Saturday, January 30, 2016

Aíslan 30 días a Hardy Gómez por juerga con trago en la cárcel

Selfies difundidas por las redes sociales, en las que se observa al reo Hardy Gómez Vaca en un jolgorio con bebidas alcohólicas en compañía de otras personas en la cárcel de Palmasola, propiciaron que la Policía lo castigue con 30 días de aislamiento en una celda especial, según fuentes oficiales.

Las fotos muestran al recluso y a sus amigos en un ambiente relativamente amplio, con comodidades impropias de una cárcel, como una pequeña pileta en la que mitigaron el calor, además de una conservadora, aparentemente, cargada de bebidas alcohólicas y sodas.
Constantino Sejas, gobernador del penal, explicó que ese acto de indisciplina ocurrió en diciembre de 2015 y que el 12 de ese mes se informó al juez de ejecución penal para que se pronunciara al respecto y, a decir del oficial, no lo hizo.

“Hubo una resolución para castigarlo, pero Gómez interpuso un recurso aduciendo que se violentaron sus derechos; el juez pidió informe, le hicimos conocer, pero no se pronunció. Ahora estamos dando cumplimiento a la orden del comandante. Estará aislado 30 días en el bloque B de Chonchocorito”, dijo Sejas.

Hardy Gómez tiene sentencia de 30 años de prisión por haber matado a Álvaro Escalante Soliz (20) en octubre de 2013, en Las Cruces, pueblo del municipio de Porongo

Monday, January 25, 2016

Artesanos alertan de relación de cerrajeros ambulantes con asaltos



La Asociación de Artesanos Copia Llaves de La Paz alertó de la aparición de cerrajeros ambulantes que, en algunos casos, forman parte de grupos delincuenciales. Por ello, pidió a la Policía boliviana volver a acreditar a quienes desempeñan este oficio. Los 14 cerrajeros asentados en la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz de La Paz, miembros de esa organización, aseguraron que están preocupados por la proliferación de esos trabajadores libres.

“Han aparecido los cerrajeros ambulantes, aunque son un peligro, porque muchas veces trabajan en coordinación con delincuentes. No hay garantía y nos hacen quedar mal, porque su trabajo no es garantizado”, dijo Crisóstomo Conde, quien tiene su puesto hace 40 años en esa plaza.

“Antes teníamos hasta credenciales que la Policía nos otorgaba”, añadió. Los artesanos ubicados en la plaza Quiroga Santa Cruz no son los únicos; en la ciudad hay al menos 60, entre quienes se encuentran los que trabajan en talleres como La Paz, cuya base está en la calle Figueroa, entre otros.

“Los clientes, tienen mucha desconfianza de los ambulantes, porque entran a su casa, obtienen una copia de las llaves y luego entran a robar. Nosotros, en cambio, realizamos un trabajo garantizado, emitimos factura y registramos al técnico que acude a una vivienda. Los trabajadores son contratados con garantía”, explicó Jimmy Ticona, de ese taller.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gary Omonte, mencionó que no cuenta con datos actualizados del robo a domicilios en los que hayan estado implicados “llaveros”.

Respecto a la posibilidad de otorgarles identificativos, Omonte aseguró que el nuevo manual de funciones de la institución establece que ésa ya no es su competencia. “Antes hacíamos registros de prostitutas, de bares, de cerrajeros, pero ya no están dentro de nuestras competencias”. El capitán Rafael Llusco, exdirector de la División Propiedades de la fuerza anticrimen, informó que “se han presentado en gestiones anteriores”, casos en los que cerrajeros se han visto involucrados en robos a domicilios.

Tentados. Asimismo, recordó que en ciertos allanamientos a refugios de delincuentes, se encontraron marcos y puertas, de madera y metal, usados para practicar cómo violentarlos. “Usan patas de cabra, arietes, o hasta piedras, porque saben dónde golpear. Sin embargo, los que saben hacer duplicados y deschapar puertas son aptos para abrir domicilios ajenos”, sostuvo. Francisco Chambi, cerrajero ambulante desde hace tres años en el barrio de Miraflores, niega que haya tenido algún vínculo con grupos delictivos.

“Yo no puedo hablar por los demás, pero en mi caso, yo trabajo para sostener a mi familia. Si me llevan a alguna casa, imposible que pueda aprovechar eso para luego ir a robar o mandar a alguien después”. La necesidad de dar seguridad a los clientes de estos artesanos dio origen hace 40 años al nacimiento de la asociación.

