Uno de los últimos casos ocurrió la madrugada del 25 de mayo en Ventilla I, El Alto, cuando, según testigos, un hombre fue confundido con un delincuente y fue ajusticiado por una turba; poco después se supo que era un policía.
El magistrado suplente del Tribunal Constitucional y exfiscal Milton Mendoza explica que en este tipo de casos las masas se atribuyen la potestad de castigar a los supuestos delincuentes cuando ésta es responsabilidad del Estado a través de las instancias y procedimientos fijados por ley.
“Como las masas creen que nadie les garantizará dicho castigo, se atribuyen esa función”, sostiene. El exjuez Róger Valverde considera que la ausencia del Estado, debido a la desconfianza en la Justicia y la debilidad operativa policial, generan la reacción ciudadana, que se traduce “en la toma de justicia por mano propia”.
La Razón estableció que en los primeros cinco meses de este año se cometieron cuatro linchamientos con el saldo de cinco muertos, entre ellos dos policías. Ambos fueron ajusticiados en El Alto, mientras que un par de presuntos ladrones fueron enterrados vivos en una comunidad rural de Sucre y un delincuente fue asesinado en San Julián (Santa Cruz).
Un recuento de datos elaborado por el exparlamentario Luis Eduardo Siles (MNR) revela que entre 2008 y 2011 (48 meses), 49 personas fueron ajusticiadas en el área urbana y rural del país. La sistematización, que se basó en publicaciones de prensa (La Razón, La Prensa, Los Tiempos y El Deber), estableció que 23 de las muertes se produjeron en Cochabamba, 11 en La Paz, ocho en Potosí, cuatro en Santa Cruz, dos en Chuquisaca y una en Oruro.
Uno de los casos es el de cuatro policías enterrados vivos en Uncía, Potosí, en 2010. En diversas ocasiones, el argumento esgrimido fue “justicia comunitaria”.
Ésta fue constitucionalizada y plasmada en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, norma que prevé que “el linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado” (artículo 6).
Además, prohíbe la pena de muerte (artículo 7). Mendoza explica entonces que la justicia comunitaria es mal entendida porque no contempla el linchamiento y coincide con Valverde en que es consecuencia, entre otros aspectos, de la desconfianza en la Justicia.
El magistrado recuerda que 85% de los detenidos está en las cárceles de manera preventiva y que sólo el 15% tiene sentencia.
Datos de la Policía dan cuenta de que el número de casos atendidos sube año que pasa. En 2010 fueron 49.519 y en 2011, 50.844, en tanto que entre enero y marzo de 2012 se reportaron 14.259. El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Gregorio Herrera, considera urgente dar orientación jurídica a la población periurbana y rural. “A título de justicia comunitaria se están produciendo linchamientos. Ese tipo de delitos es inconcebible, el comunario no puede hacer justicia por mano propia”.
El director general de Justicia Indígena Originario Campesina, Nelson Cox, coincide en que las debilidades en la administración de Justicia contribuyen a generar desconfianza y reacciones violentas en la población. El constitucionalista Óscar Davezies considera que algunos vecinos recurren al linchamiento por la creciente inseguridad ciudadana, pero también porque la Justicia no castiga a quienes instigan estos delitos.
Sugieren eficacia y políticas
Políticas orientadas a acelerar la aplicación de la justicia y a efectivizar la labor policial pueden evitar que sectores de la población tomen en sus manos la justicia, coinciden expertos.
El magistrado suplente del Tribunal Constitucional y exfiscal Milton Mendoza plantea al Gobierno diseñar normativas que contribuyan a acelerar los procesos en materia penal. “Si se logra revertir el concepto de retardación judicial, la gente retomará la confianza en el sistema y no se verá en la necesidad de incurrir en linchamiento”.
Para el exjuez de Instrucción en lo Penal Róger Valverde, es necesario también crear políticas que efectivicen la labor policial para que se afiance la persecución e investigación del delito. Señala también que el sistema de rehabilitación en las cárceles no funciona y “los acusados pueden volver a cometer delitos”.
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