"Si bien se han realizado acciones paliativas desde el Ejecutivo como el indulto, lo que ha permitido que no se rebase la capacidad (de las cárceles), se ha hecho un ejercicio con estadística de régimen penitenciario y seguro habrá un incremento de la población carcelaria hasta fin de año, eso va a dificultar la atención a los privados de libertad", comunicó López en un evento en el que se analizaron las propuestas para promover la reducción de la retardación de justicia, organizado por Caritas Bolivia.
El indulto fue una medida que se ejecutó con el objetivo de despoblar las cárceles. El plazo establecido en el Decreto de Indulto y Amnistía para que los reos se beneficien de esta determinación vence en junio de este año.
El director señaló que según datos oficiales a febrero de esta gestión se han registrado 13.940 personas privadas de libertad en Bolivia, de ese universo el 8% pertenece a la población femenina y el 92% al sexo masculino. Respecto a su situación jurídica, el 69% se encuentra con detención preventiva y tan solo un 31% cuentan con una sentencia ejecutoriada.
En 2007 se tenían una cantidad aproximada de 7 mil personas privadas de libertad, en la presente gestión ya se ha superado los 13 mil reclusos pertenecientes a los 61 recientes penitenciarios, 19 cárceles y 42 carceletas, que existen en Bolivia.
Señaló que entre los factores que han provocado el incremento de la población carcelaria en los últimos años, se puede mencionar la excesiva carga procesal en juzgados, la falta de cumplimiento de los plazos procesales, la corrupción, la falta de abogados que se otorga a las personas carentes de recursos económicos, entre otros. "Ese problema es netamente competencia de la justicia", remarcó.
"Régimen penitenciario debe asumir el fracaso de otros sistemas (judicial) y sub sistemas como lo son la familia, se debe trabajar en la prevención", insistió.
"Esperamos que en la Cumbre de Justicia se tome como termómetro la situación de los centros penitenciarios. (…) El Órgano Judicial, es ahí donde se debe dilucidar, justamente ahí es donde deben iniciar los cambios", sostuvo López y señaló que es necesario analizar de qué manera la retardación de justicia afecta al sistema penitenciario.
Aseguró que en el régimen penitenciario solo debería permanecer el 31% de presos con sentencia ejecutoriada, "si solamente tendríamos que albergar a esas personas, nuestro trabajo seria óptimo. En este momento es cierto que el hacinamiento se da en todos los recintos, muy pocos son los que no tiene esta situación, como es el caso de Qalahuma".
Reconoció que debido a factores como el hacinamiento, la retardación de justicia, la infraestructura inadecuada y otros, a diario se vulneran los derechos de la población privada de libertad en el país.
Recordó que la misma Constitución Política del Estado (CPE) menciona los derechos de la población privada de libertad. "Debemos buscar la reinserción de las personas, ya que eso señala la norma. Si se trabajara más en la prevención, las cárceles no fueran el problema".
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