Sunday, July 15, 2012

Desaparición de Zarlet muestra aumento de extravíos

Zarlet Clavijo Martínez, de 17 años, desapareció en la ciudad de La Paz la tarde del 4 de junio. Este hecho movió a esferas civiles y políticas de Bolivia, medios de comunicación, redes sociales, familiares y Policía en su búsqueda.

Varias hipótesis se manejaron respecto a la desaparición de Zarlet, pero ninguna de ellas ayudó a dar con su paradero. Su padre, el asambleísta cochabambino Hever Clavijo, mantiene la esperanza de que su hija aparezca poniendo fin a ese drama.

Después de esa desaparición varios casos salieron a la luz revelando la existencia de organizaciones delictivas que se dedican a captar personas con fines de trata y tráfico.

La desaparición o extravío de niños, niñas y adolescentes es una realidad en Bolivia que afecta y desintegra a las familias y revela las debilidades de la Policía que, a pesar de la búsqueda que realiza, tiene muchos casos no esclarecidos.

DRAMA Detrás de cada desaparición está el drama que las familias deben atravesar para hallar a su ser querido. Las madres de niños, niñas y adolescentes extraviados no comen ni duermen y están con la incertidumbre de que sus seres queridos hayan sido víctimas de organizaciones criminales de tratantes y traficantes de personas.

Según las autoridades policiales, los menores generalmente huyen de sus casas por problemas familiares o sentimentales, bajas calificaciones o la búsqueda de independencia a través de un trabajo.

En cualquiera de estos casos, cuando el menor huye está expuesto a ser víctima de explotación laboral o sexual y otros delitos. Pero también existen casos en que las organizaciones criminales se dedican a captar personas aprovechándose de la vulnerabilidad, en especial de las adolescentes.

Por ello, la Policía y otras instituciones recomiendan fortalecer los lazos familiares para evitar que los hijos e hijas sean víctimas de falsas promesas y sepan actuar ante la presencia de desconocidos.

ESTADÍSTICAS A nivel nacional se reportaron 1.298 denuncias de personas desaparecidas, de enero a mayo de 2012. Los casos podrían estar relacionados con la trata y tráfico de personas, según datos del Comando General de la Policía.

En Cochabamba, la Policía atendió 234 denuncias de extravíos o desaparecidos de los cuales 216 retornaron a sus hogares.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que en los últimos dos años se registró cerca de 1.990 desaparecidos que podrían ser víctimas de trata y tráfico.

Las edades más vulnerables oscilan entre los 13 a 18 años. A ese grupo etéreo pertenecen más del 90 por ciento de las víctimas.

El exjefe de la División de Trata y Tráfico de Personas (2007-2009), teniente coronel Boris Bellido, afirmó que el 95 por ciento de las denuncias de extravíos y desaparecidos retorna a su hogar y el resto podría estar fuera del país siendo víctima de trata y tráfico.

El 50 por ciento de los que regresan a su hogar es por acción o intervención de la Policía y el resto por la difusión de los medios de comunicación y la búsqueda de los familiares.

Entre los delitos que contempla la trata y tráfico de personas está la organización criminal, trata de seres humanos, tráfico de emigrantes, pornografía, corrupción de menores, corrupción agravada, corrupción de mayores, proxenetismo y publicaciones y espectáculos obscenos.

La División de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc de Cochabamba investiga 24 casos relacionados a este delito. Catorce son de trata y tráfico de personas, 5 de tráfico de migrantes, 1 de corrupción de menores y 4 de proxenetismo. Bellido denuncia que sólo el 0,5 por ciento de los casos procesados tiene sentencia.

DEFENSORÍA La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado tiene otras cifras y todos los casos que atiende los deriva a la Policía.

Entre enero y mayo de 2012, la Defensoría recibió 261 denuncias de las cuales el 32 por ciento se relaciona con delitos de trata y tráfico de personas y violencia sexual.

En Bolivia no existe una base de datos que contenga todos los casos de este delito. Al mismo tiempo la Policía admite que no cuenta con el personal suficiente para la labor de búsqueda.

Bellido explica que el delito de trata y tráfico “destruye y carcome lo más preciado que tiene el ser humano que es la vida, más aún si se trata de niños y adolescentes vulnerables”.

Denuncias en la Defensoría de la Niñez

Nueva ley protege víctimas y permite agentes encubiertos

La nueva Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas introduce, en la investigación de los casos relacionados con este delito a los agentes encubiertos, respalda la incautación de los bienes a favor de la Policía, endurece las sanciones y protege a las víctimas y testigos.

