Monto se mantiene desde 2015 Reclusos soportan reducida asistencia para alimentación

Tweet El monto solamente alcanza para comprar un almuerzo de muy baja calidad nutricional, está por debajo de la cota de la extrema pobreza fijado por el Banco Mundial en 1,90 dólares (o 13 bolivianos) en 2015.

El prediario, presupuesto que el Estado destina para la alimentación diaria de los presos, se mantiene congelado en 8 bolivianos desde hace casi tres años y debe cubrir el desayuno, el almuerzo y la cena de cada privado de libertad.

INSUFICIENTE

El coordinador de la Pastoral Carcelaria de la región Altiplano de Cáritas, Ricardo Yavarini, expresó que definitivamente el actual monto del prediario es muy insuficiente y solo garantiza una mala alimentación para los internos, situación que conlleva a un daño físico y sicológico.

"Definitivamente el monto es muy insuficiente porque si saboreamos el prediario que comen los privados de libertad, uno se da cuenta que no es muy variado, no es balanceado y fundamentalmente la calidad no es gran cosa", manifestó el funcionario de Cáritas.

Remarcó que las consecuencias de esta mala alimentación recaen sobre el físico, aspectos sicológicos y el temperamento de los internos, "sobre todo si son personas que están marcadas por situaciones complicadas". "El hecho de tener una alimentación insuficiente en términos de calidad y variedad va empeorando su situación", afirmó.

ALIMENTACIÓN BALANCEADA

Para Yavarini, un mejoramiento de la alimentación de los presos, en el marco del respeto a la dignidad y derechos fundamentales de las personas, sería un monto de al menos 30 bolivianos para garantizar una alimentación balanceada, con proteínas y variada con verduras y frutas, para contrarrestar la actual dieta abundante en carbohidratos y grasas que tienen consecuencias en la salud de los internos.

Los privados de libertad de la cárcel de San Pedro de La Paz denunciaron que el prediario solo cubre dos comidas: desayuno y almuerzo, y por lo general el almuerzo es un solo plato, además que por su baja calidad y preparación antihigiénica, ya que no cuentan con nutricionista ni cocinero, ocasiona dolores de estómago y muchos prefieren no comerlo.

El Estado boliviano, que es signatario de convenciones internacionales sobre derechos humanos, no garantiza un trato digno y humano a los presos en este aspecto, así como los demás derechos referidos a las cárceles.

CENTRO DE MENORES

Yavarini destacó que la excepción a la lamentable situación de la alimentación en los penales está en el centro de menores de Qalauma donde se cuenta con una nutricionista y los jóvenes además tienen actividades productivas para mejorar su manutención.

"En Qalauma los chicos hacen malabares para diversificar su alimentación porque allá tienen una nutricionista que sabe planificar y diferenciar la comida, y ahí un poco mejor los tratan en el sentido que con 8 bolivianos sacan el desayuno, el almuerzo y la cena”, indicó.

Mientras que en las otras cárceles como San Pedro, en La Paz, y Chonchocoro, en Viacha, "se refleja mucha abundancia de carbohidratos, pero en términos de verduras, carne y proteínas es bastante insuficiente”. (ANF)

En Cobija Capturan a otros cinco colombianos de red de usura

Tweet El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cobija, Pando, capitán Orlando Montaño, confirmó la detención de cinco ciudadanos colombianos que se dedicaban a otorgar celulares y electrodomésticos a crédito, además prestaban dinero desde 1.000 hasta 5.000 bolivianos con un intereses del 20 por ciento.

Además, los aprehendidos utilizaban la intimidación y golpeaban a sus clientes para el cobro del respectivo dinero prestado, según un reporte de radio Fides Cobija.

“Tengo cinco aprehendidos colombianos, los cuales han sido sorprendidos de manera flagrante al momento de hacer los cobros y en su poder han sido encontrados diferentes tarjetas con la cuales cobraban y sumas de dinero, las cuales están siendo valoradas en este momento”, dijo.

Tal como se explicó en la sede de Gobierno, una vez descubierta esa red de prestamistas usureros, Montaño reiteró en Pando que en el país este mecanismo de financiamiento “es una figura delictiva y llama usura, también tenemos un nuevo tipo de delito que es la intermediación financiera sin la debida autorización, que tiene una pena de cinco a 10 años de cárcel”.

MÁS DE 250 VÍCTIMAS

Investigaciones realizadas en la sede de Gobierno acerca de ciudadanos colombianos que se dedican a delinquir con préstamos usureros, dan cuenta de al menos 250 víctimas, cifra que va en aumento.

