Para que la niña no extrañe su hogar y se sienta lo más “cómoda posible”, la madre de la pequeña adornó su celda con fotografías de la familia, peluches, dibujos, flores y consiguió un televisor.
Cuarenta y un niños y niñas viven actualmente con sus madres (34 privadas de libertad) en el penal de mujeres que se encuentra en la acera oeste de la plazuela San Sebastián de Cochabamba, según un censo realizado el 10 de julio por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, informó la titular de esta repartición, Tatiana Aguilar.
Este número se redujo considerablemente con relación a fines del año pasado, cuando en este centro penitenciario se podía contar hasta 250 niños y niñas, además de adolescentes, señaló la directora de la Asociación Civil Hamiraya, organización que brinda apoyo a los hijos de los reclusos con su programa Centro de Apoyo Integral Carcelario Comunitario (CAICC).
En los tres centros penitenciarios de Cochabamba, San Sebastián Mujeres, San Antonio y San Sebastián Varones; y en los penales de San Pablo de Quillacollo y San Pedro de Sacaba habían, según Bustillos, aproximadamente 800 niños y adolescentes a fines de 2016, cifra que disminuyó drásticamente, en los últimos ocho meses, porque la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), solo permite que los menores de seis años vivan con sus madres en la cárcel de mujeres.
Los hijos de los privados de libertad pueden ingresar a los penales de varones solo como visita y en determinados horarios y días, pero no quedarse a vivir.
Aguilar señaló que para dar cumplimiento a la ley, Régimen Penitenciario realiza controles en los penales, y en los últimos meses pudo verificar que los niños, hasta los seis años como máximo, permanecen solo en el penal de mujeres.
En este recinto conviven con sus madres niños y niñas desde algunos meses de edad hasta seis años. Una de ellas es Tania, quien ha convertido la celda en la que vive con su madre, los pasillos y el patio del penal en su espacio de juegos, que comparte con “sus amiguitos”.
La madre de la niña afirmó que su hija está consciente que vive en un penal, y que por el momento no pueden abandonar esos cuatro muros, mientras no se cumpla la sentencia de su progenitora, en febrero de 2018.
Hasta hace cinco meses, la niña estaba al cuidado de los padres de su madre, pero como su abuela debe recibir tratamiento de quimioterapia, su progenitora decidió llevarla al penal para que esté con ella.
“Mi hija tiene compañeros en el penal, juega con ellos, especialmente en el Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP) que les ayuda bastante”.
Añade que hay bastantes actividades en el penal. “Las profesoras del CAIP están hasta las siete de la noche y hacen seguimiento al rendimiento escolar de nuestros hijos”.
Esta madre asegura que a diferencia de lo que cree la mayor parte de la gente, en el penal de mujeres los niños son bien atendidos y las otras privadas de libertad están pendientes de todos los niños.
“Los niños y niñas de este penal tienen más de 200 mamás”, refuerza.
SUS DERECHOS
Si alguno de los padres de un niño o niña está privado de libertad, el menor tiene el derecho de permanecer con el que se encuentre en libertad, según señala el artículo 106 del Código Niña, Niña y Adolescente, vigente desde el 17 de julio de 2014.
El inciso b de este mismo artículo subraya que si ambos padres se encuentran privados de libertad, la prioridad será integrar al niño o niña a su familia ampliada o a una sustituta. En caso de no ser posible esta figura, los niños deben ser remitidos a programas específicos o centros de acogimiento.
El niño o la niña deberá permanecer en el programa o centro, con prioridad, en la misma localidad donde sus padres se encuentren cumpliendo la medida.
El Código señala que, en forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó los seis años de edad podrá permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios para hombres.
Para ayudar en el crecimiento integral de los niños, la Ley 548 estipula que se deberán habilitar centros de desarrollo infantil en espacios aledaños a los centros penitenciarios para mujeres.
En el caso del penal de mujeres y de los recintos de hombres, el Ministerio de Educación implementó los Centros de Apoyo Integral Pedagógico, en los que los hijos de los privados de libertad reciben soporte escolar y realizan actividades recreativas, señaló la directora de Régimen Penitenciario.
Además de la parte pedagógica, Aguilar manifestó que los niños y niñas reciben atención de salud.
Puntualizó que para que los niños tengan mayor comodidad en el penal de mujeres, las madres que están al cuidado de uno, dos e incluso tres niños, tienen una celda privada.
El objetivo es, según Aguilar, que los niños no pierdan el vínculo familiar. “Si no pueden permanecer con sus padres, se busca a los familiares”.
WAWA WASIS
El Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) trabaja con niños y niñas menores de cinco años, hijos de personas privadas de libertad.
La responsable del área de Trata y Tráfico y Toda Forma de Violencia, Mariela Serrano, señaló que a estos niños se les brinda atención integral en salud, nutrición, alimentación y desarrollo motriz mediante los denominados wawa wasis o centros comunitarios infantiles.
