Monday, February 1, 2016

Un delito común permitió dar con ‘El Killer’

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó hoy que la comisión de un delito común permitió dar con el paradero del paramilitar Froilán Felipe Molina Bustamante, alias ‘El Killer’, presunto asesino del líder del Partido Socialista 1 e intelectual boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

"La comisión de un delito común y la investigación de ese caso ha permitido obtener pistas sobre el paradero del señor ‘Killer’”, señaló Romero, reportó ANF.

La autoridad explicó que al momento de ser capturado, ‘El Killer’ se mostró soberbio y desafió a la Policía a la que le dijo "no les he robado nada para que me detengan”. Incluso Molina calificó de poco profesional su detención. "Calificó el operativo (policial) de poco profesional”, dijo Romero.

Molina estaba declarado prófugo de la justicia después de ser condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto. Su culpabilidad se estableció en el juicio contra el exdictador Luis García Meza.

Según testimonios de sobrevivientes del asalto a la Central Obrera Boliviana ocurrido el 17 de julio 1980, el cuerpo con vida de Quiroga Santa Cruz fue trasladado del lugar con rumbo desconocido. Fue asesinado por el régimen dictatorial dirigido por Luis García Meza (1980-1981) y su ministro del Interior (Gobierno), Luis Arce Gómez.

Romero indicó que dependerá de las declaraciones del capturado si existen aportes en esa línea. "Dependerá de las declaraciones que preste ante los fiscales, de la actitud de colaboración que pueda tener el propio señor ‘Killer’. Esto ya escapa a la voluntad de la Policía”, añadió.

García Meza, en sus últimas declaraciones hechas a la red Erbol, denunció presión de parte del expresidente Hugo Banzer Suarez para asesinar a Quiroga Santa Cruz ya que se encontraba a punto de iniciar un juicio de responsabilidades contra el también dictador.

Romero informó que por instrucción del Jefe de Estado (el presidente Evo Morales), Froilán Molina fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Detención de familiares

El ministro Romero informó también que durante la captura de Felipe Froilán Molina fueron aprehendidas su esposa, hija y la trabajadora del hogar, por los supuestos delitos de encubrimiento, complicidad y obstrucción a la justicia.

"Se procedió a la aprehensión de la esposa, hija y la trabajadora doméstica por el delito de complicidad y encubrimiento respecto del sujeto prófugo de la justicia”, dijo Romero.

La autoridad dijo que la Fiscalía de La Paz determinará el futuro legal de los familiares de Molina y de la tercera persona.

Ayer, se informó que después de hacer un seguimiento para establecer la ubicación de ‘El killer’, identificaron que se encontraba escondido en una vivienda del barrio de Cota Cota de la zona sur de La Paz, protegido por bardas altas, cámaras de vigilancia y un mirador de control en el frontis, "acondicionado para esconder a una persona y cumplir tareas de vigilancia contra las personas que puedan acercarse dicho domicilio”.

Aprovechan la venta de material escolar “Dueños de lo ajeno” hacen de las suyas en calles comerciales

Ante la aglomeración de personas en las calles donde se comercializa material escolar por el inicio del año lectivo, el número de robos se incrementó significativamente. En ese marco, EL DIARIO evidenció el trabajo que realizan los “dueños de lo ajeno”, quienes aprovechan el descuido de las autoridades del orden.

En el macrodistrito Max Paredes, de la ciudad de La Paz, se concentra un gran número de puestos de venta y de centros comerciales, ante la proximidad de inicio del año lectivo, con ello, la aglomeración de padres de familia se intensifica y los robos también.

Este medio realizó un recorrido por la avenida Tumusla y sus principales calles como el pasaje Ortega, pasaje Tablada, Illampu y plaza Eguino. En cuatro horas, se pudo evidenciar que se produjeron siete sustracciones de pertenencias de personas que son víctimas de estos grupos delincuenciales.

Los malhechores aprovecharon las esquinas para delinquir. Sin temor a ser descubiertos abrían y cerraban bolsillos de la gente que no se percataba que estaba siendo víctima de un robo. Si encontraban carteras o billeteras, las sustraían y ocultaban entre sus prendas sin temor a ser aprehendidos.

En la esquina del pasaje Ortega, una mujer con lágrimas en los ojos lloraba a gritos pidiendo ayuda. Le cortaron la cartera, donde guardaba el dinero que pretendía invertir en la compra del material escolar de sus hijos. En vano fueron las súplicas, porque ni las comerciantes ni la seguridad privada pudo detener a los delincuentes en el momento de su huida, según relato una testigo del hecho.

