Ese tipo de quehaceres son comunes en casi todos los centros penitenciarios de Cochabamba e, incluso, hay otros más que agrandarían la lista, por lo que los montos anuales que las autoridades departamentales cancelan por consumo de energía eléctrica son millonarios.
Solo en la gestión 2016, Seguridad Ciudadana del Gobierno Departamental de Cochabamba pagó 2.2 millones de bolivianos por concepto de servicios básicos consumidos por las poblaciones de siete cárceles de la Llajta: tres en Cercado, dos en Sacaba, una en Quillacollo y una carceleta en Arani.
Ese monto económico equivale a casi el doble de lo que la Policía y la Gobernación de Cochabamba gastan en servicios básicos.
El director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Willy Cabezas, explicó ayer que en 2016, se canceló algo más de 700 mil bolivianos por consumo de agua, luz y demás en la Gobernación.
Se erogó un presupuesto similar para pagar los mismos servicios requeridos por personal del Comando Departamental de la Policía y sus Estaciones Policiales Integrales distribuidas en el departamento.
Juntas, la Gobernación y la Policía, tienen casi un centenar de medidores de energía eléctrica, mientras que en los recintos penitenciarios del departamento solo hay 11, pero consumen más que ambas.
MEDIDAS Las autoridades anunciaron que realizarán una “reingeniería financiera” para que se deje de erogar tanto dinero al sustento de privados de libertad y se invierta más en la Policía.
Cabezas aclaró que esa determinación no significa que los reos no sean una prioridad, sino que se buscará reducir su presencia en las cárceles.
Y es que, según Cabezas, de los más de 2 mil reos que hay en departamento, solo el 26 por ciento tiene sentencia. El porcentaje restante es detenido preventivo que, mientras aguarda su pena, debe ser mantenido por las autoridades locales.
OPCIONES Dentro las alternativas para reducir a la población penitenciaria está la adquisición de manillas electrónicas.
Esos dispositivos, que también pueden ser colocados en los tobillos, permitirán controlar el movimiento de los detenidos preventivos desde un centro de monitoreo. “Será como una prisión electrónica”.
Las autoridades aguardarán el desarrollo del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para definir los lineamientos de esa y otras acciones.
INSEGURIDAD Con menos carcelarios que mantener, la Policía tendrá más recursos y se fortalecerá. Esa acción, según Cabezas, también contribuirá a que se aminore la sensación de inseguridad que tiene la población cochabambina.
A pesar de que el índice de inseguridad se redujo en un 10 por ciento en el departamento, Cabezas indicó que la población de Cochabamba tiene una sensación de temor, de acuerdo a los datos emitidos por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
Los cochabambinos se sienten de esa manera, dijo, por la información “sensacionalista” que reciben de algunos medios de comunicación, entre otros factores.
10 Millones de bolivianos
Ese es el monto que Seguridad Ciudadana de la Gobernación gastará esta gestión en la otorgación de prediarios a los privados de libertad de siete cárceles del departamento.
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