Esta ley fue sancionada el viernes en la Cámara de Diputados para su próxima promulgación. Su objetivo primordial es combatir la trata y tráfico de personas. También es un mecanismo efectivo de control y prevención contra el aumento de este delito que conmociona a la sociedad boliviana.

El exjefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (2007-2009) y especialista en este delito, teniente coronel Boris Bellido, manifiesta que entre los elementos de esta ley es que en los casos relacionados con trata y tráfico de personas se podrá incorporar a un agente encubierto que pueda obtener información de la organización criminal e identificar al o los jefes, cuantificar los bienes obtenidos a raíz de este ilícito y otros elementos que ayuden en la investigación.

“Cientos de lenocinios están impunes. Hay uno que hace 35 años está lucrando de la actividad sexual comercial porque ha logrado construir toda una red que lo encubre. De pronto este agente encubierto va a permitir revelar toda esta actividad, el modus operandi, cuántos niños y adolescentes están en su poder y qué bienes tiene producto de esta actividad”, dijo Bellido.

Otro elemento importante de esta ley es que permite la incautación de los bienes producto de este ilícito y que vayan destinados a la Policía; otorga mecanismos de vigilancia electrónica, mayor control en las fronteras, promueve programas de protección a las víctimas y testigos y compromete a los gobiernos municipales para ayudar con equipo logístico en el combate al delito.

La trata de personas será sancionada con la privación de libertad de diez a quince años. El proxenetismo de diez a quince, pero puede subir a veinte si se trata de menores de edad.

El tráfico de personas de cinco a diez, la pornografía de diez a quince.

La NAS dejará de apoyar a la Policía en casos de trata

De las siete divisiones que cuenta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) la División de Trata y Tráfico de Personas es la mejor equipada gracias al apoyo de la División de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS). Pero esta ayuda será suspendida desde septiembre y de allí en adelante la situación es incierta.

La información fue confirmada por el jefe de la División de Trata y Tráfico de la Felcc, capitán Edwin Lobatón, que además señaló que esta división cuenta con equipo suficiente aunque hay falencia en personal ya que sólo tiene cinco investigadores o policías. “Esta división cuenta con bastante apoyo en cuestión de computadoras, apoyo logístico, de escritorio, de vehículos. No nos podemos quejar. Hay dos vagonetas y dos motocicletas.

Lobatón está consciente que el alejamiento de la NAS afectará a la división pero a pesar ello muestra optimismo y afirma que no afectará a la labor investigativa con los recursos del Comando.

CAPACITACIÓN El apoyo específico de la NAS a la división consiste en viajes, apoyo en investigaciones, combustible, material de escritorio, internet, teléfonos, mantenimiento de los vehículos y todo lo referente a logística.

Después de septiembre todo este apoyo se suspenderá pero nuevamente se implementará una oficina de capacitación técnica investigativa para el personal de esta división.

Desde hace más de un año los policías e investigadores de la División de Trata y Tráfico no reciben capacitación de la NAS debido a desacuerdos y dificultades entre el Gobierno y la Embajada de los Estados Unidos.

Procedimientos para la denuncia

Si un niño, niña o adolescente desaparece o se extravía, los padres o algún familiar deben presentar la denuncia en la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) o en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio.

Para presentar la denuncia no es necesario que transcurran 24 horas como ocurre con las personas mayores.

El jefe de la División de Trata y Tráfico, capitán Edwin Lobatón pide que el denunciante lleve una fotografía reciente del niño, niña o adolescente extraviado para que los policías elaboren un afiche con los datos personales, la descripción de la vestimenta que llevaba, el último lugar donde fue visto y los teléfonos de referencia, ya sea de la Policía, de la Defensoría y de los familiares.

Con este afiche, los policías y familiares deben distribuirlos o publicarlos en los medios de comunicación, la Terminal de Buses, las trancas, los lugares donde le vieron la última vez y otros que se crea pertinente.

“Elevamos (elaboramos) un manifiesto y con eso empezamos la labor de búsqueda”, afirmó Lobatón.

El exjefe de la División de Trata y Tráfico de Personas (2007-2009), teniente coronel Boris Bellido y Lobatón, indicaron que es primordial la información que brinden los padres, familiares y amigos después que el menor desaparece. Estos datos ayudarán en la investigación y permitirán que la Policía distinga si se trata de un caso de trata y tráfico.

Lobatón añade que es importante que los padres o familiares comuniquen a la Policía si el menor fue hallado o retornó a su hogar, para que de esta forma cesen con la búsqueda.

