Un domingo cualquiera de septiembre, sentado en una silla de plástico color blanco, de ésas que se usan en las kermeses, Martín aguarda en el patio de Los Pinos, en el penal de San Pedro de La Paz, donde permanece por más de dos años en un juicio por avasallamiento que no llega a comenzar. Pese a su calidad de detenido preventivo, él ya conoció los rigores y las normas de convivencia dentro de la cárcel y lo que significa mantenerse preso mientras ve cómo la economía de su familia se devasta por mantenerlo.
Tiene 45 años, es de talla promedio y contextura delgada. Su esposa y sus tres hijos lo visitan cuando pueden. Viven en una población del área rural, a cientos de kilómetros de La Paz, y sus ingresos son cada vez más escasos. En su pueblo Martín se dedicaba a la agricultura.
El hombre recuerda que desde que puso el primer pie en el penal, una tarde de agosto de 2014, su sola presencia ya cotizaba para los "dueños” de la cárcel, que son los que monetizan con el ingreso de cada preso.
"Los primeros días en San Pedro son una verdadera sacadera de plata y un martirio psicológico. Los recién llegados deben pagar por todo, ya que el Estado ni siquiera les concede la cárcel, ellos mismos tienen que pagarse el derecho de ingreso comprándose su celda, (tomar) un anticrético y (asumir) otros gastos que significan toda una exacción”, asegura el abogado penalista Rime Choquehuanca.
Todo está privatizado en la cárcel pública
A pesar de tratarse de una cárcel pública, todo está privatizado en el lugar y tiene un precio. El capitalismo más puro y duro, el "dejar hacer, dejar pasar”, se apropió de San Pedro y "si no se paga a las buenas, se paga a las malas”. Por eso cada cobro que se realiza dentro del penal es calificado como "extorsión” por el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos. "Se somete al interno a un verdadero suplicio”, asegura la exautoridad.
Sin embargo, Llanos aclara que la situación en San Pedro no siempre fue así: hasta hace unos años, los penales estaban vacíos, solitarios y desolados, pero con la Ley 1008 se llenaron de presos por narcotráfico. Al olfatear el dinero, como el tiburón huele a la sangre, los policías llegaron a San Pedro y con ellos la corrupción.
El exdirector de Régimen Penitenciario afirma que fue Roberto Suárez, el Rey de la cocaína, quien organizó La Posta, el sector donde viven los presos que pueden pagar el alquiler de un espacio. Estuvo tres semanas en la PTJ, ahora FELCC y esperó a que alfombren todo el sector de Chonchocorito, de color verde olivo, para entrar a vivir ahí, cuenta Llanos.
Las cárceles eran administradas por los alcaides, pero una vez que se instituyeron esos pagos, las cosas empezaron a cambiar y los internos empezaron a organizarse para resolver sus problemas: hacer arreglos dentro del penal, construir celdas, etcétera. "Es en ese proceso cuando surge la organización de delegados, que hasta ahora domina y controla la cárcel”, dice Llanos.
El panóptico de San Pedro fue pensado para una capacidad de 300 internos, pero ahora sus centenarios muros de barro, de casi 20 metros de altura por dos de ancho, albergan -según datos de la Defensoría del Pueblo- a más de 2.000 internos, todos mezclados y hacinados, en una especie de pequeña ciudadela violenta y con olor a agua estancada, organizada en barrios, con su propia seguridad privada a sueldo, servicios de comida, peluquería, y otros... todo autogestionado.
Exacciones y abusos
Mientras pasea por el patio de Los Pinos, Martín recuerda, sin apuros, que al llegar a San Pedro tuvo que recurrir de emergencia a sus familiares para poder solventar su derecho a la cárcel porque las presiones de los delegados eran persistentes. Si no cumplía lo enviarían a la cocina, otra sección "donde te roban y abusan”.
Con la ayuda familiar, Martín pagó primero 50 bolivianos al cabo policía que registra el ingreso de los imputados al recinto penitenciario.
Luego, estando dentro del penal, un delegado lo llevó al Consejo de Delegados, que en los hechos es la instancia que administra el recinto. Ahí le cobraron otros 250, sólo como derecho de ingreso. Pero eso fue sólo el inicio, porque después canceló 100 bolivianos a los "disciplinas”, aparte del pago que hizo para evitar la golpiza de "bienvenida”.
