Friday, July 7, 2017

Manillas electrónicas para reducir hacinamiento carcelario

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que hasta mediados de 2018 se implementará el uso de manillas electrónicas como medida sustitutiva a la detención preventiva; y firmó convenio con el TSJ para realizar una base de datos de las cárceles del país.




“Hemos incorporado en el proyecto Integrado de Seguridad Ciudadana BOL-110 la dotación de manillas electrónicas, de tal como que yo espero que hasta los primeros meses del próximo año ya podamos estar implementando este sistema”, dijo.

Romero consideró que ese sistema permitirá descongestionar los 63 centros penitenciarios del país, donde el 70% de casi 17.000 internos no tiene una sentencia.

Explicó que para la implementación de ese sistema se hicieron cotizaciones con más de una decena de empresas especializadas en la provisión de manillas electrónicas, además de las consultas a expertos de otros países.

“Hemos visto también diferentes estructuras para financiarlo, porque es un sistema costoso”, apuntó

CONVENIO INSTITUCIONAL

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Gobierno firmaron un convenio interinstitucional destinado a uniformar la base de datos sobre la cantidad de privados de libertad e intercambiar información en torno a presos reincidentes que estarían en los distintos recintos penitenciarios del país.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que este acuerdo permitirá construir una base de datos común entre la información que manejan el Órgano Judicial y Régimen Penitenciario, que es la fuente primaria del registro de procesos jurisdiccionales, cantidad de internos entre varones, mujeres, tipos de delitos y qué cantidad tienen detención preventiva y otra condenatoria.

El presidente del TSJ, Pastor Mamani, manifestó que con la firma de este convenio se dará a inicio a una serie de medidas para encarar el hacinamiento carcelario a través de un “Plan Nacional de Descongestión Penal”, diseñado desde el propio Órgano Judicial, en el cual se espera la presencia y participación activa de todas las instituciones vinculadas con la administración de justicia penal.

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