Saturday, July 14, 2012

Ley de Seguridad Ciudadana crea Consejo Indígena dependiente del Estado central

La Ley de Seguridad Ciudadana para Vivir Bien fue aprobada ayer por la Cámara de Senadores incluyendo la figura del Consejo Indígena Originario Campesino como entidad encargada de regular la aplicación de la norma aprobando planes y propuestas, aunque bajo dependencia del Gobierno central.

La justicia comunitaria, la aplicación de políticas destinadas a velar por la seguridad de la ciudadanía y todo mecanismo basado en el espíritu de esta ley son supeditadas a la administración central del Estado, como especifica el art. 22 que cita que Consejo Indígena Originario Campesino “tiene la atribución de diseñar y aprobar normas y planes propios en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”.

La Ley de Seguridad Ciudadana también establece que estos consejos de la autonomía indígena, deben ejercer funciones según sus reglas, aunque no especifica cuáles son estos procedimientos ni hasta dónde pueden ser aplicadas.

La senadora por Convergencia nacional (CN) Lenny Zaconeta, trató de que se especifique en la normativa los alcances de la Ley, reconociendo los usos y costumbres de los pueblos originarios, sin embargo y pese a cierto apoyo desde el oficialismo, la mayoría de votos con los que cuenta el Movimiento Al Socialismo (MAS) dejó la redacción tal cual.

Delitos de trata y tráfico no prescriben

La Cámara de Diputados sancionó ayer la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas que establece varios mecanismos para una efectiva lucha contra ese ilícito, como los agentes encubiertos, la interceptación de llamadas telefónicas previa orden judicial, entre algunos, además de la imprescriptibilidad de esos dos delitos.

Este problema cobró fuerza en las últimas semanas ante la develación de innumerables casos de niños y adolescentes desaparecidos no esclarecidos, que, se presume, fueron sacados del país con fines de explotación laboral y sexual por redes delincuenciales internacionales.

La norma sancionada fue remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.

La ley contra estas dos actividades delictivas, además contra el proxenetismo, la pornografía y la violencia sexual comercial, se aprobó con las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores, en los artículos 36 y 23. El primero referido al control a vehículos particulares y públicos en retenes y puestos de control en carreteras, a través de operativos de la Policía.

El Artículo 23 señala que los medios de comunicación deben difundir de forma gratuita, en espacios informativos, casos de desaparición de personas. "Hay personas que no pueden poner avisos", fundamentó el jefe de bancada del MAS en Diputados, Roberto Rojas.

También establece que “todos los avisos de oferta sexual en los medios, deberán ser reguladas precautelando la dignidad de las personas, prohibiendo el uso de imágenes de desnudos parciales o totales y garantizando que en ningún caso se trate de niños, niñas y adolescentes”.

El Ministerio de Comunicación será responsable de verificar el cumplimiento de esta disposición, requerir las prohibiciones e imponer las sanciones administrativas que corresponda a los medios de comunicación, conforme a Reglamento.

Lla norma también prevé la modificación del Código Penal, por sugerencia de la Cámara de Senadores, que determinó acortar los plazos del proceso, además de la imprescriptibilidad de los delitos de trata y tráfico.

Con relación a las agencias privadas de empleo, la norma establece que todos los casos de intermediación laboral que se originen en territorio boliviano, cuyo destino sea el exterior del país, deberán necesariamente ser autorizados y registrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

La ley castiga el delito de trata y tráfico de personas con una pena de 15 a 20 años de cárcel y si existen agravantes estas penas aumentan.

SANCIONES Y AGRAVANTES

TRATA DE PERSONAS. Será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por si o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes fines: La sanción se agravará en un tercio cuando: la autora o autor tenga relación de parentesco o a su cargo la tutela, custodia, curatela o educación de la víctima. Cuando sea servidora o servidor público, goce de inmunidad diplomática, o sea profesional médico o afín.

TRÁFICO DE PERSONAS. Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona a otro Estado (...) con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años.

La sanción se agravará en un 50%, cuando: Las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física y/o psicológica, cuando el autor sea servidor o servidora pública, encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en situación vulnerable, entre algunos agravantes.

El cabecilla de la banda delictiva La Hermandad es detenido

Simón Gabriel P.T., uno de los cabecillas de la banda delictiva La Hermandad, que operaba en robos en al menos cuatro zonas de La Paz, fue aprehendido después de un operativo policial. La fuerza anticrimen busca a un último miembro del grupo criminal, pues está prófugo.

“Participó en el robo de muchos inmuebles de las zonas de Sopocachi, Miraflores, Villa Copacabana y la avenida Buenos Aires”, informó ayer el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Roberto Campos, a los periodistas.

El hecho que permitió desarticular a la banda delictiva ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando unos tres delincuentes ingresaron en una vivienda, redujeron a los dueños con violencia y robaron objetos de valor.

