Cochabamba y El Alto son las ciudades donde más delitos se cometen. Más de la mitad de los hogares fue víctima de alguna infracción, pero es en Santa Cruz de la Sierra donde se emplea la mayor violencia para cometerlos: cuatro de cada diez hechos fueron realizado con armas o con violencia. Eso es 24 veces más que en El Alto, 20 veces más que en La Paz y cuatro veces más que en Cochabamba.
Para el ministro Carlos Romero, esto explica por qué Santa Cruz es la ciudad con mayor percepción de falta de seguridad ciudadana del país pese a que no es en la que más delitos se cometen.
Es por ello que esta ciudad fue la elegida para realizar el seminario “Perspectivas de la seguridad ciudadana en América Latina”, en el que expertos de 13 países compartieron lo que se hace en otros lugares para combatir a esta ‘enfermedad’ que ha llevado a la subregión a ser la más violenta del mundo.
El experto peruano Carlos Basombrío señala que este es un problema que afecta a la calidad de vida de los latinoamericanos, que genera segregación y que es la principal preocupación de todo el subcontinente. Las cifras del Latinobarómetro lo demuestran: ha remplazado al desempleo como el mayor problema de todos los países, incluso en sitios ‘pacíficos’ como Uruguay. También viene cargado de pesimismo, ya que la gran mayoría cree que el problema está empeorando. El más ‘optimista’ es Argentina, donde ‘solo’ un 78% cree que el problema mejora.
El criminólogo argentino Elías Carranza explica que este fenómeno va acompañado de otro avergonzante ‘campeonato mundial’ de los latinoamericanos: la desigualdad. La subregión es la zona más desigual del mundo, por encima de África y Asia. Si se toma como parámetro la cifra de asesinatos de personas por cada 100.000 habitantes, se verá que 17 países latinoamericanos están entre los 30 peores del mundo, con números muy alarmantes en Centro América.
A ello se suma una relación perversa entre ingresos y seguridad: ningún país de ingresos altos ocupa un lugar bajo en la lista de lugares inseguros y ningún país de ingresos bajos se salva del flagelo.
Ante este panorama, los estados se encuentran en una etapa de transición entre los viejos y nuevos paradigmas de seguridad ciudadana, asegura el experto brasileño Ignacio Cano. La Policía, el máximo referente de seguridad, transita entre un modelo de control de la población hacia otro de protección, más proactivo que reactivo, que toma el fenómeno como un objeto de estudio y no de intervención.
Sin embargo, como lo acota Basombrío, se ha tendido a privatizar la seguridad, a que sea una mercancía del que pueda pagarla y Bolivia no es la excepción. En la encuesta del Gobierno es la ‘institución’ de mayor confianza, para tres de cada diez bolivianos. La policía tiene menos de un tercio de ese respaldo.
En foco
- Cifra negra. Este término es usado para designar a la cantidad de hechos delincuenciales que no se registran. Pese a que en el eje es del 85%, entre 2005 y 2010 las denuncias crecieron un 69%.
- Robo y hurto. Son los delitos que más afectan a los ciudadanos (44%) y coincidentemente son los que más se denunciaron en los últimos cinco años, 67%.
- Costo. Mientras más caro sea el bien, más se denuncia. Es por ello que el 92% de los robos de vehículos de cuatro ruedas se denuncia. Cuando el objeto sustraído es una motocicleta, la cifra baja hasta el 77% y el hurto solo se comunica en seis de cada 100 veces que ocurre.
- Temor. Solo la cuarta parte de los delitos por violencia se convierte en un caso policial. La desconfianza en la Policía, la creencia de que no se puede hacer nada o el temor de ser víctima de represalias son aliados de la impunidad.
- El perfil del criminal. Parece un estereotipo, pero es una realidad. El infractor promedio es un hombre (ocho de cada diez veces), en entre 15 y 30 años (siete de cada diez) y no conoce a su víctima la mitad de las veces.
La política de mano dura no está funcionando
El camino errado
Cuando a los ciudadanos del eje se les consultó qué se debe hacer para reducir los crímenes, la mitad más uno respondió que contratar más policías. A ellos se le suman otro 12% que pide endurecer las penas y un 6% que pide un mejor funcionamiento de la justicia.
Sin embargo, las experiencias demuestran que las llamadas políticas de mano dura no están funcionando.
El peruano Carlos Basombrío explica que sacar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad, bajar la edad de imputabilidad para niños y adolescentes, encerrar más gente o quejarse de las reformas garantistas de los códigos penales no están resolviendo los problemas y que solo crean un clima de guerra que los agrava.
El control central es parte del modelo del caducado
Descentralización
Uno de los modelos de transición policial es que cada vez más los gobiernos locales se involucran en las tareas de seguridad.
Según Basombrío, esto se convierte en mejores sistemas de información, en implementación de medidas de prevención, en participación ciudadana y en educación de valores de convivencias.
En Bolivia estamos lejos de esos parámetros y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lo reconoce.
Cree que con la desconcentración de los servicios policiales a los distritos se dará un paso, pero explica que lo ideal es que en algún momento la Policía y los gendarmes lleguen a un grado de coordinación óptimo, pero bajo mando policial.
Hay que desmilitarizar la institución policial
Mejores tratos
Ignacio Cano ironiza que al efectivo policial no se lo deja opinar, que está sometido a un régimen vertical, muchas veces desigual, que se le paga una miseria, pero que se le exige que sea absolutamente recto, un sociólogo, un político, un facilitador social y experto en seguridad física.
El estudioso brasileño hace énfasis en la formación permanente del policía como una de las señas del nuevo paradigma. Cree necesario revalorizar la profesión, que se convierta en un motivo de orgullo. También ve que se deben integrar a la sociedad, que los policías se formen en universidades y que se les permita mayores canales de expresión para que no estallen motines cada vez que busque un mayor sueldo.
Los jóvenes, entre víctimas y victimarios en las estadísticas
También pobres
Víctimas y victimarios comparten perfil. Básicamente son jóvenes y pobres. Las faltas de oportunidades, de horizonte de superación, de acceso a las comodidades o ventajas de lo que llamamos ‘modernidad’ y la droga al raleo son factores que empujan a los jóvenes y pobres a ser víctimas o victimarios en hechos delictivos.
En Bolivia, según datos del Ministerio de Gobierno, seis de cada diez víctimas son pobres y dos tercios tienen menos de 50 años. Es más, uno de cada cinco no ha cumplido 20 cuando ya sufrió algún delito.
Esto genera segregación social, según Basombrío y nuevamente se verifica en la encuesta gubernamental. Un tercio de los consultados dijo que su medida para no volver a ser víctima es no salir de casa, la cuarta parte compró un perro guardián y la sexta parte mejoró la seguridad cambiando chapas e instalando cámaras.
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