Wednesday, January 11, 2017

Buscan articular cámaras privadas y estatales para un mayor control

El Gobierno prevé articular las cámaras de vigilancia del Estado con las de instituciones privadas en un solo sistema para lograr una mayor cobertura en todo el país y así mejorar la seguridad ciudadana.

"Sí, yo creo que el sector privado tiene más cámaras que el sector público en este momento y obviamente se multiplicaría nuestra potencia de prevención, de operación, de eficiencia policial si se articularan los dos sistemas”, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Ayer también la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó el contrato de crédito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) por 50 millones de dólares para la implementación de la primera fase del proyecto BOL-110, un sistema de videovigilancia en tiempo real en todo el país, que no contempla la articulación entre cámaras privadas y públicas señalada por el ministro.

Con ese dinero se construirá un centro de monitoreo nacional y varios centros departamentales que estén conectados entre sí, además de cámaras de vigilancia, aparatos de GPS y otros equipos para modernizar las herramientas de la Policía en la lucha contra la delincuencia.

Romero explicó que actualmente el Estado cuenta con unas 3.000 cámaras, mientras que el sector privado tiene unas 5.000. Si se unieran, más las aproximadamente 2.000 que se comprará para el BOL-110 se contaría con 10.000 aparatos vigilando las calles, colegios, instalaciones bancarias y otros lugares.

Mientras Romero exponía el proyecto ante los diputados, el presidente de esa comisión, Javier Zabaleta, incluso expresó su voluntad de elaborar otra ley para que las instituciones privadas, como bancos o colegios, permitan que la Policía acceda a las imágenes de sus cámaras y que todos estos aparatos sean estandarizados. Pero eso es aún una intención y no está enmarcado dentro del BOL-110.

El crédito que ayer se aprobó en la comisión debe discutirse en los próximos días en el pleno de la Cámara de Diputados y de allí pasar a Senadores, explicó el diputado Miguel Ojopi.
El plazo de pago de los 50 millones de dólares al Eximbank es de 15 años, con cinco años de gracia y un interés anual del 2%.

La segunda fase costará otros 55 millones de dólares. El proyecto completo, que además incluirá botones de alerta en vehículos del servicio público, carros patrulleros "inteligentes” y sistemas tecnológicos para las cárceles, debe concluirse para el 2018.

"Se trata de una serie de dispositivos que en otros países tuvieron éxito, como en Ecuador con el ECU-911, con lo que en cuatro años redujeron su estadística criminal en 300% y son el segundo país más seguro en Sudamérica. En Bolivia queremos dar también ese paso”, añadió Romero.

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