Un operativo policial permitió aprehender a Dani B., Dora B., Sonia B., José Luis L.R. y Oswaldo M.A., quienes, luego de una audiencia cautelar, fueron enviados a la cárcel de San Pedro, en el caso de los varones, y al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el caso de las dos mujeres sospechosas.

De acuerdo con las investigaciones de la fuerza anticrimen, Simón Gabriel P.T. es uno de los cabecillas, quien desde esa fecha estaba prófugo. “El detenido ayer (jueves) y Dani B. son los cabecillas de la banda delictiva, quienes planificaban los robos y los lugares donde iban a operar”, explicó Campos.

Según los informes de Inteligencia, queda una persona por aprehender que integra la agrupación criminal. “Estamos haciendo todos los esfuerzos, ya lo identificamos y estamos en su búsqueda”, añadió el jefe policial.

La Hermandad era un grupo familiar con miembros que provienen de diferentes zonas paceñas, entre ellos mujeres que se dedicaban a distraer a las víctimas mientras que el resto operaba con violencia e ingresaba en las viviendas particulares para robar objetos de valor.

Caen los presuntos homicidas de una funcionaria de la ONU

La Policía aprehendió a los dos sospechosos de asaltar y herir a una funcionaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en abril de este año, quien luego de siete días falleció a causa de las lesiones. La Fiscalía iniciará el proceso por el delito de homicidio contra los detenidos.

Jesús G., alias El llama, y Bryan A., alias Paco, fueron aprehendidos luego de que la Policía realizara dos operativos en diferentes puntos de La Paz.

A las 21:00 del 29 de abril, Lilian Calderón, de 51 años, profesional boliviana en salud pública y especializada en salud sexual y reproductiva, quien trabajaba en el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), llegaba a su domicilio cuando un vehículo de color plomo paró cerca de ella y de su interior descendieron dos hombres, quienes la abordaron.

“Trataron de arrebatarle la cartera y el celular, y en esas circunstancias sufrió un golpe en la cabeza y cayó al piso inconsciente”, rememoró ayer el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Roberto Campos.

Mientras los delincuentes escapaban, el policía de un módulo cercano y otra persona auxiliaron a la víctima y llamaron a la entidad del orden. Minutos después llegó un grupo de bomberos que la llevó hasta el Hospital de Clínicas.

Lilian Calderón pasó los siguientes días en terapia intensiva a causa de un traumatismo encéfalo craneal. El 6 de mayo, su organismo ya no soportó las lesiones causadas por el golpe que recibió cuando fue asaltada y falleció en ese centro de salud.

“Se pudo establecer que los detenidos participaron en el hecho, de acuerdo con las declaraciones de los testigos y porque éstos iban en el vehículo Toyota color plomo con placa de control 1472- LEX, el mismo que fue secuestrado por la Policía”, informó el jefe policial después de presentar a los aprehendidos públicamente en el salón de la fuerza anticrimen de La Paz.

Explicó que uno de los detenidos, Bryan A., tiene antecedentes por robo agravado y violación. “Era atracador y cogotero también”, informó.

El jueves, los efectivos policiales hicieron dos allanamientos, en la calle Alberto Ostria de Alto San Pedro y en la avenida Chacaltaya de Achachicala. En ambos lugares fueron aprehendidos los principales sospechosos.

En lo que va del año se registraron al menos ocho asaltos a personas en la zona de Sopocachi, en cercanías de la plaza Abaroa, y también por la calle Ecuador y por la plaza España. La Policía indaga estos casos.

Dos prófugos
Búsqueda El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Roberto Campos, dijo que junto con los dos aprehendidos, identificados como los delincuentes que asaltaron a Lilian Calderón, la Policía arrestó a una mujer que puede ser cómplice y que es investigada. Asimismo, hay la hipótesis de que otros dos delincuentes pertenecen a este grupo, quienes son buscados actualmente por la fuerza anticrimen y que habrían tenido alguna participación en el asalto de Calderón.

Redes de trata quitan carnets y chantajean a menores de edad

Una adolescente se convierte en virtual esclava de una red de trata y tráfico de personas mediante chantajes, amenazas y también luego de que le retienen su carnet de identidad o pasaporte.

Una fuente policial señaló que generalmente quienes se dedican a este negocio engañan a las adolescentes cuando les ofrecen trabajos dentro o fuera del país.

“Les prometen puestos como masajistas, recepcionistas o modelos; les dicen que cuidarán niños o ancianos y les aseguran que ganarán mucho dinero”, señaló.

