Es decir, por cada 100 mil habitantes entre 101.2 a 218.5 están presos. Sin embargo, el crimen aumentó más aún en ese período, las tasas de homicidios se duplicaron de 13 a 26 homicidios por cada 100 habitantes refiere la investigación.
El costo económico y social que demandan las cárceles como parte las políticas para enfrentar y disuadir el crimen no muestra eficiencia al momento de evaluar la relación costo – beneficio.
En Estados Unidos los resultados son más alentadores, si bien el encarcelamiento ha aumentado 19% entre 1995 y 2012, pasando de 595 a 709 reclusos por cada 100 mil habitantes, en el mismo período el crimen se ha reducido notablemente, tanto los delitos contra la propiedad como contra las personas. La tasa de homicidios bajó de 8, a 5 por cada 100 mil habitantes.
BOLIVIA
En el caso de Bolivia, recientes datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario señalan que en la gestión 2012, la población carcelaria en Bolivia alcanzaba a 13.500 personas, mientras que al 2017 aumentaron a 18.000.
En esta misma línea, registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran la tendencia al incremento de la población carcelaria, concentrado la mayor población en el eje central del país, (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba), en ese orden. (2009, 8.073; 2010, 9.406; 2011, 11.195; 2012,14272; 2013, 14.415; 2018, 18.000)
VARIABLES DE LA DELINCUENCIA
Las variables vinculadas a las tasas de delincuencia, nacionales y regionales y sus determinantes en el largo tiempo tiene que ver con la distribución de la edad de la población, el número de policías, la severidad de las sanciones y ciertas políticas puntuales respecto de actividades ilegales, al menos las más mencionadas refiere la investigación.
Bajo la mirada de la cotidianidad, los potenciales criminales, aquí la variable de la edad es importante pero no definitiva, comparan los costos y beneficios esperados de realizar acciones criminales y los comparan con actividades legales.
Desde este análisis, el encarcelamiento actúa por dos vías concretas, puede disuadir el crimen haciéndolo menos atractivo por las sanciones más duras y por el efecto de “incapacitación” ya que (en teoría) durante la condena los criminales están en aislamiento y fuera del mercado laboral ilegal.
Sin embargo, hay poca evidencia a favor de la reducción en la reincidencia por el encarcelamiento, a diferencia, existe evidencia que las estadías en la cárcel pueden tener efectos criminológicos que intensifican el involucramiento en actividades delictivas de los exconvictos y también reduce sus oportunidades de empleo posteriores.
No obstante, el efecto principal que se espera del encarcelamiento es la incapacitación. Adentro de la cárcel, los criminales no pueden cometer otros delitos y, por lo tanto, debería reducirse el crimen afuera de la cárcel.
En Bolivia, los indicadores muestran resultados adversos respecto de las cárceles como agente disuasivo de la delincuencia cuya tendencia de incremento es de al menos 20% cada año, las redes sociales constituyen el instrumento de preferencia, según la referencia del perito informático del Instituto de Investigación Técnico Científica de la Universidad Policial (Iitcup), Eloy Ríos.
La disuasión del crimen, a través del aumento de la probabilidad de aprehensión, recae fuertemente en la Policía y en su articulación con la justicia.
“Hay muchas lecciones para América Latina de estos estudios. En primer lugar, los efectos múltiples y a veces contradictorios del encarcelamiento son complejos y requieren de estudios rigurosos”, señala al respecto Laura Jaitman.
El pasado 14 de marzo, un denominado “megaoperativo” de requisa policial, realizado a la cárcel de alta seguridad “Palmasola”, en Santa Cruz, Bolivia, ha puesto en evidencia la existencia de una intrincada red mafiosa que operada desde el interior de esa penitenciaría, inclusive utilizando desde sus propias celdas servicios financieros para la transferencia de dinero. Este hecho muestra que las cárceles, como en este caso, no son disuasivos del crimen.
ENCARCELAMIENTO E IMPUNIDAD
El estudio de la investigadora sobre Seguridad Ciudadana y Justicia, para el BID, refiere además que la baja resolución de casos en América Latina (menos de la mitad que en el mundo desarrollado) y la impunidad hacen que por más que la población privada de libertad aumente, esta amenaza de encarcelamiento, a veces, no se percibe como probable.
El aumento de la severidad de las penas que ya son largas no tiene un efecto en la reducción del crimen, con lo cual sería mejor invertir en la prevención del delito tanto con disuasión policial como mediante la mejora de posibilidades en el mercado laboral legal.
Por otro lado, la situación del sistema penitenciario plantea la urgencia de un riguroso análisis, los factores que favorecen a los efectos criminógenos de la cárcel tienen que ver altas tasas de hacinamiento (la ocupación en promedio casi duplica la disponibilidad de plazas), carencias en los servicios de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, deficiencia en la infraestructura carcelaria.
En Bolivia, el hacinamiento carcelario supera el 200%. A manera de ejemplo, uno de los casos más dramáticos se evidencia en la carcelta de Montero, Santa Cruz, que supera el 800%.
La precaria infraestructura construida para 50 personas, actualmente alberga a 432 privados de libertad quienes conviven entre basura, enfermedades infecto-contagiosas donde permanecen inclusive enfermos terminales.
A este factor se suma el aumento de presos sin condena, lo que hace que la incapacitación a la actividad delictiva también sea relativizada. “Si hay altos niveles de violencia dentro de las cárceles, la cárcel es un sitio propicio para delinquir (según datos de estudios no gubernamentales y prensa local, en algunos países el 70% de las extorsiones provienen de la cárcel)”, también señala Jaitman.
Este mismo registro comparativo, en el caso de Bolivia al 2012 el 83% de los recluidos eran detenidos sin sentencia, si bien al 2017 este registro es del 70%, la dificultad se encuentra en que la mayor cantidad de internos son preventivos, lo que constituye una grave y flagrante violación de los derechos humanos.
COSTO DEL ENCARCELAMIENTO
Por otra parte, es importante ver el beneficio y el costo, para una mejor asignación de los escasos recursos destinados al régimen penitenciario.
“Cuando pensamos en el costo del encarcelamiento, debemos considerar los costos directos como indirectos. Esto incluye por un lado el gasto del sector público en el sistema penitenciario pero también los costos sociales que provienen de tener población inactiva (si en la cárcel no realiza actividades productivas), los costos en términos de bienestar para sus familias, y los costos en el mercado laboral cuando egresan del sistema penitenciario, entre otros costos”, plantea la investigación.
El gasto en el sistema penitenciario es una parte del costo del encarcelamiento, la región en promedio destina aproximadamente un 0.15% del PBI. Si bien esta cifra pareciera ser no muy alta, para la mayoría de los países, significa el 50% superior al costo de financiar en su totalidad a los principales programas gubernamentales para el combate a la pobreza en México y Brasil, es otro dato revelado en el estudio de Jaitman.
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