El Consejo de Delegados es la instancia, formada por los reos, que deriva a los "recién llegados” a una de las nueve secciones que tiene el penal: La Cancha, Los Pinos, Chonchocorito, El Palmar, Guanay, Los Álamos, San Martín, La Prefectura o La Posta. Para ingresar a Los Pinos Martín tuvo que pagar 1.000 bolivianos, "sólo para pertenecer a la sección”. Para estar en La Posta o Chonchocorito se debe pagar 1.000 a 3.000 dólares.
Cuando el preso ya sabe en qué sección se quedará, lo siguiente es buscar dónde dormir.
Martín tiene el dato: "En el penal hay alojamientos comunes que albergan hasta a 15 personas, totalmente hacinadas, donde se paga 100 bolivianos al mes”. Si el interno quiere más privacidad, en la misma sección hay celdas de 2x2 metros, pero para "pasarse a ésas hay que entregarle al delegado lo que pida, una contribución, que puede ser una ducha, un colchón o algo”. El alquiler ahí es 250 bolivianos.
Como en San Pedro se tiene habitaciones para todos los bolsillos, también hay celdas amplias, con ducha y televisión por cable y amobladas, con cama y ropero que se entregan en alquiler o anticrético. En la primera el mes cuesta 1.000 bolivianos, en la segunda entre 10.000 y 17.000 dólares. Según los internos, varios exfuncionarios públicos que están en San Pedro pagan anticréticos 12.000 y 15.000 dólares en la sección La Posta.
Los olvidados
Pero, ¿qué pasa con los que no tienen dinero dentro del penal? "Al que no paga lo mandan a la cocina y ahí te pegan, te sacan tus cosas, te roban y nadie se responsabiliza, ni los delegados, menos la Policía”, responde Martín.
"Abusados por los delegados van a parar al sector llamado ‘sin sección’”, añade el hombre. En el lugar moran los marginados del penal, generalmente consumidos por la droga y el alcohol.
También terminan ahí los que se quejan por los cobros. Éstos son expulsados de sus secciones y ningún otro pabellón los recibe. Por eso -señala Ramiro Llanos -"nadie puede opinar ni estar en contra, y si se quiere oponer es coaccionado y expulsado”. Martín confirma la versión.
Juan, otro preso de San Pedro, detenido hace más de tres años, es uno de los delegados de la cárcel. Cuando se le pregunta a dónde va todo ese dinero que se cobra a los reos y si se rinde cuentas, responde con firmeza: "Todo se controla pues, se da informe”.
El inicio del negocio y la danza de miles de bolivianos
"Los delegados están bien enterados, están atentos a los medios de comunicación. Dicen ‘un pavo (pez gordo) va a llegar’. Llegan los preventivos e inmediatamente hay un ejercicio de coacción, algunos no aceptan la extorsión, entonces inmediatamente (los delegados) proceden a ejercer violencia. Los delegados dicen que (lo que cobran) es para arreglar el penal, para mejorar las cosas, pero eso es mentira, cada vez hay problemas con los delegados que no rinden cuentas”, cuenta Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario.
La exautoridad asegura que cada día llega a San Pedro un promedio de 10 detenidos preventivos, de los cuales dos se instalan en La Posta, mientras que ocho formarán parte de la "población”. Cada uno de esos ocho paga, en promedio, 2.000 bolivianos, lo que hace una suma de 16.000; mientras que los dos que se quedarán en La Posta pagarán unos 7.000 bolivianos, cada uno, lo que hace una suma de 14.000 bolivianos.
Haciendo sumas, por día en San Pedro, sólo por el ingreso de nuevos detenidos, se moverían alrededor de 30.000 bolivianos. En un año esa suma podría llegar a los 10,9 millones de bolivianos, que tiene un destino incierto. Para Llanos ésa es la razón por la que no se hace nada para cambiar la situación de los penales de Bolivia.
Ante este panorama, ANF buscó la versión del gobernador de San Pedro a través del responsable de comunicación, Jorge Caro, pero no respondió al requerimiento.
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