La fuente policial explicó que les retienen sus documentos de identificación. “Cuando la joven comienza a trabajar o llega a destino, cambia la figura. Las extorsionan para obligarlas a prostituirse”, dijo.

El policía contó que la devolución del documento está condicionada. “Si es que las trajeron del interior, por ejemplo, les dicen que les devolverán su carnet una vez que ellas paguen el costo que demandó su traslado. La niña no tiene otra opción que acceder a esa exigencia”, afirma.

La responsable del área de trata del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem), Yésica Velarde, opinó que la retención de documentos de identidad funciona mejor cuando la víctima sale del país.

“En ese caso, las redes le quitan el pasaporte, con lo que terminan con su libertad. Les dicen que si no tienen el documento, las detendrán y de esta forma las llevan a prostituirse”, señaló.

La experta explicó que esto es recurrente cuando llevan menores a Brasil, Argentina o a Europa. “Pero hay que decir que esto también pasa con las jóvenes paraguayas o brasileñas que son traídas a Bolivia”, añadió.

Los denominados “tratantes” utilizan también el chantaje para lograr sus objetivos.

“Conocen el entorno cercano de sus víctimas. Algunos de ellos les toman fotos desnudas y luego las amenazan con enviarlas a sus familias, para que se enteren a lo que se han dedicado”, dijo.

En otros casos, según los registros y los testimonios que recabó el Cecasem, las amenazan con matarlas si es que intentan escapar. “Ellas saben perfectamente la magnitud y el peligro que representan estas redes, así que tienen miedo y prefieren no arriesgarse”, afirmó.

Incluso cuando son rescatadas, coincidieron las dos fuentes consultadas, resulta muy difícil sacarles información.

Velarde especificó que en Bolivia operan familias enteras en el negocio de la trata y tráfico “y también son redes criminales internacionales. Unos se dedican a reclutar y otros a trasladarlas y a explotarlas. Las víctimas pasan por varias manos”.

Para reclutarlas, se acercan a las agencias de empleos legales, donde saben que van las personas que necesitan trabajo y las abordan antes de que ingresen o al salir de la oficina.

El peligro, aseguró Yésica Velarde, está más cerca de lo que se cree. “Sabemos también que utilizan a personas infiltradas en los colegios. Ubican a las niñas que tienen poco control familiar o problemas en sus casas.

Dos criterios
Dato Tras la desaparición sin rastros de ocho jóvenes y adolescentes en lo que va de julio, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo a periodistas que están ya instaladas 10 redes de familiares ante las inexplicables desapariciones de jóvenes y adolescentes en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, reportó AFP.


Posición La presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, señaló que lo más importante de la Ley de Trata y Tráfico de personas que se debate en esa instancia “es que nos dará herramientas necesarias para sancionar ese tipo de delitos y a nivel mundial estos delitos están considerados como el esclavismo del siglo XXl”. Advirtió que de esa forma, el Ministerio de Gobierno y la Policía podrán coordinar las investigaciones.

Friday, July 13, 2012

Presentan estrategia contra la trata y tráfico de personas

Ante el creciente número de personas desaparecidas, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, y la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Carina Marconi, presentaron ayer una estrategia de movilización social contra la trata y el tráfico de personas, y convocaron a una cruzada nacional para encontrar a las víctimas de estos hechos en el país.

Entre las acciones, Montaño mencionó la aprobación de la Ley contra Trata y Tráfico en la Cámara de Senadores y su próxima sanción por la Cámara de Diputados.

“La norma tiene un sinnúmero de mecanismos concretos que permitirán una lucha más efectiva contra este tipo de casos”, dijo.

Baldelomar y Marconi llamaron a las organizaciones y entidades de la sociedad civil a denunciar los indicios, sospechas o evidencias de trata y tráfico a la línea gratuita 800143030 o teléfono 2287063.

Entre otras acciones mencionaron el incremento de control y operativos en las trancas, terminales de buses y fronteras. En estos sitios, se va a exigir dos requisitos: “Ningún niño puede trasladarse sin tener cédula de identidad, ni mucho menos autorización de viaje si el menor está viajando sin uno de los padres”, informó Baldelomar.

También incluye una campaña de información y difusión por los medios de comunicación y otra campaña educativa en las escuelas, apenas empiecen clases.

Montaño informó que se intensificará la búsqueda de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido denunciados como desaparecidos, y que probablemente puedan ser víctimas de trata y tráfico.

Baldelomar dijo que hay unas 230 denuncias de desaparecidos, “pero no necesariamente corresponden a la definición de desaparecidos, sino muchas de ellas, por tensiones familiares, abandonaron sus hogares”.