“Hay indigentes también en las cárceles, son los drogadictos y alcohólicos que nos los mandan por orden judicial, y esta población debe ser siquiera un 15 a 20 por ciento (2.854 internos), y que nosotros no tendríamos que atender. Gente drogadicta no tiene que estar en cárceles y lamentablemente está y los jueces los mandan, los jueces con qué criterio hacen esto, parecería que no han entrado a la universidad”, reprochó el funcionario.
Agregó que como no hay centros de rehabilitación -responsabilidad del Ministerio de Salud y de Justicia-, “lo único que queda es la cárcel, el único lugar donde los podemos tener; el resto (de autoridades) está durmiendo, descansando en sus laureles, mientras Régimen (Penitenciario) tiene que seguir teniendo a estas personas”.
Señaló que los niveles de adicción en las cárceles son alarmantes. Del total de la población penitenciaria del país (14.272), “un 38 por ciento de personas se drogan (5.423) y un 48 por ciento se alcoholizan (6.851)”.
Citó como ejemplo que en la Cárcel de Mujeres de Obrajes “de 400 personas, 90 tienen adicción”, lo mismo sucede en el caso del penal de San Pedro, donde “existe un lugar sin sección con 150 personas adictas totalmente”.
Llanos indicó que el nivel de pobreza en los penales llega a un 98 por ciento, razón por la cual muchos de los internos no pueden beneficiarse con medidas sustitutivas al no contar con recursos económicos; tampoco pueden abandonar las cárceles cuando han cumplido sus sentencias porque “no pueden presentar garantías”. “Las detenciones domiciliarias son sólo para los que tiene dinero”, dijo.
“Hay 450 detenciones domiciliarias en La Paz por todo tipo de delitos: violación, asesinato, narcotráfico, todo, y a los de San Pedro no les dan (este beneficio), ¿Por qué? ¿Por qué no a unos y porque a otros? ¿Influirá en algo lo económico? Por eso dicen que en la cárcel están los pobres, porque si ellos tuvieran dinero estarían con detención domiciliaría”, apuntó.
La directora del Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violación Estatal (ITEI), Emma Bravo Cladera, manifestó que en Bolivia existe una “justicia de clase” porque son las personas de extracción más humilde las que están en las cárceles.
“No es por azar que las cárceles estén llenas de Ticonas, Mamanis, Quispes, sin posibilidad de poder llevar sus juicios adelante, aunque para algunos parecería que es un lenguaje ya pasado de moda pero es una realidad en nuestro país y en muchos otros países”, sostuvo.
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