El gobernador de la cárcel, Raúl Encinas, confirmó que las construcciones tienen autorización de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, pero que “son para el uso común, para el bien común de la población, según lo que dice la autorización”.
Similar información dio el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, quien dijo que tiene conocimiento de las edificaciones, pero dejó en claro que deben ser para uso común.
En la misiva, enviada el 29 de octubre de este año, los reclusos informan que un grupo de internos viene “construyendo en forma indiscriminada y abusiva celdas con el fin de comercializarlas a precios elevados, especialmente a los nuevos internos, quienes ante el hacinamiento existente son víctimas de esta extorsión y especulación”.
Asimismo, la carta, a la que tuvo acceso este medio, acota que los internos realizan inversiones privadas para la edificación de estos ambientes “en áreas que son de propiedad del Estado”.
Cuando Página Siete consultó a Encinas si la construcción privada estaba permitida dentro del penal, el gobernador respondió que sí y que por esto es que se permite que ingrese el material de construcción al penal.
El director nacional de Régimen Penitenciario aseguró a este medio que tenía “entendido que (la edificación) es para uso colectivo. Si es así, no habría problema aunque sean construcciones particulares porque beneficiaría a todos”.
En la carta de denuncia, los reclusos dicen que los compañeros que llevan adelante las obras consiguieron el permiso dando información falsa a la Dirección de Régimen Penitenciario. “Afirman que esas construcciones serán de beneficio común, lo cual no es cierto, ya que inclusive se han realizado preventas con la entrega de documentos de propiedad”, señala.
Denuncian que uno de los constructores firmó un acta de compromiso ante uno de los delegados de la sección Posta y no así ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario.
Ese documento, agrega la misiva, informa que los ambientes construidos serán destinados para las personas que no tienen dónde habitar y de uso común, “pero en ninguna parte se señala que estas celdas serán entregadas en forma gratuita”.
“Asimismo, al finalizar la construcción, el delegado o el directorio de la sección definirá quiénes serán los beneficiarios”, se lee en la carta.
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