Video Ex Policia Mayor David Vargas habla sobre los recientes Linchamientos en Bolivia

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Video Comandante FELCC y Jefe Division Homicidios de La Paz hablan de los 3 Linchamientos

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Ladrón se salvó de ser linchado

Tweet El fin de semana, vecinos de Alto Lima pretendieron linchar a uno de cinco delincuentes quienes ingresaron a un domicilio con el objetivo de robar, luego de maniatar a los miembros de una familia.

Los delincuentes dieron a conocer que supuestamente eran funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), portaban los uniformes azules, con reflectores plomos y un supuesto credencial, con la que ingresaron al domicilio de la vivienda donde pretendían robar.

En el interior, de acuerdo con sus ocupantes, los delincuentes hicieron uso de cuerdas y masquin para poder maniatar a los integrantes de la familia en un ambiente y poder lograr realizar el robo, pero en el proceso de retener a toda la familia, no se dieron cuenta que una de las víctimas de robo agravado, se percató del hecho y decidió escapar de la casa sin que se den cuenta los malhechores.

La huida de la víctima permitió dar la alerta a todo el vecindario, quienes en menos de tres minutos se concentraron en la puerta de la vivienda donde se encontraban los delincuentes. En el momento en que la turba llegó a la vivienda, los delincuentes se anoticiaron y lograron huir de la vivienda por los muros del vecindario.

Durante la llegada de los vecinos solo uno de ellos fue capturado, mientras los demás integrantes de la organización criminal huyeron de la zona, abandonando el motorizado que fue utilizado para el delito, además a uno de sus integrantes.

“Este grupo de delincuentes portaba varias partes del uniforme de YPFB, como cascos, chalecos, overoles, credenciales, quienes luego de tocar la puerta del propietarios de la vivienda y posteriormente en el interior hacen uso de la fuerza para maniatarlos�”, detalló el responsable de la División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Erlan Guerrero.

Los vecinos a la llegada de la Policía aceptaron realizar la entrega del mismo, bajo la garantía de que llegue a ser cautelado el domingo, procedimiento legal que fue desarrollado y ante el agravante de la comisión del delito de robo agravado, por parte de integrantes de nacionalidad peruana, se determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro.

Si bien los vecinos actuaron de forma inmediata e impidieron que el delito se cometa al interior de la vivienda, donde estaba en riesgo la vida de sus integrantes, no se descarta que alguno de los cinco delincuentes portara algún arma de fuego con el que llegaron a atemorizar a la familia antes de que ellos sean maniatados.

En tanto, en los vecinos de la zona Alto Lima dieron a conocer que por semana se registra de uno a tres hechos de robo no solo al interior de viviendas, sino a los mismos vecinos cuando retornan a sus casas en horas de la noche, luego de la jornada de trabajo o estudio, razón por la que advirtieron en hacer uso de mano propia en caso de nuevamente detener algún delincuente.

“Si bien lo han mandado al delincuente a San Pedro, pero no se sabe de sus otros cómplices que de seguro se deben estar articulando, es por eso que vamos aplicar mano dura a la delincuencia, en caso de no reactivarse las patrullas policiales en el día y la noche”, explicó Clemente Mamani vecinos de la zona.

DELITOS EN EL PAÍS

En el primer semestre de la presente gestión, a nivel nacional, la División de Propiedades que investiga los delitos de robo y robo agravado, registró 8.500 casos, de los cuales Santa Cruz atendió 3.588 denuncias, La Paz 995 casos, Beni con 862 denuncias, Cochabamba con 858 casos, y Chuquisaca con 762 hechos; mientras que entre Oruro, Pando Potosí y Tarija las denuncias llegaron a 1.435 delitos.