Durante las pesquisas policiales y el allanamiento a domicilios en la ciudad de La Paz, al igual que en Cobija, se logró recolectar como pruebas del delito varias tarjetas donde registraban los préstamos realizados, dos celulares con aplicaciones para ese tipo de negocio y una nómina de más de 180 personas que están identificadas como deudoras y otro tanto por cobrar que superan las 250 víctimas.

“Ellos emplean sus celulares y tablets en los cuales se evidencia que desde Santa Cruz les envían el listado de las actividades que diariamente deben realizar”, refirió el director departamental de la Felcc.

Indulto y amnistía penitenciaria se debe a reajuste presupuestario

Tweet El presupuesto asignado para los centros penitenciarios de La Paz se redujo de Bs 18.2 millones asignados para el 2017 a Bs 17 (menos Bs 1.2 millones) para esta gestión, la descongestión de la población penitenciaria mediante indulto y la amnistía permitirá atender a las cárceles con este nuevo presupuesto reducido, aspecto administrativo que no afectará al presupuesto de la Gobernación.

El vocero de la Gobernación de La Paz, Edgar Ramos, explicó que la transferencia de recursos para los recintos penitenciaros y la reducción de este obedece al Decreto Supremo Nº 1854 de 2017, que en su artículo único dispone que “…las entidades territoriales autónomas departamentales son responsables del pago total de los gastos por los prediarios de todas las personas privadas de libertad…”, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“La reducción del presupuesto destinado a los recintos penitenciarios, al menos en lo que concierne al departamento de La Paz, está determinado por los precios de los hidrocarburos. Al ser fondo del IDH está sujeto a la fluctuación de sus precios, en caso de bajar los ingresos por este rubro obviamente estos fondos también van a disminuir”, puntualizó.

Los gatos que deben ser cubiertos con ese impuesto son los de servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía y gas domiciliario), además de la alimentación hospitalaria.

“El pago de este servicio, con recursos del IDH, no tiene lógica con el objetivo y razón de ser, porque esos fondos están destinados a la inversión pública en obras de desarrollo. No creo que sea inversión pública pagar servicios penitenciarios”, apuntó Ramos.

En este sentido, las gobernaciones cumplen solamente funciones de cajero y pagadores, no así de administradores de esos dineros, como en determinado momento consideraron los privados de libertad que reclamaron por la insuficiencia del monto destinado a la población privada de libertad, actualmente Bs 8 por cada interno.

BUROCRACIA INNECESARIA

Según explicó Ramos, el pago de servicios para el sistema penitenciario no es el único ajeno a la administración departamental asignado mediante decreto, mecanismo que sólo agrava la ruta crítica de la administración pública.

“Personalmente, creo que a la Gobernación no le influye en nada que haya un Decreto de Indulto y Amnistía o que no lo haya. Todos los mecanismo y su administración está en manos del Ministerio de Gobierno”, apuntó el vocero de la Gobernación, tras aclarar que como cabeza de sector la administración del sistema penitenciario está a su cargo mediante una Dirección de Régimen Penitenciario.

Dentro de ese ordenamiento administrativo, Ramos consideró que los recursos financieros para ese sistema también deben ser administrados por el Ministerio de Gobierno.

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Timados Piden evitar liberación de presunto estafador

Tweet Representantes de 12 familias pidieron que se niegue el pedido de libertad de René Pérez Guevara, imputado de haber estafado hasta 200.000 dólares bajo el argumento de hacerlos socios accionistas y pagar regalías de hasta el 8% cada quince días, de la explotación de una mina en Potosí.

Wilson Estrada, abogado de las víctimas, informó a EL DIARIO que la siguiente semana se realizará la audiencia de apelación en la que Pérez pretende lograr salir del penal de San Pedro, donde se encuentra detenido desde febrero, tiempo en el cual no se tiene dató de dónde fue a dar el dinero de las víctimas.

“Tenemos entendido que pretenden dejar en libertad a esta persona, que creemos es totalmente peligrosa, con antecedentes en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz”, afirmó el abogado.

Por su lado, Raúl Mamani, de una de las 12 familias víctimas denunciantes, detalló que los contactaba y ofrecía hacerlos socios para que cada 15 días reciban el pago del 8% de interés sobre el capital que aportaban, que en su caso fue de 25.000 dólares.

Según el relato, Pérez les mostraba los poderes de la mima “Dios es Amor” del centro minero Cañón Colorado, ubicado en el departamento de Potosí. Los afectados lograron la captura de Pérez, en febrero de este año.

