CONTRADICCIONES
Los únicos dos registros de víctimas, realizados por la Fiscalía y la Policía, recaen en contradicciones que dificultan el desarrollo de políticas públicas.Según el registro de la Fiscalía, en 2015 se registraron 889 casos de trata.
Jhinna Pinchi llegó a la costa peruana pensando que trabajaría como anfitriona de un bar, pero terminó siendo una víctima más de trata, obligada a drogarse y alcoholizarse para tener relaciones sexuales con hasta cuatro hombres en una sola noche y durante casi tres años.
"Después de un mes, tenía que hacer lo que las otras (víctimas) hacían. Si me negaba (a tener sexo) era peor. Me di cuenta de que era una esclava más", cuenta Pinchi con voz entrecortada en un documental de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), que desde hace 15 años combate la trata en el Perú.
El caso se conoció en 2010, cuando Pinchi, tras escapar del bar "La Noche" en la región norteña Piura, denunció públicamente ser víctima del tráfico de personas. Con su testimonio, la entonces estudiante de administración logró que se judicializara el primer caso de trata en el país.
Pinchi afirma que partió de su ciudad Tarapoto, en la Amazonía, sin imaginar que viviría un infierno. Tras ser violada por el dueño de "La Noche", quedó embarazada y trabajó hasta los cinco meses de gestación.
Después de dar a luz, en un centro médico de la zona bajo vigilancia, le quitaron a su bebé para seguir siendo forzada a ofrecer su cuerpo.
Historias como las de "Aquira", apodo que le dieron en el bar, se repiten cada día en todo el país. Según el índice global de esclavitud de la organización australiana Walk Free Fundation, el Perú es el cuarto país en América Latina con más casos de trata: 200.500 personas (un 0,64 por ciento de la población) son víctimas de ese delito.
"La cifra es espeluznante", señaló a dpa el subdirector de CHS Alternativo, Luis Enrique Aguilar, abogado especialista en derecho internacional que lucha contra la trata desde 2009.
En la lista, Perú tiene la misma cifra que Venezuela y Colombia y es superado por Haití, República Dominicana, ambos con un uno por ciento, y Guatemala con un 0.84 por ciento.
"La trata y otras formas de explotación están naturalizadas en el país. En muchos casos son aceptadas y toleradas", advirtió Aguilar, que explicó que ese "preocupante problema" se debe en parte a que los peruanos han superado el conflicto armado interno (1980-2000), que dejó casi 70.000 muertos, normalizando la violencia, "convirtiéndola en parte de su vida, de lo que son".
Pero la lucha contra la trata no sólo enfrenta la indiferencia y la tolerancia de quienes no la sufren. Actualmente, el Estado invierte 0,20 céntimos de sol (unos 0,05 céntimos de dólar) por cada ciudadano para combatir ese crimen.
A ello se le suma que los únicos dos registros de víctimas, realizados por la Fiscalía y la Policía, recaen en contradicciones que dificultan el desarrollo de políticas públicas.
Según el registro de la Fiscalía, hasta ahora el más serio por su proceso, en 2015 se registraron 889 casos de trata, mientras que para la Policía hubo 2.321. La primera autoridad detalla que un 50 por ciento de las víctimas son menores de edad y la segunda que un 89 por ciento son mujeres adultas.
"Entre la Policía y la Fiscalía existen diferencias de criterios en lo que representa trata de personas. Es difícil fortalecer una política pública si existe tanta incertidumbre por las cifras", señaló Aguilar.
El abogado advirtió además sobre la situación de la región sureña amazónica Madre de Dios, donde se estima que hay más de 4.500 mujeres explotadas en unos 400 "prostibares" construidos cerca de zonas de minería ilegal.
"Para enfrentar el delito, la región sólo tiene cuatro policías y tres fiscales. Pese al grave escenario, el Gobierno regional ha definido que para 2016 sólo ejecutarán 12.000 soles (unos 3.500 dólares). Aquí estamos cerca a un caso de aquiescencia por parte del Estado, lo que en el Derecho internacional se refiere a consentir un delito", aseveró.
En Madre de Dios, como en otras regiones, los mineros prefieren a las menores de entre 11 a 14 años, que en su mayoría son captadas en la sierra sur. Ellas viven en pequeñas habitaciones construidas con palos y bolsas, numeradas y selladas con candados, donde también atienden a sus clientes.
Aguilar explicó que ese escenario no se vive en todos los prostíbulos de la región, pues muchas de las víctimas se han acostumbrado a la explotación sexual, que mensualmente les genera unos 2.000 soles (casi 600 dólares) pero que nunca obtienen por los problemas económicos que afirman tener sus tratantes.
"Es una manera de coaccionarlas. Les dicen que no pueden regresar con sus familiares porque sino no recibirán el dinero de los varios meses que les deben", señaló el experto.
Mariana (nombre ficticio) es otra víctima de trata que fue esclavizada sexualmente durante 20 años. El caso llegó a los tribunales. Ella nunca aceptó haber sido forzada a tener sexo, no acusó a sus tratantes y sólo les exigió que le pagaran todo el dinero que le debían.
