Tras tres meses de búsqueda, Carina recuperó a su hija Antonella de 14 años con la ayuda de la ex cónsul argentina en Potosí, Reina Sotillo.
“Hay una muy parecida detrás de la esquina en donde están las otras chicas, pero le dicen Daniela, y tiene el pelito más largo”. El episodio ocurre en la Villa Imperial de la ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire.
Dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo, ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo rubio tapado por una capelina blanca.
Detrás de la esquina hay una whiskería —también les dicen “karaokes”—. Queda en el corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.
Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más humanitaria que consular: más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, cifra que reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión.
El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a una adolescente engañada, para algún tipo de explotación.
Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puneño, cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que buscaban.
“Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados”, cuenta Carina. “No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada”. Dice que gritó tan fuerte que salió un hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la chica: “Daniela, vení para acá”.
No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado que se encargó de llevarlas.
Hacía frío y era de noche. “Por un instante, pensamos en indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes –cuenta Sotillo–, pero había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos”. El viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.
Precio por cabeza
El ex Defensor del Pueblo boliviano afirmó que los niños y adolescentes se venden ni bien cruzan la frontera a 5.300 pesos argentinos.”Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno.
Contó allí que “durante 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual”.
Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre del 2000, difieren las metodologías entre los países, que adoptaron distintas formas y procesos. Se trata, además, de un crimen transnacional.
La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente.
Mis amigos me vendieron
En el 2011, Ariel Llampa partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Lo siguen buscando.
Uno de los “karaokes” más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24 horas. Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero hoy ya están gastadas y con restos de humedad. Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una investigación periodística que busca concientizar a través de la información.
Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal.”Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ´volví´. Dios es tan grande que algún día va a pasar”. El 8 de diciembre del 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel —quien por entonces tenía 17 años— partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió ayuda en su muro de Facebook, “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a quedar así. Me traicionaron”.
A pesar de que la Justicia tiene todos los datos y se rastreó la ubicación del IP del ordenador (el número con el que la computadora se conecta a internet) al momento de postear en la red social, aún no dieron con su paradero. A Ariel Iván Llampa se lo tragó la tierra. Ceferino, su papá, piensa que la policía de Villazón “lo mató” por alguna situación de violencia, o que “lo vendieron a los narcotraficantes”. Su caso fue un emblema. Junto al de Antonella, despertaron manifestaciones de algunos lugareños. Actualmente, reclaman cada tanto, con marchas o grafiti en las calles de La Quiaca.
