En Bolivia existen 59 centros penitenciarios, pero los reclusos más peligrosos del país son encerrados en 7 de ellos. El Abra es considerado el penal de máxima seguridad en Cochabamba y está emplazado en 5 hectáreas de un terreno situado en el kilómetro 4.5 de la carretera a Sacaba, en una zona que lleva su mismo nombre.
El 30 de abril de 2013, el penal de El Abra contaba con 561 reclusos, de los cuales solo 132 habían sido sentenciados y 446 eran detenidos preventivos. En esa población había 52 extranjeros y 6 niños, hijos de internos, según datos del libro Realidad Carcelaria, del exdirector nacional de Régimen Penitenciario Tomás Molina.
El penal, según constató OPINIÓN en diferentes visitas, cuenta con muchas áreas, algunas de ellas son una verdadera sorpresa para quienes creen que una cárcel no debería convertirse en un complejo vacacional. Existen los bloques de celdas y habitaciones, canchas de fútbol, de fulbito, de básquet, talleres de carpintería, cerrajería, un sector para visitas conyugales, una capilla católica y una iglesia evangélica.
Sin embargo, la infraestructura también cuenta con una piscina donde caben 200 mil litros de agua, un sauna, billar, antenas satelitales, televisores plasma, conexiones de internet. En la gestión de la exdirectora de Régimen Penitenciario Jacqueline Rivera el uso de la piscina fue prohibido debido a la falta de agua en la zona y al gasto excesivo en el mantenimiento y arreglos de la bomba. Pese a que ella se había negado a autorizar la construcción de un sauna, los internos lo edificaron con el apoyo de otras autoridades.
LO INSÓLITO
Aunque parezca increíble, el delegado general Ariel Tancara tenía su oficina dentro del penal. En ese ambiente, más absurdo todavía, están instaladas las cuchillas que controlan la energía eléctrica y el agua de la cárcel. Desde allí fueron apagadas las luces la noche del 14 de septiembre, en plena fiesta bailable, en la que fueron asesinadas 5 personas, 4 reclusos y 1 bebé en gestación, y también resultaron heridos 9 internos y 2 mujeres que estaban de visita.
La estructura de poder en este penal está conformada por 20 delegados de diferentes áreas (disciplina, educación, salud, deportes y otras) que tienen misiones específicas. Los más temidos son los delegados de disciplina que acompañan al delegado general en todo. En la teoría, los delegados de disciplina son quienes controlan el buen comportamiento de los internos, dentro del penal, imponiendo normas de conducta para velar por la armonía y verificando que todos las cumplan.
La realidad, empero, era muy diferente. En El Abra siempre hubo corrupción, admiten los internos, pero en la gestión de Ariel Tancara se había instaurado, además, un régimen del terror y dictatorial destinado a garantizar la acumulación de riqueza, de privilegios y lujos en favor de una élite de delegados y de autoridades, a costa de la extorsión, de la humillación y de la vejación de todos los derechos humanos del resto de los internos.
En el penal de El Abra se practicaba la tortura para obligar a los internos a pagar por todo. Por respirar, para no ser violados, por una celda, por tener acceso a celular, internet, por recibir visitas, por utilizar las habitaciones conyugales, por el ingreso de cualquier material de trabajo, etc. Los reos que cumplen con los pagos no tienen mayores problemas, pero quienes no tienen dinero o bienes que entregar, a los delegados, están perdidos.
Las torturas son variadas. Todos los reclusos nuevos reciben una golpiza al llegar, propinada por los delegados de disciplina, para que sepan quiénes mandan allí. Los montos de dinero a pagar por concepto de derecho de piso, de vida o a no ser violado, dependían de la condición económica del recluso o del delito que cometió. El Tancara era “el juez” que definía cuánto “costaba” el delito cometido por el interno y el precio de “su vida”. Cuando los internos no conseguían pagar el “derecho” a no ser violados, el de vida o el derecho de piso, El Tancara mandaba a que les den brutales golpizas, a empujarlos de cabeza a la piscina sin agua, para que se rompan los huesos, a dormir con los pies sumergidos en lavandina. Un sector de El Abra, está destinado a la crianza “autorizada” de perros “de raza” para que la venta de crías les reporte más ingresos a los delegados. El Tancara criaba perros pitbull que utilizaba para atacar a los reclusos que no pagaban los montos exigidos. En diferentes oportunidades, al hospital Viedma fueron evacuados varios internos con costillas, rodillas, narices, mandíbulas y otros huesos rotos. El informe oficial siempre señalaba que hubo una pelea interna. Pero no eran peleas, eran golpizas infligidas por una mafia que se enriquecía a costa del dolor. Los familiares de los internos nuevos confesaron que el terror que sentían sus seres queridos era tan grande, que ellos se veían obligados a tramitar préstamos de dinero para poder cubrir todas las exigencias económicas de la mafia delegada. Mientras los pagos no se efectivizaban, un delegado seguía al interno nuevo a todo lugar. No permitían que hable a solas con sus familiares ni que hiciera llamadas telefónicas. Las cabinas públicas estaban instaladas, antes, en el sector de la malla olímpica, pero por orden de los delegados fueron reinstaladas dentro de la población penitenciaria, para poder controlar las conversaciones e impedir denuncias.
“No me dejaban hablar, ellos discaban a mi familia y solo me permitían decirles que vengan a verme. Cuando un pariente me visitó, le llevaron a la oficina de El Tancara para decirle que debía pagar 3 mil dólares para que no me pase nada, pero no me dejaron hablar a mí”. Además, este grupo administraba, dentro de El Abra, los negociados de la venta de alcohol, de drogas, prostitución, etc.
Varias autoridades se han pronunciado sobre el deficiente sistema carcelario boliviano y han coincidido en que el “autogobierno” de los reclusos ha fomentado la creación de una mafia dedicada a la extorsión, a las vejaciones y violaciones a los derechos humanos que ya son un escándalo internacional.