Los centros Madre de Dios y Wiñay Cusi se encargan de atender a cerca de 70 niños de los penales de San Sebastián Mujeres y a hijos de padres que cumplen sentencia en San Pablo de Quillacollo.
El personal de estos dos centros es responsable de recoger a los niños en la mañana, y después de brindarles una atención integral (apoyo pedagógico, estimulación temprana y alimentación) los devuelven al penal en la tarde.
Serrano destacó que la última alternativa en el caso de los hijos de privados de libertad es la institucionalización (llevarlos a centros de acogida), porque en primer lugar se busca al padre o madre que está en libertad, y si ambos progenitores estuvieran detenidos, se opta por la familia ampliada, una familia sustituta o finalmente un centro de acogida.
PROHIBICIÓN
Los niños o niñas mayores de seis años no pueden vivir en los centros penitenciarios con sus madres, y menos con sus padres en los penales de hombres, según manda el Código Niño, Niña y Adolescente, recordó el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox.
Agregó que para hacer cumplir este mandato, la representación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba verifica, mediante visitas a los penales, que no haya niños mayores de seis años que vivan con sus progenitores, ni siquiera en la cárcel de mujeres, “menos en la de hombres”.
Cox apuntó que los niños mayores de seis años y que no tienen familiares que los acojan, son albergados por instituciones como Cristo Rey, que tiene a 72, y el Centro Boliviano de Esperanza (CBE), con 32 niños en sus predios.
El Defensor del Pueblo aseveró que permitir que un niño de más de seis años viva encerrado en un penal es vulnerar sus derechos humanos y que otrora, algunas autoridades lo permitían, “pero ahora hay una normativa muy fuerte a través del Código Niño, Niña y Adolescente”.
Cox dijo que, por tanto, la Ley 548 permite que solo los niños menores de seis años vivan con sus madres en el penal de mujeres, en San Sebastián.
Sin embargo, aclaró que no es una obligación que los niños menores de seis años permanezcan en las cárceles, más aún si estos tienen familia extendida que los puedan acoger.
“Cuando los niños cumplen seis años, inmediatamente se realiza el trámite para que salgan de los penales”, afirmó Cox.
¿QUÉ ES LO MEJOR?
Desde que se puso en marcha el programa “No encarceles mi Niñez”, en la gestión del extinto presidente Hugo Banzer Suárez (1998), surgieron voces a favor y en contra de que se desaloje a los niños de los centros penitenciarios. Los que apoyan esta medida argumentan que una cárcel no es el espacio más adecuado para el desarrollo de un niño, mientras que los detractores de esta medida, afirman que lo mejor para un niño es permanecer junto a su madre o padre.
En esa época, según información de la prensa, había un poco más de mil niños en los penales del país, la mayor parte vivía en penales hacinados, en pequeñas celdas en contacto diario con la población carcelaria.
Las autoridades penitenciarias intentaron retirar en varias oportunidades a los niños, pero se encontraron con una fuerte oposición de los padres.
En febrero de 2015, Régimen Penitenciario determinó sacar a los niños de los penales y llevarlos a hogares de acogida.
Sin embargo, hasta finales de 2016 (noviembre y diciembre), había todavía una gran cantidad de niños en los penales.
El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, afirmó que si bien hay aparentemente derechos contrapuestos, la prioridad, en estos casos, es velar por el adecuado desarrollo integral del niño.
Cox dejó entrever que si un niño o niña mayor de seis años permanece en un penal “asimila que es normal vivir en ese espacio y puede asumir conductas inadecuadas”.
Por este motivo, insistió, se ha previsto el rango de seis años como máximo para que los niños puedan vivir en las cárceles.
En opinión de la psicóloga Paola Vargas Méndez, lo más importante es, independientemente de la edad, hacer un seguimiento individualizado de cada niño, para ver la calidad de vida emocional que se le brinda, ya sea en el penal o fuera de él, con sus padres o familiares.
“De acuerdo a la investigación que se realice, se concluirá con quién y dónde debe permanecer el niño, siempre velando por su bienestar y salud mental”.
La especialista en salud mental subrayó que si el niño está mejor con su madre, pese a todas las incomodidades de un centro penitenciario, se debe garantizar que tenga el desarrollo más adecuado posible. Caso contrario, se debe buscar quien se haga cargo de su cuidado, alguien con estabilidad emocional.
La psicóloga recordó que al niño le afecta todo lo que sucede en su entorno, desde que nace, porque capta y asimila la información que recibe, especialmente hasta los seis años de edad. “Por ese motivo es importante el ambiente donde se encuentre el niño y que el que se haga cargo de él goce de una buena salud mental”.
PREJUICIOS
Vargas apuntó que los niños que tienen a uno de sus padres o a ambos encerrados en un penal son víctimas de discriminación. Las personas de su entorno, mayores o menores, creen que él es igual a los adultos que han cometido un delito.
La psicóloga subraya que cuando se trata de niños mayores de siete años, estos pueden naturalizar las conductas que observa, en este caso en la cárcel. Y si vive en un ambiente agresivo, su conducta será similar.
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