Embarazada y no sabes qué hacer? No te desesperes, aquí encontrarás una ayuda para ti...”. Anuncios como éstos son publicados en periódicos de circulación nacional y/o en páginas de la red de internet, y van acompañados de teléfonos y correos electrónicos de contacto.
No hay más datos del mensajero o de los mensajeros, ni de su dirección. Y estas “carnadas” tienen un objetivo: mujeres que no saben cómo enfrentar un embarazo no deseado por sus parejas o por sus familias, o por ellas mismas, ya que no cuentan con dinero, trabajo o fueron víctimas de maltrato o violación... Precisamente por uno de estos problemas, Jessica —nombre ficticio para salvaguardar la identidad de la fuente— acudió a estos avisos a inicios del año pasado. Y casi le cuesta su hijo.
Fue en enero cuando la menor de edad se enteró de que estaba encinta. Tras haber sido rechazada por el padre de su hijo y por sus progenitores, leyó en un diario una publicidad que le dio una esperanza. “Llamé por teléfono y una señorita muy amable me citó en El Prado de la ciudad de La Paz. Al encontrarnos me pidió que no aborte, incluso me mostró fotografías de cómo despedazaban al bebé y me dijo que lo podía dar en adopción, y que había una casa en la que me cuidarían hasta el parto”.
Alerta. Para entonces, los papeles de adopción ya estarían listos, al igual que la pareja que se haría cargo del recién nacido. La adolescente estuvo a punto de aceptar la “colaboración”; sin embargo, recapacitó y no volvió a verse con la “señorita muy amable”. “Después me enteré de que una amiga firmó los documentos, que la cuidaron y que, posteriormente, se arrepintió de renunciar a su hijo cuando nació. La amenazaron con meterla presa y se lo quitaron”, narra la joven mientras sostiene, orgullosa, a su retoño de un año.
Para la Policía y la Fiscalía de El Alto, los anuncios de este tipo en periódicos y páginas web son nuevas formas que estarían usando redes de trata y tráfico de seres humanos —en este caso de bebés— para adopciones ilegales. El caso de un centro de ayuda para mujeres descubierto en la ciudad de La Paz ha activado la alerta; incluso, Informe La Razón halló indicios de que éste sigue operando. Mientras, la Policía Internacional (Interpol) alerta de clanes familiares bolivianos involucrados con organizaciones criminales internacionales.
La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional define a la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
“Esa explotación —establece— incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Este delito es castigado por el artículo 281 bis del Código Penal con entre ocho y 12 años de cárcel y, generalmente, va unido al tráfico de personas y la participación de grupos delincuenciales con nexos en varios países.
Al respecto, el artículo 281 ter dicta: “El que en beneficio propio o de tercero por cualquier medio induzca, promueva, favorezca, financie o facilite la entrada o salida del país de personas en forma ilegal o en incumplimiento de las disposiciones legales de migración, será sancionado, con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. Si (...) se produjere la muerte de la víctima, se impondrá la pena del delito de asesinato (30 años). Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se agravará en una mitad”.
Las adopciones ilegales forman parte de este circuito. Un documento de la Organización Internacional para las Migraciones en Bolivia sostiene que redes internacionales están detrás de este flagelo. “Bebés, niños y niñas son substraídos, secuestrados o alejados de sus familias a cambio de una suma de dinero u otros medios. En el mejor de los casos, el niño/a tiene una familia esperando sin que esto suponga una garantía de la seguridad del pequeño/a, que puede verse expuesto a vejámenes en su familia adoptiva. El destino también puede ser una red criminal de explotación”.
Adopciones. La trata y tráfico son una práctica delictiva que está a la par del narcotráfico y el contrabando de armas en cuanto a ingresos, que son millonarios, y además está en auge. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refiere que el año pasado sus misiones repartidas por 91 naciones del mundo atendieron a 2.040 menores de 18 años que fueron víctimas de trata, cifra que supera en un 27% a los casos presentados en 2008, que ascendieron a 1.565.
