NO ES EL PRIMER INOCENTE
No es la primera persona que alega inocencia en este caso que al momento lleva más de 20 personas implicadas, incluidas personas que viven en Oruro, Potosí y España.
Por medio de su abogada, Mónica Irusta, también dicen ser inocentes Mikaela León y Renzo Cáceres (cautelados antes de Pozo el mismo domingo), a quienes los indicios colectados por la Policía y varias declaraciones los señalan como participes y autores del delito de asesinato de los dos jóvenes, e incluso el traslado de los cuerpos, en hombros, al interior del embovedado del río Orcojahuira, donde los abandonaron introducidos en sacos de yute.
POZO
Pero en el caso de Pozo, su abogado Pablo García asegura que no existe declaración de testigos o prueba que coloquen a su cliente en la escena del crimen o alguno de los lugares recorridos por la pareja la madrugad de ese primero de enero cuando desaparecieron.
El abogado señala que es importante aclarar que Pozo no estuvo en la discoteca Planta Baja, ubicada en la calle Figueroa del centro paceño, donde la pareja fue captada por la familia León Fernández, presuntos autores del hecho.
“No hay nadie, ningún testigo que señale que (Pozo) ha estado en Plata Baja, compartiendo con los principales autores o las víctimas”, explicó a EL DIARIO el abogado García.
“Soy otra víctima más de este caso, soy un hombre trabajador, tengo mi familia, mi esposa mi hijo, soy albañil en la construcción no conozco a estas personas (imputados) soy inocente señora juez”, sostuvo Pozo en audiencia.
Según la declaración de Pozo, él pasó la fiesta de Año Nuevo en casa de un tío en la zona San Antonio junto a su esposa Carla Mayta (también enviada a la cárcel) y su hijo de 10 años, “todos ellos están juntos desde 31 hasta el primero de enero cuando (Pozo) tiene que viajar a Chulumani donde trabaja (en construcción)”, afirma García.
AMIGAS DE LA ESPOSA
Al día siguiente, en familia, junto a Irene Gutiérrez, amiga de su esposa, desde el mediodía hasta cerca de las seis de la tarde asisten al “Sauna H2O” en Villa Fátima.
Al retirase, en la calle se encuentran con otro grupo, entre ellas otra amiga de Carla Mayta, Mikaela León que estaba acompañada de su esposo, Renzo Cáceres, y sus hermanos Israel y Eliot León, considerados los principales autores del crimen.
CELULAR DE JESÚS
En criterio de García, este encuentro casual es el que involucra a su cliente y la esposa.
Separándola del grupo, Mikaela le dice a Carla Mayta que se encontró un celular y que su hermano Israel se lo quiso arrebatar y lo escondió cerca de unas gradas que descienden de la Plaza del Maestro. Mikaela pide a Carla Mayta que lo recoja.
Se despiden y al lugar se dirigen Pozo, Mayta, su hijo y Gutiérrez. Insólito, el celular, que le pertenecía a Jesús Cañisaire, es encontrado por Gutiérrez que oculta el aparto y lo lleva a su casa sin informar a Mayta ni Pozo.
Por su lado, Pozo encuentra en esas gradas, al interior de un ladrillo, unos lentes que por tener dioptrías son entregados también a Gutiérrez.
El abogado García manifiesta que esos “escasos segundos” que Pozo tiene en su poder los lentes, que se estableció también pertenecían a Jesús, son los que lo comprometieron a su cliente.
Remarca que ni Pozo, la esposa y Gutiérrez conocían a quién pertenecían los objetos y menos de los hechos sangrientos que los hermanos León Fernández habían perpetrado la mañana de ese primero de enero en el domicilio de la zona San Simón, propiedad de Israel León.
Para el jurista, de ser necesario, su cliente apenas debe ser procesado por “receptación de objetos robados”, pero en ningún caso por el feminicidio y el asesinato por los cuales se procesa a los principales implicados.
Sin conocer la serie de hechos que se desencadenaron, la madrugada del miércoles 17 de enero, Pozo recibe una llamada de su esposa en la que Mayta le informa que está siendo procesada por la desaparición de la pareja y le recuerda todo lo que pasó el primero de enero.
Pozo se apersona a La Paz y es aprehendido, presta declaración y pese a dar todos estos detalles, es imputado, primero por trata de personas y luego, sin notificarlo amplían los cargos en su contra, hecho que fue motivo de un “incidente de aprehensión ilegal” que la juez Belzu denegó.
INOCENTES
El 10 de enero, el Fiscal General y el comandante de la Policía Nacional hacían el anuncio de la aprehensión de dos mujeres, una de ellas en la ciudad de Oruro, a quien acusaron de haber utilizado el celular de Carla Bellot.
Más adelante, todos los datos fueron corregidos, se trataba de la universitaria Joselin Quisbert aprehendida en Oruro y las hermanas Graciela y Amalia Cuti Tola, humildes vendedoras de carne en El Alto.
Solo Graciela Cuti fue enviada a la cárcel, pero horas después de su audiencia, se revirtió el fallo debido a que se aprehendió a los verdaderos responsables de la manipulación de ese celular, por lo que los abogados ahora plantean el sobreseimiento, para exonerarlas de todo cargo, objetivo similar que tiene la defensa de Pozo.
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