Por su parte, doña Jacinta Q. relató que incluso las comerciantes no advierten de esos robos y que los ladrones les amenazan “con armas cortantes” si denuncian o hablan algo. “Ahora, incluso los malhechores caminan con armas cortopunzantes, vemos como les roban a las señoras, les echan con pegamento o pintura para descuidarse y luego aprovechan para robarles. Es muy grave lo que ocurre, la Policía no ayuda y por eso pagamos seguridad privada y a veces ni así podemos ayudar”, dijo.

DATOS

- La gestión escolar 2016 iniciará con cinco cambios que deben ser cumplidos de manera obligatoria por los establecimientos educativos. Las modificaciones son la lectura en clases durante 10 minutos, el reemplazo total de profesores interinos por maestros titulados, la reducción de número de estudiantes por aula, el desarrollo de clases modulares en secundaria en áreas lejanas y la revisión de las becas para el tercer hijo.

- Las modificaciones están incorporadas en la Resolución Ministerial 001/2016 que define los lineamientos para el desarrollo académico de este año.

Saturday, January 30, 2016

Aíslan 30 días a Hardy Gómez por juerga con trago en la cárcel

Selfies difundidas por las redes sociales, en las que se observa al reo Hardy Gómez Vaca en un jolgorio con bebidas alcohólicas en compañía de otras personas en la cárcel de Palmasola, propiciaron que la Policía lo castigue con 30 días de aislamiento en una celda especial, según fuentes oficiales.

Las fotos muestran al recluso y a sus amigos en un ambiente relativamente amplio, con comodidades impropias de una cárcel, como una pequeña pileta en la que mitigaron el calor, además de una conservadora, aparentemente, cargada de bebidas alcohólicas y sodas.
Constantino Sejas, gobernador del penal, explicó que ese acto de indisciplina ocurrió en diciembre de 2015 y que el 12 de ese mes se informó al juez de ejecución penal para que se pronunciara al respecto y, a decir del oficial, no lo hizo.

“Hubo una resolución para castigarlo, pero Gómez interpuso un recurso aduciendo que se violentaron sus derechos; el juez pidió informe, le hicimos conocer, pero no se pronunció. Ahora estamos dando cumplimiento a la orden del comandante. Estará aislado 30 días en el bloque B de Chonchocorito”, dijo Sejas.

Hardy Gómez tiene sentencia de 30 años de prisión por haber matado a Álvaro Escalante Soliz (20) en octubre de 2013, en Las Cruces, pueblo del municipio de Porongo

Monday, January 25, 2016

Artesanos alertan de relación de cerrajeros ambulantes con asaltos



La Asociación de Artesanos Copia Llaves de La Paz alertó de la aparición de cerrajeros ambulantes que, en algunos casos, forman parte de grupos delincuenciales. Por ello, pidió a la Policía boliviana volver a acreditar a quienes desempeñan este oficio. Los 14 cerrajeros asentados en la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz de La Paz, miembros de esa organización, aseguraron que están preocupados por la proliferación de esos trabajadores libres.

“Han aparecido los cerrajeros ambulantes, aunque son un peligro, porque muchas veces trabajan en coordinación con delincuentes. No hay garantía y nos hacen quedar mal, porque su trabajo no es garantizado”, dijo Crisóstomo Conde, quien tiene su puesto hace 40 años en esa plaza.

“Antes teníamos hasta credenciales que la Policía nos otorgaba”, añadió. Los artesanos ubicados en la plaza Quiroga Santa Cruz no son los únicos; en la ciudad hay al menos 60, entre quienes se encuentran los que trabajan en talleres como La Paz, cuya base está en la calle Figueroa, entre otros.

“Los clientes, tienen mucha desconfianza de los ambulantes, porque entran a su casa, obtienen una copia de las llaves y luego entran a robar. Nosotros, en cambio, realizamos un trabajo garantizado, emitimos factura y registramos al técnico que acude a una vivienda. Los trabajadores son contratados con garantía”, explicó Jimmy Ticona, de ese taller.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gary Omonte, mencionó que no cuenta con datos actualizados del robo a domicilios en los que hayan estado implicados “llaveros”.

Respecto a la posibilidad de otorgarles identificativos, Omonte aseguró que el nuevo manual de funciones de la institución establece que ésa ya no es su competencia. “Antes hacíamos registros de prostitutas, de bares, de cerrajeros, pero ya no están dentro de nuestras competencias”. El capitán Rafael Llusco, exdirector de la División Propiedades de la fuerza anticrimen, informó que “se han presentado en gestiones anteriores”, casos en los que cerrajeros se han visto involucrados en robos a domicilios.

