Las autoridades no frenan la construcción de celdas de lujo

Tweet La construcción de las celdas de lujo en el penal de San Pedro continúa pese a una serie de advertencias y anuncios de autoridades. Ayer, el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, volvió a prometer que en los próximos días se tomarán acciones al respecto.

“La próxima semana estamos presentando una resolución administrativa, no le digo de qué, pero ya en estos días vamos a tomar una medida. Ya está programado”, aseveró Llanos en contacto telefónico con Página Siete.

Sin embargo, no es la primera vez que Llanos anuncia tomar acciones respecto a las celdas que se construyen en dos “condominios”, como le llamaron algunas fuentes, en la sección Posta del penal y que se venden hasta en 10.000 dólares.

En noviembre del año pasado dijo que autorizó la construcción de las celdas, ya que los reclusos que impulsan la obra le aseguraron que era con fines de bien común. Por eso advirtió que personalmente ingresaría a la cárcel “con picota en mano” y derrumbaría la construcción si constataba de que detrás de todo había un negocio privado.

El viernes pasado, Página Siete mostró a Llanos un documento de preventa de una celda en el “condominio” Catler, el otro se denomina Mirador, en el cual se confirma que un reo reservó una celda por 10.000 dólares; el director de Régimen Penitenciario afirmó que se trataba de una evidencia “muy fuerte”.

No obstante, hasta la fecha las obras continúan e incluso los reclusos ya reservan los ambientes nuevos. Ayer, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Rolando Ramos, afirmó que a pesar de su instrucción de paralizar las obras en la Posta, en noviembre, los reclusos continuaron con la construcción.

“He pedido un informe al gobernador del penal, (coronel Raúl Encinas), lo recibí pero no pude leerlo porque estoy de viaje. Lo haré hasta el jueves”, señaló el jefe policial que se encuentra en Tarija por la reanudación del juicio oral en el caso Terrorismo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien no ha atendido los requerimientos para una entrevista, reconoció el 12 de noviembre que la construcción era irregular y no cuenta con el permiso de su despacho y que pedirá un informe al respecto.

Un par de días después, el fiscal Javier Monasterios dijo que de confirmarse que los reclusos construyen de forma particular para lucrar, estarían incurriendo en un delito.

Inversores

Fuentes relacionadas con el penal de San Pedro, a las que accedió este medio, dijeron que uno de los inversores de la edificación en la Posta es Eric Venegas, quien era policía.

Página Siete conversó con el recluso, quien confirmó que existe la compra y venta de celdas en la nueva edificación, ya que compró un ambiente en el “condominio” Mirador a 4.000 dólares. Negó ser uno de los inversores y no quiso revelar si fue o no policía.

Otro de los capitalistas, según los informantes, sería Luis Fernando Córdoba, detenido por el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, que derivó en el caso YPFB-Catler que desenmascaró corrupción en la estatal petrolera.

Córdoba negó anteriormente cualquier vinculación con la construcción de las celdas.

Página Siete reveló en noviembre del año pasado que un grupo de reclusos construía nuevas celdas para ponerlas a la venta u ofrecerlas en anticrético a otros internos de la Posta.

En diversas oportunidades Llanos dijo que se autorizó la construcción de celdas porque serían para bien común. El gobernador del penal afirmó entonces que en esos ambientes se instalarían talleres de diferentes disciplinas y otras celdas.

Se edifican en dos “condominios”
Las celdas de lujo, que tienen espacios cómodos y baño privado, están en dos “condominios” dentro del penal de San Pedro, dijeron fuentes relacionadas con este centro penitenciario.

Uno de los ambientes se denomina Catler y ya tiene dos pisos de altura.

El otro se llama Mirador y posee tres niveles, además cuenta con venestas colocadas en los costados, a modo de paredes divisoras de los ambientes.

“Continúa entrando material de construcción y están apresurando la edificación”, dijo una de las fuentes a Página Siete.

Este medio conoció que el Mirador tiene menos celdas que el “condominio” Catler, “pero igual están en preventa los ambientes y ya hay gente que compró sus espacios”.



Ministro Romero no atiende pedido
Desde el jueves de la semana pasada, Página Siete intenta entrevistar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para conocer las acciones que asumirá sobre la construcción que realizan algunos presos de San Pedro, sin embargo hasta ayer no había respuesta.

Desde la oficina de comunicación del Ministerio de Gobierno se informó que la autoridad conoce el tema, no obstante tiene varias reuniones y la anterior semana se encontraba de viaje.