Chuñavi Salvan a dos mujeres de ser linchadas por deuda

Tweet En la comunidad Chuñavi, municipio Pucarani de la provincia Los Andes, a 48,1 kilómetros de la sede de Gobierno, ayer fueron rescatadas por la Policía, dos mujeres que estaban a punto de ser linchadas porque sus esposos no habían respondido a obligaciones de aporte comunal informó a EL DIARIO el comandante regional de El Alto, coronel Julio Cordero.

Las señoras estaban retenidas desde la tarde del miércoles y, a través de un operativo, se logró la liberación. Según el oficial se tuvo que utilizar sistemas de persuasión para que la dirigencia desista del intento de efectuar “justicia comunitaria”.

Los uniformados tuvieron que acudir a trasmitir información de que las políticas de deslinde jurisdiccional no se aplica cuando existe la comisión de delitos, como es el caso de privación de libertad, retención de personas y agresiones físicas.

“Los comunarios del lugar procedieron a retener a estas dos mujeres, bajo el argumento de que sus esposos no habrían respondido con las obligaciones de aportes comunal y para presionarlos, decidieron retener a las mujeres, quienes desde horas 18:00 del miércoles hasta las 10:00 del jueves (por ayer) se mantuvieron retenidas”, explicó.

ESCENARIO

La comunidad de Chiñavi se encuentra ubicada en el lado derecho del sector de Pucarani, carretera a Copacabana. En este lugar, las comunidades aplican diferentes normas internas, con la finalidad de exigir que las familias que viven en la región cumplan con la “acción comunitaria”, caso contrario, puede enfrentar una serie de presiones y acciones directas por parte de la dirigencia comunitaria en contra de las familias que no se adecuen a las exigencias económicas o de organización propias de cada sector.

OPERATIVO

En la jornada de ayer, alrededor de 100 efectivos policiales, ingresaron en la comunidad, dirigidos por el coronel Cordero. Luego de cuatro horas de negociación, explicando los riesgos legales que acarrearía retener y agredir a las dos personas, recién se procedió a la liberación de las afectadas, que pudieron retornar sanas y salvas a sus hogares.

“Esta reunión fue con los dirigentes comunitarios, quienes se reunieron como resultado de nuestra presencia y elaboraron un voto resolutivo, para determinar la liberación de las dos mujeres. Si bien fue tensa la reunión, al final, entendieron que existe normas penales, que sancionan este tipo de acciones”, explicó Cordero.

“Hubo ambiente de tensión y nerviosismo, pero, afortunadamente, la comunidad entendió que no se debe ignorar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, bajo la cual actuó la Policía, para salvar a las dos personas”, agregó.

Cordero reflexionó que en el caso de ayer se pretendió hacer uso errado del derecho de usos y costumbres, porque se estaba cometiendo delitos.

Linchan a chofer que atropelló a ocho personas en Pampa Colorada

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El comandante de la Policía, Abel De La Barra, informó el jueves que el chofer de un camión de alto tonelaje fue linchado luego que atropelló a ocho personas y ocasionó su muerte, en Pampa Colorado, departamento de Potosí.

"El miércoles por la noche, según testigos presenciales, se llevaba a cabo una fiesta en la comunidad de Pampa Colorada, por lo que los pobladores se encontraban festejando en plena carretera como suelen acostumbrar en algunas comunidades", dijo a los periodistas.

Explicó que de pronto apareció un camión de alto tonelaje que atropelló a varias personas de las cuales, ocho perdieron la vida y cinco quedaron heridas.

Agregó que el chofer se dio a la fuga, pero los comunarios lograron alcanzarlo y procedieron a golpearlo hasta matarlo.

Furia en Santa Fe contra 4 asaltantes

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La noche del viernes, a las 23:50, un sujeto asaltó al comerciante Hugo Mendoza Castillo en Santa Fe (municipio de San Carlos) y lo hirió de bala en la pierna derecha para robarle una mochila. El afectado opuso resistencia y el delincuente tuvo que huir en un minibús que arrancó por la ruta a San Juan.

