La justicia comunitaria, la aplicación de políticas destinadas a velar por la seguridad de la ciudadanía y todo mecanismo basado en el espíritu de esta ley son supeditadas a la administración central del Estado, como especifica el art. 22 que cita que Consejo Indígena Originario Campesino “tiene la atribución de diseñar y aprobar normas y planes propios en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”.
La Ley de Seguridad Ciudadana también establece que estos consejos de la autonomía indígena, deben ejercer funciones según sus reglas, aunque no especifica cuáles son estos procedimientos ni hasta dónde pueden ser aplicadas.
La senadora por Convergencia nacional (CN) Lenny Zaconeta, trató de que se especifique en la normativa los alcances de la Ley, reconociendo los usos y costumbres de los pueblos originarios, sin embargo y pese a cierto apoyo desde el oficialismo, la mayoría de votos con los que cuenta el Movimiento Al Socialismo (MAS) dejó la redacción tal cual.
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