El ministro Romero fue el primero en aseverar, en noviembre del año pasado, cuando se reveló la construcción privada en la sección Posta, que dicha edificación era ilegal y que no contaba con el permiso de su despacho.

Sin embargo, las obras continúan dentro del penal.

Los reos ancianos y el indulto

Tweet En la oficina de la Asociación de Personas de la Tercera Edad de la cárcel de San Pedro, que también es un aula para cursos y talleres y que además es un dormitorio, hay un movimiento inusual. Hombres de entre 58 y 70 años aproximadamente entran y vuelven a salir de la oficina con un archivador bajo el brazo, conversan, preguntan, discuten.

El 22 de diciembre, mediante un decreto, hoy convertido en ley, el presidente Evo Morales dictó un indulto para los reclusos del país. Uno de los requisitos para acceder a ese beneficio y quedar en libertad es contar con una sentencia ejecutoriada; según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, la medida beneficiará a 1.246 internos en todo el país, es decir, al 9% de la población carcelaria, a los que deberían sumarse aquellos que se declaren culpables para acogerse a un proceso abreviado, tras el cual serán indultados.

Una sentencia “rapidita”

Al día siguiente de haberse conocido el decreto de indulto, el penal de San Pedro se llenó de abogados; “no se preocupen, yo los hago sentenciar rapidito”, ofrecían a los reos.

Son alrededor de 100 ancianos internos en el penal de San Pedro, pero tan sólo seis tienen la posibilidad de ser indultados; ocho son los que cuentan con una sentencia ejecutoriada. Según Everd Quiliche, representante de los internos de ese recinto penitenciario, hay alrededor de 2.350 presos en San Pedro y sólo cerca de 350 están sentenciados. “Y ningún penal ha presentado todavía sus carpetas”, dice.

Miguel Soto está sentado en uno de los bancos del aula. No se mueve como los demás, no conversa, por momentos dormita. Dice que tiene 70 años, pero aparenta contar con muchos más. Tiene el tabique aplastado y la punta de su nariz está más cerca de su mejilla derecha que del centro de su rostro. Él es uno de los ancianos que será beneficiado con el indulto. ¿Qué le paso en la nariz? ,pregunto. “Me he caído”, contesta.

Miguel Soto nació en Potosi, es un hombre de campo que estuvo recluido en Kantumarca por un año o más; él mismo ya no se acuerda exactamente cuánto tiempo estuvo allá antes de ser trasladado a La Paz. ¿Cuándo más o menos espera salir libre? , inquiero. “Nadie sabe”, responde moviendo la cabeza. “ ¿Y cómo puedo averiguar?”, pregunta después y parece que va decir algo más, pero la tos lo interrumpe. “Está enfermo”, explica alguien. “Enfermo”, repite él.

¿Cuál es la razón por la que se encuentra aquí?, quiero saber y Soto tarda en contestar. “Soy'deshonesto”, dice cauteloso, casi a susurros, después de un largo y engorroso silencio. “Es mil ocho”, apunta uno de sus compañeros en voz baja (está preso por la Ley 1.008, es decir, por un delito de narcotráfico). Cuando salga “nos vamos a ir con mi esposa; ella viene de visita a veces. Si no ¿a dónde voy a ir?”, se pregunta.

“Por ejemplo, un señor como este...- dice Juan Pérez Goitia (nombre ficticio), representante de los adultos mayores de San Pedro, señalando a Miguel Soto que dormita en la silla-, digamos que llega hasta la puerta; y de ahí, ¿qué hace?”. “Se va a con su esposa”, trato de adivinar. “ Pero si él no tiene a nadie”, aclara Pérez Goitia.

Según el director Nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, la institución Remar ofreció 250 espacios para recibir a los internos indultados que no tengan a dónde ir. “Nosotros estamos viendo de que haya un convenio con algún asilo de ancianos, con ayuda de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos”, dice el representante de los adultos mayores.

Detención domiciliaria

Según la Constitución Política del Estado, los adultos mayores tienen la posibilidad de guardar detención en su domicilio, pero ello muchas veces no sucede debido a que uno de los requisitos, además de un registro domiciliario y la presencia de una familia establecida, es contar con un contrato de trabajo vigente. Y como la tercera edad es también la edad de la jubilación, muchos no tienen otra opción que seguir en la cárcel.

