La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Potosí acusó a un fiscal de Tupiza de encubrir a una banda a la que atribuye el robo de unos 300 vehículos desde 2008. El Ministerio Público niega la veracidad de la denuncia.
“Existe una especie de protección hacia la banda del fiscal (de Tupiza). Podemos predecir el futuro de la investigación (a favor del grupo delincuencial) y sería en vano nuestro trabajo”, se quejó el teniente Carlos Dávila, director de Diprove Potosí.
El 17 de abril, la Policía denunció la desarticulación de una banda, integrada por una docena de personas que robaban vehículos en Argentina y Chile, los transportaban a Uyuni, donde eran “camuflados”, para luego ser enviados a Tupiza o Villazón, donde los comercializaban como coches de segunda mano.
Bajo el lema de “Escudo del Sur”, Diprove comenzó operativos para recuperarlos. Identificó como el líder al boliviano Wilber Q. Q., de 25 años, y solicitó ayuda al fiscal provincial Charles T., quien según la dirección policial encargada de combatir el robo de motorizados se “negó”.
“Este operativo tuvo la característica de verse obstaculizado por la no colaboración del fiscal, a diferencia del de Villazón, quien actuó de acuerdo con su función”, manifestó el teniente. La Razón no pudo contactar a Charles T., pero sí habló con el fiscal de Distrito, José Luis Barrios, quien negó la veracidad de la denuncia y señaló que desde el momento que ocupa el cargo se coadyuvó con Diprove en todos sus operativos,
“No obstaculizamos nada, al contrario, una vez que se han conocido las diferentes denuncias, hemos llevado adelante la investigación”, afirmó.
Según las pesquisas de Diprove Potosí, la banda opera desde mayo de 2009, y el representante del Ministerio Público de Tupiza, pese a tener conocimiento, “no hizo nada para abrir el caso y buscar la verdad”, insistió el teniente Dávila.
Captura. El 19 de mayo, en el marco del operativo Comadreja del Sur, se capturó al líder de la banda. El grupo, además de robar vehículos, falsificaba el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, la roseta de inspección técnica vehicular, matrículas y hasta la tercera placa, y vendía cada unidad entre $us 10.000 y $us 8.000.
La cabeza del Ministerio Público en Potosí dijo desconocer los antecedentes del caso, ya que asumió el cargo hace cinco meses. El caso lo manejó Diprove Potosí, sin embargo, el abogado de Wilber Q.Q. solicitó que sea remitido a Tupiza, algo que no será posible, según Barrios. “Ahora lo lleva la fuerza anticrimen, no quisiéramos que salga de la cárcel y vuelva a operar”, añadió.
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