La División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reportó 235 denuncias en todo el país en 2008; un año después, el guarismo subió a 303; en 2010, cayó a 282, mientras el año pasado descendió a 229. Y en los primeros cinco meses de este 2012, los casos ya llegan a 113. A la par, se iniciaron 185 investigaciones por la desaparición de igual número de menores de entre 1 y 12 años, y la Interpol está tras el paradero de 35 niños extraviados en este año.
Desde la ciudad de El Alto, la FELCC y el Ministerio Público intentan unir los eslabones de la cadena de un centro de ayuda para mujeres —no se revela su nombre ni de los involucrados para no entorpecer las investigaciones— que fue develado el segundo semestre del año pasado en la zona central de la urbe paceña. Las pesquisas se manejan con pinzas, con estricta reserva, y se sospecha de su relación con organizaciones en el extranjero. Y su modus operandi recurría a anuncios en diarios y a una página de internet para atraer a “víctimas”.
Después de meses de averiguación y tras la denuncia de una afectada, se reveló que los hermanos Carlos y Andrea (nombres ficticios) eran parte de esta entidad que ofrecía colaboración a embarazadas “con problemas” y de escasos recursos económicos. La Policía allanó la casa/oficina donde se realizaban las adopciones. Lo que dejó preocupados a los agentes son seis documentos de “renuncia de paternidad” firmados por otras seis mujeres, y no se sabe el destino de esos bebés.
El teniente Boris Loayza, de la División de Trata y Tráfico de la FELCC alteña, informa que en mayo del año pasado, Virginia, de unos 35 años, llegó a su despacho y relató que acudió a un grupo de apoyo gracias a un anuncio en la internet, tras haber quedado encinta y por no contar con la comprensión de su pareja ni de su familia. Tras comunicarse por teléfono y fijar una cita en la institución, fue recibida por Carlos, que la convenció de no abortar.
Verónica Viscarra, fiscal de la División Menores de El Alto —que está a cargo del caso—, añade que la denunciante aceptó los controles prenatales realizados por un médico en la casa/oficina y recibió complementos alimenticios como vitaminas y leche. Aparte, el hombre se hacía pasar por funcionario del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y de la Asociación de Padres de Corazón para “reclutar” a padres adoptivos. “Daba charlas en reuniones a las que asistían parejas y les pedía nombres, teléfonos y correos electrónicos, para ofrecerles a los recién nacidos”.
Cerrado el trato por ambas partes, sólo restaba esperar el alumbramiento. Era el momento en el que intervenía Andrea, que apoyada en su profesión de abogada, elaboraba el documento de desistimiento a la potestad del niño, para hacerlo firmar por la madre. Y si ésta intentaba dar un paso atrás, la amedrentaba con meterla presa por incumplimiento. Así sucedió con Virginia cuando se animó a recuperar a su retoño, casi dos años después de su decisión, todo porque su nueva pareja era estéril.
Pero no se recuperó al menor y “no descubrimos la cantidad de dinero que se ha manejado. Todos (la madre y los supuestos tratantes) se escudan en que la adopción se hizo para evitar un aborto y salvar una vida, pero nos preguntamos: ¿cuán caritativos son para invertir de su dinero en valoraciones médicas y documentos sin obtener nada a cambio?”, cuestiona Viscarra. A la par, es sospechoso que la casa/oficina operaba casi en la clandestinidad.
Virginia y Andrea fueron enviadas a las cárceles femeninas de Miraflores y Obrajes. Ésta última estuvo recluida durante dos meses y ahora cumple detención domiciliaria, al igual que su hermano. “Hace tres meses estas personas están en libertad y nos preguntamos en qué fallamos si logramos demostrar la ilegalidad con la denuncia de la mamá biológica y con documentación”, se lamenta el teniente Loayza.
A pesar de todo, él y la fiscal Viscarra adelantan que hay pruebas para lograr una sentencia condenatoria. La caja de Pandora se abrirá tras el peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses a las computadoras decomisadas en la casa/oficina, en las que estaría el paradero de los bebés, de las progenitoras y de los padres adoptivos que radicarían en el extranjero. “Dependiendo de lo que se halle, se ampliará la imputación a la organización y las instituciones que operen con ella o que coadyuvan para hacer las adopciones”, subraya Viscarra.