Tentados. Asimismo, recordó que en ciertos allanamientos a refugios de delincuentes, se encontraron marcos y puertas, de madera y metal, usados para practicar cómo violentarlos. “Usan patas de cabra, arietes, o hasta piedras, porque saben dónde golpear. Sin embargo, los que saben hacer duplicados y deschapar puertas son aptos para abrir domicilios ajenos”, sostuvo. Francisco Chambi, cerrajero ambulante desde hace tres años en el barrio de Miraflores, niega que haya tenido algún vínculo con grupos delictivos.

“Yo no puedo hablar por los demás, pero en mi caso, yo trabajo para sostener a mi familia. Si me llevan a alguna casa, imposible que pueda aprovechar eso para luego ir a robar o mandar a alguien después”. La necesidad de dar seguridad a los clientes de estos artesanos dio origen hace 40 años al nacimiento de la asociación.

Entre sus tantas anécdotas Conde recuerda muy bien cuando en 1985 fue contratado para deschapar un negocio en Obrajes. “Un chango (joven) me dijo que trabajaba ahí. Era el taller de una costurera que colocaba cortinas. Le pregunté al dueño de casa (si el cliente trabajaba ahí), me indicó que sí, pero había sido mentira. Al día siguiente la propietaria encontró que el joven se había llevado todas su máquinas”.

Los investigadores acudieron a su puesto y le pidieron explicaciones. Por ello, una vez al frente de la Asociación de Artesanos Copia Llaves de La Paz, logró que la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ) registre a todos los “llaveros” y les otorgue identificaciones.

Jorge Ramírez aseguró que esta ocupación es “de mucho cuidado”, y advirtió que es “muy peligroso llevar a casa a un cerrajero de la calle”. En sus inicios, en 1995 recuerda que estuvo a punto de ser utilizado por un ladrón.

“Cuando estaba aprendiendo en El Alto, no sabía abrir bien los autos, y una persona me contrató. No me di cuenta de que era un ratero, y como no podía abrir el vehículo, la Policía llegó y me quería detener. Por eso necesitamos credenciales”, recalcó.

Para evitarse problemas, Franco Quisbert, de 25 años, uno de los más jóvenes en este oficio, aseguró que no trabaja para cualquiera. “Muchos nos dicen: ‘quiero que vayas a abrir mi auto, pero no quiero que hagas bulla’, o ‘a una hora específica tienes que ir’, o te dicen ‘ahorita andá, te pago lo que quieras’. Ahí desconfiamos, y por las noches no vamos. Les decimos que trabajamos con la FELCC y ese rato se escapan”. Los delincuentes, según Quisbert, también buscan piezas usadas con el fin de usarlas e ingresar a inmuebles y robar autos.

Además, les hacen propuestas para operar juntos. “Una vez se me acercaron tres changos, y me dijeron: ‘no te animas, te podemos enseñar a hacer llaves pluma’. Les pregunté qué era eso, y me explicaron que eran unas barras de acero aplanadas, soldadas con una barreta a los costados, como para hacer palanca y forzar las chapas, les respondí que no”.

Atención durante todo el día

Costos

Los cerrajeros cobran entre Bs 40 y Bs 50 por el cambio de una chapa. La apertura de una oscila entre Bs 20 y Bs 100 dependiendo del tipo de cerradura y la distancia de la vivienda a la que se tiene que acudir.

Horarios

Los “llaveros” ubicados en la plaza Quiroga Santa Cruz empiezan su jornada a las 08.00 y la terminan a las 21.00

Puntos de vista

Wilson Quisbert: ‘Reactivaremos el sindicato’

Vamos a reactivar nuestro sindicato porque contamos con estatutos. Después vamos a solicitar credenciales a la Policía, porque antes teníamos, y hacen falta para que la gente pueda estar segura de que puede confiar en nuestro trabajo. Cuando voy a abrir una puerta primero verifico que el que me pide el trabajo sea el dueño.

Juana Condori: ‘Contratamos gente confiable’

No contratamos gente sin garantía; tienen que ser personas conocidas y de confianza, y no les mandamos directamente a domicilios; tienen que estar un buen tiempo en el trabajo para conocerlos. Hemos escuchado de casos que les pasan a nuestros clientes de que los cerrajeros ambulantes se entran a sus casas, esto es preocupante.


Thursday, January 14, 2016

Video Aprehenden a mujer que ofrecía cargos públicos por $us 500

El ministro de Gobierno, Carlos Romero informó que el día de ayer, mediante un operativo llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba, se logró detener a una mujer de 56 años de edad que desde el año 2007, se dedicaba a estafar a diferentes personas ofreciéndoles cargos en instituciones públicas a cambio de 500 dólares haciéndose pasar como alta funcionaria y asesora de Palacio de Gobierno.

