contradicciones. Por ello hemos llegado a la conclusión de proceder a la aprehensión”, explicó. Para hoy está prevista la audiencia que determinará si se lo remite a un penal o se le dan medidas cautelares.

Por este caso actualmente hay una detenida y varios sospechosos con medidas sustitutivas.

Roban templo de San Antonio de Padua, en Potosí

Los robos en las iglesias coloniales del país continúan. Ayer se registró otro en el templo de San Antonio de Padua, ubicado en una provincia potosina.

“La capilla está en el municipio de Puna, en la comunidad de Chilcani. Según un informe de la Policía potosina, se constató el robo de cuatro coronas y un lienzo”, informó ayer la red PAT.

Según un reporte de la Policía potosina, “se envió personal técnico y científico de laboratorio al lugar y se verificó que evidentemente habían forzado el candado de ingreso al templo. El caso está en proceso de investigación por la Fiscalía de Potosí”, señaló un policía que fue entrevistado por ese canal.

Éste es el noveno robo a una iglesia colonial del país desde noviembre del año pasado. Entre noviembre y diciembre de 2012, ladrones se llevaron botines de las iglesias de Manquiri, Tomave y Macha, todas del altiplano potosino.

Mientras que este año se registraron hurtos en los templos de San Ignacio de Loyola, Aguachica, San Luis de Sacaca, La Merced, además del robo a la basílica de Copacabana.

En todos los casos, las investigaciones continúan y la Policía no ha hallado a los responsables ni los objetos sustraídos.

Monday, July 22, 2013

Cobija se convierte en la segunda ciudad más insegura de Bolivia, después de Santa Cruz

Los homicidios y asesinatos se incrementaron en 500% durante el último septenio desde el año 2005; las violaciones y otros delitos contra la integridad de las personas subieron en el 267%; los atracos aumentaron en 287% y el robo de vehículos se disparó en el 1.263%. Todo ello sin contar el recrudecimiento del tráfico de cocaína peruana al Brasil atravesando las calles de Cobija, además de contrabando de madera y oro que tiene desactivado todo control policial dentro la política militarista y paramilitar del nuevo “cacique” de Pando…

© Wilson García Mérida

La capital del departamento de Pando, Cobija, se viene constituyendo en la segunda ciudad más insegura de Bolivia, después de Santa Cruz que encabeza el ranking de inseguridad ciudadana.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC), organismo estadístico dependiente del Ministerio de Gobierno, Cobija ha registrado en los últimos años el mayor incremento de denuncias sobre hechos delictivos como asesinatos y homicidios, delitos contra las personas en los que se destacan estupros y violaciones, así como delitos contra la propiedad privada dentro los cuales prevalecen atracos y robos de autos, además de contrabando y narcotráfico.

Un estudio realizado por el ONSC estableciendo una relación cronológica de siete gestiones —entre los años 2005 y 2011— muestra la incidencia de delitos denunciados en los nueve departamentos, constatándose que Pando registró un incremento sustancial con relación al resto del país, aun tomando en cuenta que no todos los delitos cometidos son formalmente denunciados en dependencias policiales.

Proporcionalmente en función a la densidad poblacional, Pando representa apenas un promedio del 2% respecto al total de crímenes y delitos cometidos en todo el territorio boliviano; pero el grado de inseguridad ciudadana en este Departamento que ha experimentado un incremento poblacional del 108% según el Censo Nacional del 2012, es el más elevado del país después de Santa Cruz, superando a urbes como Cochabamba, El Alto y La Paz.

“Resulta que en las ciudades de menor población, caso Cobija, es mucho más el nivel de denuncias de hechos delictivos. Éstos se deben a que es una población fronteriza, a que hay insuficiencia de personal y a ciertas conductas de la población que no son preventivas”, explicó el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, en declaraciones a La Razón el 6 de octubre del 2012.

El diagnóstico del ONSC contenido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016, señala que en el año 2005 se registraron sólo 6 denuncias de homicidios y asesinatos, en el 2006 un total de 17 casos, 28 denuncias en el 2007, 37 en el 2008, en el 2009 18 casos, 15 denuncias en el 2010, llegando al 2011 a 30 casos de homicidios y asesinatos denunciados, registrándose un incremento del 500% de estos llamados delitos contra la vida denunciados entre los años 2005 y 2011.

Respecto a los delitos contra la integridad de las personas, destacándose entre ellos lesiones graves y leves —además de secuestros, violaciones y abusos sexuales—, en el año 2005 se registraron 63 denuncias, en el 2006 un total de 82 casos, 88 denuncias en el 2007, 117 en el 2008, en el 2009 116 casos, 191 denuncias en el 2010 y un total de 168 casos de agresiones violentas y violaciones denunciadas en el 2011, registrándose un incremento del 267% entre los años 2005 y 2011, dato conservador si se considera que muchos casos —en especial tratándose de delitos sexuales— no son debidamente denunciados, por lo que se teme una incidencia mucho mayor de tales crímenes.

En cuanto a delitos contra la propiedad, principalmente atracos, en el año 2005 se registraron 375 denuncias, en el 2006 un total de 343 casos, 399 denuncias en el 2007, 712 en el 2008, en el 2009 880 casos, 710 denuncias en el 2010 y un total de 1.059 casos de robos y atracos denunciados en el 2011, registrándose un incremento del 282% entre los años 2005 y 2011.

El robo de vehículos es un delito con estadística propia que en Pando tiene una alta incidencia particularmente contra motocicletas que es el principal medio de transporte urbano y rural. En el año 2005 se registraron 120 denuncias, en el 2006 un total de 107 casos, 144 denuncias en el 2007, 240 en el 2008, en el 2009 165 casos, 598 denuncias en el 2010 y un total de 1.516 robos de vehículos denunciados en el 2011, registrándose el astronómico incremento del 1.263% entre los años 2005 y 2011.
Los amigos prontuariados de Juan Ramón Quintana
El cadáver de "Chito" López llegando a Cobija tras ser hallado a orillas del río Tahuamanu ejecutado por el narcotráfico en julio del 2011. López, ex colaborador de Leopoldo Fernández, participó en la masacre de Porvenir disparando contra campesinos del MAS; pero en el 2010 fue incorporado por Quintana en los grupos de choque al servicio de la Gobernación en Pando. | Foto El Día

El cadáver de Esteban “Chito” López llegando a Cobija tras ser hallado a orillas del río Tahuamanu ejecutado por el narcotráfico en julio del 2011. López, ex colaborador de Leopoldo Fernández, participó en la masacre de Porvenir disparando contra campesinos del MAS; pero en el 2010 fue incorporado por Quintana en los grupos de choque al servicio de la Gobernación, en Pando. | Foto El Día

Después de los luctuosos sucesos del 11 de septiembre del 2008 en Porvenir, supuestamente el Gobierno comenzó a ejercer un dominio estatal tomando control absoluto de la capital pandina, Cobija, mediante un “copamiento” político y militar de esta zona fronteriza que hacía presumir un genuino cambio en las relaciones de convivencia tradicionalmente segregacionistas y violentas. No hubo tal cambio.

El principal operador de la gestión estatal para el norte amazónico del país, actual Ministro de la Presidencia, usó sus prerrogativas concentrando un poder personal omnímodo en la región, gestando lealtades políticas basadas en la prebenda y el clientelismo electoral. Para ello, Quintana cooptó y pactó con las mismas fuerzas reaccionarias que habían intentado derrocar al presidente de cuna indígena Evo Morales durante las razzias orientales del 2008, y que en Pando fueron encabezadas por el entonces prefecto Leopoldo Fernández.

