Las normas están relacionadas con la desburocratización en el proceso de adquisición de equipamiento para la Policía, la responsabilidad civil en contra de los padres de jóvenes delincuentes y necesidad de sentar la presencia del Estado en las cárceles del país.
Los proyectos de normas son producto de la Sexta Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, realizada en abril pasado, oportunidad en que el Gobierno comprometió la inversión de 105 millones de dólares para mejorar el patrullaje y vigilancia en general, así como de los recintos carcelarios a nivel nacional.
La autoridad gubernamental detalló que los planteamientos del Ejecutivo consisten en realizar modificaciones a la Ley 264 de Seguridad Ciudadana y los anteproyectos de Ley de Prevención y Lucha Contra la Delincuencia Juvenil las Pandillas Delictivas y Ley del Régimen Penitenciario.
Cambios a Ley 264
El ministro Romero explicó que las modificaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana emergen de las alcaldías y gobernaciones a partir de su propia experiencia de gestión en la implementación de la norma.
Los cambios se agruparían en tres grupos de artículos: los primeros, referidos al ámbito filosófico de la norma; los segundos, referidos al sistema institucional de seguridad ciudadana, y los terceros, de orden administrativo y operativo.
Informó que, desde que se implementó el sistema de seguridad ciudadana, anualmente se dispone de 650 a 700 millones de bolivianos para este objetivo, pero que lamentablemente la ejecución es baja.
“A veces uno tiene la tentación de decir Alcalde, Gobernador, qué pasó, la seguridad ciudadana debería ser sagrada, pero muchas veces no es la culpa de la autoridad, el problema son los procedimientos administrativos o las normas que no son claras, entonces no les permiten ejecutar. Para superar ese problema se han formulado redacciones de modificación”, señaló.
Ley de pandillas
En este aspecto, Romero comentó ante los legisladores que en Bolivia se considera a las “pandillas” como el segundo aspecto que genera “inseguridad ciudadana” después de los atracos.
Identificó a 269 pandillas en el país y que tiene como miembros alrededor de 7.731, esto de acuerdo con los datos preliminares de la gestión 2015.
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca son los departamentos que concentran más pandillas.
Se plantean tres programas: de reinserción (14 a 18 años), de acuartelamiento de fin de semana (18 a 28 años) y servicio militar (18 a 23 años).
En tanto, para los padres se plantea la prestación de servicios comunitarios en programas que diseñen los gobiernos autónomos municipales, entre otros.
AUDITORÍA A JUECES Y FISCALES
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteó ayer implementar auditorías jurídicas para sancionar a jueces y fiscales que dejan libres a criminales reincidentes, “que ponen a la sociedad en zozobra”.
Romero expresó su preocupación porque varias personas implicadas con el crimen organizado, que tienen sentencia o detención preventiva en las cárceles bolivianas, están nuevamente en las calles para reincidir en secuestros, robos agravados, atracos y otros. Recordó que, el pasado domingo, aprehendieron a una organización acusada de robo agravado en un pizzería de la ciudad de Santa Cruz, en el que victimaron con arma de fuego a un joven de 16 años.
Explicó que, según el archivo criminal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), esa organización participó en al menos 17 atracos y otros delitos violentos con armas de fuego.
“Lo que nos llama la atención es que personas reincidentes que no se sabe por qué motivo aparecen libres en las calles6, a pesar que eran personas sentenciadas y con detención en cárceles”.
PARA LAS CÁRCELES
El objeto de la futura norma sobre Régimen Penitenciario es promover que los recintos penitenciarios de Bolivia dejen de constituirse en un centro de ocio para los privados de libertad y buscar su reinserción a la sociedad.
De acuerdo con el Ministro de Gobierno, se ha establecido que los delincuentes continúan operando desde los centros de reclusión. Una de las tareas es la clasificación de los internos y contar con ocho tipos de centros. Reconoció que en las cárceles del país no hay presencia del Estado.
No comments:
Post a Comment