Son asesinatos a plena luz de día. Sin piedad, sin miedo. Bolivia vive una ola de ejecuciones cometidas por sicarios que obedecen a mafias externas que están inmersas en territorio nacional. En lo que va del año, acribillaron a al menos 15 personas por ajustes de cuentas. La mayoría de estos hechos están vinculados al narcotráfico.
La anterior semana se conoció un hecho que conmocionó a la población. Un grupo de sicarios disparó contra dos personas que estaban dentro de un vehículo en la zona del Cambódromo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Uno de ellos falleció tras agonizar dentro del motorizado. El otro sobrevivió. El afortunado es hijo de la alcaldesa del municipio beniano de San Ramón, Estela Rodríguez. En un video se ve al sobreviviente llamar a la burgomaestre contándole que les dispararon.
Este hecho todavía está en investigación, pero la principal hipótesis es un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, ya que la alcaldesa y su hijo tienen antecedentes por tráfico de sustancias controladas en el Beni.
Jorge Santistevan, militar en servicio pasivo y experto en seguridad, atribuyó la recurrencia de estos hechos trágicos a la penetración de mafias internacionales ante la debilidad del Estado. El también abogado sostuvo que las organizaciones criminales que en sus países son reprimidas y desplazadas, llegan a Bolivia a través de fronteras vulnerables y encuentran “una gran oportunidad para ingresar a los negocios del crimen organizado”.
Mafias en Bolivia
Santistevan teme que en el futuro las mafias den una respuesta contundente a los intentos de represión de los siguientes gobiernos. “Cuando se llega a la represión militar y policial, la respuesta de las mafias es contundente. En Bolivia no hay respuesta contundente porque no tienen contra quien pelear, pero cuando empiece una represión frontal de parte de un próximo gobierno, le aseguro que los enfrentamientos van a ser similares a los de otros países”, explicó el experto.
El caso de los dos últimos disparados por sicarios en el Cambódromo es uno de los al menos 15 que ya ocurrieron en lo que va del año. En febrero se conoció un caso de asesinato de tres personas en una estancia ubicada entre San Ignacio de Velasco y San Rafael, en la Chiquitania cruceña. Los cadáveres fueron encontrados a un costado de la carretera con heridas de bala. Una de las víctimas era brasileño.
Las autoridades confirmaron un ajuste de cuentas y que los asesinatos estaban vinculados al narcotráfico y a organizaciones criminales brasileñas.
El primer hecho de este año ocurrió en el trópico de Cochabamba, exactamente en el municipio de Entre Ríos, donde el 12 de enero una familia fue interceptada por un vehículo del que salieron dos personas y les dispararon 18 veces.
En este hecho murió una menor de cinco años, el padre quedó herido y la madre sobrevivió. Días más tarde, el coronel de la Policía coronel Edson Claure confirmó la captura de cinco brasileños y tres bolivianos involucrados en este hecho. Este caso fue un ajuste de cuentas vinculado al narco.
El 25 de enero, los pobladores del municipio de Puerto Quijarro, frontera con Brasil, encontraron los cuerpos sin vida de dos jóvenes mujeres con signos de violencia. Se confirmó que el hecho estaba vinculado al narcotráfico.
El 19 de febrero, los cadáveres de cuatro hombres fueron encontrados en una hacienda del municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz. Todos habían muerto por múltiples disparos. Más tarde apareció otro cuerpo en un municipio cercano. Por este caso se han establecido diversas hipótesis, una de ellas involucra al Comando Vermelho, una mafia brasileña que disputa el poder con el Primer Comando Capital. Ninguna persona ha sido detenida por este caso.
Otro caso se reportó el 20 de febrero en el municipio de Bermejo, en Tarija. Un hombre identificado como Daniel Jaramillo Farfán salió a celebrar una fiesta local, cuando un sicario bajó de una motocicleta para abatirlo con cinco balazos y también herir a dos de sus acompañantes.
Según las investigaciones, no era la primera vez que Jaramillo fue víctima de un ataque. Semanas antes, el 4 de febrero, intentaron matarlo con un disparo cuando estaba con su familia. El joven se habría renunciado a sentar la denuncia, por lo que se presume que se trata de un ajuste de cuentas y vínculos con el narco.
También hay ajustes de cuentas vinculados a préstamos “gota a gota” en diferentes zonas del país.
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