El informe "Bolivia; situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad", presentado por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, la semana pasada en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, incluye datos sobre la situación de las internas en nueve cárceles de las ciudades capitales del país.
No obstante, que la visita conyugal es un derecho en los recintos carcelarios, su aplicación aún es restringida para las privadas de libertad, pues éstas son víctimas de discriminación cuando quieren acceder a este beneficio, pues deben acreditar tener una relación matrimonial o de concubinato a diferencia de los varones que gozan del ingreso irrestricto de mujeres, sean éstas sus cónyuges o no, a los recintos carcelarios.
A esto se suma, la retardación del trámite que deben realizar a diferencia de los hombres que tarda menos tiempo en conseguir la autorización, lo cual también es considerado un hecho discriminatorio.
El informe muestra, también, la vulneración de este derecho al no existir una infraestructura adecuada para las visitas íntimas, lo cual está contemplado en el artículo 84 de la Ley de Ejecución Penal.
El 46 por ciento de las privadas de libertad que se encuentran en los recintos donde se realizó el estudio, indicaron que no cuentan con un ambiente adecuado para su visita conyugal, un 30 por ciento indicó que si, pero que es un "derecho" para las mujeres que tienen una sentencia, por lo que ellas pueden acceder a una celda "propia", alquilar y/o desalojar del ambiente a la o las internas que comparten con ella ese espacio.
Datos actualizados, indican que en todos los recintos carcelarios del país existen 14.272 privados de libertad, de éstos 1.856 son mujeres que representa el 13 por ciento, el resto, 12.416 son varones que son el 87 por ciento.
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