“Estamos pidiendo que a los adultos mayores se nos conceda la detención domiciliaria. Además, la mayoría hemos cometido delitos leves, no hechos de sangre, y los demás son ‘mil ochos’”, afirma Pérez Goitia. “Los mil ochos y delitos leves deberían estar detenidos en su casa o, los que no tienen familia, en un asilo de ancianos”, agrega.

“Si tienes plata, te vas”

Andrés Chura también será beneficiado con el indulto.

Está casi sordo y tiene la presión alta. Se irá a su casa en Palos Blancos, en la cálida región de Alto Beni.

Sin embargo, tiene severos problemas en los riñones. Por un año durmió en el callejón de uno de los sectores de la cárcel, prácticamente a la intemperie. “Hemos sufrido mucho”, asegura.

Según cuenta, era dueño de una carpintería y un día su hijo y otros jóvenes trajeron coca para procesar. También llegó la Policía. Él y los jóvenes fueron trasladados a San Pedro. Los jóvenes se fueron al poco tiempo. “Vamos a volver por ti y no te preocupes, que no te va a faltar nada”, le prometieron y no regresaron nunca más. “Se han olvidado de mí”, dice él, triste.

Hoy Chura duerme en el aula de aproximadamente tres por cuatro metros que comparte con otros 19 presos de la tercera edad. Ninguno tiene colchón, sólo unas frazadas que extienden en el piso para descansar.

Para Everd Quiliche , “aquí no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. La justicia se administra como un negocio. “Si tienes plata, le pagas al juez y te vas; si no, entras a la cárcel”, dice con firmeza.

Por lealtad al jefe

Bruno López (nombre ficticio) ya podría haber salido del penal, podría nunca haber entrado, pero le faltaron los “recursos”.

Habita un espacio de reclusión aislado, por seguridad. Alguna vez fue policía, un hombre cercano a un ex comandante, quien a cambio de un favor solicitado por Bruno –solicitó que se aceptara a su hija en la institución policial como personal civil-, le pidió que hiciera ciertos cobros a quienes quisieran ingresar a la Escuela Básica de Policías( Esbapol).

“Yo te regalo un ítem, pero cobras mil dólares por ingreso”, le dijo el ex comandante, según cuenta. Hizo como diez cobros, firmó recibos y hasta elaboró una carpeta, como quien cavara su propia tumba. Era el “hombre de confianza” del ex comandante; hacía el trabajo sucio, pero él confiaba en su ex comandante. Finalmente, el ex comandante evadió el encierro, pero él sigue tras las rejas.

“¿Puedo poner su nombre?”, le pregunto. “Mejor no lo ponga, no quiero más amenazas ni represalias”. Reconoce haber sido consciente de que lo que hacía era ilegal, pero igual firmó los recibos. La honestidad, la lealtad, era con el comandante. La ley es otra cosa.

“He cambiado”, sostiene y muestra los documentos que certifican sus estudios. No ha dejado de trabajar y asegura haber cumplido con los años necesarios para poder acceder al indulto. Sólo espera la ejecutoría de su sentencia. “Me dicen que está en la Empresa de Correos de Bolivia y no les ha llegado todavía el informe”, comenta. “He perdido todo, hasta mi jubilación, pero quiero reinsertarme a la sociedad de una manera totalmente distinta. Ahora reflexiono mucho y quiero estar con mis hijos y mis nietos”, dice.

No tiene sentencia, no debería estar aquí. Hay retardación de justicia en su caso, ya tiene 63 años y padece una incapacidad, pero él no puede acogerse al indulto.


Habla con dificultad
Uno de los adultos mayores se acerca y, como los demás, muestra los documentos que trae consigo.

Su nombre es Juan Flores Laura, habla con dificultad. Padeció una embolia hace años y es otro “mil ocho”. Cuenta que no era más que un peón y que a él le echaron la culpa “de todo”. Está en la cárcel hace años.

“No tiene sentencia, no debería estar aquí. Hay retardación de justicia en su caso, ya tiene 63 años y padece una incapacidad, pero él no puede acogerse al indulto”, dice Pérez Goitia y afirma que “estamos agradecidos por el indulto pero, en realidad, no nos favorece”.

Los reclusos invocan al Pacto de San José de Costa Rica, del que Bolivia es signataria, la Constitución Política del Estado y el Código Penal para defender su posición de pedir detención domiciliaria para los adultos mayores.

“Lo otro que nos queda es someternos a un juicio abreviado, echarnos la culpa para acelerar la sentencia y después acceder al indulto, pero tampoco nos conviene. Deberíamos estar detenidos en nuestros hogares y tener un juicio justo”, asegura Pérez Goitia.

