“Ahora mismo voy a convocar al Defensor del Pueblo para evaluar y analizar su propuesta de indulto. Saludo esta clase de iniciativas y lamento mucho la retardación de justicia, yo diría que hasta hay gente inocente en las cárceles”, declaró ayer Morales en conferencia de prensa.
La pasada semana, los representantes de los privados de libertad entregaron al Defensor Tezanos Pinto un documento con sus demandas, donde señalan un nuevo indulto que sea más amplio y beneficie, por ejemplo, a mujeres cabezas de hogar, mujeres embarazadas, personas que hayan cometido delitos menores, detenidos con enfermedades terminales, con discapacidad grave o muy grave y personas adultas mayores.
El análisis para elegir a los privados de libertad que pueden ser acogidos será analizado junto a otras instituciones como el Ministerio de Justicia, Régimen Penitenciario, Derechos Humanos, entre otras.
Tezanos aclaró que la medida no debe afectar la seguridad ciudadana que y no se trata de la eliminación de sentencias sino, por ejemplo, de una evaluación de personas que hayan cumplido determinado tiempo de sus condenas y demuestren la intención de reformar su conducta y la integración a la sociedad.
CUMPLIR OBJETIVOS
Los privados de libertad cuestionaron el último Decreto Presidencial, aprobado en diciembre de 2016, que se aplicó solamente a personas con sentenciadas ejecutoriadas, llegando a cubrir sólo a un aproximado de 400 personas con condena, cuando se había anunciado un beneficio para 1.800 en todo el país.
Para los reclusos, la aplicación de la medida no cumplió su principal objetivo de disminuir los altos índices de hacinamiento, situación que ha derivado en una crisis en el sistema penitenciario boliviano.
El Defensor señaló que el nivel de hacinamiento del país es del 256%, por lo que urge la toma medidas en el marco de los derechos humanos y defendió que los alcances de los beneficiarios no afectan ni afectaron a casos contrarios a la seguridad ciudadana, debiendo contrarrestarse la criminalización de la pobreza, la mala aplicación de la detención preventiva y apuntar a confluir con políticas de descongestionamiento.
Explicó que en 2012 la población penitenciaria llegaba a 13.600 personas y ahora llega a 18.000. “Son cifras rojas que deben exigir la aplicación de medidas contra este hacinamiento”, complementó.
NIÑOS
Otra temática que se pretende aliviar, es la de los niños que viven en las cárceles. Más de 550 menores de seis años, de acuerdo a la información del director de Régimen Penitenciario, Jorge López.
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