La mujer fue identificada como María Claudia Veizaga Rosales y según Romero, se la sorprendió obteniendo la suma de 500 dólares de una persona particular, a quien le ofreció un ítem en la Caja Petrolera de Cochabamba.

“Esta persona se ha presentado en muchas ocasiones como asesora, como secretaria o funcionaria del Ministerio de Gobierno, como una persona de confianza del ministro de Gobierno y ofreció ítems en distintas instituciones públicas (…) Se han secuestrado documentos privados, recibos particulares que han suscrito las personas que han entregado las sumas de dinero y se acredita que (esta señora) se compromete a acomodar a las personas en una entidad pública”, explicó Romero.

Se informó que se tienen 9 denuncias bajo las mismas características, distribuidas en los departamentos de Santa Cruz, Potosí, La Paz y Cochabamba.

“Esta persona ha actuado en complicidad con su hermano (…) Inclusive se tiene el caso de una múltiple estafa que compromete a 15 ciudadanos, la cual está en proceso de investigación y se habrían obtenido 15 mil dólares bajo la promesa de acomodarlos en puestos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otras entidades”, indicó el ministro de Gobierno.

Veizaga ofrecía supuestos cargos públicos que tendrían una remuneración económica mensual de 3.800 a 6.800 bolivianos.

Finalmente, Romero exhortó a otras posibles víctimas para que presenten sus denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) e identifiquen a la delincuente.

Sunday, January 10, 2016

Falsificaban documentos de la Policía, la UMSS, cooperativas e incluso del Órgano Judicial.

Un depósito judicial adulterado por 80.000 bolivianos para liberar a un preso por tráfico de drogas, puso al descubierto ayer la existencia de una red de abogados que vivía de la estafa y la falsificación de documentos, informó el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel, Richard Vargas. La banda criminal estaba dirigida por el abogado Ariel G. y tenía como operadores a la hermana del principal sindicado, Nancy G. también de profesión abogada, y un asistente jurídico de nombre César A. , detalló la autoridad.

En las últimas horas, Ariel G. fue remitido al penal de San Sebastian y César A. a la cárcel de San Pablo de Quillacollo, informó el subdirector.

La hermana, Nancy G., está cautelada y sujeta a investigación, complementó el jefe policial.

La organización criminal operó con “mucha sutileza” en Cercado por varios años y, hasta donde se conoce, lograron engañar no solo a personas naturales, sino también jurídicas, manifestó el jefe policial.

“Es una red criminal que fue desbaratada y ahora están en marcha acciones policiales para detener a los principales responsables”, declaró Vargas.

MONTOS No hay, por ahora, cifras y montos del dinero que habrían timado los integrantes de la banda, “pero los números podrían superar el millón de bolivianos”, señalaron ayer en la FELCC los investigadores, que están a cargo del caso hace un poco más de 72 horas.

TIMO El abogado Rolando Ramos declaró sobre la organización criminal que “estafaron miles de bolivianos”, durante un tiempo aún no establecido.

En ese sentido, reveló que inició querella penal contra la banda porque “engañaron a mi cliente con 40 mil bolivianos, después que le hicieron creer que hicieron un depósito judicial mostrando un documento falsificado”, dijo Ramos.

Las oficinas donde operaba la banda fueron allanadas por agentes de inteligencia. Secuestraron varios documentos falsificados de otras instituciones como la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y del mismo Órgano Judicial.

QUERELLA La FELCC anunció que, durante los operativos de captura de los presuntos delincuentes, secuestró varios documentos adulterados pertenecientes a diversas instituciones tanto públicas como privadas.

“Tenemos la documentación que acredita que hay varias falsificaciones de empresas, cooperativas e incluso universidades”, afirmó Vargas.

Invitó, en ese sentido, a todas las instituciones públicas y privadas de las cuales la red falsificó documentos, a presentarse para que puedan hacer llegar las denuncias que correspondan.

Lo que hará la FELCC es enviar, en las próximas horas, los requerimientos a las instituciones para saber cómo emitieron los escritos y qué utilidad dieron a los documentos, dijo.

La FELCC entre tanto y mientras duren las investigaciones solicitó reserva del caso para no entorpecer el proceso ya que podrían haber otros involucrados en los actos criminales.

Se calcula que la red obtuvo millonarias ganancias, al margen del daño a las instituciones.

800

Mil bolivianos por lo menos sería el monto de dinero que lograron estafar los abogados a diversas instituciones con la falsificación de documentos.