Vecinos y policías se movilizaron y capturaron a los atracadores Charly Melgar Rodríguez (18), Julio César Iglesias Chávez (23), Mauricio Raldes Novillo (25) y Bagner Araúz Machúa (27).

Una turba enardecida tomó la Policía de Santa Fe con la intención de hacer justicia por mano propia e incluso quemó el vehículo en el que los ladrones actuaron.

El fiscal Henry Flores manifestó que la Policía consiguió sacar del lugar a los bandidos y los trasladó a Montero para preservar su integridad física. En represalia, la multitud inició un bloqueo de la ruta.

Policía dice que supuesto violador confesó que mató a la niña antes de ser linchado

Tweet El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Zambrana, dijo que Elvis A., asesinado la víspera por una turba de pobladores en Reyes (Beni), confesó en celdas policiales, antes de ser linchado, haber violado y matado a la niña de cuatro años.

"Una vez aprehendido y en celdas policiales el individuo de nombre César A. de manera dramática confiesa el crimen de haber vejado a la menor y haberle quitado la vida", dijo Zambrana.

Explicó que el padre de la niña se acercó a la Policía el 12 de noviembre porque la niña había desaparecido del lugar donde habían llegado desde Palos blancos para asistir a una misa de uno de sus familiares, y que al mediodía la Policía encontró el cuerpo de la menor de edad en un terreno baldío en medio del fango y con manchas de sangre. Dijo que con la presencia del médico forense y el Ministerio Público detectaron signos de abuso sexual en las partes íntimas de la pequeña.

Zambrana detalló que luego se procedió al levantamiento del cadáver y se allanó una casa en la que se encontraba Elvis A. acompañado de una mujer. Presentaba fango en su ropa y manchas de sangre y se lo aprehende.

Luego de que habría confesado su crimen, una turba rebasó a los cinco únicos policías destacados en esa dependencia, toman a Elvis A., lo golpean, le quitan la ropa y lo cuelgan con una cuerda en el cuello. Elvis fallece por asfixia y estrangulamiento.

El Ministerio Público informó que se aprehendió a cuatro personas por estar presuntamente involucradas en el linchamiento.

Mala reinterpretación de justicia originaria causa linchamientos

Tweet “Soy ladrón de azúcar y arroz”, era la frase que vendedores furibundos habían escrito en un letrero improvisado de cartón que luego colgaron en el cuello de Juan (de 67 años), a quien obligaron a caminar desnudo por el mercado del puente Vela, de El Alto.

Era el 11 de junio y los comerciantes acusaban al sujeto de haber robado un quintal de azúcar. Por eso decidieron castigarlo exponiéndolo a la vista de todos. La intención era lincharlo, después del escarnio público.

Hechos como éste, en el último tiempo, se han consumado a título de justicia comunitaria (indígena). Dos especialistas explican que en barrios de inmigrantes originarios, en zonas de la periferia, la gente intenta aplicar el espíritu judicial de sus comunidades, y que ante el aumento de la delincuencia y el vacío de la ley reinterpretan erradamente la justicia originaria y aplican la pena de muerte.

“Conceptual, práctica y técnicamente el linchamiento no hace ni es parte de la justicia indígena. Sin embargo, cuando existe este tipo de situaciones, directa o indirectamente es asociada con el linchamiento”, dice el investigador Marcelo Fernández, autor del libro La ley del ayllu: práctica de jach’a justicia y jisk’a justicia (justicia mayor y justicia menor) en comunidades aymaras.

Según el especialista, tras revisar los casos sucedidos, se concluye que los linchamientos se generan “en los márgenes” de El Alto y de La Paz, donde rige la ley del Estado, y no precisamente en las comunidades rurales, donde tiene vigencia la justicia originaria.

Desde enero hasta mayo se registraron al menos seis linchamientos. Las víctimas fueron dos policías en El Alto; dos presuntos ladrones en una comunidad rural en Sucre, un supuesto asesino en San Julián, en Santa Cruz, y un sujeto acusado de robar motocicletas en Chapare.

