Como él, cientos de jóvenes son el resultado de lo que muchos jueces y fiscales llaman "la universidad del delito".
El 50 por ciento de la población penitenciaria en Cochabamba es joven. De los 2.800 privados de libertad en los seis centros de rehabilitación del departamento, alrededor de 1.400 tienen entre 18 y 30 años.
Si bien la Ley de la Juventud determina que los jóvenes en Bolivia están comprendidos entre los 18 y 27 años, los registros del Tribunal de Sentencia Nº 3 subrayan a los comprendidos entre 18 y 30 años como jóvenes.
Estadísticas en los juzgados de Ejecución Penal refieren que al menos el 50 por ciento de este grupo es de reincidentes e incluso multireincidentes, es decir, que estuvieron más de dos veces recluidos por el mismo delito.
Los principales delitos que arrastraron a estos jóvenes a la cárcel fueron las faltas referidas al tráfico de drogas en un 50 por ciento , violación con el 30 por ciento , robo y robo agravado (con violencia) un 20 por ciento .
"Sin política de rehabilitación y reinserción, los penales solo se convierten en universidades del delito", citó la juez del Tribunal de Sentencia No. 1, Sonia Zabala.
"Adentro -en la cárcel- aprendes a florear (mentir), a robar, a engañar y hacerte fuerte", expresó Javier R.S. que guarda su segunda detención preventiva en el penal de San Sebastián Varones a la espera de una condena.
"Los que alguna vez robaron por necesidad sabiendo poco, ahora salen a robar porque ya saben cómo hacerlo", expresó la juez Público Civil Comercial de Familia Instrucción Penal Nº 1 de Vinto, Melvy Camacho.
CAUSAS
Considerando que los principales delitos en los que incurren estos jóvenes, son narcotráfico, violación y robo agravado, las autoridades señalan que existen factores institucionales y sociales que dan lugar a la reincidencia, ambas situaciones apuntando al Estado y a la familia.
"A los padres y la familia de estos jóvenes se les ha olvidado el afecto, inculcarles amor y trabajo, por eso violan y roban", expresó Camacho.
NARCOTRÁFICO
Para el juez de Ejecución Penal Nº 3, Santiago Maldonado, cada uno de estos delitos tiene una razón. En el caso de la Ley 1008, la ampliación del indulto a personas con este tipo de delitos hace que su salida sea fácil y rápida, tanto así que el 80 por ciento de los beneficiarios con esta medida fueron internos de la 1008.
"Hubo mucha gente que volvió a cometer el delito porque no fue difícil cumplir la pena", dijo Maldonado y resaltó el hecho de que en los últimos tres años se decretaron indultos que beneficiaron, principalmente a este grupo.
El nivel de reincidencia de este sector de la población penitenciaria alcanza a un 60 por ciento , según los registros.
VIOLACIÓN
En relación a los delitos de violación el nivel de reincidencia es mínimo, menos del 10 por ciento . "Es que las penas son muy duras y es muy difícil que salgan con beneficio de cesación", explicó Maldonado.
En este delito la pena mínima es de 15 años, y de 25 si existe el agravante de que la víctima sea un menor de edad.
"Es más fácil que salga de la cárcel un estafador que tiene 100 víctimas, que un violador con una víctima", acotó.
El detonante para la incursión en estos delitos es, para el juez, el alcohol y la influencia de amigos, sin dejar de lado la vulnerabilidad de sus víctimas. "Es fácil encontrar víctimas, ya sea porque siempre hay chicas en fiestas o por la inocencia de otras que confían y son engañadas".
A estos factores, se suma la falta de orientación de los padres. "Algunos jóvenes ya no ven el sexo como la consecuencia de la unión de dos personas que se aman, sino como algo que deben conseguir a toda costa para satisfacer su necesidad", acotó Camacho.
Al no conocer este fundamento en las relaciones sexuales, la violencia es el común denominador en sus actos. Uno de los hechos más recurrentes en Quillacollo es la vejación a jovencitas por parte de grupos de pandillas que con engaños las dopan. "Una joven de 16 años solo recuerda haber tomado un vaso de refresco y nada más, pero la vejaron entre todos, de una manera brutal", informó Zabala.
ROBO
El grado de reincidencia en los delitos de robo y robo agravado supera el 60 por ciento , según Maldonado, esto se debe a que la "Universidad del delito" está funcionando mejor que el sistema de rehabilitación.
