Entre las acciones que provocan un retroceso al sistema penitenciario y de intento de rehabilitación, la jueza del Tribunal de Sentencia No. 1, Sonia Zabala, resalta aquellas propuestas de cadena perpetua y las penas de muerte que surgieron en la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
“Esas no son soluciones, no podemos dar sanciones tan duras solo por satisfacer a la sociedad”, citó la autoridad.
Para ella antes de la rehabilitación está la prevención, partiendo de la familia, pasando por las unidades educativas, los medios de comunicación y las instituciones públicas y privadas.
En este aspecto, Zabala señaló que, por el trabajo, las familias van perdiendo los espacios de conversación y afecto. En los colegios se retiraron las materias que impartían valores, reglas de buena conducta y relacionamiento en la sociedad. “Se quitaron las materias de Religión, Educación Cívica, donde se impartían valores, amor al prójimo y respeto por las leyes”.
Con estos cambios, la decadencia de la sociedad empieza a cobrar su “factura” con delitos que cada vez son más graves y los infractores son mucho más jóvenes.
“Ahora tenemos dos víctimas. Una la víctima y el otro es el que va a la cárcel porque nunca lo controlaron”.
Para la jueza, los autores intelectuales de la aparición de estos dos tipos de víctimas son la sociedad y el Estado. “El Estado no hace nada por esos papás que salen de su casa a vender limones y dejan a sus hijos a su suerte”.
En este contexto, la intención de poner sanciones cada vez más duras no traerá verdaderos resultados. “En Canadá no hay cárceles porque su Estado se preocupa porque no hayan delincuentes”.
Zabala cuestiona que en la norma boliviana no existe ninguna sanción para los padres y las instituciones. “Primero tendría que sancionarse al Estado, a los medios de comunicación y a las escuelas que han dejado la educación y el control de estos jóvenes”.
Sugiere que una parte del presupuesto en Seguridad Ciudadana sea destinada a la difusión de spots televisivos y radiales de prevención y de buena convivencia en sociedad.
El juez de Ejecución Penal Nº 3, Santiago Maldonado, coincide con la jueza al señalar que en la realidad actual el sistema no está funcionando.
Maldonado sitúa a la sociedad en un primer escalón, del cual se retira a todos quienes no responden a las reglas y normas de convivencia en un segundo escalón, que serían los centros de rehabilitación. En el tercer escalón se tiene “lo deseado” que tendría que ser el resultado de lo procesado en el penal.
Sin embargo, al no haber dicha rehabilitación en los penales, en el tercer escalón de “lo deseado” se tendrá más delincuencia.
“El encargado de la rehabilitación es el Estado, a través del Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario” aseveró.
Señaló que las autoridades deberían considerar el sistema abierto, en el que el joven cumpla su pena fuera de la cárcel. para que su familia se ocupe de rehabilitarlo.
Cuestiona que se otorguen penas altas a jóvenes que no tienen antecedentes criminales. “En las penas de 30 años, estos jóvenes generalmente ya están rehabilitados a los 8 y 10 años, pero no pueden salir porque mínimamente deben cumplir las dos terceras partes de su pena (20 años)”.
Para Maldonado, el proceso de rehabilitación sigue un procedimiento que no cumple con todos los pasos requeridos.
De acuerdo a la norma, Régimen Penitenciario, junto a sus funcionarios, es la instancia encargada de clasificar a los privados de libertad según su grado de peligrosidad.
Durante la reclusión, son los Consejos Penitenciarios de cada cárcel los que elaboran informes para la consideración de jueces de ejecución penal.
Los Consejos Penitenciarios están formados por el director de Régimen, el delegado interno del centro de rehabilitación, el médico y el abogado de Régimen, y los representantes del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Educación.
Para elevar el informe, este Consejo se entrevista con el interno y realiza un análisis médico social.
“Se hacen estos informes, pero solo cuando han cumplido las dos terceras partes de la pena, cuando el joven muchas veces está rehabilitado antes”, lamentó.
“Multirreincidentes” sin espacio propio
El juez de Ejecución Penal Nº 3, Santiago Maldonado expresó su preocupación por el índice de “multirreincidentes” en las cárceles de Cochabamba que llegan a un 25 por ciento de los más de 2.800 reclusos. “Estas personas deberían estar en otro lugar, son los denominados ‘peligrosos”.
Actividades laborales sin condiciones
Los internos que buscan redimir su pena a través del estudio y el trabajo no tienen las condiciones de infraestructura.
El hacinamiento en las cárceles impide que estos espacios cuenten con las exigencias mínimas de seguridad y salubridad para las personas privadas de libertad.