Otro problema del indulto, según los reclusos, es que otorga un plazo de 120 días desde su promulgación para realizar el trámite. Los requisitos son varios, los documentos tardan en ser emitidos y las filas son demasiado largas.

“El presidente ha dado el indulto por su buena voluntad, por amor, pero ahí se queda. Aquí no están organizados. No hay mesas de trabajo, no hay nada. Hay demasiada burocracia, ¿cómo lo van a hacer?”, se pregunta Juan Manuel Ricaldi , un cruceño de la tercera edad que padece un avanzado mal de Chagas. Desde hace dos años ya no puede tomar sus medicinas por estar en la cárcel. El pesado y lento engranaje de la burocracia y su falta de “recursos” no le han permitido aún ser trasladado a Palmasola.

“Si nos van a indultar que sea bien y , si no, que no nos indulten. Nos vamos a manifestar; si no lo hemos hecho hasta ahora, es porque no queremos perjudicar a nadie en las fiestas”, sostiene Everd Quiliche.

Entregan 32 motocicletas para seguridad ciudadana

Tweet En el marco de un convenio con la Policía Departamental, ayer el Gobierno Municipal de La Paz entregó 32 motocicletas destinadas al control de la seguridad ciudadana.

El alcalde Luis Revilla y el comandante Departamental de la Policía de La Paz, coronel Rosalío Álvarez, previa entrega de las motocicletas, firmaron ayer un convenio interinstitucional para enfrentar con mayor efectividad la problemática de la inseguridad.

El documento señala que la Comuna, a través de la Dirección Especial de Seguridad Ciudadana, invertirá en las gestiones 2012 al 2015, como mínimo el 10 por ciento anual de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en cumplimiento al artículo 38 de la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de poder atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, mantenimiento, servicios básicos y combustible de las Estaciones Policiales Integrales y módulos policiales.

Tras la firma del convenio se prosiguió a la entrega de las motocicletas que son origen japonés modelo 2012. Cada una tiene 250 centímetros cúbicos y poseen cascos y estuches de herramientas. La inversión para la compra de los motorizados fue de Bs 1.502.200.

Según informó el comandante departamental de la Policía, Resalió Alvares, las 32 motocicletas ayudarán a reforzar el trabajo de las Estaciones Integrales Policiales (EPIS).

“Esto nos permite fortalecer las EPIS, porque pretendemos descentralizar todos los servicios, no solamente el PAC, sino otros servicios policiales como: Radio Patrullas, la Brigada de Protección a la Familia, Bomberos, cosa de que cada barrio o ciudadano pueda contar con su Policía de manera más próxima”, expresó el Comandante.

A su turno, Revilla adelantó que este año se adquirirán otras 30 motocicletas y vehículos para fortalecer a la institución del orden en La Paz. También se realizarán las construcciones de la Estación Policial en San Antonio y la estación de Bomberos.

Policía aplaca a tiros protesta en Chonchocoro

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El anuncio del trasladado inminente de cuatro reos que son dirigentes de los internos de la cárcel de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, ocasionó una protesta de los condenados, que fue aplacada a tiros por la policía.

Según el informe oficial, anoche, debían trasladar a cuatro reos acusados de indisciplina dentro de esta cárcel de máxima seguridad. Enterados de esta remoción, los internos organizaron la protesta y empezaron a empujar las mallas de seguridad.

Ante cualquier posibilidad de que la situación empeore, los policías encargados de la seguridad realizaron disparos al aire, las detonaciones lograron aplacar la protesta y después de una reunión con los delegados del penal se acordó que las autoridades deben demostrar que realmente existió indisciplina de parte de los reos y éstos no impedirán el traslado.

Es la primera protesta que se realiza en esa cárcel de máxima seguridad en esta gestión y no se producía ningún hecho desde marzo de 2010 cuando una explosión de granada y disparos provocaron heridas en tres internos.

Desde 1992, cuando se inauguró el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, 15 personas murieron en circunstancias violentas o se suicidaron. Este centro carcelario, tiene capacidad para albergar 150 personas y está dividida en tres pabellones que resguarda a los condenados por la clase de delito que cometieron.