Según reiteradas denuncias del senador del MAS Manuel Limachi, el ministro Quintana proscribió del poder local a los representantes indígenas y activistas que habían luchado por el ascenso de Evo Morales, suplantándolos en la estructura partidaria con antiguos operadores de la derecha que, jurando lealtad personal a Quintana, traicionaron al propio Leopoldo Fernández, ahora encarcelado por cargos de genocidio.

“La derecha más reaccionaria de Pando se ha apoderado no sólo de la representación partidaria del MAS sino también de los más altos niveles de decisión en la Gobernación y la Alcaldía”, reclama Limachi al recordar que tanto el Gobernador del Departamento como la Alcaldesa de Cobija —apadrinados por Quintana— ya fueron autoridades oficiales durante los gobiernos derechistas del MNR, MIR y ADN, como aliados del propio Leopoldo Fernández.

El esquema ultra-derechista montado por Quintana en su obsesión de absoluto poder personal y partidista dentro el territorio de Pando, hizo que este ex militar pactara con sicarios antes leales a Leopoldo Fernández, a quienes incorporó como “nuevos” militantes del MAS y premió con cargos decisivos en la administración pública del Departamento, en retribución por ciertos trabajos sucios. Simultáneamente, el nuevo “cacique” profundizó la militarización de varias funciones policiales, desplazando a la Policía Nacional en tareas tales como el control de bosques e interdicción al contrabando de madera y oro, así como en la lucha al narcotráfico, hoy potestades casi exclusivas del llamado Comando Amazónico de las FF.AA.

En este régimen reaccionario que rinde un culto de miedo al nuevo “cacique”, las prácticas corruptas, la criminalidad, la impunidad y la violación a elementales libertades constitucionales se han impuesto bajo el ropaje de un “proceso de cambio” en los hechos inexistente, al menos desde una perspectiva revolucionaria.



Sunday, July 21, 2013

El Chachapuma revela mayor índice delictivo en Santa Cruz

Santa Cruz es el departamento en el que más delitos se cometen, según un informe del plan Chachapuma, a tres meses de su aplicación. Ante ello el Gobierno admitió que, pese a los esfuerzos que están en marcha, faltan recursos para contrarrestar los robos agravados, homicidios y asesinatos que aquejan a la urbe más grande del país.
Desde el 19 de abril de este año hasta el 18 de julio, según el reporte elaborado por la Policía al Ministerio de Gobierno, 657 fueron atendidos, un promedio mensual de 219. De ese total, 71 fueron detectados por las 100 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad.
El reporte (no incluye datos específicos de la ciudad de El Alto) señala que La Paz obtuvo el segundo lugar con 162 casos. Sin embargo, el plan chachapuma tiene menos tiempo de aplicación en la sede de Gobierno, debido a que arrancó el 10 de junio y tiene un poco más de un mes de aplicación. Cochabamba inició el plan el 31 de mayo y tras 48 días de aplicación, reportó 102 casos. El resto del país tuvo como punto de partida el 16 de junio (ver infografía). De modo que, en promedio, Santa Cruz registró mayor índice.

El Gobierno explica
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que los delitos que más inciden son robos agravados en zonas donde hay negocios y servicios financieros. “Hubo un número significativo de homicidios y asesinatos, algunos por encargo, vinculados a intereses económicos y en algunos casos a vendettas”.
Atribuyó el fenómeno a una paradoja del desarrollo. “El delito se traslada donde hay más oportunidades económicas, inevitablemente”, puntualizó.
Santa Cruz, subrayó, representa un tercio del territorio nacional, pero tiene una cobertura de casi el 50% de las áreas fronterizas del país “y eso hace que sea vulnerable a la penetración de extranjeros que se trasladan temporalmente para cometer delitos. No son clanes familiares como en El Alto, sino organizaciones criminales estructuradas y conformadas no solo por foráneos, sino también por bolivianos”.

La autoridad admitió que el narcotráfico tiene incidencia. “Las organizaciones dedicadas a esta actividad tienen sus grupos de protección y de seguridad y estos elementos son los que se involucran en estas otras actividades delictivas”.

Para enfrentar el problema, reconoce que faltan recursos. “Seguiremos con lo que estamos haciendo, patrulla aérea, pero hay que mejorarla. Necesitamos más cámaras de seguridad, más efectivos y tecnificación en el patrullaje terrestre”. Puso como desafío que los patrulleros utilicen tabletas para entrar a las bases de datos de Migración, registro ciudadano o de Diprove.

El informe señala que Cochabamba fue la ciudad que utilizó mayor personal policial en los operativos, con un promedio diario de 957 efectivos, luego La Paz, con 748, y Santa Cruz, con 461. Romero explicó que se pudo tomar en el conteo eventos especiales como cumbres y reuniones presidenciales que demandaron un despliegue adicional. “Pedimos a la Policía que ajuste esos datos”, agregó

Detalles del informe

BAJA INVERSIÓN
Carlos Romero precisó que en el primer semestre la inversión de las gobernaciones fue muy baja, unos Bs 500 millones.

COMPROMISO
En una reciente reunión entre Gobierno y gobernaciones se acordó la compra de cámaras como prioridad.

El mecanismo
Ambas partes comprarán hasta fin de año 500 cámaras, según lo acordado, y la cooperación china donará otras 500.

LOS HELICÓPTEROS
El Gobierno busca que las imágenes de los vuelos se vean en centros de control.

CÁMARAS AYUDARON A HACER 2.000 ARRESTOS
Las 100 cámaras instaladas por el Gobierno en puntos estratégicos de Santa Cruz de la Sierra generaron la detección de 964 casos policiales y llevaron al arresto de 2.093 personas.
El informe de la Policía boliviana presentado al Ministerio de Gobierno tras tres meses de ejecución del plan Chachapuma señala que de los casos presentados, hubo 71 delitos, 507 faltas y contravenciones, 91 hechos de Tránsito y 295 infracciones.
Mientras tanto, hubo 163 arrestados por delitos, 1.505 por faltas y contravenciones, 157 por hechos de tránsito y 268 por infracciones.
“Son un sistema excepcional de captación de información de 400 metros de distancia y de un movimiento giratorio de 360 metros cuadrados. Idealmente, necesitamos multiplicar el número por cinco, ahí sí tendremos un buen control territorial”.
Anunció que la Gobernación de Santa Cruz transferirá 30 cámaras de seguridad que serán instaladas en la cárcel de Palmasola, “nos ayudará porque gran cantidad de delitos se operan desde allí, como la contratación de sicarios”, manifestó.
Hasta fin de año habilitarán, entre Gobierno y nueve gobernaciones, mil cámaras.

Friday, July 19, 2013

El 31, San Pedro recibirá a su último recluso

De acuerdo con Régimen Penitenciario hay cuatro recintos carcelarios que fueron readecuados para los detenidos por delitos graves y leves.

El próximo 31 de julio se recibirá al último privado de libertad en la cárcel de San Pedro, que fue cerrada ayer con la Resolución Administrativa 165/2013, informó Ramiro Llanos, director general de Régimen Penitenciario.

El penal de San Pedro que tiene 118 años de antigüedad fue construido para albergar a 300 personas, pero en la actualidad tiene cerca a 2.355 privados de libertad, preventivos y sentenciados, distribuidos en siete secciones.

Llanos firmó ayer el documento que prohíbe el ingreso de nuevos reclusos, sea cual fuere su condición, en el penal de varones de La Paz desde el 1 de agosto debido a los casos de indisciplina, epidemia sanitaria por meningitis y tuberculosis, además de hechos de violación a menores, explicó.