Entre sus tantas anécdotas Conde recuerda muy bien cuando en 1985 fue contratado para deschapar un negocio en Obrajes. “Un chango (joven) me dijo que trabajaba ahí. Era el taller de una costurera que colocaba cortinas. Le pregunté al dueño de casa (si el cliente trabajaba ahí), me indicó que sí, pero había sido mentira. Al día siguiente la propietaria encontró que el joven se había llevado todas su máquinas”.

Los investigadores acudieron a su puesto y le pidieron explicaciones. Por ello, una vez al frente de la Asociación de Artesanos Copia Llaves de La Paz, logró que la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ) registre a todos los “llaveros” y les otorgue identificaciones.

Jorge Ramírez aseguró que esta ocupación es “de mucho cuidado”, y advirtió que es “muy peligroso llevar a casa a un cerrajero de la calle”. En sus inicios, en 1995 recuerda que estuvo a punto de ser utilizado por un ladrón.

“Cuando estaba aprendiendo en El Alto, no sabía abrir bien los autos, y una persona me contrató. No me di cuenta de que era un ratero, y como no podía abrir el vehículo, la Policía llegó y me quería detener. Por eso necesitamos credenciales”, recalcó.

Para evitarse problemas, Franco Quisbert, de 25 años, uno de los más jóvenes en este oficio, aseguró que no trabaja para cualquiera. “Muchos nos dicen: ‘quiero que vayas a abrir mi auto, pero no quiero que hagas bulla’, o ‘a una hora específica tienes que ir’, o te dicen ‘ahorita andá, te pago lo que quieras’. Ahí desconfiamos, y por las noches no vamos. Les decimos que trabajamos con la FELCC y ese rato se escapan”. Los delincuentes, según Quisbert, también buscan piezas usadas con el fin de usarlas e ingresar a inmuebles y robar autos.

Además, les hacen propuestas para operar juntos. “Una vez se me acercaron tres changos, y me dijeron: ‘no te animas, te podemos enseñar a hacer llaves pluma’. Les pregunté qué era eso, y me explicaron que eran unas barras de acero aplanadas, soldadas con una barreta a los costados, como para hacer palanca y forzar las chapas, les respondí que no”.

Atención durante todo el día

Costos

Los cerrajeros cobran entre Bs 40 y Bs 50 por el cambio de una chapa. La apertura de una oscila entre Bs 20 y Bs 100 dependiendo del tipo de cerradura y la distancia de la vivienda a la que se tiene que acudir.

Horarios

Los “llaveros” ubicados en la plaza Quiroga Santa Cruz empiezan su jornada a las 08.00 y la terminan a las 21.00

Puntos de vista

Wilson Quisbert: ‘Reactivaremos el sindicato’

Vamos a reactivar nuestro sindicato porque contamos con estatutos. Después vamos a solicitar credenciales a la Policía, porque antes teníamos, y hacen falta para que la gente pueda estar segura de que puede confiar en nuestro trabajo. Cuando voy a abrir una puerta primero verifico que el que me pide el trabajo sea el dueño.

Juana Condori: ‘Contratamos gente confiable’

No contratamos gente sin garantía; tienen que ser personas conocidas y de confianza, y no les mandamos directamente a domicilios; tienen que estar un buen tiempo en el trabajo para conocerlos. Hemos escuchado de casos que les pasan a nuestros clientes de que los cerrajeros ambulantes se entran a sus casas, esto es preocupante.


Thursday, January 14, 2016

Video Aprehenden a mujer que ofrecía cargos públicos por $us 500

El ministro de Gobierno, Carlos Romero informó que el día de ayer, mediante un operativo llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba, se logró detener a una mujer de 56 años de edad que desde el año 2007, se dedicaba a estafar a diferentes personas ofreciéndoles cargos en instituciones públicas a cambio de 500 dólares haciéndose pasar como alta funcionaria y asesora de Palacio de Gobierno.

La mujer fue identificada como María Claudia Veizaga Rosales y según Romero, se la sorprendió obteniendo la suma de 500 dólares de una persona particular, a quien le ofreció un ítem en la Caja Petrolera de Cochabamba.

