"La ministra Ramos estaba en la inauguración de la fábrica. Con eso más nosotros hemos confiado que el Gobierno nos apoyaría como decía ella (Elizabeth), pero eso no pasó. Queremos saber qué hacía allí la Ministra”, dijo Carmen Condori, quien perdió 17.000 dólares.
Las víctimas suman al menos 120 personas, que entre febrero y diciembre de 2015 entregaron distintos montos de dinero (uno incluso dio 40.000 dólares). No sólo fue La Obrerita, también había proyectos textiles, viviendas, entre otros, para los que la presunta estafadora utilizó similar modus operandi.
Elizabeth F. se presentaba como afín al MAS, decía tener contactos con autoridades del Gobierno. Enseñaba fotografías de ella con el vicepresidente Álvaro García Linera y el presidente Evo Morales para demostrarlo.
Según las investigaciones, con estas "cartas de presentación” convencía a la gente de entregarle dinero para que ella "negociara” con el Gobierno la entrega de créditos a fondo perdido para proyectos productivos. Pero al final ella desapareció con el dinero de sus víctimas.
En el caso de La Obrerita, según Éricka Córdoba, quien asesora jurídicamente a las víctimas, Elizabeth F. dijo que se contactó con Evo Morales para que asista a la inauguración de la empresa, pero él respondió que no podía y enviaría a su representante. "Entiendo que por eso estaba la ministra Ramos”, añadió Córdoba.
En el lugar, que era la casa de Elizabeth F. -reconstruida con el dinero de los que ahora la denuncian-, la autoridad arrojó un jarrón de chicha, recorrió los ambientes y se tomó fotografías con la gente entusiasmada.
El proyecto costaría 2,4 millones de dólares. El 20% inicial para el arranque lo dieron las víctimas, el 80% restante debía ser financiado por el Gobierno, prometió la ahora imputada.
La ayuda del Ejecutivo nunca llegó. Ante la falta de recursos, la fábrica de tarwi cerró. Después, según Condori, Elizabeth F. les dijo que unos ladrones se robaron la maquinaria e intentó entregar en anticrético esos ambientes.
El abogado Orlando Ferrufino, quien en un principio recibió la imputación de Elizabeth F. para patrocinarla, afirmó ayer que ya no tenía nada que ver en el caso.
La Unidad de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que la presencia de Ramos en aquel evento fue por una invitación firmada por Elizabeth F. y dirigentes de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype). Así se descartó que fuera una enviada en representación del presidente Morales.
"La Ministra fue a la inauguración como asiste a muchas de las invitaciones del sector micro y pequeño empresarial. Esto fue en la zona 24 de Junio de la ciudad de El Alto. Ella no prometió ayuda del Gobierno, dijo que (éste) apoya a los micro y pequeños empresarios, y es una realidad”, se informó.
Se explicó que Ramos ni siquiera conocía a la supuesta estafadora y que esa cartera de Estado no ayuda con fondos económicos a los proyectos que se presentan, sino con asesoría técnica para que puedan conseguir los recursos de otras entidades.
Envían a la acusada a la cárcel de mujeres en Obrajes
Elizabeth F. fue enviada ayer al Centro de Orientación Femenina de Obrajes por la presunta comisión de estafa con víctimas múltiples; se calcula que 120 personas cayeron en sus engaños.
"Las autoridad jurisdiccional valoró los elementos probatorios colectados por el Ministerio Público como indicios suficientes de la probabilidad de autoría, por lo que dispuso la detención preventiva de la imputada en la cárcel de mujeres”, informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Entre febrero y diciembre de 2015, la imputada pidió dinero a sus víctimas para realizar trámites ante el Gobierno y solicitar ayuda a título de fondo perdido para beneficiar a pequeñas y medianas empresas con proyectos productivos.
En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal asignado al caso, Marco Antonio Vargas, estableció la participación y autoría de la procesada.
Además, se demostraron los riesgos procesales de peligro de fuga y de obstaculización en las investigaciones, ya que Elizabeth F. supuestamente falsificó recibos y documentos de instituciones públicas, lo que demuestra su habilidad para fraguar evidencia. También se probó que puede influir en coautores de las estafas y testigos.
El Código Penal establece una pena de hasta 10 años de cárcel para el que incurre en estafa con víctimas múltiples.
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