El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que el objetivo es que se califique como un delito la conformación de pandillas con fines ilícitos. “Estos grupos serán tratados como asociaciones delictuosas. El solo hecho de ser parte de estos grupos tendrá una sanción de seis meses a dos años de cárcel o prestación de trabajo por un año”.
Los líderes de estos grupos juveniles delictivos recibirán, como agravante, un tercio más de pena privativa de libertad, así llegarán a los tres años de cárcel. "En cuanto a los padres de familia, se establecerán responsabilidades civiles por los actos en los que estén implicados sus hijos”.
Quienes recluten a menores de edad para integrarlos a una pandilla serán sancionados con hasta seis años de cárcel. Pero, los menores de 18 años que incurran en este delito tendrán un trato especial, conforme establece el Código Niña, Niño y Adolescente, Ley 548.
El anteproyecto de ley, que está en etapa de revisión en la Cámara de Diputados, también prevé la creación de una división policial especializada en la lucha contra las pandillas. "Será creada la División de Lucha Contra las Pandillas con Fines Delictivos, dentro de la estructura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), como una instancia especializada de la Policía Boliviana encargada de la prevención social, de la identificación, investigación y persecución penal de pandillas con fines delictivos”, señala el artículo 10 del proyecto de normativa. Las alcaldías y las gobernaciones (entidades territoriales autónomas) tendrían que incluir en sus planes de seguridad ciudadana proyectos para fortalecer y equipar estas nuevas divisiones.
El proyecto de ley contra las pandillas delictivas, además, instruye a los ministerios de Gobierno, Justicia, Salud, Deportes, Cultura, Comunicación y Educación la elaboración de una política pública de prevención social, atención, reintegración y reinserción social, en un plazo de 180 días calendario a partir de la aprobación de la norma. Las gobernaciones también deberán crear programas de reintegración de menores de edad integrantes de pandillas. Estos tienen que contar con espacios adecuados, tratamientos psicológicos y actividades educativas, entre otras.
A las alcaldías se les otorgará la responsabilidad de recuperar los espacios públicos utilizados por grupos delictivos; detectar pandillas en coordinación con las juntas vecinales, crear programas socioeducativos y culturales, y realizar actividades de esparcimiento para que adolescentes y jóvenes canalicen su energía de manera positiva, descubran sus talentos, potencialidades y se alejen de las pandillas, drogas y malas prácticas.
El Gobierno confía en que la aprobación de esta ley ayudará a disminuir los índices de delincuencia juvenil en Bolivia. Empero, varias voces e instituciones se manifestaron en contra de la propuesta. Por ejemplo, el defensor del Pueblo, David Tezanos; el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Leo, y el coordinador socioeducativo de Progettomondo Mall (una organización que trabaja la temática de delincuencia juvenil), Abraham Colque, coincidieron en que “no es viable promulgar una ley cuando ni siquiera se cumplen las normas que tenemos en vigencia”.
Los tres recomendaron que se estudien otras alternativas en lugar del encarcelamiento, pues enviar a prisión a todos los pandilleros solo generaría el colapso de los centros penitenciarios que ni siquiera aportan a la reinserción de los detenidos. El Defensor del Pueblo cuestionó la práctica gubernamental de generar leyes al influjo de la coyuntura. “Hubo un problema con una pandilla, el Cartel Family, en La Paz, y de inmediato se pensó en una ley de pandillas sin reconocer los problemas estructurales del país. La inexistencia de una política criminal está causando un hacinamiento carcelario que no resuelve los problemas de fondo”.
Ciudadanos forman una brigada antipandillas ante “indiferencia”
Las redes sociales no solo son utilizadas por las pandillas para articularse. Luego del asesinato de Javier Canchi, surgió un grupo de ciudadanos que conformó una Brigada Antipandillera para frenar la violencia y el avance de los grupos delictivos.
Esta brigada nació cuando un ciudadano expresó en una página del Facebook su molestia porque las autoridades no cumplen con su deber. “Alguien tiene que levantarse para que el crimen de Javier Canchi nunca más se repita”. Acordaron abrir un grupo en Whatsaap para convocarse, y decenas de personas pidieron que se las agregue. La brigada pretende salir algunas noches en busca de pandilleros a los lugares donde ellos se reúnen para “escarmentarlos” y desbaratar esos grupos que generan inseguridad en la Llajta.
¿Enfrentar la violencia con más violencia? Los integrantes de esta brigada antipandillera aseguran que la Policía “no hace su trabajo”. Criticaron el que anuncie públicamente sus operativos, pues eso les da tiempo a los pandilleros, y a cualquier delincuente, para ponerse a buen recaudo. Un integrante cuya identidad se guarda en reserva lamentó que por años se ataque el delito y no las causas.
“Harán sus operativos para el show hasta que todo se calme y vuelva a ocurrir otro asesinato. Por eso, la brigada actuará, ante la negligencia y la indiferencia de las autoridades, por lo menos para frenar el avance de los pandilleros”. Otro miembro del grupo dice que están conscientes de que la falla principal está en las familias que abandonan a sus hijos o no los contienen. “Mientras no se trabaje con las familias se seguirán formando las pandillas, pero por lo menos que sepan que les haremos frente para que no nos sigan matando, como a ese pobre joven”.
No comments:
Post a Comment