Liborio Uño Acebo, director del Programa Derechos de las Naciones Originarias de la Universidad Mayor de San Andrés, identifica dos hechos relacionados con el fenómeno. Por un lado, la masiva inmigración desde comunidades hacia ciudades, en particular hacia el occidente, en busca de “oportunidades para sobrevivir”, y por el otro el aumento de delitos, como robos, asesinatos y homicidios.

Uño y Fernández destacan que un elemento importante para entender la problemática es la organización vecinal en los lugares donde suceden los hechos.

El director del programa de la UMSA sostiene que ante la falta de orden policial y de autoridad, en barrios, sobre todo en El Alto, ha surgido un tipo de organización similar al estilo de la que existe en el gobierno comunal.

“Ante esa ola de crímenes, pobladores andinos urus, aymaras y quechuas actualizan su espíritu jurídico penal, su mentalidad jurídica, y lo que yo llamó su código de penas andinas”, acota.

Según el académico, en el Tawantinsuyo había un código penal, que está presente en la mentalidad de los inmigrantes originarios que residen en El Alto. En esa etapa precolonial, sostiene, “varios delitos recibían la pena de muerte, como el robo, asesinato y la violación”.

Además, explica Fernández, dentro de las juntas vecinales hay “componentes venidos de los ayllus y comunidades, por lo tanto, esa población tiene, de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, referentes de justicia comunitaria o de justicia de ayllu”.

La justicia originaria fue constitucionalizada en el texto de la Constitución Política, que se puso en vigencia el 7 de febrero del 2009, en el marco del pluralismo jurídico que contempla ese documento. Pero es en diciembre de 2010 que se puso en vigencia la Ley de Deslinde Jurisdicional que, entre otros fines, determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, así como con todas las jurisdicciones reconocidas en la Constitución.

Hay visiones como la de Zenobio Quispe, coordinador del Foro Indígena (una organización que trabaja la temática originaria campesina), que sostienen que esta norma “no toma en cuenta la globalidad del mundo indígena”, pues “proscribe” a la justicia originaria al ámbito rural, cuando ésta se aplica en las urbes, a través de las juntas vecinales, ya sea en conflictos entre vecinos o problemas de lotes, entre otros.

Según Fernández, en los sitios donde suceden linchamientos hay una especie de “contradicción”, debido a que ni el Estado ni la población pueden ejercer sus propios “referentes de justicia”. Esto, dice, genera una especie de vacío de ley y de autoridad.

¿Y ahora qué? Uño sostiene que debe impedirse que se quite la vida a los presuntos delincuentes y es necesario dar recomendaciones a vecinos y dirigentes.

Fernández considera que debería articularse los mecanismos de seguridad ciudadana, con ese “capital” que se tienen en la población para administrar justicia, y desarrollar un nuevo tipo de seguridad ciudadana, pues “en realidad, definitivamente en un país en el que vivimos si la Policía como tal difícil que pueda administrar justicia”.

Por fortuna para Juan, sindicado por el robo de azúcar, oficiales del 110 que habían acudido al lugar, lejano del centro alteño, lograron evitar que tomen “justicia por mano propia”.

El linchamiento y los medios
¿Cómo ven los medios de comunicación los linchamientos? A esa interrogante responde un estudio de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2008, que hace un monitorero sobre la cobertura noticiosa de los casos de linchamientos en Bolivia entre 2007 y 2008.

Este documento señala que son diversas las definiciones y concepciones que manifiestan los medios sobre este fenómeno. En primer lugar se lo caracteriza de “ajuste de cuentas” o “ajusticiamiento”.

Pero el estudio también analiza el vínculo que hacen los medios entre los linchamientos y la justicia comunitaria, y que también es efectuado por la misma sociedad. Por ejemplo, en el intento de linchamiento a una mujer en la comunidad de Ichicirca (La Paz), en enero del 2008, los medios informan que: “(...) los comunarios advirtieron que si encuentran a otro ladrón, harán justicia comunitaria y lo lincharán”.