Llanos se apoyó en la minuta de comunicación que la cámara de Senadores aprobó para solicitar a las autoridades del Ministerio de Gobierno suspender el ingreso de nuevos internos a la cárcel de San Pedro y habilitar un segundo recinto en La Paz para los futuros privados de libertad.

Llanos dijo que la resolución administrativa será entregada al Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía y la Policía, para que den cumplimento al documento que dispone la suspensión definitiva de nuevos ingresos al centro penitenciario paceño.

“Acabamos de firmar la resolución administrativa, como nos habíamos comprometido a hacerlo, ahora lo que resta es socializarla en las instancias judiciales competentes. Quiero decir que este es el cierre de una cárcel en la que pasaron muchas cosas negativas, algunos dicen que hay chulipis y hasta enfermedades, pero lo más preocupante era el hacinamiento, algo que ya no se volverá a repetir”.

Tres nuevos centros. Ante el cierre de San Pedro, la Dirección de Régimen Penitenciario habilitó otros centros carcelarios que entrarán en funcionamiento desde agosto.

El primer recinto habilitado es Chonchocoro a donde serán enviados los reos de alta peligrosidad. El segundo recinto es Patacamaya, donde serán traslados los detenidos preventivos por delitos menores, como estelionato, hurto, lesiones y otros.

La autoridad indicó que se habilitara, además de Chonchocoro y Patacamaya, un tercer recinto en Sica Sica, donde serán enviados personas de provincias y el centro de rehabilitación de Kalahuma en Viacha, para los jóvenes.



otras cárceles. Otras dos cárceles que serán igualmente descentralizadas y después transferidas, son la de San Sebastián, de Cochabamba, y Palmasola, de Santa Cruz, de acuerdo con la autoridad de penitenciarías.

Ramiro Llanos recordó que las gobernaciones de ambos departamentos ya cuentan con los proyectos y las inversiones que se precisan para la transferencia.

Además, recordó que hasta fines de 2014 se construirán 16 nuevos recintos en Beni, Tarija, Oruro, para evitar el hacinamiento de la población penitenciaria en el país.

SE APROBÓ EL DECRETO DE VENTA DEL PENAL DE SAN PEDRO A FAVOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

LOS REOS SERÁN TRASLADADOS EN TRES BUSES PARA ASISTIR A AUDIENCIAS. LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE PATACAMAYA, SICA SICA Y OTROS SERÁN TRASLADOS EN TRES BUSES PARA COMPARECER ANTE UN JUEZ DE SENTENCIA O DE MEDIDAS CAUTELARES, ASEGURÓ RAMIRO LLANOS, DIRECTOR GENERAL DE PENITENCIARÍAS. LA AUTORIDAD EXPLICÓ QUE LOS VIAJES ESTÁN PROGRAMADOS PARA LAS 04.00 Y 05.00 CON RUMBO A LA SEDE DE GOBIERNO.

LOS DETENIDOS EN LAS CARCELES

De acuerdo con datos de Régimen Penitenciario, actualmente hay 14.380 privados de libertad en las 56 cárceles del país.

MUJERES

> Hay 2.200 mujeres detenidas por delitos graves y menores.

> Sólo en el penal de mujeres de Miraflores hay 800 personas.

PROBLEMAS

> Uno de los principales problemas que afrontan es el hacinamiento.

60% de la población penal del país está bajo detención preventiva.

En Villa Yunguyo se construirá la cárcel de mujeres jóvenes.

En un terreno de dos hectáreas en la zona Yunguyo de El Alto, de propiedad de la Dirección de Bienes Incautados, se construirá la nueva cárcel para mujeres comprendidas entre 18 y 21 años. La transferencia de los predios está en proceso, de acuerdo con las autoridades penitenciarias.

Thursday, July 18, 2013

La cárcel de San Pedro cierra sus puertas el primero de agosto



El director nacional de Régimen Interior, Ramiro Llanos, la mañana de este jueves presentó una resolución donde autoriza la clausura definitiva de la cárcel de San Pedro. El documento presentado por la autoridad señala que el penal, que funciona desde 118 años, cerrará sus puertas el primero de agosto.

“Acabamos de firmar la resolución administrativa, como nos habíamos comprometido, ahora lo que resta es socializarlo a las instancias judiciales competentes. Quiero decir que este es un cierre de una cárcel donde pasaron muchas cosas negativas, algunos dicen que hay chulipis y hasta enfermedades, pero lo más importante la complicación del colapso ya no se volverá a repetir”, indicó Llanos, según Radio Fides.

Se tiene previsto que los detenidos preventivamente sean trasladados hacia la cárcel de Patacamaya. En el caso de los reos con sentencia condenatoria serán llevados a Chonchocoro.

En primera instancia estaba programado el cierre del penal para hoy; sin embargo, la autoridad penitenciara aseguró que fue reprogramada porque el recinto penitenciario de Patacamaya todavía no cuenta con las condiciones necesarias para los internos.

Luis pasó 21 años de su vida en la cárcel sin saber por qué

Luis Córdoba Marca reveló ayer un dramático caso de retardación de justicia en Santa Cruz, pues permaneció detenido más de 21 años en la cárcel de Palmasola sin sentencia y, lo peor aún, por un supuesto crimen que le endilgaron sin explicar quién era la víctima. El hombre accedió temeroso a la entrevista periodística, pues teme represalias, pero dijo que espera por lo menos un resarcimiento de las autoridades judiciales para rencauzar su vida con su familia que formó dentro del recinto penitenciario.

Córdoba cayó en Palmasola en 1991 y recuperó su libertad el 8 de febrero de 2013, con un mandamiento emitido por la jueza de Instrucción cautelar, Estrella Montaño Ocampo, cuya parte resolutiva dice: “Se ordena la inmediata libertad de Luis Córdoba Marca por no tener sentencia condenatoria”.

Pensaba progresar

Luis es oriundo de Villa Tunari, donde tenía a sus padres y a una hermana. En Tupiza trabajó de peón y luego, a sus 21 años, se vino a Santa Cruz con el anhelo de trabajar y prosperar, pero le fue mal a su llegada, porque unos policías lo arrestaron y le indicaron que él había cometido un asesinato, siendo que era la primera vez que pisaba suelo cruceño.

“Ellos me dijeron que yo había cometido un asesinato, pero no me explicaron de quién. Los policías me tuvieron en una celda, no sé dónde, y luego me llevaron a Palmasola. Pasaron los años y nadie me ayudaba, ni Derechos Humanos ni Defensoría del Pueblo ni los abogados de Defensa Pública. Cada vez que iban los jueces a la cárcel yo levantaba la mano, explicaba mi situación y me decían que mi caso era especial. Yo no entendía por qué era especial”, relató el hombre.

“Hasta el momento no sé nada de mi proceso, ni conozco el Palacio de Justicia. No sé por qué tanta injusticia conmigo, por eso anuncié a las autoridades del penal la decisión de acabar con mi vida, así los presioné y por fin me dieron la libertad. Todo este tiempo sobreviví por mi mujer y mis hijos”, confesó Córdoba, que hace 18 años conoció a su esposa en el penal y procreó a cuatro hijos.

Luis aprendió carpintería en régimen abierto y de esa forma ganó dinero para su subsistencia. Ahora espera que sus carceleros le garanticen un trabajo y un hogar para él y su familia, cosas con las que soñaba antes de caer injustamente detenido. “Salí con la ropa del cuerpo. Tengo que levantarme del suelo”, se estimula Córdoba.

