Friday, November 4, 2016

Entre 2015 y 2016 Oruro: 103 reclusos se beneficiaron con indultos parciales y totales

Entre julio de 2015 y junio de 2016, 103 personas privadas de libertad en la cárcel de San Pedro de Oruro, fueron beneficiadas con la Ley de Indulto y Amnistía, de las cuales 87 personas obtuvieron un indulto total y 16 un indulto parcial o reducción de dos años de su condena, según informó la directora de Régimen Penitenciario, Sandra Soto.

Pese al beneficio adquirido por dicha cantidad de personas, existe otro número de privados de libertad que están a la espera de la respuesta del Gobierno a la propuesta realizada por el Defensor del Pueblo, David Tezanos, el pasado mes de agosto.

El proyecto de decreto presidencial de "Amnistía, Indulto Parcial e Indulto", que entregó Tezanos tiene el objetivo de resolver los problemas de hacinamiento en las cárceles del país, afectadas por una crisis estructural del sistema penal.

La propuesta del Defensor del Pueblo tiene tres niveles, dos de ellos prevén indulto e indulto parcial para las personas con grado de discapacidad grave o muy grave; con enfermedad terminal, incurable, grave o muy grave; además plantea beneficiar a los reclusos que son madres y padres y que tienen bajo su cuidado exclusivo a hijos menores al interior del recinto penitenciario.

Asimismo, Tezanos plantea la amnistía para personas cuya pena más grave sea menor o igual a cinco años de privación de libertad o menor o igual a ocho años, siempre y cuando se haya reparado el daño causado o se registre un acuerdo con la víctima.

"Hay bastante expectativa entre los internos del Penal de San Pedro, quienes estaban esperando que se concrete esta propuesta, que amplíe el beneficio a los privados de libertad, aún no tenemos una respuesta oficial, en el caso de Oruro el representante de la Defensoría del Pueblo, José León Magne, se reunió con los internos para explicarles los alcances de este proyecto, pero que la misma se encuentra en análisis", informó Soto.

Soto mencionó que la principal motivación para conseguir la aprobación de una nueva ley de indulto y amnistía es el hacinamiento existente en todos los centros penitenciarios del país, pues este proyecto ayudaría a solucionar parcialmente este problema, que tiene como fondo un conflicto estructural, que debe ser resuelto por otras instancias, ya sean gubernamentales, judiciales o civiles.

Desde el 2013 al 2015, los decretos de Indulto y Amnistía beneficiaron a 4.200 presos de las cárceles del país, lo que redujo el hacinamiento de 17.400 a 13.200 internos a nivel nacional.

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