Puntos de vista
Inti Schuber Asesor del proyecto Projuride Linchamientos muestran que la justicia no llega Los linchamientos son justamente la muestra de que en esos lugares no hay ni justicia indígena ni justicia ordinaria, sino hay ausencia. Los linchamientos se producen ahí, donde no llega la justicia. Y está el gran problema de este país, que la justicia no llega a la gente. Entonces, la gente hace como se dice “justicia de propia mano”, pero no se le puede atribuir ni a la justicia ordinaria ni a la justicia indígena. Simplemente son actos bárbaros y asociales.


Jaime Álvarez Presidente de la RPJ No es necesario reglamentar la Ley de Deslinde. La Constitución establece que a través de esta norma se determinarán los mecanismos de coordinación, cooperación y funcionamiento de la Jurisdicción Indígena, ya que como se observa en la norma, ésta establece los alcances en los que puede y no puede actuar la jurisdicción indígena. Se debe avanzar en la implementación y aplicación efectiva de la justicia plural, posibilitando que las jurisdicciones indígenas y ordinaria se interioricen de los alcances normativos ya existentes.

54 linchamientos en 53 meses; lo atribuyen a la ausencia de Estado

Tweet Unas 54 personas fueron linchadas en los últimos 53 meses, algunas bajo el argumento de justicia comunitaria. Expertos aclaran que estos hechos constituyen delitos y que, aunque no es justificativo, pueden hallar explicación en fallas de la Justicia y la Policía.

Uno de los últimos casos ocurrió la madrugada del 25 de mayo en Ventilla I, El Alto, cuando, según testigos, un hombre fue confundido con un delincuente y fue ajusticiado por una turba; poco después se supo que era un policía.

El magistrado suplente del Tribunal Constitucional y exfiscal Milton Mendoza explica que en este tipo de casos las masas se atribuyen la potestad de castigar a los supuestos delincuentes cuando ésta es responsabilidad del Estado a través de las instancias y procedimientos fijados por ley.

“Como las masas creen que nadie les garantizará dicho castigo, se atribuyen esa función”, sostiene. El exjuez Róger Valverde considera que la ausencia del Estado, debido a la desconfianza en la Justicia y la debilidad operativa policial, generan la reacción ciudadana, que se traduce “en la toma de justicia por mano propia”.

La Razón estableció que en los primeros cinco meses de este año se cometieron cuatro linchamientos con el saldo de cinco muertos, entre ellos dos policías. Ambos fueron ajusticiados en El Alto, mientras que un par de presuntos ladrones fueron enterrados vivos en una comunidad rural de Sucre y un delincuente fue asesinado en San Julián (Santa Cruz).

Un recuento de datos elaborado por el exparlamentario Luis Eduardo Siles (MNR) revela que entre 2008 y 2011 (48 meses), 49 personas fueron ajusticiadas en el área urbana y rural del país. La sistematización, que se basó en publicaciones de prensa (La Razón, La Prensa, Los Tiempos y El Deber), estableció que 23 de las muertes se produjeron en Cochabamba, 11 en La Paz, ocho en Potosí, cuatro en Santa Cruz, dos en Chuquisaca y una en Oruro.

Uno de los casos es el de cuatro policías enterrados vivos en Uncía, Potosí, en 2010. En diversas ocasiones, el argumento esgrimido fue “justicia comunitaria”.

Ésta fue constitucionalizada y plasmada en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, norma que prevé que “el linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado” (artículo 6).

Además, prohíbe la pena de muerte (artículo 7). Mendoza explica entonces que la justicia comunitaria es mal entendida porque no contempla el linchamiento y coincide con Valverde en que es consecuencia, entre otros aspectos, de la desconfianza en la Justicia.

El magistrado recuerda que 85% de los detenidos está en las cárceles de manera preventiva y que sólo el 15% tiene sentencia.