El abogado Wilson Vílchez tomó el caso. Dijo que alista una demanda “por la incompetencia y negligencia de la justicia. Esto demuestra el nivel de justicia que tenemos, que juega con la vida de las personas”, sentenció.

Gustavo Braschi, vocero del Tribunal Departamental, señaló que se verifica el dato para dar un informe

Tiempo largo

1991
EL año que lo detuvieron
Luis Córdoba Marca fue arrestado por policías bajo sospecha de asesinato, pero él llegaba por primera vez a Santa Cruz.

2013
RECUPERÓ LA ANHELADA LIBERTAD
Un viernes, antes de Carnaval, Córdoba salió del penal. Todo era extraño para él. Su esposa y sus hijos lo esperaron fuera.

Se adaptó

Agradece a su familia
Luis se hizo carpintero. Su mujer jugó un papel clave, porque ingresaba madera y sacaba a vender los muebles.

NO SE METIÓ EN PROBLEMAS
Córdoba reveló que vivió en el pabellón 17 de régimen abierto, donde varios amigos le ayudaron a sobrellevar su encierro.

Anécdota
Un día un gobernador quiso meterlo al ‘bote’ como castigo, pero su niño, ahora con 17 años, se colgó de su cuello y lo evitó.

Wednesday, July 17, 2013

Conminan a García Meza a devolver dos de sus tres celdas en Chonchocoro

El exdictador Luis García Meza (1980-1981) condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto fue notificado hoy mediante una carta por el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, para que en un plazo de 72 horas devuelva dos celdas de las tres que ocupa en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, como una especie de "pequeño departamento".

"Una fecha como hoy (17 de julio) hace 33 años se gestó en Bolivia un golpe de Estado sangriento, donde muchas personas murieron en manos de paramilitares y otros aún desaparecidos, los responsables sentenciados a 30 años sin derecho a indulto, pero gozaban de privilegios que fueron cortados, entre estos, Luis García Meza", detalló la autoridad.

Llanos llegó pasadas las 10:30 al Hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil) de la zona de Miraflores, donde García Meza que padece de cáncer está internado por más de un año para entregarle la notificación notariada y le advirtió que "si no cumple el plazo serán intervenidas (las celdas) el viernes".

Explicó que el penal de Chonchocoro fue recuperado y divido en tres sectores, denominados bloque "A", "B" y "C", para implementar el sistema progresivo, que comprende el bloque "C" de observación y clasificación inicial, bloque "B", de readaptación social en un ambiente de confianza y el "A" de prueba.

Agregó que en razón de que García Meza ocupa tres celdas, lo que provocaría hacinamiento se le comunicó que debe acomodar sus pertenencias con ayuda de sus familiares, en uno sólo ambiente en un plazo de 72 horas.

Caso contrario, Llanos anunció que el próximo viernes con presencia de un Notario de Fe Pública y la prensa nacional serán intervenidas las celdas que ocupa bajo inventario de sus pertenencias y serán incluidas en una sola como corresponde a todo privado de libertad de la cárcel de San Pedro de Chonchocoro.

En la intervención, acotó se constatará que Luis García Meza no estaba recluido en una "celda" sino en un pequeño departamento con sauna, gimnasio, parrillero, horno microondas y otros privilegios como denuncio el Gobierno en su momento.

Exrecluso cae por undécima vez en la Felcc acusado de robo

Fernando Fuentes Cardona, alias ‘Buda’, es un exrecluso que el lunes cayó por undécima vez en manos de la Policía por el delito de robo, según los datos del fiscal Osman Arias. Fuentes fue aprehendido junto con sus cómplices Sander Soliz Padilla (exreo) y Dagner Barba Frías cuando robaban especies en el restaurante de pollos Blessd Food, ubicado en la avenida Mutualista.
Buda conoce celdas de la Policía desde la década de los 90 y la mayoría de las veces fue liberado por disposición del Ministerio Público.
El fiscal Arias presentó ayer a los tres acusados por el delito de robo agravado ante la jueza Iris Justiniano, que dictó detención preventiva para todos en la cárcel de Palmasola.

Varios casos
En la Felcc los procesados confesaron haber robado en un café internet, en la avenida Virgen de Luján, en la avenida Virgen de Cotoca y cuarto anillo (dos negocios); en la calle Ballivián y la avenida canal Isuto, entre el segundo y tercer anillo.
Los agentes de la División Propiedades de la Felcc han recuperado de distintos inmuebles garrafas, televisores, un frigobar, computadoras, ventiladores y otros artículos que serán exhibidos en la unidad policial para que los dueños los reconozcan

Tuesday, July 16, 2013

Policía planea adquirir un helicóptero para Tarija

El comandante general de la Policía, Alberto Aracena, anunció el lunes que se instalarán cámaras de videovigilancia en los nueve departamentos de Bolivia y que además se adquirirá un helicóptero en la ciudad de Tarija para optimizar el servicio policial en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.

Después de Santa Cruz, dijo que la ciudad de Tarija contará en los próximos meses con un helicóptero para la seguridad ciudadana según los compromisos adquiridos por los responsables.

“Como Policía esperamos que se cumpla el compromiso de lograr la inversión pública de 500 millones de bolivianos por los nueve gobiernos departamentales y municipales, en el segundo semestre de 2013 para la seguridad ciudadana, para vivir bien y más seguros que se asumió en la cumbre de Sucre”, precisó.

Sunday, July 14, 2013

Taxis y radiotaxis toman medidas contra secuestros



Contra el secuestro exprés, taxis y radiotaxis de la capital cochabambina pusieron en marcha ayer el plan “Taxi Seguro”. El programa obliga a los choferes a usar uniforme, portar credencial y a pintar la matrícula en el capó del vehículo.

También tendrán una parada fija, a la que los clientes podrán acudir en busca de sus servicios. Además, está prevista la instalación de 200 dispositivos de geolocalización (GPS) en una primera etapa en radiotaxis y la colocación de planchas de policarbonato para aislar al chofer de los pasajeros, esto último contra los “cogoteros”.

El eje en esta primera fase es la aplicación el Sistema de Identificación del Vehículo (Siave), que permitirá que los pasajeros viajen seguros, explicó Lucio Gómez, dirigente de la Federación Departamental del Autotransporte cochabambino.

Los propietarios de los vehículos incorporarán las placas de altura y laterales que permitirán la identificación del motorizado; los conductores expondrán en lugar visible una credencial y vestirán uniformes distintivos de las paradas fijas, que se ubican en la terminal de buses, aeropuerto, hospital Viedma, teleférico y la parada de los buses que salen al Chapare.

“Existen muchos taxis que no conocemos de dónde y cómo son y que se convierten en un peligro. Convencen a los pasajeros, pero les sustraen sus bienes en el camino, secuestran o trabajan con falsos policías, falsos fiscales o policías aduaneros que amenazan con revólveres y roban”, argumentó el dirigente. El gobernador Edmundo Novillo destacó la iniciativa.

El Ministerio de Economía comprará penal de San Pedro

El Ministerio de Economía comprará el predio donde está ubicada la cárcel de San Pedro, informó el titular de ese despacho, Luis Arce, al indicar que los ingresos servirán para que el Ministerio de Gobierno edifique un nuevo centro penitenciario.
Según el ministro, el proyecto es construir una cárcel modelo fuera de la ciudad de La Paz, pero es "un plan de mediano plazo porque esto no puede lamentablemente resolverse en un corto plazo", explicó.
En el área donde funciona el penal de San Pedro desde siglos pasados, el Ministerio de Economía construirá "oficinas públicas, una sala de convenciones que hasta ahora no hay en la sede de Gobierno.

