Duberty Soleto, director de Políticas Sociales de la Gobernación cruceña, explicó que antes de que los infantes sean derivados a un hogar, los padres de familia recibieron orientación y capacitación para que de forma voluntaria acepten el envío de sus hijos.
La Gobernación se hará cargo de la alimentación, estudios, seguro médico y servicios básicos de los menores, que oscilan entre los 6 y 14 años.
Entretanto, la jueza del Menor Shirley Becerra sostuvo que este cambio es positivo porque permitirá que los niños se eduquen en libertad y puedan insertarse a la sociedad, después de una larga permanencia en prisión junto a sus padres. “Además, los menores no tienen que pagar por los errores de los padres”, concluyó Becerra.
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