El departamento de Cochabamba instaló 532 cámaras de seguridad desde 2014 hasta la actualidad en siete municipios para reforzar la seguridad ciudadana, como parte de una política preventiva.
Según datos del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en el municipio de Cochabamba se instalaron 315 de estos equipos, 95 en Quillacollo, 79 en Sacaba, 18 en Vinto, 15 en Sipe Sipe y 10 en Colcapirhua.
El viceministro de esta cartera de Estado, Wilfredo Chávez, señaló que el Gobierno optó por priorizar una estrategia preventiva ante el crimen, y por ello en los últimos años invirtió en la adquisición de tecnología.
En siete municipios se instaló igual número de Centros de Monitoreo y Vigilancia (Cemovi), donde se concentran las grabaciones de las cámaras de seguridad que facilitan a los operadores responder de manera inmediata ante los hechos que son registrados.
En el municipio de Cochabamba se implementó un Centro Automático de Despacho Integral (CADI), que opera mediante una sala de videovigilancia que monitorea las imágenes de las cámaras de seguridad, y una oficina de recepción de llamadas para atención de denuncias.
Además, dicha región es la única que cuenta con un Centro Regional de Monitoreo de GPS (Cerecom), que permite, entre otras funciones, monitorear vehículos por satélite.
La autoridad detalló que hasta 2014 no existían cámaras de seguridad ni centros de monitoreo debido a que la economía del Estado no era sólida como para dar este tipo de saltos importantes.
“Ahora tenemos más estabilidad económica con proyecciones positivas hacia el futuro. Bolivia seguirá creciendo en esta área y por eso el Gobierno, aparte de la inversión que realizan los gobiernos autónomos departamentales y municipales, implementará desde el próximo año el proyecto BOL-110”, indicó.
Para este sistema de seguridad ciudadana, el Gobierno invirtió $us 105 millones para la adquisición de cámaras de videovigilancia, con detectores de rostros y placas vehiculares, patrullas inteligentes, drones y botones de pánico.
“También en Cochabamba, en la cárcel de El Abra, iniciaremos la prueba piloto de las manillas electrónicas, que son parte de este proyecto, cuyo objetivo es ayudar a reducir el hacinamiento carcelario del país. Para ello adquiriremos 500 manillas”, detalló Chávez.
Municipios invierten Bs 61,6 MM para esta área en beneficio de la ciudadanía
Los gobiernos autónomos departamentales y municipales del departamento han asumido la responsabilidad de fortalecer la seguridad ciudadana de la población y han comprometido una inversión de Bs 61,6 millones para este sector, según los acuerdos de la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en Tarija el 20 de abril.
Este monto se destinará para la adquisición de vehículos policiales, cámaras de seguridad, y una nueva infraestructura para la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Quillacollo, además de equipamiento tecnológico para oficinas y mobiliario.
La mayoría de la inversión del municipio de Cochabamba se destinará a complementar la tecnología del BOL-110, puesto que uno de los centros de comando regionales estará en la ciudad de Cochabamba.
“Para nosotros es importante que haya el compromiso de los gobiernos departamentales y municipales, ya que la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos. Buscamos conseguir el objetivo de ser el país más seguro de la región”, expresó el viceministro Wilfredo Chávez.
Compromiso departamental contra la trata y tráfico
Como parte de las conclusiones de la Cumbre de Seguridad Ciudadana, los gobiernos autónomos de Cochabamba se comprometieron a ejecutar, mediante la Policía y otras instancias pertinentes, diversos operativos preventivos y campañas contra la trata y tráfico de personas.
De acuerdo con un documento de las conclusiones del cónclave sobre los acuerdos alcanzados para este año, se desarrollarán operativos en terminales para controlar viajes de niños, niñas, adolescentes y mujeres, que son la población más vulnerable, según estadísticas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, se efectuaron diversas campañas de concientización orientadas a este sector de la población para evitar que sean víctimas de trata y tráfico.
Además, se brinda apoyo de rehabilitación a quienes cayeron en ese ilícito.
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