La inversión
Las inversiones públicas se realizarán en dos frentes y serán financiadas con fondos de las arcas públicas. Por un lado está la construcción del nuevo recinto penitenciario, con una capacidad de 3.500 reos. Por el otro, la edificación albergará oficinas, puesto que el predio está en el centro de la ciudad de La Paz.
Además de las oficinas se aprovechará el área para otras instalaciones. Los recursos que el Ministerio de Economía pague a su similar de Gobierno servirán para realizar los estudios respectivos y para la construcción del nuevo penal./ ANF

Los desterrados de la sociedad hablan

Los reos temen hablar pues pueden ser trasladados en cualquier momento a otros centros penitenciarios. Comentar sobre la labor de las autoridad es un tema tabú.

“No puedo hablar. Nos vigilan, si no estamos de acuerdo con las reglas del Director General de Régimen Penitenciario. No cumplen lo que se conviene y después nos acusan de indisciplinados, privilegiados, alcohólicos y hasta drogadictos. Entonces, ¿a quién quejarnos si hemos sido desterrados de la sociedad?”. Es el lamento de Róger, uno de los privados de libertad de la cárcel de San Pedro que dice haber abrazado el cambio para ser beneficiado por una justicia equitativa.

Sentado sobre una catrera, en una pieza de dos por tres metros, donde además viven otros cuatro internos, el hombre dice que la mayoría de las personas está detenida por pequeñas transgresiones, sospechas o errores procedimentales, o por normas arbitrarias que han producido más que resuelto los problemas.

Sus ojos se enrojecen tras contener sus lágrimas al afirmar que ellos, los reos, al igual que “los libres” también tienen derechos, aunque no son respetados y si reclaman, “después nos llevan a circos montados donde se llenan la boca al afirmar que el sistema carcelario está siendo revolucionado en el país”.

Carlos C. permanece como detenido preventivo desde hace seis meses y dice que está de acuerdo con las reformas carcelarias, pero no con las arbitrariedades.

Juan Q., conocido como el “Cristembo” por su afición a limpiar ventanas, dice que "los reos nos autosostenemos, el dinero que dicen destinar a los centros penitenciarios jamás llegan a nuestras barrigas”.

En tanto, Roger quien se dedica a elaborar figuras en porcelana fría, tras conversar con La Prensa, abandona su celda para ofrecer sus productos a los ocasionales visitantes.

Los delegados de algunas secciones consultados sobre si son o no desterrados también por las autoridades, afirman que sí, porque si "hablamos somos exiliados a otros centros penitenciarios donde nuestros familiares no llegan”, declara uno de ellos, mientras cuida su identidad y mira hacia atrás.

SUBORDINADAS Y DESPRECIADAS. Pero este sentimiento no sólo es de los varones, sino también de las mujeres, donde las informantes rondan las secciones y las mesas para vender datos al mejor postor.

Un trentona, o sea sentenciada a 30 años de cárcel, afirma que hasta hace unos años, las privadas de libertad eran tratadas como personas, pese haber cometido delitos pero, ahora, el sistema ha cambiado y hasta el dinero que ganan es retenido.

Sentada ante una mesa de plástico, tras pagar 10 bolivianos por alquilerla, una interna, que pide guardar su iden

Friday, July 12, 2013

Ocho dispositivos de seguridad protegerán a pasajeros en el valle

Se espera usar separadores de policarbonato entre el chofer y los pasajeros.

Para ello se invertirán entre 450 y 500 bolivianos por cada transportista.

También se incluye la tarjeta del conductor.

El director de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Cochabamba, Carlos Santander, informó ayer que un nuevo reglamento establecerá desde agosto el uso de ocho dispositivos en los motorizados del transporte público para garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Está todo en un solo reglamento. Son ocho sistemas de protección que se van a aplicar en el transporte público”, explicó a los periodistas.

Santander informó que uno de los dispositivos será implementado desde la próxima semana con el lanzamiento del programa Taxi Seguro, que consistirá en el empleo experimental de 20 sistemas GPS en los motorizados de dos empresas de radiotaxis.

La novedad tecnológica incluirá el empleo de separadores de policarbonato que aislarán a conductores y los pasajeros dentro los vehículos con la finalidad de evitar que se produzcan atracos y otro tipo de delitos, añadió.

La autoridad municipal explicó que el proyecto demandará una inversión de entre 450 y 500 bolivianos para cada transportista, pero en la etapa de consolidación su empleo será opcional y bajo algunas previsiones técnicas.

“También tendremos una frecuencia única, mediante la cual se conectarán todas las empresas de radiotaxis con la Policía Boliviana para de esa manera tener cerca de 10.000 patrulleros, porque todos los choferes podrán reportar hechos de violencia en su recorrido e incluso auxiliar a las personas en algún caso”, dijo

La autoridad regional recordó que entre los dispositivos se contará además con la Tarjeta de Identificación del Conductor (TIC), que está en la fase de socialización, y la Licencia Municipal de Conducción Vehicular.

“En el campo normativo tenemos la autorización de parqueos, que será mejorada, y contaremos con la licencia a las empresas de radiotaxis porque hay algunas que son ‘fantasmas’, todo eso será regularizado”, agregó.

Según Santander, los dispositivos tendrán como complemento la obligación de que los taxis y radiotaxis pinten sus números de placas en las puertas laterales para que sean vistos a considerable distancia por pasajeros y cámaras de vigilancia.

El Director de Seguridad Ciudadana mencionó que las disposiciones del nuevo reglamento deberán ser aprobadas en el mes en curso por el Concejo Municipal de Cercado, y luego serán empleadas en más de 20.000 motorizados del transporte público para que en un plazo de dos años cuenten con los dispositivos de seguridad planificados.


NORMA

Esos sistemas estarán incluidos en el nuevo reglamento, referido al transporte público de pasajeros.

Familiares acogerán el 50% de niños que saldrán del penal

Los resultados oficiales del censo aplicado el pasado lunes en el penal de Palmasola revelan que existen 401 menores de edad viviendo en el penal, de los cuales 284 son mayores de seis años y 117 menores de esa edad.

De los 117 niños, con más de seis años que deben salir del penal hasta fin de año 59 irán a familias ampliadas, porque esa es la voluntad de sus padres recluidos en el penal cruceño; otros 15 irán a hogares de acogida y el resto no tiene definido dónde o no respondió. El censo también contempló entrevistas a 251 padres de familia.

Con relación a la escolaridad, el estudio reveló que del total de niños que hay en el penal, 184 están estudiando en los colegios cercanos al centro penitenciario y el resto no va a la escuela; la mayoría porque no está en edad escolar.

Ayer por la tarde autoridades de la Dirección Departamental de Política Social (Sedepos) de la Gobernación, del Régimen Penitenciario, de la Defensoría de la Niñez y de otras instituciones que trabajan en favor de la niñez llegaron hasta el penal para evaluar el trabajo de empadronamiento de los niños y analizar los resultados.

El director de Sedepos, Duberty Soleto, calificó de positiva dicha labor, toda vez que permitió concretar el primer paso para el retiro de los niños mayores de seis años del penal.

Cabe mencionar que la salida de los niños se planteó a raíz de la denuncia de abuso sexual a un pequeño de siete años, hijo de un recluso que llevó a vivir al penal a su mujer y a sus seis hijos. Según las pesquisas, el violador fue un reo extranjero recluido por narcotráfico.