Lo que está comprobado es que Carlos y Andrea no cumplieron una exigencia crucial del Código Niño Niña Adolescente, o sea, no recurrieron al Juez de la Niñez y Adolescencia que autoriza la adopción mediante un fallo judicial, “cuando se comprueben verdaderos beneficios para el adoptado y se funde en motivos legítimos. Será precedida de un periodo preadoptivo de convivencia del niño, niña o adolescente con el o los adoptantes por el tiempo que la autoridad judicial determine”.
La juez Segundo de Partido de la Niñez y Adolescencia de La Paz, Jaqueline Rada, comenta que toda demanda de adopción es analizada durante 30 días.
“Son tres audiencias: de asignación, periodo adoptivo (hasta 15 días) y la lectura de sentencia. El tiempo puede ser mayor por los factores externos que no controla el juez”. Informa que el año pasado se aprobaron 68 solicitudes de adoptantes nacionales en La Paz y El Alto, y 11 provenientes de extranjeros.
Pero los tratantes también recurren al robo y a la compra de niños. El teniente Loayza informa de dos casos que son investigados por su dependencia.
Uno ocurrió en diciembre de 2011, en los Yungas, cuando una lavandera pagó Bs 100 por un neonato que, luego, no quiso devolver a su madre porque lo entregó a padres adoptivos mediante un pastor evangélico. En el segundo, un hombre acusó a su pareja de haber regalado a su retoño. En ambos hechos hay supuestos abogados que redactaron convenios de renuncias de paternidad.
En mayo de este año, la Policía de Potosí recibió la denuncia de Mariana, quien tras comercializar a su hijo por Bs 400, intentó recuperarlo sin éxito y hoy guarda detención preventiva. A su historia se suman las ventas de infantes registradas el año pasado en Llallagua, por Bs 2.000, y en 2008, en Villazón, por Bs 5.000, de acuerdo con los datos proveidos a Informe La Razón. Hay personas tras las rejas y notarios y oficiales de Registro Civil en la mira.
En La Paz, el teniente Jimmy Sanga recuerda una denuncia interpuesta en 2011 por una joven trabajadora del hogar en la zona Sur. “Indicó que al verse embarazada, decidió seguir el consejo de su patrona y vender a su bebé en $us 5.000 a una amiga de ella en Canadá. Pero ésta sólo quiso pagar $us 2.000 porque la recién nacida era niña y quería un varón; por eso la delató”. A la par, se frustró una transacción de una recién nacida en la plaza Triangular; los sospechosos están detenidos.
Falencias. El coordinador de la Red 165 de la Alcaldía de La Paz, Marco Antonio Gira, revela que otro método es que los padres adoptivos se hacen pasar como biológicos a partir del certificado de nacido vivo. “Por ejemplo, una embarazada llegó de Cochabamba y se internó en un hospital con el nombre de la que compró a su hijo”. Esta ilegalidad —critica— es facilitada por la “inseguridad” en las oficialías de Registro Civil, donde basta este certificado para inscribir a un bebé como propio.
El jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC de La Paz, coronel Adolfo Cárdenas, explica que muchos casos de venta de niños no son denunciados o no se conocen porque los padres y tratantes quedaron “conformes”. Resalta que en el área rural, la transacción no implica un gran ingreso económico para los padres que, generalmente, entregan a sus hijos creyendo que tendrán mejor futuro. “Lo preocupante es cuando no se sabe en qué manos caerán, ya que pueden darlos a personas deseosas de tener un niño (para criar) o a traficantes de personas”.
La lentitud de los canales de adopción en el extranjero, señala el jefe de la misión de la OIM en Bolivia, Wálter Arce, es una razón para que exista gran demanda de niños bolivianos en países europeos, sobre todo menores de cinco años; algo que es cubierto por redes internacionales que mantienen a los bebés en cautiverio y que, tras su comercialización, pueden ser víctimas de trata internacional con fines de adopción ilegal o para extraerles líquidos de su médula espinal”, importantes para el diagnóstico de males neurológicos.
