El 22 de diciembre, mediante un decreto, hoy convertido en ley, el presidente Evo Morales dictó un indulto para los reclusos del país. Uno de los requisitos para acceder a ese beneficio y quedar en libertad es contar con una sentencia ejecutoriada; según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, la medida beneficiará a 1.246 internos en todo el país, es decir, al 9% de la población carcelaria, a los que deberían sumarse aquellos que se declaren culpables para acogerse a un proceso abreviado, tras el cual serán indultados.
Una sentencia “rapidita”
Al día siguiente de haberse conocido el decreto de indulto, el penal de San Pedro se llenó de abogados; “no se preocupen, yo los hago sentenciar rapidito”, ofrecían a los reos.
Son alrededor de 100 ancianos internos en el penal de San Pedro, pero tan sólo seis tienen la posibilidad de ser indultados; ocho son los que cuentan con una sentencia ejecutoriada. Según Everd Quiliche, representante de los internos de ese recinto penitenciario, hay alrededor de 2.350 presos en San Pedro y sólo cerca de 350 están sentenciados. “Y ningún penal ha presentado todavía sus carpetas”, dice.
Miguel Soto está sentado en uno de los bancos del aula. No se mueve como los demás, no conversa, por momentos dormita. Dice que tiene 70 años, pero aparenta contar con muchos más. Tiene el tabique aplastado y la punta de su nariz está más cerca de su mejilla derecha que del centro de su rostro. Él es uno de los ancianos que será beneficiado con el indulto. ¿Qué le paso en la nariz? ,pregunto. “Me he caído”, contesta.
Miguel Soto nació en Potosi, es un hombre de campo que estuvo recluido en Kantumarca por un año o más; él mismo ya no se acuerda exactamente cuánto tiempo estuvo allá antes de ser trasladado a La Paz. ¿Cuándo más o menos espera salir libre? , inquiero. “Nadie sabe”, responde moviendo la cabeza. “ ¿Y cómo puedo averiguar?”, pregunta después y parece que va decir algo más, pero la tos lo interrumpe. “Está enfermo”, explica alguien. “Enfermo”, repite él.
¿Cuál es la razón por la que se encuentra aquí?, quiero saber y Soto tarda en contestar. “Soy'deshonesto”, dice cauteloso, casi a susurros, después de un largo y engorroso silencio. “Es mil ocho”, apunta uno de sus compañeros en voz baja (está preso por la Ley 1.008, es decir, por un delito de narcotráfico). Cuando salga “nos vamos a ir con mi esposa; ella viene de visita a veces. Si no ¿a dónde voy a ir?”, se pregunta.
“Por ejemplo, un señor como este...- dice Juan Pérez Goitia (nombre ficticio), representante de los adultos mayores de San Pedro, señalando a Miguel Soto que dormita en la silla-, digamos que llega hasta la puerta; y de ahí, ¿qué hace?”. “Se va a con su esposa”, trato de adivinar. “ Pero si él no tiene a nadie”, aclara Pérez Goitia.
Según el director Nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, la institución Remar ofreció 250 espacios para recibir a los internos indultados que no tengan a dónde ir. “Nosotros estamos viendo de que haya un convenio con algún asilo de ancianos, con ayuda de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos”, dice el representante de los adultos mayores.
Detención domiciliaria
Según la Constitución Política del Estado, los adultos mayores tienen la posibilidad de guardar detención en su domicilio, pero ello muchas veces no sucede debido a que uno de los requisitos, además de un registro domiciliario y la presencia de una familia establecida, es contar con un contrato de trabajo vigente. Y como la tercera edad es también la edad de la jubilación, muchos no tienen otra opción que seguir en la cárcel.
“Estamos pidiendo que a los adultos mayores se nos conceda la detención domiciliaria. Además, la mayoría hemos cometido delitos leves, no hechos de sangre, y los demás son ‘mil ochos’”, afirma Pérez Goitia. “Los mil ochos y delitos leves deberían estar detenidos en su casa o, los que no tienen familia, en un asilo de ancianos”, agrega.
“Si tienes plata, te vas”
Andrés Chura también será beneficiado con el indulto.
Está casi sordo y tiene la presión alta. Se irá a su casa en Palos Blancos, en la cálida región de Alto Beni.
Sin embargo, tiene severos problemas en los riñones. Por un año durmió en el callejón de uno de los sectores de la cárcel, prácticamente a la intemperie. “Hemos sufrido mucho”, asegura.
Según cuenta, era dueño de una carpintería y un día su hijo y otros jóvenes trajeron coca para procesar. También llegó la Policía. Él y los jóvenes fueron trasladados a San Pedro. Los jóvenes se fueron al poco tiempo. “Vamos a volver por ti y no te preocupes, que no te va a faltar nada”, le prometieron y no regresaron nunca más. “Se han olvidado de mí”, dice él, triste.