“Esta persona se ha presentado en muchas ocasiones como asesora, como secretaria o funcionaria del Ministerio de Gobierno, como una persona de confianza del ministro de Gobierno y ofreció ítems en distintas instituciones públicas (…) Se han secuestrado documentos privados, recibos particulares que han suscrito las personas que han entregado las sumas de dinero y se acredita que (esta señora) se compromete a acomodar a las personas en una entidad pública”, explicó Romero.

Se informó que se tienen 9 denuncias bajo las mismas características, distribuidas en los departamentos de Santa Cruz, Potosí, La Paz y Cochabamba.

“Esta persona ha actuado en complicidad con su hermano (…) Inclusive se tiene el caso de una múltiple estafa que compromete a 15 ciudadanos, la cual está en proceso de investigación y se habrían obtenido 15 mil dólares bajo la promesa de acomodarlos en puestos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otras entidades”, indicó el ministro de Gobierno.

Veizaga ofrecía supuestos cargos públicos que tendrían una remuneración económica mensual de 3.800 a 6.800 bolivianos.

Finalmente, Romero exhortó a otras posibles víctimas para que presenten sus denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) e identifiquen a la delincuente.

Sunday, January 10, 2016

Falsificaban documentos de la Policía, la UMSS, cooperativas e incluso del Órgano Judicial.

Un depósito judicial adulterado por 80.000 bolivianos para liberar a un preso por tráfico de drogas, puso al descubierto ayer la existencia de una red de abogados que vivía de la estafa y la falsificación de documentos, informó el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel, Richard Vargas. La banda criminal estaba dirigida por el abogado Ariel G. y tenía como operadores a la hermana del principal sindicado, Nancy G. también de profesión abogada, y un asistente jurídico de nombre César A. , detalló la autoridad.

En las últimas horas, Ariel G. fue remitido al penal de San Sebastian y César A. a la cárcel de San Pablo de Quillacollo, informó el subdirector.

La hermana, Nancy G., está cautelada y sujeta a investigación, complementó el jefe policial.

La organización criminal operó con “mucha sutileza” en Cercado por varios años y, hasta donde se conoce, lograron engañar no solo a personas naturales, sino también jurídicas, manifestó el jefe policial.

“Es una red criminal que fue desbaratada y ahora están en marcha acciones policiales para detener a los principales responsables”, declaró Vargas.

MONTOS No hay, por ahora, cifras y montos del dinero que habrían timado los integrantes de la banda, “pero los números podrían superar el millón de bolivianos”, señalaron ayer en la FELCC los investigadores, que están a cargo del caso hace un poco más de 72 horas.

TIMO El abogado Rolando Ramos declaró sobre la organización criminal que “estafaron miles de bolivianos”, durante un tiempo aún no establecido.

En ese sentido, reveló que inició querella penal contra la banda porque “engañaron a mi cliente con 40 mil bolivianos, después que le hicieron creer que hicieron un depósito judicial mostrando un documento falsificado”, dijo Ramos.

Las oficinas donde operaba la banda fueron allanadas por agentes de inteligencia. Secuestraron varios documentos falsificados de otras instituciones como la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y del mismo Órgano Judicial.

QUERELLA La FELCC anunció que, durante los operativos de captura de los presuntos delincuentes, secuestró varios documentos adulterados pertenecientes a diversas instituciones tanto públicas como privadas.

“Tenemos la documentación que acredita que hay varias falsificaciones de empresas, cooperativas e incluso universidades”, afirmó Vargas.

Invitó, en ese sentido, a todas las instituciones públicas y privadas de las cuales la red falsificó documentos, a presentarse para que puedan hacer llegar las denuncias que correspondan.

Lo que hará la FELCC es enviar, en las próximas horas, los requerimientos a las instituciones para saber cómo emitieron los escritos y qué utilidad dieron a los documentos, dijo.

La FELCC entre tanto y mientras duren las investigaciones solicitó reserva del caso para no entorpecer el proceso ya que podrían haber otros involucrados en los actos criminales.

Se calcula que la red obtuvo millonarias ganancias, al margen del daño a las instituciones.

800

Mil bolivianos por lo menos sería el monto de dinero que lograron estafar los abogados a diversas instituciones con la falsificación de documentos.

Lo que ganaron ilegalmente por los escritos falsos podría superar el millón de bolivianos, según cálculos de la FELCC.