La pasada semana, Tezanos llegó hasta puertas del recinto penitenciario, donde los representantes de los privados de libertad, le entregaron, un documento con sus demandas, que pasan por la aprobación de un nuevo indulto que sea más amplio y beneficie, por ejemplo, a mujeres cabezas de hogar, mujeres embarazadas, personas que hayan cometido delitos menores, detenidos con enfermedades terminales, con discapacidad grave o muy grave y personas adultas mayores.
DECRETO PRESIDENCIAL
Cuestionaron el último Decreto Presidencial, aprobado en diciembre de 2016, que se aplicó solamente a personas privadas de libertad con sentenciadas ejecutoriadas, llegando a cubrir sólo a un aproximado de 400 personas con condena, cuando se había anunciado un beneficio para 1.800 en todo el país.
Para los reclusos, aplicación de la medida no cumplió su principal objetivo de disminuir los altos índices de hacinamiento, situación que ha derivado en una crisis en el sistema penitenciario boliviano.
El Defensor señaló que el nivel de hacinamiento del país es del 256%, por lo que urge la toma medidas en el marco de los derechos humanos y defendió que los alcances de los beneficiarios no afectan ni afectaron a casos contrarios a la seguridad ciudadana, debiendo contrarrestarse la criminalización de la pobreza, la mala aplicación de la detención preventiva y apuntar a confluir con políticas de descongestionamiento.
Explicó que en 2012 la población penitenciaria llegaba a 13.600 personas y ahora llega a 18.000. "Son cifras rojas que deben exigir la aplicación de medidas contra este hacinamiento", complementó.
De la misma forma, en los penales de San Roque de Sucre y Mocoví de Trinidad, los delegados de las personas privadas de libertad entregaron las mismas peticiones a los Delegados Defensoriales Departamentales, Edwin Martínez y Yolanda Melgar, respectivamente.
NIÑOS
Otra temática que se pretende aliviar, es la de los niños que viven en las cárceles. Más de 550 menores de seis años, informó el director de Régimen Penitenciario, Jorge López.
La información, fue brindada en el marco de la inauguración de un taller de tres días, donde varias instituciones buscan elaborar medidas de protección para estos menores que por diferentes motivos purgan condena junto a sus padres o madres.
López recordó que en 1995 se presentó el programa "No encarceles mi niñez", donde se manejaba la cifra de hasta 1.700 niños que crecían al interior de las cárceles del país, por lo que la disminución, es más del 60 por ciento.
"La Dirección General de Régimen Penitenciario tiene un registro de 550 niños menores de seis años de edad que por varias circunstancias de la vida viven con sus progenitores en las cárceles", señaló.
López explicó que uno de los factores para la disminución de este índice, fueron los intentos de motines que se registraron en 2009, donde se puso en riesgo la integridad de los menores y junto a los delgados, se optó porque las defensorías de la niñez intervengan y se busque a la familia ampliada (parientes) para que asuman la tutela.
"Reitero, la cárcel no es el mejor lugar para que crezcan los niños, pero tampoco podemos generar la separación de familias. Es justo esos temas los que vamos a tratar estos días", señaló López.
Por otro lado, detalló que el 92 por ciento de los menores son de internos en las cárceles del eje troncal y el resto está repartido en los demás departamentos.
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