Monday, November 18, 2013

Bolivia y Perú lideran en delitos urbanos

Bolivia y Perú son los países donde más delitos se cometen en áreas urbanas, a diferencia de los otros países que conforman Latinoamérica con el 32% cada uno.

Los datos, forman parte del estudio “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe analiza el fenómeno de la seguridad ciudadana en profundidad, proponiendo recomendaciones concretas para mejorar las políticas públicas de los estados.

Expertos en seguridad ciudadana y derechos humanos, coinciden que el incremento de la criminalidad es por las carencias de estas políticas, el descrédito de los administradores de justicia y la falta de coordinación con los tres niveles de Estado. Bolivia incrementó en delitos de robos con violencia y la percepción de inseguridad en los barrios periféricos, siendo las principales amenazas los delincuentes comunes.

Incluso en el país, un 58% de personas que sienten inseguras de andar solas por las noches.

Delitos menores en estadísticas negras. El excomandante departamental de la Policía, Rolando Fernández, dijo que los delitos menores o de bagatela son los más comunes de Santa Cruz.

Actos dolosos que quedan registrados en las estadísticas negras, ya que en su mayoría las víctimas no los denuncian.

“Eso es el vacío de la legislación penal de nuestro país, los delitos menores no se toman en cuenta dentro del campo de la investigación, salvo situaciones donde haya el agravante de armas de fuego o personas heridas a consecuencia de ello”, remarcó.

Sugirió evitar el riesgo y el peligro, y defenderse cuando tenga posibilidad de hacerlo, practicar la cultura de la seguridad, además de intensificar el patrullaje policial en las zonas más vulnerables a través de lo que se conoce como el mapeo criminal.

Sistema judicial colapsado. Mientras que el exfiscal de Distrito, Willam Herrera, indicó que los datos que reflejan el PNUD, es que en Santa Cruz hay un sistema judicial colapsado con altos índices de retardación, corrupción y falta de credibilidad.

Situaciones que permite un desborde de la delincuencia y seguirá aumentando en la medida en que no haya un Órgano Judicial independiente, creíble, fortalecido e imparcial.

Esto porque el delincuente es consciente de la permisibilidad de la justicia, es decir, al poco tiempo de que sea detenido estará nuevamente en las calles volviendo a delinquir.

Justicia en crisis. En esa línea, el exfiscal antinarcóticos, Joadel Bravo, indicó que uno de los problemas del crecimiento de la inseguridad, es la crisis profunda que están atravesando los administradores de justicia.

Esto en referencia a la institución del orden, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya que es de conocimiento público que hay altas autoridades que han sido aprehendidas y otros que se han fugado.

Recalcó que en el país falta una lucha científica contra el delito, “porque inclusive hay algunos abogados que forman parte de organizaciones criminales, donde no hay una verdadera aplicación de la ley y además los altos índices de narcotráfico en el país'.

Hay carencia de un Estado real. Para el penalista, Alejandro Colanzi, los datos del informe es una clara muestra que Latinoamérica y en especial Bolivia, hay carencia de un Estado real. “No existe en la realidad y se lo puede ver con el ejemplo de Palmasola, ya que es una cárcel donde no ingresan los organismos gubernamentales y es admitido por el presidente Evo Morales y el ministro de Gobierno, Carlos Romero”.

Similar situación pasa en algunos municipios del norte cruceño, que son territorios de narcotraficantes y donde no tiene entrada la Policía Nacional y eso es el extremo de la ausencia de un Estado que no puede ejercer soberanía.

Falta presupuesto adecuado para seguridad. Según el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, el incremento de la criminalidad en la región y en especial Bolivia, pasa por la falta de un presupuesto adecuado para seguridad ciudadana.

Como resultado, dijo el jurista y docente de la materia de Derecho Financiero de la Universidad Gabriel René Moreno, la delincuencia está pasando la factura y que da lugar al incremento diario de la criminalidad. Aclaró que la asignación de recursos como política de Estado, significa actuar tanto en el tema preventivo - persuasivo con la Policía a través de la educación y la readaptación penitenciaria de personas que incurren en delitos.

PNUD
Corrupción y violencia ilegal por parte de actores estatales

PNUD. Tanto la corrupción como la violencia, por parte de actores estatales tienen efectos nocivos sobre la seguridad ciudadana: ambas socavan la colaboración que puede darse entre las instituciones de seguridad y las comunidades, y debilitan las estrategias de control y aplicación de la ley.

Informe
Recomendaciones del PNUD

1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las experiencias y lecciones
aprendidas.

Aprovechar cabalmente las iniciativas gubernamentales y no
gubernamentales a nivel local, estatal y nacional que buscan
contribuir a la seguridad.

2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito.

Desarrollar políticas públicas que permitan atender de forma prioritaria las zonas de mayor afectación por la violencia y proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad.

3. Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad.

Las políticas de prevención requieren potenciar los múltiples
factores que subyacen a la seguridad, impulsando el desarrollo humano y sustentable, mejores oportunidades de los habitantes y condiciones estructurales que propicien la equidad.

4. Disminuir la impunidad mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos.

5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente de las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana.

6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.

7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público.

8. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas.

9. Regular y reducir los facilitadores del delito, como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública.

10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.

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