"No existe en Bolivia un penal con las condiciones para rehabilitar y menos reinsertar", afirmó el juez.
Según la autoridad, mínimamente los reos deberían estar clasificados por el tipo de delitos y grado de peligrosidad.
"Ellos se reúnen entre todos los detenidos por robo, intercambian ideas… y aprenden mejor que estando afuera", dijo.
Además de aprender nuevas técnicas y estrategias, la articulación o reclusión de nuevos miembros a la banda resulta ser muy usual.
Los nuevos miembros aprenden además todo lo que deben hacer o decir en el caso de ser atrapados. Saben qué deben decir al momento de ser detenidos o interrogados, conocen cuáles son los procedimientos judiciales y saben cuándo someterse a un procedimiento abreviado, entre otros.
Cuando son capturados por segunda vez se someten a un procedimiento abreviado con el propósito de pagar sus dos penas a la vez ya que en Bolivia no son acumulativas. "Es como matar dos pájaros de un tiro", agregó.
En este grupo de antisociales están, según Maldonado, los reos "peligrosos", personas que no tienen la mínima intención de rehabilitarse y reinsertarse.
"Yo gano en dos horas, lo que tu en dos años", dijo Wilson R.S., recluso del penal de San Antonio.
Para este tipo de reclusos tener un largo prontuario es parte de su estatus, que además les permite tener ciertos privilegios en el recinto.
"Primero están los de robo y los trenteros (con condenas de 30 años, luego los de la 1008 y al último los violines (violadores) y sapos (soplones), esos no valen nada", relata Cristian S., un joven de 27 años, miembro de un red internacional de sicarios.
SITUACIÓN
Para los juristas, mientras el Estado crea que encerrando a los delincuentes está quitando un problema a la sociedad, lo que realmente está haciendo es agravarlo.
Algunas personas consideran que tener a un recluso en su celda propia, con una cama, comida y letrina individual, es como tenerlo en un hotel. Sin embargo, el resultado de tenerlos a todos juntos es mucho peor. "En las condiciones actuales nunca habrá rehabilitación y menos si robar es una medida de subsistencia ahí adentro", expresó Camacho.
Para el director de Recinto Penitenciario de El Abra, Juan Céspedes, no existe en este penal de máxima seguridad, las condiciones básicas para la rehabilitación de los internos.
"Tenemos 668 internos sueltos a su suerte", dijo el Director y remarcó que para que haya una rehabilitación, mínimamente los internos deberían estar clasificados por delitos y grado de peligrosidad, pero ahora todos conviven según sus reglas y sus normas en un recinto en el que la Policía solo los vigila desde afuera.
Por otro lado, agravar las penas tampoco resulta ser la medida correcta si no se acompaña de acciones de rehabilitación. "Lo único que se logra es hacinar más los penales y estresar más a la gente", dijo Maldonado.
Con esta experiencia, Maldonado considera que perdonar -a través del indulto- tampoco es la medida más efectiva ya que en 2014, cuando se concretó el primer indulto se tenían 2.200 internos y ahora, luego de tres decretos más, se tiene 2.800 reos.
La autoridad considera que cuando una sociedad no asume la responsabilidad de corregir a sus miembros, siempre tendrá "delincuentes que merece".
A su vez, Zabala resalta que al no existir la responsabilidad y compromiso, tanto de la sociedad como de la familia, las víctimas de los hechos de violencia se continuarán duplicando. "Ya tenemos al muerto, o a la persona violada como víctima, pero sin rehabilitación el joven también resulta ser una víctima más de nuestro sistema", remarcó.
10 adolescentes están presos
En los recintos penitenciarios de Cochabamba existen al menos diez personas menores, comprendidas entre los 16 y 18 años, guardando detención preventiva.
Esta situación se debe a que la sentencia de estos jóvenes fue dictada antes de que el Código Niño Niña Adolescente fuera implementado.
Los diez jóvenes permanecen entre personas de mediana y alta peligrosidad en los penales de San Antonio y San Sebastián de Cochabamba, San Pedro de Sacaba y San Pablo de Quillacollo.
Si estos menores hubieran cometido el delito ahora, después de la puesta en vigencia del Código, su delito no habría sido de tipo penal, los imputados hubieran sido trasladados a centros de infractores, donde solo eran conducidos los menores de 16 años.
Asimismo su caso estaría bajo la tuición de las defensorías de la niñez y adolescencia de los diferentes municipios.