Próximos pasos

De acuerdo con Soleto, el próximo paso será reforzar el trabajo de asistencia a los menores de edad que se quedarán junto a sus padres en el penal, a través de la contratación de más becarias (madres de familia que viven en el penal) para la fortalecer la labor en la guardería que hay dentro del penal.

Paralelamente, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, se empezará a trabajar para garantizar que los niños que salgan de Palmasola vayan a buenas manos y estén en mejores condiciones.

Soleto, además, mencionó que el trabajo de concienciación previo al censo dio buenos frutos, pues la mayoría de los progenitores ha pedido que sus niños vayan con sus familiares que no están privados de libertad. “Ahora lo que nos toca es hacer un seguimiento para garantizar que vayan a buenas manos”, remarcó Soleto.

Shirley Becerra, jueza de la niñez, que se dio cita ayer en Palmasola, dijo que el retiro de niños del penal se hará de manera paulatina para concluir a fin de año

Para saber

Cifras

Según las autoridades, los datos sobre la cantidad de niños en el penal que arrojó el censo coinciden con la cifra que se manejaba antes del estudio. Se estimaba que unos 400 niños vivían en el penal.



Peligros

La preocupación de las autoridades es que los niños que conviven con sus padres en la cárcel están expuestos a los peligros porque se trata del recinto carcelario más poblado del país (5.200 internos).



Censo



Fue aplicado por brigadas de encuestadores conformada por entre ocho y diez personas; 60 eran estudiantes de la universidad Gabriel René Moreno y 20 funcionarios de Sedepos.



Dos hogares esperan a los niños

Después de que se denunciara un caso de abuso sexual al hijo de un recluso, las autoridades cruceñas se movilizaron para tratar de retirar a todos los niños mayores de seis años del recinto carcelario de Palmasola, en cumplimiento de las normas. En diciembre de 2012, 25 chicos dejaron la cárcel y en enero de 2013 otra cifra similar producto de un trabajo de concienciación con los internos.

La Esperanza y Francisca Cases son los albergues que ha ofrecido la Gobernación cruceña, donde los hijos de personas privadas de libertad pueden ser acogidos. El primero es un centro católico con servicios de sicología, asistencia médica, apoyo escolar y parques de diversiones, y funciona con recursos donados del exterior y becas alimenticias que le da la Gobernación. /RE

Thursday, July 11, 2013

LANCEROS (Modus operandi)

RECOMENDACIONES

1) SEÑORES NO SEAN VÍCTIMAS DE ESTAS PERSONAS (ANTISOCIALES) QUE APROVECHAN EL MOMENTO PARA DESPOJARLES DE SUS PERTENENCIAS DE VALOR, (BILLETERAS, CELULARES, MP3, MP4, DINERO) QUE SE ENCUENTRAN EN SUS BOLSILLOS Y/O CARTERAS.

2) NO GUARDEN PERTENENCIAS DE VALOR EN BOLSILLOS Y/O CARTERAS, QUE SEAN VISIBLES, YA QUE PUEDEN SER VÍCTIMAS DE ROBO.

3) TRATEN DE NO LLEVAR OBJETOS DE VALOR EN EL BOLSILLO Y/O CARTERAS.

4) NO EXHIBAN SUS PERTENENCIAS.

5) EN LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE PERSONAS CUIDEN SUS PERTENENCIAS.

La Patria publica este espacio de manera gratuita por orden del Gobierno y en estricto cumplimiento del Decreto Supremo 1436 del 14/12/2012 Art. 44, pese a que se incumple la Constitución Politica del Estado Art. 46 numeral 2 Inc. 3; Nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento ni justa retribución.
ESTUDIANTES DE COLEGIO PASEANDO POR UNA CALLE CÉNTRICA DE LA CIUDAD, EN HORARIO DE SALIDA DE SU ESTABLECIMIENTO.

SE OBSERVA A TRES SUJETOS (ANTISOCIALES), CON DIRECCIÓN CONTRARIA A LA DE LOS ESTUDIANTES, LOS MISMOS OBSERVAN LOS BOLSILLOS DE LOS ESTUDIANTES.

LOS TRES SUJETOS (ANTISOCIALES) AL OBSERVAR EL CELULAR QUE LLEVA A LA VISTA UNO DE LOS ESTUDIANTES, SE DAN LA VUELTA

LOS TRES SUJETOS SIGUEN A SUS VÍCTIMAS (ESTUDIANTES), PARA SUSTRAER EL CELULAR

LOS TRES SUJETOS (ANTISOCIALES), ACECHAN A SU VÍCTIMA YA IDENTIFICADA PARA SUSTRAER EL CELULAR.

LOS TRES SUJETOS MOMENTOS ANTES DE COMETER EL DELITO.

LOS TRES ANTISOCIALES SE MEZCLAN ENTRE LA AGLOMERACIÓN DE GENTE PARA COMETER EL DELITO, MUY PRÓXIMOS A LA VÍCTIMA.

UNO DE LOS SUJETOS (ANTISOCIAL CÓMPLICE), DERRAMA MONEDAS AL SUELO DELANTE DE LA VÍCTIMA, LA MISMA GENEROSAMENTE LEVANTA LAS MONEDAS.

UNO DE LOS SUJETOS (ANTISOCIALES), DISTRAE Y EL OTRO CUBRE LA ACCIÓN DEL RESTO DE LA GENTE PARA COMETER EL DELITO.

MOMENTOS ANTES DE SUSTRAER EL CELULAR.

EL TERCER SUJETO (ANTISOCIAL) APROVECHA LA DISTRACCIÓN DE LA VÍCTIMA PARA SUSTRAER EL CELULAR DE SU BOLSILLO.

EL TERCER SUJETO (ANTISOCIAL), LUEGO DE COMETER EL DELITO SE RETIRA RÁPIDAMENTE PARA NO SER IDENTIFICADO, EN CASO DE QUE SE DEN CUENTA.

Wednesday, July 10, 2013

REALIDAD EN LAS CÁRCELES "De mayor quiero tener mi propia celda", dicen niños

Niños que viven durante años con sus padres en las cárceles, porque no tiene quién les acoja, dijeron que cuando sean mayores quieren "tener su propia celda". "Cuando se les pregunta qué quieren ser o qué quieres tener (responden) 'quiero tener mi propia celda'. Entonces ya se están generando aspectos negativos en la formación del niño", dijo el director penitenciario de Cochabamba, Dennis Mejía.

Piden nuevo presidio para Puerto Suárez

Luego de la insurrección de los presos de la cárcel de Puerto Suárez por supuestas peleas internas y demandas por la retardación de justicia y el hacinamiento que provocó la intervención policial con gases lacrimógenos y con el apoyo del Ejército, han surgido voces pidiendo la construcción de un nuevo centro penitenciario en esta población fronteriza.

“Lo que nosotros tenemos actualmente es un centro de detención, no una cárcel”, sostuvo el comandante de la Policía fronteriza, coronel Fernando Montaño Cavero. “Nosotros lo que necesitamos es una verdadera prisión; aquí la gente no se va porque se halla detenida preventivamente. Necesitamos que las instituciones de la región doten de un terreno y hagan un proyecto para hacerlo realidad”, sostuvo Montaño.

Autoridades de la Subgobernación y del municipio hace mucho tiempo que han estado solicitando apoyo para construir un nuevo penal, pero hasta la fecha no se ha visto concretado este anhelo.