Reos de Chonchocoro, en emergencia

Tweet Los 124 privados de libertad del penal de máxima seguridad en Chonchocoro determinaron declararse en huelga de hambre y solicitaron la renuncia de Ramiro Llanos, director General de Régimen Penitenciario, por el incumplimiento de promesas y abuso de poder.
Osmar Valencia, representante de los reos en ese penal, afirmó que la molestia surge ante la determinación de las autoridades de trasladar a cuatro privados de libertad a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, además del incumplimiento en el incremento del prediario que debe ser de ocho bolivianos.
“Los compañeros Gallardo, Choquehuanca, Tito y Solares serían trasladados al bloque de máxima seguridad de Palmasola (…) Nosotros nos encontramos en emergencia desde el sábado. Hace unos minutos nos tratamos de comunicar con el director de Régimen y solamente se burla y dice que hagamos lo que nos venga en gana”, dijo a Erbol, ayer.
El representante declaró que “hemos procedido al cierre del penal” , y anticipó que no se respetará el régimen abierto de custodios, tampoco se permitirá el ingreso de alimentos y de guardias policiales.
Ramiro Llanos, director de Régimen Penitenciario, afirmó que el Consejo Penitenciario, instancia responsable de cada penal, falló este hecho y que “algunas determinaciones no les gustan a los internos de los centros penitenciarios (…). Parecería que ellos mandan en las cárceles, en realidad ellos mandan (…). Hay una pulseta en las cárceles, cada noche no saben si amanecen vivos o muertos. Hay un poder en Chonchocoro, pero con el nuevo reglamento en vigencia ya no hay poderosos”. Llanos explicó que se inició una etapa de clasificación entre los reos, para separar a sentenciados de preventivos.

Al menos 57 reos empiezan sus trámites para el indulto

Tweet Un grupo de más de 50 reos de las cárceles de Chuquisaca y de La Paz iniciaron los trámites, a través de las autoridades penitenciarias, para acogerse al beneficio del indulto presidencial, ratificado el 20 de diciembre del año pasado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, informó de que hasta la última semana del año pasado había más de 50 carpetas de documentaciones de internos del penal de San Pedro, de La Paz, que esperaban beneficiarse con el decreto presidencial del indulto y abandonar la cárcel.
Entre las carpetas figuran los casos de siete personas, dos de las cuales permanecen en el penal de San Roque y otras cinco en el de Tarabuco, que cumplieron con la tercera parte de su condena por delitos menores, señaló la directora departamental de Régimen Penitenciario de Chuquisaca, Angélica López.

Beneficiarios
El director nacional de Régimen Penitenciario espera que en las próximas horas se incremente el número de solicitantes para beneficiarse con el indulto y reducir el hacinamiento en las cárceles del país. Según las proyecciones del Gobierno, el indulto favorecerá a 1.900 personas de las más 13.000 que están privadas de libertad.
Las autoridades gubernamentales anunciaron que 400 personas serán beneficiadas de manera inmediata con el indulto presidencial, mientras que otros 1.500 internos podrán beneficiarse de la medida de excepción durante los próximos 120 días, si cumplen con los requisitos legales exigidos.
Uno de los requisitos legales para obtener el indulto es gestionar un procedimiento abreviado ante el Órgano Judicial; ese procedimiento permitirá que los presos sentenciados reciban el beneficio.
El 20 de diciembre del año pasado, el presidente Evo Morales aprobó el decreto presidencial 1444, que dos días después fue refrendado por la Asamblea Legislativa.

Casos
Por su lado, la directora penitenciaria de Chuquisaca señaló que en las próximas horas recibirá otros expedientes de reos que pagan condena en la carceleta de Monteagudo y estará a la espera de los recintos de Zudáñez, Padilla y Camargo, municipios en los que fue divulgada la norma del indulto.
“Estos trámites demoran 24 horas, una vez armadas las carpetas las remitiremos inmediatamente a la jurisdicción de La Paz para continuar el trámite correspondiente, donde homologarán lo remitido por la Dirección de Régimen Penitenciario de Sucre", acotó Angélica López.
La funcionaria afirmó que las personas privadas de libertad que iniciaron sus trámites, también deberán corroborar el cómputo de días de condena, aunque se reservó revelar los tipos de delitos que cometieron ni dijo si estas personas son discapacitadas o tienen lesiones severas o muy severas, por el derecho de privacidad

PARA SABER

REQUISITOS PARA EL BENEFICIO
Los internos que deseen acogerse al indulto deben presentar una fotocopia legalizada de la sentencia, una copia del documento de identidad, un certificado de buena conducta entregado en el centro penitenciario y el informe biosicosocial que conceden las autoridades penitenciarias.

