La reyerta en el penal de Palmasola ocurrida el pasado 23 de agosto por el control del penal dejó más de 30 muertos, entre ellos un cubano, un brasileño y un peruano, además de medio centenar de heridos en su mayoría por quemaduras.
Uno de los fallecidos es un niño de 18 meses que vivía con su padre en el penal, una práctica bastante común en Bolivia.
Ante la magnitud de esta tragedia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) urgió el pasado jueves al Gobierno boliviano aplicar reformas en las cárceles que garanticen la vida de los reclusos, según una nota difundida por la agencia EFE.
La oficina de la OACNUDH en La Paz expresó esa petición y su "profunda preocupación" en un comunicado en el que insta a las autoridades a investigar esos hechos violentos para sancionar a los culpables, incluyendo la eventual responsabilidad por acción u omisión de funcionarios estatales y policías.
Las medidas deben contemplar el ejercicio pleno de la autoridad del Estado en las cárceles, la reducción de las personas en detención preventiva y su separación de los internos con condena.
En las cárceles del país, según datos proporcionados por Régimen Penitenciario, al menos el 85 por ciento de los reclusos es detenido preventivo sin sentencia ejecutoriada.
"Es además fundamental que se proceda en forma inmediata con la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, que todavía viven en las cárceles con sus progenitores, a través de su reubicación en otros lugares aptos para garantizarles todos sus derechos", agrega el comunicado de la oficina de Naciones Unidas.
CAMBIOS
Según Tomás Molina, lo que se debe hacer ahora es traspasar los penales a la administración de los gobiernos departamentales.
"Existe una autonomía contemplada en la nueva Constitución. Consiguientemente, las gobernaciones deben hacerse cargo de las cárceles. Entonces van a ser mejor tratados los presos y es una solución inmediata, que no requiere de un proyecto a largo plazo", asegura.
SIN DISTINCIÓN
En el caso de Cochabamba, Molina asegura que el problema es que no hay secciones en las penitenciarías.
"En San Sebastián todos comparten los mismos ambientes. Entonces es difícil separarlos, al igual que en las otras cárceles. Existen grupos mafiosos que extorsionaban a los nuevos presos. Los nuevos terminan cediendo ante las mafias. Los reclusos terminan siendo las víctimas en un sistema carcelero que no es para rehabilitar como dice la ley, en absoluto", asegura Molina.
En los últimos días, por ejemplo, Juan Choque Flores, alias El Senas Menor, fue acusado por internos de San Sebastián de querer tomar el control de este recinto penitenciario, por medio de la fuerza y la extorsión.
El Senas Menor fue recluido en la celda de confinamiento por protagonizar peleas el primer día de su estadía en este penal.
"Los presos en una ociosidad absoluta, jugando naipes, cacho, drogándose no es rehabilitación. El prediario que reciben es un absurdo. La administración no debería darles ni dinero, debería darles alimentos… No puede haber rehabilitación con el estómago vacío. Debería haber empleos, oficios, deporte y no hay nada de eso para los reos", considera Molina sobre la situación carcelaria en Cochabamba, a la que califica como totalmente ilegal.
"A los presos en Bolivia les dan un dólar por día para que almuercen y cenen. En Chile por ejemplo les dan 12 dólares, en el Brasil 50", cuenta.
A LOS POBRES
Molina da cuenta en su libro Realidad Carcelaria (Editora JV, 2009) cómo en las cárceles de todo el país las condenas mayores se aplican a personas de escasos recursos.
Según Molina, en el penal de San Sebastián Varones “existe un hacinamiento espantoso, si se toma en cuenta que esta cárcel tiene una capacidad máxima para 100 presos”.
En 2009 en este penal vivían 250 reos y a la fecha esta cantidad se ha triplicado hasta alcanzar a los 750, además de 30 esposas de los internos.
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