El amotinamiento

El lunes, al promediar las 9:00, se produjo una pelea entre internos del penal Bahía. El pago por derecho de piso que venía cobrando un reo había originado disputas internas entre los internos de la celda común y la de la especial, hasta que se registró una batalla campal rebasando el control policial, que tuvo que recurrir a los gases lacrimógenos y pedir apoyo al Ejército, que acordonó el recinto penitenciario para evitar una posible fuga. A esto se sumaban reclamos por retardación de justicia y el hacinamiento.

Ayer, el alcaide del penal porteño trasladó al penal de Palmasola a tres internos que supuestamente fueron los instigadores del movimiento de los reclusos. El comandante Montaño dijo que se trata de Gróver Banegas Casupá, Saúl Pinto Taborga y Franz Ríos El-Hage

Osman Méndez, representante de la Mesa Defensorial, elevará un informe basado en los testimonios escuchados de los propios internos. La representante de Defensa Pública Merlene Charcas cuestionó el retraso de justicia y el maltrato que dicen recibir los internos.

"Se logró controlar una situacion que pudo tener graves consecuencias", agregó el coronel Montaño

Tuesday, July 9, 2013

Colocan cámaras en celdas de internos en PC 7

Familiares de los detenidos por el caso de la red de extorsión acudieron ayer a la Fiscalía para denunciar que por instructivas del Ministerio de Gobierno se intensificaron los controles en el pabellón cerrado PC-7 de Palmasola y de esa forma fueron restringidas las visitas incluso de familiares y abogados de Boris Villegas, Fernando Rivera, Denis Rodas y otros involucrados en el caso.

Neida Ledezma, que defiende a Boris Villegas, entregó ayer a la prensa otra carta que escribió su cliente en la que revela la utilización de la mancomunidad de inteligencia para, según él, amedrentar e intimidar a los familiares y abogados.

Señaló que se colocaron cámaras en las celdas de los internos. Al respecto, la directora de Penitenciaría, Vanesa Gómez, afirmó que las cámaras se están colocando a pedido de los mismos presos de la red de extorsión para precautelar su seguridad, hecho que fue desvirtuado por los familiares.

Investigan plan contra Suárez

Por otro lado, ayer la fiscal de Distrito, Marina Flores, estuvo en la Brigada Parlamentaria Cruceña para responder a cuestionamientos de parlamentarios de Convergencia Nacional en torno a las pesquisas de la red de extorsión.

Flores les informó de que las declaraciones de Villegas hechas el 29 de julio en la cárcel fue ante el fiscal de Beni Gróver Julio Montero, por una denuncia presentada por el excívico Alberto Melgar.

Sin embargo, afirmó que el fiscal general ya dio instructiva para indagar el caso. En su declaración, Villegas reveló un plan para tumbar al exgobernador Ernesto Suárez

Pasos de la investigación

Entregaron audios a fiscalía
Freddy Fernández, que defiende a Denis Rodas, entregó audios de supuesto ofrecimiento de dinero del abogado de Ostreicher a un juez.

Exfiscal Gómez está enfermo
Familiares de Isabelino Gómez informaron a la Fiscalía que el exfiscal está grave de salud. Piden su internación médica.

Capturan a " El Sojtallo" Por robo

Daniel L. R., alías "El Sojtallo", y su cómplice fueron capturados por efectivos del CEIP en la zona zona Sur de La Paz, informó el fiscal Humberto Quispe. Según la autoridad, en el operativo que se realizó entre domingo y lunes, hallaron en la habitación del delincuente con antecedentes delictivos, equipos de sonido, ropa, joyas y otros objetos. Además, el Fiscal recordó que sobre "El Sojtallo" pesaban órdenes de aprehensión por robo

Nuevos reos irán a Chonchocoro y Patacamaya

Los detenidos sentenciados y preventivos serán enviados a los penales de Chonchocoro y Patacamaya a partir de la próxima semana, informó ayer el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

El penal de San Pedro, que tiene más de 115 años de antigüedad, fue construido para albergar a 300 personas, pero en la actualidad tiene cerca de 2.300 privados de libertad, tanto preventivos como sentenciados, distribuidos en siete secciones.

Llanos explicó que esta medida será aplicada después de que la Cámara de Senadores aprobó una minuta de comunicación en la que solicita y recomienda a las autoridades del Ministerio de Gobierno suspender el ingreso de nuevos internos a San Pedro, y habilitar un segundo recinto en La Paz para futuros detenidos preventivos y sentenciado.

Llanos dijo que "llegó la hora del cierre de San Pedro" y que Régimen Penitenciario habilitó otros dos centros carcelarios que entrarán en funcionamiento a partir del mes de julio.

De acuerdo con la autoridad, al primer recinto, Chonchocoro, serán enviados los reos sentenciados, mientras que a la carceleta de Patacamaya serán enviados los detenidos preventivos nuevos.

La autoridad explicó que se habilitara, además de Chonchocoro y Patacamaya, se habilitó un tercer recinto en Sica Sica, donde serán enviadas las personas con delitos menores, por riñas y peleas, estelionato, asignaciones familiares y otros. De esta forma, se busca evitar el hacinamiento.

Grupos internos. Llanos recordó que está medida dará fin, también, a los cerca 15 años de descontrol que hay en los recintos carcelarios de todos el país.

"Inicialmente era un panóptico, diseño importado de Italia, pero con la construcción de la parroquia en el área de control u observación distorsionó el sistema carcelario en La Paz".

Monday, July 8, 2013

Concluye el censo de menores en la cárcel de Palmasola

Al promediar las 14:30 concluyó el censo de menores en la cárcel de Palmasola, 10 trabajadores sociales y dos funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz llevaron adelante esta tarea que permitirá identificar la cantidad de menores de edad que viven dentro del recinto penitenciario cruceño.

El director de Política Social de la Gobernación de Santa Cruz, Duberty Soleto, informó de que el informe final será presentado a la opinión pública el 11 de julio. El responsable ratificó que hasta el mes de diciembre no tiene que haber ningún niño en el penal; sin embargo, no descartó que esta actividad pueda ser adelantada.

“Ahora tenemos una información clara y veraz, lo único que nos falta es la tabulación que la vamos a hacer con Régimen Penitenciario, yo creo que el jueves vamos a conocer los resultados de esa encuesta”, dijo Soleto.

Guido Parada, comandante de la cárcel de Palmasola, confirmó que existe la instructiva de no permitir el ingreso al penal de personas mayores de 7 años.

Familiares se convierten en investigadores para buscar a desaparecidos

En Bolivia está desapareciendo mucha gente de la noche a la mañana. Los familiares de los que no vuelven nunca más a casa, emprenden una batalla silenciosa y al cabo de los meses se ven obligados a dejar de llorar, porque con lágrimas en los ojos es más difícil investigar por cuenta propia, dado que sienten que las instituciones jurídicas y policiales carecen de medios para solucionar un problema del que la sociedad aún no es totalmente consciente.
Ingrid Vaca tiene una foto en la mano y sus ojos están rojos porque no encuentra a Yanine Pedraza Vaca, de 23 años de edad, desde el pasado 3 de marzo, cuando desapareció supuestamente de la plaza Colón de Cochabamba. “Esta es mi hija querida”, dice, desorientada, porque la Policía de Cochabamba le ha dicho que el caso está cerrado y, por eso, con la modestia de mujer común ha emprendido la dura cruzada por aprender las técnicas para investigar sobre una persona a la que parece que se ha ‘tragado la tierra’.

