Éstos son sólo algunos elementos con los que deben lidiar diariamente las reclusas del penal de San Sebastián Mujeres. Así lo confirman varios testimonios recientes, entre ellos el de Rosmery Irusta, de la Asamblea Permanente de Defensa de los Derechos Humanos.
“Todos tienen conocimiento de que he estado cuatro meses en la cárcel”, recuerda Irusta, mientras da cuenta de su experiencia y cómo pudo observar las precarias condiciones de vida que llevan las reclusas, que además del abandono que sufren por parte de autoridades y familiares, viven entre la extorsión y el chantaje.
Este testimonio sale a la luz pública a poco más de una semana del horrendo episodio que terminó con más de 30 muertos y decenas de heridos en el penal de máxima seguridad de Palmasola, en Santa Cruz, tras una reyerta entre prisioneros, en la que también murió un niño.
La amenaza de que se repitan hechos similares continúa latente en Palmasola. Y una posible réplica en otros penales del país se ha convertido en una preocupación nacional.
En este marco, Irusta señala que existe una presión constante sobre la población del penal de San Sebastián desde el ingreso al establecimiento.
Explica que fue testigo de la extorsión que ejerce el narcotráfico sobre algunas internas.
“Estas reclusas prácticamente no quieren salir (de la cárcel) porque dicen que el narcotráfico sabe cuándo abandonarán el penal y las esperan para volverlas a captar bajo amenaza de dañar a sus familiares, generalmente sus hijos. Entonces deben transportar el doble, la cantidad que perdieron más otra similar para generar ganancias a la organización y otro tanto adicional, si es que quieren tener un beneficio propio. Lógicamente vuelven a caer porque no tienen protección”, denuncia Irusta.
En otra experiencia que califica como muy dura, cuenta que escuchó a la gobernadora del penal advertir con un tono amenazante que las reclusas deben autogestionar su cuidado y seguridad.
“Dijo durante una formación para tomar lista. ‘Miren los cables, están mal. No se olviden que si hay una chispa y se incendia todo, yo no abro las puertas. Hijos y todo se queman aquí, no me importa’. Yo creo que habrá que humanizar a los responsables de los penales”, aconseja.
Sobre la Policía y su relación con los internos, considera que los uniformados no deberían permanecer más de seis meses a cargo de un centro penitenciario, porque luego de un tiempo comienzan a consolidarse relaciones muy estrechas, que pueden desembocar en hechos de corrupción, o en favoritismos y discriminaciones.
Respecto a la organización interna, recuerda que tuvo que pagar una cuota, tanto para ingresar como para salir del penal. “De entrada tienes que pagar tu derecho de piso, como le llaman, que es de 150 bolivianos”, explica.
Añade que las reclusas son víctimas constantes de las amenazas por parte de las autoridades del penal, y que además sufren el abandono de los defensores públicos. Quedan libradas a su suerte y, por lo general, sin recursos económicos como para tomar un abogado particular.
Sobre la presión que ejercen las autoridades, recordó otro capítulo.“Me tocó vivir una elección de delegadas. Las nuevas representantes no eran del agrado de la Gobernadora, así que comenzó una campaña hasta que las obligó a renunciar y promovió una nueva elección”, cuenta.
La mayor parte de las internas tienen su modo de subsistencia con el lavado de ropa, pero la dotación de agua no es permanente. “A veces no hay agua y las internas tienen que dar unos pesos para contratar un cisterna”. “Hay otros gastos como el transporte del alimento, el de consumo del teléfono, que no deberían quedar bajo la responsabilidad de las internas, pero así es el sistema”, explica.
Finalmente cuenta que algunas reclusas se ven obligadas a vivir con sus hijos y que ésta es una de las facetas más conmovedoras. Lo peor, según Irusta, es que gran parte de ellas queda expuesta a las dificultades señaladas y muchas más, pero que la más triste es el abandono de sus parejas. “Quedan sin dinero, presionadas, extorsionadas, a cargo de sus hijos, sin ayuda. Y con un marido que casi siempre ya tiene otra familia fuera del penal”, señala.
Sobre las afirmaciones de Irusta, la delegada de las internas de San Sebastián, asegura que las puntualizaciones son reales. Sin embargo, explica que desde hace dos meses hubo cambio de Gobernadora, y que gracias a esta renovación la relación entre las internas y las policías se ha distendido.
“Nuestra Gobernadora no nos impone las cosas, nos organizamos juntas. Existe un aporte por el cuidado de bienes particulares que no se pueden introducir al recinto como teléfonos celulares, que se quedan en el ingreso del penal y por lo cual cobramos un boliviano”, cuenta
La delegada complementa que antes no sabían qué destino tenía ese dinero, “pero ahora ese pequeño ingreso llega completo a las reclusas, para cubrir algunos gastos de servicios u otros”.
Sobre la anterior gestión dice que la Gobernadora no permitía la conformación de una comisión de internas para administrar los recursos económicos que ellas mismas generan.
“No nos permitían organizarnos, solamente querían que tengamos una tesorera o recolectora del dinero, para que la Gobernadora administre esos recursos. Ahora es muy distinto”, apunta.
La actual Gobernadora de San Sebastián Mujeres, teniente Brenda Claros Cruz, asegura que en el penal no se atenta contra los derechos humanos y que por el contrario se trata de colaborar a las internas en el desarrollo normal de sus actividades.
“Son mujeres que también tienen hijos dentro del penal. Nosotras como mujeres y autoridades, hacemos todo lo posible para que las internas consigan sus medios de subsistencia”, finaliza.