Estrada señaló que ya se han remitido notas a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Viceministerio de Regulación Minera, para que entreguen los informes correspondientes sobre la titularidad de concesiones mineras.

“Son más de cuatro años que ni siquiera se ha investigado si hay movimiento en estos centros mineros”, aseguró Estrada, que también señaló que el número de víctimas es de más de 20.

Explicó que si bien la estafa está basada en la explotación de una mina en Potosí, Pérez está detenido en La Paz, debido a que fue encontrado flagrante mientras cometía el delito con personas de esta ciudad.

Mamani detalló que las estafas se realizaron desde el 2014 e incluso hay casos donde las víctimas fueron convencidas de sacar un crédito bancario sobre sus inmuebles y al no poder pagar han perdido su propiedad.

Señaló que en todo el tiempo que se desarrolla la investigación, se verificó que el sujeto no tiene domicilio y evadía los reclamos de las víctimas vía celular, señalando que la mina estaba atravesando algunos problemas pero pronto se reiniciaría la producción y se cancelaría los intereses prometidos, sobre el capital que le entregaron con montos desde 1.000 a 45.000 dólares en diferentes casos.

Acusarán a asesinos y cómplices de Carla Bellot y Jesús Cañisaire

Tweet El informe conclusivo y la acusación contra los cómplices y autores del asesinato, violación y feminicidio de Jesús Cañisaire y Carla Bellot será presentado esta semana, anunció la fiscal a cargo del caso, Leticia Muñoz.

La representante del Ministerio Público aseveró que para iniciar esta etapa del proceso sólo hacen falta los resultados del análisis genético de las muestras biológicas tomadas del cuerpo de la joven, para corroborar de forma científica que el vejamen estuvo perpetrado por los varones integrantes de la familia León Fernández.

La acusación será presenta a poco más de cinco meses de cometido el crimen, el 19 de enero, cuando sus cuerpos fueron hallados al interior del embovedado del río Orkojahuira, maniatados con alambres de construcción, cada uno de los cuerpos en bolsas de yute.

El caso logró notoriedad debido a la actuación diligente y efectiva de los miembros del Departamento Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y la División de Homicidios de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes brindaron todos los indicios para el esclarecimiento del hecho, que causó el recelo de la Fiscalía Departamental de La Paz.

A diferencia del accionar en otros casos, como el denominado “bebé Alexander”, donde se dio sentencia a un médico a 20 años de presidio sin que existiera prueba científica, en el asesinato de la pareja Cañisaire Bellot se actuó con presteza.

La Fiscalía incurrió también en exceso al imputar y pedir el encarcelamiento de personas inocentes, como fue el caso de la estudiante de la Universidad Técnica de Oruro, Joseline Quisbert, a quien trajeron desde esa ciudad, con el presunto argumento de que era una de las cómplices de la desaparición.

Otras personas afectadas fueron las hermanas Graciela y Amalia Cuti Tola, dos humildes vendedoras, a las que imputaron de vender el celular de Carla Bellot Quisbert y de las hermanas Cuti, quienes, desde que fueron aprehendidas, sostuvieron que eran inocentes y detallaron el lugar y con quiénes se encontraban en el momento de la desaparición de la pareja nombrada, además de justificar cuál fue su relación con los celulares que también les fueron robados, pero no han sido escuchadas y en un inicio imputadas como cómplices del delito de trata de personas.

HERMANOS LEÓN

La fiscal Muñoz afirmó ayer que para la Fiscalía estaba claro que quién vendió el celular de Carla Bellot, en el “Barrio Chino” de El Alto, fue Israel León, el hermano mayor de Eliot y Mikaela, quienes fueron los nombrados como autores intelectuales y materiales del asesinato y vejación de la pareja.

Los mismos grados de responsabilidad tendrían Estefanny Guisada y Rensso Cáceres, parejas de Israel y Mikaela León.

Por otro lado, sin detallar nombres, la fiscal Muñoz señaló que otras cuatro personas serán imputadas por el delito de recibir objetos robados. Sobre el informe genético, Muñoz señaló que este debe identificar a quién pertenece el esperma hallado en el cuerpo de la joven, contra quien, por testimonio de los mismos implicados, se cometió un vejamen colectivo, luego de asesinar a su pareja Jesús Cañisaire, quien al tratar de defender a Carla fue ultimado por Israel León, con un golpe de fierro de construcción en la cabeza.