Reunión interinstitucional analizará qué reos en Oruro se beneficiarán del indulto

Tweet Después que los Decretos Presidenciales No. 3529 y 3519, de Amnistía e Indulto Parcial y Total en favor de personas privadas de libertad en el país, fueran aprobados el 17 de abril por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Defensoría del Pueblo en Oruro programó realizar hoy martes una reunión interinstitucional, para determinar qué y cuántos internos del centro penitenciario "San Pedro" podrán ser beneficiados.

"Esta normativa a partir de su publicación ingresa en vigencia por 365 días conforme indica el Decreto Presidencial, a partir de ello es importante trabajar con los diferentes actores, a ese efecto, mañana (hoy) comenzamos con la coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia, Consejo de la Magistratura, juez de Ejecución Penal, Defensa Pública, Régimen Penitenciario, Servicio General de Identificación Personal (Segip), Servicio de Registro Civil (Sereci) y Servicio Departamental de Salud (Sedes)", afirmó el delegado defensorial departamental de Oruro, José León.

Este Decreto Presidencial presenta algunas diferencias en relación a los anteriores, ya que tiene una visión intergeneracional, con esta determinación se llegarían a beneficiar las personas privadas de libertad con enfermedades terminales, los adultos mayores a partir de los 65 años y mujeres que tengan un embarazo de 20 semanas o más; tanto reos ejecutoriados como preventivos.

El beneficio de amnistía e indulto parcial o total en su tramitación es gratuita, el armado de las carpetas de los privados de libertad se encuentra a cargo de Defensa Pública, por lo que no se precisa la presencia de la firma de un abogado, aunque algunos internos según sus necesidades ya pueden empezar a recurrir a los profesionales en Derecho, los cuales no deben hacer cobros exagerados.

Sin embargo, esta normativa es restrictiva, no todos los privados de libertad podrán ampararse, quedando exentas las personas reincidentes, los que cometieron delitos de terrorismo, corrupción, narcotráfico o hechos graves que atentaron a la vida, como asesinato, homicidio, violación, estupro y delitos contra niños, niñas y adolescentes.

"Son varios los temas y tópicos que hay que ir trabajando desde un punto de vista técnico, por ello estamos buscando articular mecanismos de coordinación; se tiene un estimado de 2.700 personas a nivel nacional que serían beneficiadas. Con la articulación de estas instituciones se verá realmente cuánta gente en Oruro será acogida", añadió.