Una investigación de la OIM determina que “se tiene conocimiento de la práctica de secuestros de criaturas y redes que ofrecen $us 100 por secuestrar a un niño. Otra formas de reclutar niños son ganarse la confianza del menor, o comprar al niño/a a través de terceros, o directamente negociarlo con la familia”. Y todo el circuito de la trata y tráfico tiene carta blanca para operar en Bolivia, según los entrevistados, por el casi nulo control en las fronteras interdepartamentales y con otros países.
Más aún, el director de la OCN Interpol de La Paz, Dorian Angles Valverde, a través de un cuestionario respondido a Informe La Razón, advierte que en el país las redes que impulsan adopciones ilegales están conformadas “en su mayoría por clanes familiares que obedecen a requerimientos de organizaciones criminales internacionales, que se encuentran en constante investigación”, y Bolivia “se constituye de manera directa en un lugar de tránsito de llegada y salida” en la cadena multinacional de trata y tráfico de personas (ver la infografía de esta página).
La FELCC y la Fiscalía de El Alto están convencidas de que el centro de ayuda a mujeres hallado en La Paz tiene tentáculos en otras partes del orbe. Informe La Razón se contactó con una fundación española que apoya entes con similares nombres y objetivos en Latinoamérica; los encargados afirmaron que no tienen ningún emprendimiento de estas características en territorio boliviano, aunque la denominación no está patentada y puede ser usada libremente.
Inclusive, se constató que una organización con el mismo nombre opera ahora en un barrio céntrico de la ciudad paceña. La fiscal Viscarra adelanta una pesquisa y no desecha que la casa/oficina haya emigrado de dirección y responda a la pareja de hermanos que guarda detención domiciliaria, porque recurre a anuncios en periódicos que ofertan las mismas “colaboraciones” a embarazadas. El contacto telefónico de una periodista parece confirmar ello:
— ¿Alo?
— Llamaba por el anuncio, señora.
— ¿Qué edad tienes?
— 18.
— ¿Estás segura que estás embarazada?
— No sé... Creo que sí.
— ¿Te hiciste alguna prueba?
— No, pero a mi amiga le pasó igual y estaba embarazada.
— No te preocupes, ¿quieres una cita?
— No tengo dinero.
— La primera consulta es gratis... aquí te va a ver el médico.
— ¿Para abortar?
— ¿Tú qué quieres hacer?
— Me da miedo, no quiero abortar.
— Acá te vamos a dar otras opciones.
— ¿Qué opciones?
— No te puedo decir por teléfono, tienes que venir... Te vamos a ayudar en todo.
Algunas definiciones sobre los delitos de trata y tráfico
Abuso de situación de vulnerabilidad. Es aprovechar o tomar ventaja de situaciones de adicción a cualquier sustancia, enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, discapacidad física o psíquica, invalidez, niñez y adolescencia, para su sometimiento con fines de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos.
Explotación. Es la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, explotación sexual y/o laboral, peores formas de trabajo infantil, formas de servidumbre por deudas y otros, trabajo forzoso, venta y extracción ilícita de fluidos, tejidos, células u otros órganos del ser humano.
Servidumbre. Es un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que el victimario induce u obliga a la víctima a realizar actos, trabajos o servicios con fines diversos, mediante engaño, amenazas, coacción u otras formas de violencia.
Matrimonio servil. Es la explotación laboral y/o sexual de un miembro de la pareja e implica situaciones de esclavitud, aislamiento, control y violencia física, sexual y reproductiva.
Guarda y adopción ilegal. Es el procedimiento de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes que se realiza sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos estipulados en la normativa nacional y en los instrumentos internacionales.
Turismo sexual. Es la utilización de personas para ofertarlas en servicios sexuales relacionados con paquetes turísticos, culturales o naturales, promocionados a través de mensajes e imágenes de carácter erótico difundidos por cualquier medio de telecomunicación, tecnología de información y medios de comunicación.
Mendicidad forzada. Consiste en forzar a un niño, adolescente o adulto, a pedir dinero u otros beneficios en la calle o cualquier otro lugar público o privado a favor de un tercero.
