Falsificaban documentos de la Policía, la UMSS, cooperativas e incluso del Órgano Judicial.

Tweet Un depósito judicial adulterado por 80.000 bolivianos para liberar a un preso por tráfico de drogas, puso al descubierto ayer la existencia de una red de abogados que vivía de la estafa y la falsificación de documentos, informó el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel, Richard Vargas. La banda criminal estaba dirigida por el abogado Ariel G. y tenía como operadores a la hermana del principal sindicado, Nancy G. también de profesión abogada, y un asistente jurídico de nombre César A. , detalló la autoridad.

En las últimas horas, Ariel G. fue remitido al penal de San Sebastian y César A. a la cárcel de San Pablo de Quillacollo, informó el subdirector.

La hermana, Nancy G., está cautelada y sujeta a investigación, complementó el jefe policial.

La organización criminal operó con “mucha sutileza” en Cercado por varios años y, hasta donde se conoce, lograron engañar no solo a personas naturales, sino también jurídicas, manifestó el jefe policial.

“Es una red criminal que fue desbaratada y ahora están en marcha acciones policiales para detener a los principales responsables”, declaró Vargas.

MONTOS No hay, por ahora, cifras y montos del dinero que habrían timado los integrantes de la banda, “pero los números podrían superar el millón de bolivianos”, señalaron ayer en la FELCC los investigadores, que están a cargo del caso hace un poco más de 72 horas.

TIMO El abogado Rolando Ramos declaró sobre la organización criminal que “estafaron miles de bolivianos”, durante un tiempo aún no establecido.

En ese sentido, reveló que inició querella penal contra la banda porque “engañaron a mi cliente con 40 mil bolivianos, después que le hicieron creer que hicieron un depósito judicial mostrando un documento falsificado”, dijo Ramos.

Las oficinas donde operaba la banda fueron allanadas por agentes de inteligencia. Secuestraron varios documentos falsificados de otras instituciones como la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y del mismo Órgano Judicial.

QUERELLA La FELCC anunció que, durante los operativos de captura de los presuntos delincuentes, secuestró varios documentos adulterados pertenecientes a diversas instituciones tanto públicas como privadas.

“Tenemos la documentación que acredita que hay varias falsificaciones de empresas, cooperativas e incluso universidades”, afirmó Vargas.

Invitó, en ese sentido, a todas las instituciones públicas y privadas de las cuales la red falsificó documentos, a presentarse para que puedan hacer llegar las denuncias que correspondan.

Lo que hará la FELCC es enviar, en las próximas horas, los requerimientos a las instituciones para saber cómo emitieron los escritos y qué utilidad dieron a los documentos, dijo.

La FELCC entre tanto y mientras duren las investigaciones solicitó reserva del caso para no entorpecer el proceso ya que podrían haber otros involucrados en los actos criminales.

Se calcula que la red obtuvo millonarias ganancias, al margen del daño a las instituciones.

800

Mil bolivianos por lo menos sería el monto de dinero que lograron estafar los abogados a diversas instituciones con la falsificación de documentos.

Lo que ganaron ilegalmente por los escritos falsos podría superar el millón de bolivianos, según cálculos de la FELCC.