Los reclusos enfermos
Deben elaborar un documento con el médico forense para determinar el mal, además obtener el certificado de antecedentes. Los documentos serán revisados por la comisión, instancia que tendrá la decisión. Posteriormente pasará a un juez de ejecución de penas para someterse al juicio abreviado.

Internos de Chonchocoro inician huelga de hambre
Los internos del penal de máxima seguridad de Chonchocoro se declararon ayer por la tarde en huelga de hambre e intentaron sobrepasar la seguridad policial para agredir a cuatro presos, presuntamente peruanos, por haber denunciado abusos de los delegados de ese penal. Los internos exigen la suspensión de la orden de traslado de sus delegados al penal de Palmasola.
“Sacaron a los internos que denunciaron los abusos y ahora están en régimen cerrado, pero vinieron con piedras y palos a sacarlos, pero la Policía no los dejó y la población (de la cárcel) ingresó en una huelga de hambre”, afirmó a EL DEBER uno de los detenidos que prefirió guardar su nombre en reserva para no sufrir represalias.
Según el relato, el problema surgió a raíz de una orden de traslado de cuatro internos al penal de Palmasola quienes fueron acusados por otros reclusos de cometer abusos y extorsión al ser delegados de la cárcel.
El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, dijo que serán inflexibles para hacer cumplir el Reglamento General de Cárceles, ya que actualmente son los presos los que mandan en los penales. /RO

Seguridad Ciudadana se fortalecerá con 1.500 policías

Tweet El Gobierno pretende construir al menos 30 estaciones policiales.

Con al menos 1.500 policías se pretende fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en ciudades con mayor índice delictivo, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La autoridad señaló que ya se tiene listo un proyecto de redistribución elaborado por el Comando General de Policía y que será entregado al presidente del Estado, Evo Morales, en estos días.
Romero explicó que estos efectivos serán destinados también a los trabajos de investigación en la fuerza anticrimen de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, ciudades donde se identificó muertes violentas, atracos y asaltos.
Citó como ejemplo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, donde actualmente hay 180 efectivos para una población urbana de más de un millón de habitantes. “No podemos seguir con este número en El Alto, donde a pesar de la falta de apoyo técnico y humano, han tenido un gran avance, porque son policías que tienen capacidad para resolver estos y otros casos que se presentaron en 2012”.

Infraestructura. El ministro Romero aclaró que para contar con los 1.500 efectivos se requiere también de infraestructura y para ello los gobiernos departamental y municipal deben ponerse de acuerdo para construir las Estaciones Policiales Integrales (EPI’s). En la actualidad hay 16 en todo el país, pero sólo seis cumplen con los requisitos técnicos de una estación. Mientras que el resto es sólo un módulo policial. “No podemos llevar a policías a un alojamiento o instalarlos en carpas en plazas públicas, sino hay que construir estas EPI’s y para ello vamos a plantear que haya una contraparte nacional. Si vamos a tener efectivos policiales, tenemos que tener infraestructura para que tomen el control territorial”, afirmó.

Cámaras. El Ministro agregó que después de dotar con infraestructura a la Policía, es necesario pensar en tecnología y que para ello se propuso el Gobierno instalar cámaras de seguridad en puntos o áreas estratégicas, para que de esta forma se pueda ayudar a prevenir y combatir el delito. Para ello, también se requerirá de personal policial que pueda monitorear las 24 horas del día. “Técnicamente se ha comprobado que la instalación de estas cámaras en determinadas regiones reduce la delincuencia en hasta 70 por ciento”.

5 millones de bolivianos se requiere para la construcción de una estación policial integrada.

El Alto requiere de seis ESTACIONeS POLICIALES para UNOS 14 distritos. Al menos seis estaciones policiales integrales (EPI’s) se requieren construir en la ciudad de El Alto para atender al menos a los 10 distritos urbanos y cuatro rurales, según declaró el coronel Félix Rocha, director regional de la fuerza anticrimen.
La autoridad policial coincidió con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y afirmó que cada estación debe contar con todas las dependencias policiales, además de oficinas de conciliación ciudadana.
Por su parte, el ministro Romero, afirmó que para construir una Estación Policial Integral es necesario contar al menos con unos cinco millones de bolivianos.

“Los delitos por muerte de personas generan una psicosis colectiva que debemos frenar con la Seguridad Ciudadana”.
Carlos Romero / MINISTRO DE GOBIERNO