Datos de la Policía dan cuenta de que el número de casos atendidos sube año que pasa. En 2010 fueron 49.519 y en 2011, 50.844, en tanto que entre enero y marzo de 2012 se reportaron 14.259. El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Gregorio Herrera, considera urgente dar orientación jurídica a la población periurbana y rural. “A título de justicia comunitaria se están produciendo linchamientos. Ese tipo de delitos es inconcebible, el comunario no puede hacer justicia por mano propia”.

El director general de Justicia Indígena Originario Campesina, Nelson Cox, coincide en que las debilidades en la administración de Justicia contribuyen a generar desconfianza y reacciones violentas en la población. El constitucionalista Óscar Davezies considera que algunos vecinos recurren al linchamiento por la creciente inseguridad ciudadana, pero también porque la Justicia no castiga a quienes instigan estos delitos.

Sugieren eficacia y políticas

Políticas orientadas a acelerar la aplicación de la justicia y a efectivizar la labor policial pueden evitar que sectores de la población tomen en sus manos la justicia, coinciden expertos.

El magistrado suplente del Tribunal Constitucional y exfiscal Milton Mendoza plantea al Gobierno diseñar normativas que contribuyan a acelerar los procesos en materia penal. “Si se logra revertir el concepto de retardación judicial, la gente retomará la confianza en el sistema y no se verá en la necesidad de incurrir en linchamiento”.

Para el exjuez de Instrucción en lo Penal Róger Valverde, es necesario también crear políticas que efectivicen la labor policial para que se afiance la persecución e investigación del delito. Señala también que el sistema de rehabilitación en las cárceles no funciona y “los acusados pueden volver a cometer delitos”.

La Policía reporta 20 intentos de linchamiento

Tweet El comandante Regional de la Policía de El Alto, coronel Édgar Carrasco, informó que hasta junio de 2012 se reportaron 20 intentos de linchamiento en esta ciudad. Según Carrasco, estos casos son consecuencia del “temor” en el que vive la población, sobre todo de las zonas más alejadas de la urbe, ante la inseguridad.

“Tenemos el número de 20 intentos de linchamiento, lo que no puedo detallar es cuántos corresponden a gente inocente ni la cantidad de delincuentes detenidos en ese tipo de actos que se dan por el temor de la población ante la presencia de personas ajenas al lugar donde viven”.

Ante esta situación, Carrasco dijo que hace falta un mejor manejo de conceptos y actitudes frente a hechos de esta naturaleza por parte de los vecinos. “Si bien es cierto que están organizados, debe existir un líder que les diga la manera correcta en la que deben actuar y no precipitarse, hasta llegar incluso a la muerte y posterior detención y proceso judicial”.

También dijo que los vecinos necesitan más educación al respecto de los hechos delictivos. “Lo que quiero decir es que a la vez que sienten miedo, también es un concepto de educación el que deben manejar, pues el quitar la vida a alguien en un linchamiento convierte al ser humano, en este caso a los vecinos, también en un delincuente y hay agravantes si la víctima de las turbas resulta ser inocente”.

Policía dice que efectivos son rebasados en linchamientos

Tweet El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jorge Toro, afirmó ayer que efectivos policiales se ven rebasados cuando se trata de impedir que multitudes actúen con mano propia y linchen a supuestos delincuentes.

“En esas poblaciones de Santa Cruz o del resto del país el personal de la Policía es bastante reducido, no se cuenta con todas las medidas de seguridad, por lo tanto, esta situación en la que se ven multitudes la Policía siempre es rebasada”, manifestó ayer el jefe policial.

En menos de tres días, dos personas perdieron la vida en El Alto (La Paz) y San Julián (Santa Cruz) en manos de comunarios.

El sociólogo Marcelo Fernández explicó que los linchamientos se originan por la ausencia de la autoridad en zonas específicas y que esta acción violenta de la gente que actúa en multitud seguirá mientras no se consolide una estrategia de seguridad de forma coordinada.

