El primer indulto presidencial, que fue aplicado desde finales de 2012, no logró que ni 40 presos puedan beneficiarse con esta disposición en el penal de Palmasola, recinto carcelario que tiene cerca del 40% de los más de 14.500 presos que hay en los diferentes recintos penitenciarios de Bolivia.
Representantes de los internos y de las internas del penal cruceño, Mayber Romero y María Eugenia Rivero, respectivamente, esperan conocer en detalle el nuevo indulto que ha propuesto el presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para determinar el número posible de beneficiados que dejarán la cárcel gracias a la nueva norma.
“Hay una expectativa de los privados de libertad por saber los requisitos y las disposiciones de este nuevo beneficio carcelario”, comentó Romero, que califica como buena la posibilidad de que los detenidos preventivos también puedan optar por el indulto, ya que la mayoría dice ser víctima de la retardación de justicia.
Para Rivero, encargada del área jurídica del pabellón de mujeres, tener además del indulto la posibilidad de salir del penal gracias a la amnistía es una situación que descongestionará la cárcel.
Al igual que Romero, Rivero espera conocer en detalle el documento, ya que la información a la que lograron acceder ayer todavía era muy general.
Sin embargo, los reos esperan que el Gobierno les facilite la obtención de los documentos que se exigen en estos casos, ya que durante el anterior proceso muchos no lograron ser considerados porque les faltaba su documento de identidad o su certificado de nacimiento.
Incluso desde Palmasola se asegura que el indulto decretado en 2012 y que estuvo en vigencia por seis meses, solamente sirvió para que algunos malos funcionarios judiciales negociaran la libertad de los reos, que esperaban dejar el penal cruceño.
Otros criterios
El representante regional de la Defensoría del Pueblo, Hernán Cabrera, considera que el decreto presidencial todavía debe ser objeto de algunos ajustes, ya que beneficiar solo a los sentenciados no tendría un verdadero impacto en el sistema carcelario local.
“Este indulto debe ir acompañado de otras acciones integrales para ir solucionando paulatinamente la crisis del sistema carcelario en el país”, agregó Cabrera.
Por su parte, el vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Alaín Núñez, cree que la norma deberá tener un decreto reglamentario para su aplicación, aunque reconoce que la disposición ayudará a descongestionar las cárceles, aunque aclaró que es necesario empezar a ejecutar políticas criminales integrales.
“Debemos dejar de dar respuestas coyunturales a este tipo de problemas”, señaló el magistrado y advirtió que si no se piensa en políticas integrales para este problema, el número de personas que salga de los penales se repondrá en un corto tiempo, repitiendo la situación actual
Otros detalles
Carga procesal
Si bien se descongestionará en parte el sistema carcelario, el número de procesos penales en el caso cruceño sigue siendo elevado y provoca la retardación de justicia. Un juez cautelar de Santa Cruz atiende un promedio anual de 2.700 casos, cifra que no se alcanza sumando las causas de un juzgador paceño y alteño durante el mismo periodo.
Reclamo de las internas
Las mujeres privadas de libertad en Palmasola exigen que los jueces lleven adelante sus audiencias en el mismo penal.
Porcentajes mínimos
De los más de 4.700 internos varones que están en Palmasola, solo un 20% tiene sentencia, el resto está detenido preventivamente. La mayoría de los reos están involucrados en delitos de la Ley 1008. En el caso de los mujeres solamente el 15% de las más de 560 reclusas escucharon una sentencia.
Sin olvidarse de la víctima
Se dispondrá, si corresponde, que los beneficiados del indulto o de la amnistía hagan efectivo el resarcimiento civil a la persona que fue su víctima.
Análisis
El horizonte debe ser la justicia
Paúl Méndez - CRIMINÓLOGO
La decisión de propiciar un nuevo indulto, debe ser analizada desde diferentes perspectivas. Primero, desde el punto de vista del reo, de aquella persona que es víctima de la retardación de justicia y que debe permanecer recluida por falta de recursos económicos y por delitos menores. Desde esta perspectiva el indulto resulta beneficioso y se muestra como una disposición aparentemente justa.
También se debe considerar el hacinamiento carcelario en el país, lo que tiene que ver con las políticas de Estado y el gasto que implica mantener a estas personas en los penales. La salida de un número de presos puede bajar los gastos en este aspecto.
Otro análisis de esta situación se tiene que realizar desde el punto de vista de las víctimas y de la percepción de inseguridad ciudadana que hay en la ciudades. La salida de personas que cometieron algunos delitos puede generar índices de mayor criminalidad, ya que muchas de estas personas no están preparadas para reinsertarse en la sociedad; lo que significaría que se está enviando a las calles gente que aún no ha logrado un proceso total de readaptación.
Es necesario encontrar un equilibrio perfecto.
El indulto debe beneficiar a las personas que cometieron delitos menores, que se demostró que han logrado un proceso de reinserción aceptable y que son víctimas de la retardación de justicia.
Los equipos de control en las cárceles deben hacer estas evaluaciones y emitir las certificaciones necesarias, para demostrar a la sociedad que los que están saliendo no tienen antecedentes de mala conducta o problemas en las cárceles.
Se tienen que aplicar normas que tengan como fin la justicia, no solo se deben ejecutar acciones para descongestionar las cárceles, el horizonte debe ser la justicia
