“La familia está de duelo y encima de la pena que tenemos por la muerte de nuestros familiares, la Policía no ha tenido consideración. No da respuestas, ahora han traído a mis sobrinos de forma brusca como investigados”, dice Isaid Costas Balderrama, uno de los familiares.
En la intersección de las calles Bacovik y Ejército de la ciudad de Oruro un carro de comida permanece de pie en medio de un montón de escombros. Cubiertos de tierra, trozos de plástico, vidrio y madera están regados a 50 metros a la redonda.
Ahí, en medio del desastre, hace ocho días doña Ana Fernández de Gutiérrez -de 71 años- instaló su puesto de venta de chicharrón. Acompañada de sus hijos y nietos atendía a los clientes sin tiempo ni espacio.
Su jornada parecía igual a la que cumplía cada Carnaval desde hace 30 años. Cerca las 18:30 una explosión segó su vida.
Los primeros informes policiales aseguraban que el estallido se había producido por la caída de aceite caliente en la manguera de una garrafa, que habría provocado una fuga de gas. Pero, después de la segunda detonación del martes, que dejó cuatro muertos, esa conjetura no es la única.
El jueves, cuatro miembros de la familia Gutiérrez fueron detenidos. La Policía los puso en la mira porque estuvieron a una cuadra de la segunda explosión, la del martes de ch’alla.
“Prácticamente ha sido un allanamiento de la Policía a la casa de una familiar. Han traído a mis dos sobrinos por la fuerza. Mis otras dos sobrinas han venido por cuenta propia pero amedrentadas”, comenta Isaid.
Los cuatro detenidos son parte de la parentela Gutiérrez. Tres (dos mujeres y un varón) son hijos de Vicenta Gutiérrez, hija de doña Ana, quien falleció también en la explosión del sábado. El cuarto aprehendido es esposo de una de las nietas.
¿Qué hacían los Gutiérrez cerca al segundo suceso? “Queríamos respuestas”, dicen. Tres días después de la explosión del sábado, las investigaciones avanzaban muy lentamente y había quienes inculpaban a doña Ana acusándola de no manejar correctamente sus enseres de cocina.
La tarde del martes, varios miembros de los familiares decidieron ir al lugar de los hechos, donde el comandante departamental de la Policía de Oruro dirigía la investigación. “Queríamos que nos escuche, que reciba los videos donde se ve entera la garrafa de la abuela y decirle que había gremiales que habían visto incidentes previos. Pero el comandante nos ha dicho que no entorpezcamos y que les dejemos trabajar”, relata Costas.
Vicenta, hija de doña Ana, se casó dos veces. Una rama de sus hijos apellidan Balderrama Gutiérrez y tres de ellos se quedaron ese martes -junto a tíos y primos- a “vigilar” el trabajo de los peritos. Un grupo de gremiales llegó a acompañarles y darles un dinero recolectado tras la tragedia.
En ese momento se produjo la segunda explosión. Isaid fue golpeado por las hondas expansivas y como todos los que estaban ahí, corrió lo más lejos que pudo. Cuando recobró la calma se dio cuenta que sus sobrinos habían desaparecido.
“¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué cuando nosotros estamos ahí? Tal vez es algo contra la familia”, fue la primera reacción. Sin embargo, coinciden los Gutiérrez que no tienen enemigos y que como familia “son muy unidos”.
El jueves, mientras era conducido a los laboratorios forenses, Denis B. G. indicó que lo trasladaron enmanillado mientras le decían que su cuñado “ya había hablado en su contra”. “Querían que confiese algo que no hice, nos quieren culpar a los dolientes. ¿Cómo voy a lastimar a mi propia familia?”, afirmaba.
Después de hacer las pruebas de absorción atómica, los investigados fueron liberados. “Ante un llamado deben presentarse”, les advirtió la Policía.
Con la incertidumbre a cuestas, la familia Gutiérrez prepara la misa de ocho días para despedir a sus muertos.
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