“Los linchamientos van a seguir, están en escalada y esto está relacionado con los mecanismos de seguridad del Estado. Lamentablemente no se tiene una estrategia como para poder parar este crecimiento de violencia”, manifestó Fernández.

Precisó que los linchamientos en ningún caso se refieren a justicia comunitaria, la cual engloba a los diferentes modos de sancionar a un integrante de una comunidad para que a través de trabajos forzados u otras actividades pueda pagar su delito.

“Un linchamiento se da cuando existe vacío de autoridad, cuando es imposible desarrollar la justicia indígena y la justicia estatal. En ese ámbito se produce este tipo de situaciones de linchamiento”, afirmó el sociólogo.

Fernández dijo que los mecanismos propios de justicia que actualmente existen en el país no se pueden ejercer en esos sectores, “por lo que las personas intentan hacer una supuesta justicia con sus propias manos”.

Un policía falleció la madrugada del viernes luego de ser brutalmente golpeado por vecinos de Ventilla I, en El Alto, luego de que lo confundieran con un delincuente. En San Julián, un presunto homicida fue atacado por una turba enardecida y murió luego de tres horas de ser sometido a golpes y pedradas.

El comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado, manifestó ayer que la entidad del orden no descansará hasta dar con los responsables de ambos linchamientos.

El sociólogo Fernández dijo que es necesario establecer una estrategia de seguridad conjunta entre Policía, autoridades departamentales, municipales y toda la población. “Hay que potenciar la coordinación con la gente, con los vecinos y también reorganizar la presencia policial”, manifestó el profesional.

El Gobierno confía en brigadas vecinales
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, afirmó ayer que en un principio las brigadas vecinales tuvieron una mala orientación, pero que representan parte de una solución a la inseguridad.

“Están compuestas por vecinos capacitados por la Policía. Se deben conocer entre los vecinos y cualquier extraño que circule por la vecindad, la persona debe reportarlo a la Policía. Eso no quiere decir que el extraño sea ejecutado”, manifestó Vásquez.

Sobre los últimos linchamientos registrados en El Alto y San Julián, Vásquez señaló que es importante que se promulgue la Ley de Seguridad Ciudadana, donde las autoridades, la Policía y los vecinos tendrán corresponsabilidad en los hechos.

Cómplice de 2 linchados se habría llevado el botín

Tweet La Policía de Chuquisaca informó ayer que finalmente identificó la causa de la muerte de las dos personas que aparentemente fueron enterradas vivas el lunes en la comunidad Quila Quila de ese departamento. Además, se presume que un tercer implicado en el caso se habría llevado el botín hurtado a la iglesia de esa población.

El comandante departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) chuquisaqueña, Rolando Ramos, dio a conocer que los dos habrían muerto uno por asfixia por compresión mecánica cervical, o sea que ha sido agredido antes de fallecer, y el segundo, por asfixia por estrangulamiento, según reportó la red PAT.

Aunque no hizo conocer la identidad de ambas personas, el comandante además informó que al menos se logró identificar a uno, Severo Higueras, de 30 a 35 años.

Él y una segunda persona, fueron atrapados por los comunarios de Quila Quila cuando supuestamente sustraían reliquias de la iglesia de la población, por lo que fueron hallados in fraganti acompañados de un tercer supuesto delincuente.

El tercero logró huir, pero aparentemente se habría apropiado del botín y según Ramos “se está investigando un tercer presunto implicado en este robo, que se presume se haya dado a la fuga con algunos artefactos que han hurtado de la iglesia”.

Los dos fueron retenidos por los pobladores y sometidos a justicia comunitaria, que concluyó en su muerte y entierro.

Respecto a este hecho y el pedido de pena de muerte, se manifestó ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena: “para nosotros categóricamente significa el no rotundo a la pena de muerte”, expresó, según la red Unitel.