Una colectividad silenciosa
Ingrid Vaca es solo una muestra de las familias afectadas por la desaparición de un ser querido.
De enero a mayo, según los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se han registrado 194 denuncias de desaparecidos en La Paz. Santa Cruz también tiene números que evidencian el tamaño del problema. En los datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz se revela que durante el primer semestre de este año hubo 18 denuncias de rapto y 8 sobre trata de seres humanos.

Es que la trata de personas es, en Bolivia, uno de los móviles que alimenta la desaparición de personas. Según el Observatorio de Trata de Personas con sede en La Paz, se han identificado principalmente que los móviles del delito son para la explotación sexual y laboral, mendicidad, matrimonio servil y adopciones ilegales.
Entre otras de las causas para que las personas desaparezcan, remata el Observatorio, están los problemas dentro del hogar: violencia, miedo a volver a la casa por sacar malas notas y, en muchos casos, los adolescentes escapan con sus parejas. Estos últimos, son carne vulnerable para quedar atrapados en las redes de quienes se dedican a la trata de personas.
Tan serio es el problema, que se logró organizar la Asociación de Familiares de Víctimas Desaparecidas. Una de las líderes es Marcela Martínez, la madre de Zarlet Clavijo, la jovencita que no dejó rastros en inmediaciones del Prado de La Paz, cuando retornaba a su casa de Obrajes, el mediodía del 4 de junio del año pasado.
Más de un año de aquel tormentoso día y no hay rastros de Zarlet. Las investigaciones policiales no han dado sus frutos. “La Policía y el Ministerio Público no tienen personal suficiente y muchas veces ni voluntad. A veces se requiere que emitan una orden de aprehensión, pero como esta sale tarde, el sospechoso ya se hizo humo”, dice Marcela Martínez, que al igual que otros padres de familia se ha convertido en una investigadora independiente, bajo su propio riesgo y gasto de dinero.
Ingrid Vaca ya ha dado pasos sólidos en esa materia. Se fue hasta el hotel donde su hija supuestamente durmió la noche antes de su desaparición y ahí comprobó que el dato, vertido por el concubino de la joven no era cierto. Se paró por varios días en la plaza Colón de Cochabamba de donde dicen que desapareció y evidenció que en esa zona no existe patrulla policial. “Supuestamente un policía la vio ahí. Pero ese dato es incorrecto”, dice esta mujer, que también cambió de abogado y que para no perder las esperanzas de encontrar a su ser querido se vino a Santa Cruz para reiniciar las investigaciones.

Walter Sosa, jefe del departamento de Trata de Personas de la Felcc, dice que diariamente se reciben denuncias sobre desaparecidos. A veces llega un caso a veces, cuatro, otras seis. Muchos de ellos son falsa alarma porque se trata de jovencitas que se fueron con sus novios; otros son víctimas de redes criminales, dice el policía, que sabe que las investigaciones arrancan 48 horas después de la desaparición. “Trabajamos con los medios que tenemos”, recalca.
Marcela Martínez, la mamá de Zarlet, enfatiza que, por el contrario, las primeras 48 horas son clave para encontrar al familiar y que mientras más rápido se haga es mejor. Desde junio del 2012 hasta la fecha, la asociación que ella dirige ayudó a recuperar a 60 niños que fueron reclutados a través de agencias de empleos, en las calles y en otros casos secuestrados en las carreteras; en algunos casos para ser sometidos a la explotación laboral o sexual. “Hemos sabido de casos en los que los engañan, les prometen que trabajarán como modelos en el exterior y que les secuestran sus documentos”, reveló Martínez. Sobre el caso de su hija y tras las investigaciones que realizó, dice que tiene indicios que a Zarlet la pudieron haber secuestrado para ser utilizada en el tráfico de sustancias controladas.
NG recuperó a su hija de un prostíbulo que funciona en una carretera al norte, y Eliana H. a su sobrina de un cuarto donde la tenían encerrada. En ambos casos, los padres piden discreción, para resguardar la identidad de los menores y para no alborotar a las personas que se dedican a ‘este nefasto negocio’. “Nosotros investigamos por cuenta propia y no sabemos cómo más defendernos”, gritaron

LA SANCIÓN

Artículo 281. Trata de persona
Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción amenazas, abuso de la situación de dependencia de la víctima sometida a estos temas.

HORA A HORA

¿Qué es la trata de personas?
La trata de personas es la captación, el traslado o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.

La pista de una madre ayudó a la Policía
A comienzos de mes, una madre de familia denunció la desaparición de su hija de 15 años en La Paz. Tenía sospechas de que estaba en un negocio del centro de la ciudad. Tras conocer esas pistas la Policía se movilizó y allanó una peluquería donde había varios preservativos.

Con la ley en la mano
La ley 263 tiene por objeto combatir la trata y tráfico de personas y delitos conexos; También garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Conquistados por un trabajo y un viaje de sueños y promesas
Los reclutan en poblaciones de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y en la ciudad de El Alto, según datos revelados por la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas. Por su parte, el Observatorio de Trata de Personas, también enfatiza que los departamentos que registran más denuncias de desaparecidos son los del eje central del país.
En Santa Cruz, las agencias de empleo que operan en diferentes partes de la zona de la exterminal son el centro de encuentro de personas con cara de niños, que no han llegado a los 18 años de edad y que buscan trabajo de lo que sea. Significa dedicarse a la albañilería, jardinería o a labores agrarias. “Hemos llegado con la ropa del cuerpo”, dice Waldo, 14 años y amigo de tres muchachos que están a su lado. “Somos de Curaguara, Oruro”, enfatiza, y dice que allá fueron reclutados por un hombre que les ofreció trabajo de coperos en un karaoke, pero que cuando llegaron aquí quiso enviarlos a la zafra de caña y se escaparon.

Es un negocio millonario vinculado a mafia internacional
Rolando Fernández | Ex Comandante de la Policía
La trata de personas está contemplada, en las legislaciones de casi en todo el mundo, como delito de lesa humanidad, porque atenta contra la vida y la dignidad de las personas; se trata de grupos vulnerables. Lo que impide conocer la magnitud del problema es la falta de diagnósticos y de políticas unificadas, además, lo que sigue fallando en estas épocas es la estrategia de lucha, lo que permite a la mafia internacional enormes beneficios de esta ilícita actividad, habiendo obtenido ingresos millonarios calculados en unos 32.000 millones de dólares en los últimos años, cifra que se cree, de acuerdo a investigaciones internacionales, muy conservadora.
Las múltiples denuncias que existen al respecto nos demuestran que estos delitos van en aumento, y que las averiguaciones oficiales no dan resultados alentadores.
El modo de operar o de reclutar es muy práctico y convincente, y el señuelo es la oferta de un trabajo muy bien remunerado económicamente, tanto en el interior como en el exterior del país. En la mayoría de los casos se ha demostrado con creces que es un engaño y que la intención es la prostitución en el caso de las mujeres, para convertirlas en objetos sexuales comerciales, sometiéndolas bajo amenazas, y en calidad de cautivas, o bajo los efectos de las drogas o el alcohol.
Ante esta lacerante realidad, el Estado debe efectuar todos los esfuerzos necesarios para neutralizar o controlar estos latrocinios. Es necesario generar debates, campañas informativas de educación, prevención, difusión a la sociedad, paralelamente con las pesquisas policiales coordinadas a nivel nacional e internacional.
Eso permite en muchas ocasiones, desmantelar estas bandas organizadas y ubicar y devolver a las víctimas a sus familiares que, incluso, en muchos países se han organizado para reclamar ante la inoperancia y ausencia de políticas públicas para combatir está lacra que esta minando los cimientos de las distintas sociedades

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