Hoy Chura duerme en el aula de aproximadamente tres por cuatro metros que comparte con otros 19 presos de la tercera edad. Ninguno tiene colchón, sólo unas frazadas que extienden en el piso para descansar.
Para Everd Quiliche , “aquí no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. La justicia se administra como un negocio. “Si tienes plata, le pagas al juez y te vas; si no, entras a la cárcel”, dice con firmeza.
Por lealtad al jefe
Bruno López (nombre ficticio) ya podría haber salido del penal, podría nunca haber entrado, pero le faltaron los “recursos”.
Habita un espacio de reclusión aislado, por seguridad. Alguna vez fue policía, un hombre cercano a un ex comandante, quien a cambio de un favor solicitado por Bruno –solicitó que se aceptara a su hija en la institución policial como personal civil-, le pidió que hiciera ciertos cobros a quienes quisieran ingresar a la Escuela Básica de Policías( Esbapol).
“Yo te regalo un ítem, pero cobras mil dólares por ingreso”, le dijo el ex comandante, según cuenta. Hizo como diez cobros, firmó recibos y hasta elaboró una carpeta, como quien cavara su propia tumba. Era el “hombre de confianza” del ex comandante; hacía el trabajo sucio, pero él confiaba en su ex comandante. Finalmente, el ex comandante evadió el encierro, pero él sigue tras las rejas.
“¿Puedo poner su nombre?”, le pregunto. “Mejor no lo ponga, no quiero más amenazas ni represalias”. Reconoce haber sido consciente de que lo que hacía era ilegal, pero igual firmó los recibos. La honestidad, la lealtad, era con el comandante. La ley es otra cosa.
“He cambiado”, sostiene y muestra los documentos que certifican sus estudios. No ha dejado de trabajar y asegura haber cumplido con los años necesarios para poder acceder al indulto. Sólo espera la ejecutoría de su sentencia. “Me dicen que está en la Empresa de Correos de Bolivia y no les ha llegado todavía el informe”, comenta. “He perdido todo, hasta mi jubilación, pero quiero reinsertarme a la sociedad de una manera totalmente distinta. Ahora reflexiono mucho y quiero estar con mis hijos y mis nietos”, dice.
No tiene sentencia, no debería estar aquí. Hay retardación de justicia en su caso, ya tiene 63 años y padece una incapacidad, pero él no puede acogerse al indulto.
Habla con dificultad
Uno de los adultos mayores se acerca y, como los demás, muestra los documentos que trae consigo.
Su nombre es Juan Flores Laura, habla con dificultad. Padeció una embolia hace años y es otro “mil ocho”. Cuenta que no era más que un peón y que a él le echaron la culpa “de todo”. Está en la cárcel hace años.
“No tiene sentencia, no debería estar aquí. Hay retardación de justicia en su caso, ya tiene 63 años y padece una incapacidad, pero él no puede acogerse al indulto”, dice Pérez Goitia y afirma que “estamos agradecidos por el indulto pero, en realidad, no nos favorece”.
Los reclusos invocan al Pacto de San José de Costa Rica, del que Bolivia es signataria, la Constitución Política del Estado y el Código Penal para defender su posición de pedir detención domiciliaria para los adultos mayores.
“Lo otro que nos queda es someternos a un juicio abreviado, echarnos la culpa para acelerar la sentencia y después acceder al indulto, pero tampoco nos conviene. Deberíamos estar detenidos en nuestros hogares y tener un juicio justo”, asegura Pérez Goitia.
Otro problema del indulto, según los reclusos, es que otorga un plazo de 120 días desde su promulgación para realizar el trámite. Los requisitos son varios, los documentos tardan en ser emitidos y las filas son demasiado largas.
“El presidente ha dado el indulto por su buena voluntad, por amor, pero ahí se queda. Aquí no están organizados. No hay mesas de trabajo, no hay nada. Hay demasiada burocracia, ¿cómo lo van a hacer?”, se pregunta Juan Manuel Ricaldi , un cruceño de la tercera edad que padece un avanzado mal de Chagas. Desde hace dos años ya no puede tomar sus medicinas por estar en la cárcel. El pesado y lento engranaje de la burocracia y su falta de “recursos” no le han permitido aún ser trasladado a Palmasola.
“Si nos van a indultar que sea bien y , si no, que no nos indulten. Nos vamos a manifestar; si no lo hemos hecho hasta ahora, es porque no queremos perjudicar a nadie en las fiestas”, sostiene Everd Quiliche.
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