Lo que ganaron ilegalmente por los escritos falsos podría superar el millón de bolivianos, según cálculos de la FELCC.

Wednesday, December 30, 2015

Familiares de un detenido: Reclusos deben pagar Bs 400 o robar autos para tener celda

La familia de un joven detenido preventivamente, por un supuesto delito de violación en la provincia Pacajes, denunció que internos del penal de San Pedro obligan a los reclusos a cancelar por mes Bs 400 bolivianos, para lo que, como alternativa al pago, les ofrecerían trabajos de robo de vehículos a sus familiares.

RELATO

Según el relato de la familia afectada, en pasados días el padre del joven, quien es menor de edad, fue detenido de forma preventiva, porque el acusado de la vejación se encontraba en el cuartel y el progenitor fue tomado preso como responsable de las acciones de su hijo.

A su ingreso al penal, se le exigió el pago por la celda, sin embargo, el padre se negó, hecho por el que varios internos le propinaron una golpiza que lo dejó en malas condiciones de salud; el afectado, al momento, no logra recuperarse para poder reincorporarse a sus actividades laborales.

Luego que el joven fue detenido y remitido a la ciudad de El Alto, bajo la acusación de violación, la familia no pudo realizar el pago a un abogado para su defensa, lo que concluyó con la detención de aquel en el penal de San Pedro.

A su ingreso al reclusorio, los encargados de las celdas le dieron la opción del robo en caso de que no pudiera cancelar el monto establecido.

“Ya no sé qué hacer, he vendido todo en mi comunidad para que mi esposo salga, pero ahora es a mi hijo que está detenido que le están pidiendo la suma de Bs 400 por ocupar un espacio en una celda, cada mes debe pagar este monto y nosotros ya no sabemos qué hacer, ni de dónde conseguir dinero”, explicó Margarita, madre del joven, quien en su desesperación logró que un medio radial hiciera una colecta para que pueda retornar a su comunidad.

En el penal de San Pedro, de acuerdo con la familia del privado de libertad, quien gobierna no es la Policía ni el Ministerio de Gobierno, pese a recibir recursos de pre-diario y estar en un espacio del Estado, son los internos organizados quienes buscan la manera de seguir cometiendo ilícitos, como el alquiler irregular de celdas o la presión a los reclusos para involucrarse en hechos delictivos en su ciudad.

DEFENSORÍA

Al respecto, el representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, confirmó como cierta la denuncia de la madre del joven privado de libertad, indicando que, pese a las reclamaciones que presentaron a Régimen Penitenciario, nunca se hizo nada, por lo que, implícitamente, permite que la tortura y la comisión de otros delitos se logren desde ese penal.

“Se ha pedido al Gobierno una intervención por la serie de denuncias que no sólo provienen de San Pedro, sino del penal de El Abra o Palmasola, sin que exista resultado alguno para impedir que esta extorsión persista. Los privados de libertad son quienes gobiernan y no así Régimen Penitenciario, es por eso que existen precios de todo, tanto para el privado de libertad, así como para las visitas, las que deben pagar por el taxi (persona que busca al familiar), incluidos los productos, celdas, ropa, entre otros”, indicó la autoridad.

Si bien el representante del Defensor del Pueblo puede realizar algunas diligencias en beneficio del joven, existe el riesgo de que los internos en San Pedro busquen vengarse de él y no sólo dejarlo mal herido, como ocurrió con su padre, sino confrontar algo peor.

En cuanto a obligar a los internos a cometer otros delitos, como mecanismo para conseguir dinero y pagar sus celdas, entre otros gastos, Hidalgo asegura que este modo de operar de los internos en San Pedro no es una novedad, pero, pese a “institucionalizarse” la ilegalidad, las autoridades de Gobierno no lograron modificar este ilícito en nueve años; sólo permitieron que otros internos salieran beneficiados con el indulto.

“Es verdad, no es novedad, es por eso que decimos que no existe restructuración en las políticas del Régimen Penitenciario, ni políticas que se lleven adelante para acabar con la delincuencia entre los propios recluidos”, afirmó.

RÉGIMEN PENITENCIARIO

EL DIARIO tomó contacto con Jorge Caro, responsable de Relaciones Públicas de Régimen Penitenciario, quien dio a conocer que su persona no puede proporcionar ningún dato sobre el tema y que el director de la dependencia es la única persona autorizada para hablar con la prensa.

Al solicitar el teléfono de contacto con la autoridad, éste negó poder proporcionar el número, dado que se encontraba fuera del departamento y no tenía acceso al dato solicitado.