"No dejé el cargo porque el gobernador no aceptó mi dimisión: alguien tenía que asumir (la responsabilidad por las muertes) y mi estrategia de trabajo se mostró fracasada, hay que sustituirla; pero el gobernador no puede aceptar mi salida", dijo.
Florêncio hizo estas declaraciones en una reunión de trabajo a puerta cerrada en la cárcel Anísio Jobim, donde 56 presos fueron ejecutados, según recoge BBC Brasil.
El secretario admitió que en "todas" las cárceles de Amazonas los presos están armados y que a pesar de que durante su gestión pidió instalar detectores con rayos X los esfuerzos fueron en vano debido a la corrupción instalada en el sistema.
"El problema es que en medio del camino hay una cosa llamada ser humano, que por naturaleza es corrupto. Las personas encargadas de vigilar nunca lo hacen, la aprehensión de armas de fuego es mínima (…) la capacidad que tienen de esconderlas es absurda", lamentó.
Además, admitió que la situación en la cárcel Anísio Jobim sigue siendo delicada, porque sigue habiendo armas –una reciente revisión del Ejército no consiguió detectarlas– y porque es "imposible" contener una masa de 1.200 presos en una cárcel diseñada para albergar a 454.
El responsable de las cárceles también justificó el traslado de un grupo de presos pertenecientes a la facción de narcotraficantes Primeiro Comando da Capital (PCC) a otra cárcel por miedo a que fueran asesinados por los rivales de la Familia do Norte (FDN).
Explicó que estos presos están "aterrorizados" y que las condiciones de la cárcel en la que fueron realojados, la Raimundo Vidal, son lamentables –los presos relatan que llegan a beber agua de la taza del váter–, pero que era inevitable el traslado porque si no iban a morir.
